El gobierno de Estados Unidos, vanguardia transnacional en la brega contra los descarríos administrativos gubernamentales, acaba de donar 251 millones de dólares a República Dominicana para rivalizar implacablemente (raspar y/o trasquilar) la corrupción y otros flagelos, prosiguiendo un “altruismo” que percute con más visaje desde 1961.

 ¿Protege con exceso de ternura esa superpotencia imperial a nuestro país por un amor espontáneo y fraterno?

La preocupación del coloso del Norte es tan pronunciada que, en su reproche a la República Dominicana, cual procónsul, su encargado local de negocios no reconoció ni un ápice las adjudicaciones preliminares en los lindes del rastreo y las imputaciones judiciales detrás del castigo por las substracciones oficiales -una cosecha de la conjunción de los reclamos tanto socio-populares como gringos-, en el primer año del actual mandato presidencial. Mister Robert W. Thomas se fue de bruces… Imitó al burro cuando al conejo le dijo “orejú”.  

El día que Thomas se quejó de los extravíos metálicos generalizados en República Dominicana -lo que hasta los chinitos de Bonao saben que es cierto-, obvió que esta Nación subió de 3.26 a 4.38 su puntuación anticorrupción, el superior aumento de Latinoamérica en el 2021, en el Indice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) y que, en cambio, Estados Unidos ha descendido a 67 puntos en los últimos cinco años (2016-2020), colocándose por debajo de 24 países en el ranking de esta fusta.

Al margen de la positiva valoración que tenemos que hacer por los aportes financieros de los norteamericanos a la patria de Duarte, también se precisa apostillar que su interés por “ayudarle” no es simplemente por una devoción entrañable, sino porque la corrupción bruma como la barrera principal para sus empresas competir en el mercado dominicano, y asegurar rentabilidad en sus inversiones.

Antes de Estados Unidos establecer relaciones diplomáticas con República Dominicana, en 1884, su agente David Dixon Porter efectuó una misión secreta a Santo Domingo (1846) -no confió en los datos enviados por el presidente Pedro Santana-, estudiando en el terreno las riquezas nacionales y las posibilidades reales de sacar beneficios económicos. Ya en 1923, un grupo de compañías creó la Cámara Americana de Comercio (AmchamRD), que hoy está integrada por cerca de dos mil unidades productivas norteamericanas y dominicanas vinculadas con éstas.

En el 2021, Estados Unidos crespa como el primer inversionista del país, con 6,412.4 millones de dólares entre 2010 y 2020. Evoca, como una constante en los intervalos de las fechas, a su sexto presidente, John Quincy Adams (1767-1848), quien ha hecho célebre la máxima de que esa Nación no tiene amistades, sino intereses permanentes.

¿Tiene o no razones el terruño de Donald Trump para abogar por una administración dominicana sana, acorde con sus leyes extraterritoriales y sus faenas en los negocios corporativos?

Enquistadas como sabuesos en los sobornos, empresas como Odebrecht guisan y quitan contratos a las firmas norteamericanas y sus subsidiarias, que están compelidas a cumplir el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, 1977) o Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos. Esta disposición de aplicación en el extranjero sanciona a las corporaciones que cotizan en mercados de valores de ese país, que incurren en cohecho en distintos territorios del globo terráqueo. Entre 2010 y 2019, Estados Unidos condenó a 174 firmas empresariales y 115 ejecutivos por delitos cometidos en el exterior.

Utilizando un lenguaje cercano al propio del robusto palacio (aunque es pequeño de tamaño) presidencial/neocolonial de Washington, compilamos un glosario/decálogo en torno a los perjuicios del espantajo de referencia. ¿Cuáles son los daños de la corrupción?

1.- Sube y desconfigura el gasto y las prioridades presupuestales gubernamentales, especialmente en la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura de gran dimensión, que son propicias para los escapes financieros y difíciles de controlar.

2.- Distorsiona el modelo de negocios, obstruye el intercambio comercial y la atracción de la inversión extranjera.

3.- Despoja de derechos esenciales a los ciudadanos y retrasa los esfuerzos contra la pobreza.

4.- Obstaculiza tanto el crecimiento como el desarrollo económico, viabiliza la delincuencia organizada y el terrorismo transnacional.

5.- Inestabiliza el acceso a los servicios e incrementa la inequidad.

6.- Fortalece a los mandantes autocráticos, desgasta la esperanza en los sistemas democráticos y facilita que aventureros y pervertidos saquen provecho de la prosperidad por la labor entre socios.

7.- Demanda de exageradas sumas de dinero en indagaciones jurimétricas, compilación de pruebas legales, servicios jurídicos y prolongados juicios en los tribunales.

8.- Socaba los derechos humanos en la irritable conflictividad social: aumento de la violencia y dificultades de empleos y servicios de salud, educación, cultura, etc.

9.- Pone en riesgo la gobernanza y la seguridad nacional de las naciones.

10.- Desmorona la confianza de los gobiernos y los países.

¿Cuáles medidas son implementadas para prevenir y contrarrestar la corrupción?

1.- Contribuciones económicas para la ejecución de proyectos y programas de asistencia técnica para fortalecer procedimientos y procesos gerenciales gubernamentales, a fin de elevar la rendición de cuentas y la transparencia.

2.- Aprobación de leyes financieras y bancarias para impedir el ocultamiento de activos ilícitos, por vía de compañías de carpetas y/o fantasmas.

3.- Imposición de multas millonarias a corporaciones y funcionarios públicos.

4.- Aplicación de sanciones y restricciones, como el despojo de visas a funcionarios gubernamentales y familiares.

5.- Establecimiento de alianzas con prestantes organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

6.- Fortalecimiento de los gobiernos corporativos y reforzamiento de las reglas para las empresas que operan en los mercados de capitales.

7.- Fomento de la cooperación intergubernamental, a través de acuerdos específicos.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha declarado -a través de una orden ejecutiva- de “altísimo interés para la seguridad nacional” la contienda contra la depravación gerencial, que redimensiona exponencialmente la escalada de encausamientos judiciales, encarcelamientos y sentencias inculpatorias, en esa nación norteamericana y el tablazón mundial, de funcionarios oficiales, legisladores y empresarios por robos del erario, obtención de beneficios privados en transaccionales comerciales, la aceptación de regalos impropios, conflictos de intereses y hasta por la compra de votos.

Esa liza o contraplumas anti-corrosivas implica un más amplio incentivo para nuevas reformas institucionales y legales, más voluntad y decisión política, más cambios culturales, más persecución y más sanción para disminuir la impunidad. Y, lógicamente, más monedas.

Cuando se transparenta el uso de recursos oficiales y menguan las infracciones de cuello blanco, se avanza, más si se parte del hecho de que la corrupción se ciñe como un fenómeno de genealogía sistémica, que brota de los abolengos de la nobleza y la indigencia, así como de gobiernos de todas las ideologías.

Con frecuencia, en su interposición genética/ambiental se vuelve autoinmune y -como hemos visto- resulta menos costosa la prevención que la búsqueda de penalización.

Como colofón, dos certidumbres tenemos que admitir, como un ejercicio de honestidad, más que un idilio, los logros del gobierno dominicano en el Indice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), en su primavera, y el empeño/empuje global de Estados Unidos contra los sobornos, que marcan una ligera diferencia de sus tradicionales agravios y embestidas  a países tercermundistas (como lo hecho inmisericordemente contra Cuba) en su propósito hegemónico, independientemente de que sea para proteger los intereses de sus empresas en ultramar.

El 29 de noviembre de 1916 llegaría a su fin el período de la historia dominicana conocido como la Segunda República, pues en esta fecha se oficializaría la ocupación militar estadounidense sobre el territorio nacional con una proclama firmada por el entonces capitán Harry Shepard Knapp en la que éste se autodesignaba Gobernador Militar, y que sería entregada al presidente Francisco Henríquez y Carvajal por un simple mensajero de la legación del imperio del Potomac. 

La ocupación militar, aunque en buena medida era la culminación de toda una estela de intervenciones estadounidenses intermitentes en la vida dominicana desde por lo menos 1906, estaba estrechamente vinculada al “corolario Roosevelt” de la Doctrina Monroe, el curso de las crispaciones políticas en Europa (donde el gobierno de Thomas Woodrow Wilson ya había hecho unas apuestas muy definidas) y a las necesidades de expansión de la economía del naciente imperio del Potomac.  

El sinuoso sesgo de los acontecimientos políticos en la República Dominicana tras el magnicidio de Moca de 1899, y el subsecuente incumplimiento de los compromisos de pago establecidos con empresas norteamericanas y europeas, serían los argumentos públicos estadounidenses esenciales para tratar de justificar la ocupación militar, y aunque tales alegatos no dejaban de tener algún asidero en la realidad, lo que de verdad la determinó, como se acaba de señalar, estaba cifrado en motivaciones geopolíticas y económicas de contenido imperialista. 

En cuanto al aspecto constitucional, hasta 1907 estuvo vigente el Pacto Fundamental lilisista del 12 de junio de 1896, pues fue el 27 de febrero de aquel año que el presidente Ramón Cáceres (Món) solicitó al Congreso retomar los trabajos para la realización de una reforma, que finalmente se votó el 14 de junio e introdujo numerosos cambios al texto anterior, pero que en lo atinente al régimen de elección presidencial mantuvo el voto indirecto (artículos 38, 39 y 40), el período de 4 años y la posibilidad de reelección sin restricciones (artículo 41).  

Esa Constitución tendría una corta vigencia (se proclamó y publicó el 9 de septiembre), ya que por decretos congresuales apoyados por el presidente Cáceres se convocó para octubre a elecciones destinadas a elegir una Asamblea Constituyente y se declaró la necesidad de otra reforma sustantiva, que fue votada el 22 de febrero de 1908 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y cuyos cambios más importantes fueron el aumento del período presidencial a 6 años y la no mención del tema de la reelección para dejarle cancha abierta al tenor al mandatario de turno.  

La Carta Sustantiva de 1908 resistiría múltiples ocurrencias y perturbaciones políticas: la elección de Cáceres como presidente en mayo de 1908, su asesinato en noviembre de 1911, el gobierno de los Victoria de 1911-1912, el gobierno de monseñor Nouel desde noviembre de 1912, la renuncia de éste en marzo de 1913, el gobierno de Bordas Valdez desde abril de 1913, la “revolución del ferrocarril” de septiembre de 1913, la renuncia de Bordas en agosto de 1914, el gobierno de Ramón Báez desde agosto de 1914, las elecciones de octubre de 1914 ganadas por Juan Isidro Jiménes, y la renuncia de éste en mayo de 1916. 

La intención del gobierno de los Estados Unidos de ocupar el territorio nacional era un secreto a voces desde ese mes de mayo de 1916 (pues ya se habían producido desembarcos de tropas en diversos lugares de la media isla), y varios los más importantes líderes dominicanos, conocedores de esa amenaza que aleteaba siniestramente sobre nuestra soberanía, hacían esfuerzos por evitar su oficialización, por lo que en junio el Congreso eligió como presidente provisional a Francisco Henríquez y Carvajal, un prestigioso médico (viudo de la poetisa y educadora hostosiana Salomé Ureña) que en estos momentos estaba fuera del país, y que se juramentaría el 31 de julio.       

El 29 de septiembre, a instancia de Henríquez y Carvajal y otros líderes políticos, empezaría a sesionar una Asamblea Constituyente cuyos integrantes habían sido elegidos en los últimos días del mes de agosto, y que había sido convocada con el propósito expreso de votar una nueva Constitución. La Asamblea Constituyente terminaría sus trabajos el 24 de noviembre.  

Entre otras cosas, el texto reformado restituyó la vicepresidencia de la república y estableció que el gobierno de Henríquez y Carvajal concluiría el 31 de diciembre de ese año para ser reemplazado por una Junta de Gobierno a los fines de preparar el terreno para la realización de elecciones. En cuanto al régimen de elección presidencial, reestableció el voto directo, redujo el período a 4 años y prohibió la reelección sucesiva.  

El nuevo texto fue proclamado el 29 de noviembre, aunque la legalidad de su entrada en vigencia ha estado siempre en tela de juicio porque en la época se presentaron múltiples alegatos de invalidez (ver al respecto a Lluberes, A, “La Constitución de 1916, Hoy, 25 de junio de 2007) en razón de que presuntamente la Asamblea Constituyente, debido al boicot de que fue objeto por parte de sus adversarios, había sesionado sin el quorum requerido para ello.  

Por lo demás, ese mismo día, como ya se dijo, fue puesta a circular y entregada al presidente Henríquez y Carvajal la proclama del capitán Knapp, que establecía que “la República Dominicana queda por la presente puesta en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando, y queda sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar, aplicable a tal ocupación”. 

La proclama establecía un régimen de control político al señalar que la intención de la ocupación era “ayudar a este país a volver a una condición de orden interno, que lo habitará para cumplir las previsiones de la convención citada, y con las obligaciones que corresponden como miembro de la familia de naciones”, por lo que “una administración legal continuará en manos de oficiales dominicanos, debidamente autorizados, todos bajo la vigilancia y la supervisión de las fuerzas de los Estados Unidos que ejercen el gobierno militar”. 

También consagraba un régimen de intervención financiera con estas palabras: “Todas las rentas prevenidas del Gobierno Dominicano, incluso derechos e impuestos hasta el presente provenidos y no pagados, sean derechos de Aduana bajo las provisiones de la Convención concluida el día 8 de febrero de 1907, por la cual se estableció la Receptoría Aduanera, que permanecerá en efecto, o sean de Rentas Internas, serán pagadas al Gobierno militar, el cual, por cuenta de la República Dominicana, mantendrá en custodia tales rentas y hará todo desembolso legal que sea necesario para la administración del Gobierno Dominicano y para los propósitos de la ocupación”. 

Finalmente, la proclama pide apoyo ciudadano para que las “gestiones” de “las Fuerzas de los Estados Unidos en ocupación… sean prontamente realizadas y… el país sea restaurado al orden y haya tranquilidad doméstica y… prosperidad”, al tiempo que advierte que esas mismas fuerzas “actuarán según la ley militar que gobierna su conducta, con debido respeto a los derechos personales y de propiedad, de los ciudadanos dominicanos y residentes y transeúntes en Santo Domingo, sosteniendo las leyes dominicanas, siempre que éstas no conflicten con los propósitos para los cuales se emprende la ocupación”. 

Desde el mismo día de la proclama, tropas del gobierno de los Estados Unidos empezaron a posesionarse formalmente de los lugares públicos de la capital y otras ciudades, y luego desarrollarían cruentas y repetidas incursiones militares en el resto del país con el objetivo de controlarlo y situarlo bajo su plena autoridad. En estas condiciones, el ordenamiento constitucional quedaría virtualmente liquidado y, con él, también el Estado dominicano.   

Aunque el régimen ocupacionista acometió importantes obras de modernización jurídica e infraestructural paralelamente a la asfixia de la soberanía nacional y a la exacción financiera, ese no fue un período apacible en la historia dominicana: antes, al contrario, desde los primeros desembarcos de las tropas invasoras, hubo reacciones adversas en varias zonas del país en las que patriotas de variopinto origen político se alzaron en armas o se lanzaron al combate con la pluma y la palabra.  

En el terreno de la resistencia armada, por ejemplo, Gregorio Urbano Gilbert enfrentó a tiros a los invasores en San Pedro de Macorís, y luego en varios sitios del Este operarían los guerrilleros patriotas despectivamente denominados “gavilleros”. Asimismo, en Puerto Plata el gobernador Apolinar Rey se sublevó en la zona de El aguacate, mientras que en San Francisco de Macorís Nico Ventura (jefe de la plaza militar) combatió hasta morir junto a varios de sus compañeros, y luego se sublevaría el gobernador Lico de Jesús Sosa junto un grupo de patriotas.

 Igualmente se haría historia en el cerro de La barranquita (Mao), donde los invasores fueron resistidos por cerca de 80 dominicanos encabezados por el general Carlos Daniel Grullón, el sacerdote Eliseo Echevarría, el síndico Fefo Madera y el capitán Máximo Cabral, resultando varios de estos muertos.   

En el plano del combate intelectual, sobresaldrían, entre otros, los hermanos Francisco y Federico Henríquez y Carvajal, Max Henríquez Ureña, Tulio Manuel Cestero, Américo Lugo, Fabio Fiallo, Félix Evaristo Mejía, Enrique Deschamps, Horacio Blanco Fombona, Francisco Prats Ramírez y Manuel Arturo Peña Batlle, quienes a través de discursos, sueltos o artículos periodísticos condenaron enérgicamente la ocupación, por lo que algunos de ellos fueron encarcelados o tuvieron que salir del país. 

La dictadura militar estadounidense que liquidó la Segunda República se prolongaría por 8 años (hasta el 12 de julio de 1924, cuando se juramentó como presidente Horacio Vásquez, elegido tras el acuerdo firmado en Washington el 22 de junio del 1922, conocido como Plan Hughes-Peynado), pero fue el 18 de septiembre de 1924 el día en que salieron los últimos soldados invasores del país. 

lrdecampsr@hotmail.com  

JPM

Un colegio de profesionales, es una institución de hermandad para todos sus miembros, dado que al ser todos de la misma profesión se supone tienen en comunes intereses igualitarios, lasos de amistad y luchan por el bien común, lo que al parecer no existe dentro del Colegio Dominicano de periodistas (CDP).

Craso error: el cometido por la actual directiva del CDP, el querer negar el derecho de membrecía a uno de sus integrantes, porque con ello impedirían perder el control direccional, como han querido hacer con el colega Rafael Polanco, uno de los hombres más integro y puro de dicha profesión, un trabajador a carta cabal que siente preocupación por la situación actual de la institución que todos queremos con apego y amor.

Rafael Polanco, el candidato ideal de consenso para dirigir al CDP y sacarlo del indómito estado en que se encuentra, producto de los equívocos dirigentes que durante años han pasado por el mismo sin pena ni gloria, aunque cada quien haya tenido las mejores intenciones, pero como dice el refrán: no solo del pan vive el hombre.

Un hombre de la estatura moral de Rafael Polanco no se encuentra donde quiera, es por ello que numerosos colegas se han sumado al proyecto de renovación colegial para así devolver la identidad gremial de forma profesionalmente hablando, para que a los periodistas dominicanos se les reconozcan como entes sociales, sitial que hace tiempo se ha venido perdiendo.

En el pasado lejano, un periodista dominicano no era más que un hablador, en el cual nadie confiaba por temor a ser llevado a la luz pública, tomando en cuenta el haber pasado por una dictadura férrea como la de Rafael Leonidas Trujillo, y luego con el régimen de los 12 años del Dr. Joaquín Balaguer, sin mencionar la cifra de aquellos que cayeron o que perdieron la vida por ejercer un periodismo con responsabilidad y apego a la verdad.

Hoy día los tiempos han cambiado y el ejercicio periodístico también cambió para bien o para mal, lo cierto es que durante años, yo diría que décadas se viene luchando por el reconocimiento de nuestra clase, y por las libertades públicas, el derecho a ejercer la profesión sin obstáculos algunos, siempre y cuando se lleve a cabo un trabajo serio y siempre apegado a la verdad.

Que gana la actual directiva del CDP con querer quitarle el derecho a Rafael Polanco, miembro fundador del mismo en el año 1983, o acaso existen dos colegios diferentes, donde uno perimió (es decir, el que también fue fundado por él como parte importante de su creación) y el otro que dirige la actual directiva?.

No, no lo van a impedir, porque los hombres y mujeres serios que estamos apoyando la candidatura de Polanco estamos dispuestos a llegar hasta la última consecuencia para hacer que se les reconozcan y se respeten sus derechos, ya que por eso es que la República Dominicana anda mal, por falta de un régimen de consecuencia.

Por primera vez un candidato a dirigir al Colegio Dominicano de Periodistas está dando la oportunidad de integrar a algunos colegas residentes en el exterior, lo que agradecemos en gran medida, porque la democracia se está manifestando en esta plancha de consenso, proyecto que el día 27 de Agosto después de celebradas las elecciones tomará el control del CDP, y así encausarlo por el camino correcto, y hacer del mismo una institución fuerte, capaz de unificar a todas las corrientes y devolver el respeto y la estabilidad económica que merece.

Hacer crecer al CDP con el aporte de todos sus miembros sin coartar y respetando el derecho de cada uno de ellos, fortalecerlo económicamente es el principal objetivo, luego de identificar fuentes de recursos para que el mismo no dependa del Estado, ni de ninguna institución que no sea la confianza de su directiva y de todos sus integrantes para no hacerlo dependiente de nada ni de nadie.

Nosotros los periodistas que residimos en el exterior damos las gracias al Lic. Rafael Polanco, por haber aceptado nuestro llamado para salir en auxilio de nuestro amado CDP, que en los actuales momentos se encuentra grave de muerte, y necesita a un salvador.

Con nuestra opinión, no dejamos de reconocer el esfuerzo hecho por la actual directiva en buscar soluciones, pero llegamos a un punto donde podríamos decir, señores: la operación fue todo un éxito, pero el paciente falleció en su lecho.

El CDP nos pertenece a todos.

JPM