El Gobierno de Luis Abinader cumple su primer año con luces innegables, pero también rodeado de muchas sombras que revelan improvisación, por un lado, y, por otro lado, compromisos con sectores económicos poderososque son evidentes y que tempranamente terminarán afectando la imagen y la popularidad de la presente administración.
En el marco de un ejercicio periodístico desapasionado hay que reconocer que el presidente Abinader llegó al poder en medio de una pandemia y que el manejo de este problema sanitario se inscribe entre muy bien y excelente. Las autoridades han tomado todas las medidas correspondientes ante la crisis, sobresaliendo por su eficiencia en la región y alcanzando reconocimiento de organismos internacionales.
Una de las características de los gobiernos del PLD fue el secuestro de las instituciones. Todas fueron controladas por el Poder Ejecutivo, pues al Comité Político le agradó la idea de enviar a miembros de esa entidad a dirigir las cortes electorales, judiciales y constitucionales. Ni siquiera en los doce años de Balaguer los diversos poderes del Estado estuvieron tan centralizados, lo que generaba cuestionamientos a la democracia dominicana.
Esa falta de división auténtica de los poderes públicos se ha ido reduciendo considerablemente con la llegada de Luis Abinader, quien ha mostrado voluntad, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, en que el país sea dotado de órganos electorales independientes. Esa independencia llega, además, a la Cámara de Cuentas y ha mejorado en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional.
La luz más sobresaliente de la presente administración está en el Ministerio Público, donde por primera vez en la historia social dominicana se está sancionando la corrupción pública y la impunidad, tocando a personeros, inclusive, del ámbito militar, algo que no tiene precedentes en el país. Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho han ganado reconocimientos y elogios de gran parte de la población dominicana.
Sin embargo, el trabajo de la Procuraduría General de la República no estaría completo si no se logra quitar el dinero sustraído al Estado de parte de los imputados de actos de corrupción pública, por falta de una ley de extinción de dominio y un nuevo código penal que responda a las necesidades jurídicas de hoy. En esa dirección, hasta el momento, el Poder Legislativo ha constituido un obstáculo.
El trabajo del Ministerio Público, aunque lento, es bueno. Pero debe cuidar la buena reputación ganada. Se observa administración de justicia con personeros vinculados al Gobierno de Danilo Medina, afectando hasta a parientes y al jefe de seguridad del pasado mandatario.
Se observa justicia seria, de igual modo, con funcionarios de la presente administración, como en efecto ocurrió con un joven que administraba la Lotería Nacional y cometió delitos graves. Con Leonardo Faña, administrador del Instituto Agrario Dominicano, hubo exceso, pues fue objeto de una condena de prisión innecesaria, de parte de una jueza que le atribuyen ser correligionaria del feminismo. Desde su propio partido se le hizo daño a Faña.
Todavía la mirada del Ministerio Público no se ha dirigido hacia el doctor Leonel Fernández y seguidores, a pesar de haber sobrados méritos, responsables de hechos de corrupción pública que constituyeron verdaderos escándalos. Se cojea de ese lado. Hay quienes atribuyen esa debilidad a la alianza estratégica de Luis y Leonel. Otros especulan sobre vínculos políticos o de amistad de funcionarios de la procuraduría con el antiguo presidente Fernández. Sea una u otra la razón, de no haber justicia hacia ese litoral político, el Ministerio Público presente quedaría con una mancha.
Sin embargo, se impone la paciencia y la prudencia. Es preferible esperar y no calificar al Ministerio Público, pues apenas tiene un año. Y ese año representa una luz.
No deja de ser una sombra el festival de empréstitos en divisas fuertes que hace el Gobierno a organismos multilaterales. Es preocupante. Según expertos ya la deuda externa representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto, lo que amenaza la soberanía nacional. Esos préstamos, en su mayoría, son para gastos corrientes, cuando lo que se imponía era una amplia y rigurosa política económica de austeridad.
No es ni será jamás una luz, de igual manera, la falta de equidad del presente Gobierno en la distribución de los cargos públicos. Se le percibe como un Gobierno de la oligarquía y en el que impera el nepotismo, pues hasta diez miembros de una misma familia rica ocupan cargos relevantes.
La situación es la siguiente: un empresario es ministro, pero a su vez tiene a la esposa de embajadora, a una hija de cónsul, a otro hijo de director y a un nieto de viceministro. Los méritos políticos siempre han sido personales, no familiares.
Al pasar balance se llega a la conclusión que el grueso de los cargos importantes es ocupado por miembros de 50 o 60 familias adineradas, donde todos los estómagos están llenos y no tienen necesidades de ningún tipo. Fue ahí que se repartió el botín del Estado. El presidente Abinader es un hombre auténtico, que no reniega de su clase.
Sin embargo, el botín no se limita a cargos, sueldos y privilegios irritantes a miembros de la oligarquía. Es evidente que muchos empresarios no fueron al Estado por un sueldo. Y la prueba está en Lisandro Macarrulla, el cual ocupa tres cargos grandes, pero no cobra en ninguno. ¡Qué desprendido!
Hay que prestar atención, empero, a todo lo relacionado a Ley 47-20, sobre Alianza Pública-privado, donde hay indicios serios de negocios turbios sobre el “Pacto del agua”, transporte urbano e interurbano y otras tantas áreas no especificadas al momento. Modificar una ley, en el Congreso Nacional, para designar a una persona que no sabe de agua ni de acueducto genera suspicacias legítimas.
También llama la atención que en el Banco de Reservas, donde hay excesivas pruebas de nepotismo, se designe un Consejo de Administración constituido por empresarios, dos de los cuales (¿será pura coincidencia?) tienen el apellido Haché. Todos disfrutan de altos sueldos y múltiples beneficios colaterales.
¿Cuál es la razón de formar un equipo de empresarios en el Banco de Reservas, dónde ninguno es del PRM ni de partidos aliados? Es más: ninguno de ellos sabe dónde queda el local del PRM.
Es lo menos. Ya se denuncia (¡Atención doña Milagros!) que algunos de los miembros del Consejo de Administración han tomado préstamos multimillonarios para sus respectivas empresas, a pesar que el Art. 14 de la Ley 340-06 les impide realizar operaciones comerciales con instituciones estatales. El caso es más grave aún: el negocio se trata con la misma institución donde supuestamente fue a servir.
El Gobierno de Luis Abinader arriba a un año, en el cual hay luces, pero también sombras.
danilocruzpichardo@gmail.com
JPM
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