La “Operación Manos a la Obra” inició la transformación de Puerto Rico convirtiendo su economía agrícola en industrial y de servicios.  Décadas después, en 1976, la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos aprobó un atractivo incentivo tributario para que las subsidiarias de compañías americanas pudieran remitir sus beneficios a la casa matriz sin pagar el impuesto federal sobre utilidades.

Además, por su parte, el Estado Libre Asociado estableció un impuesto de repatriación sobre los beneficios de solo 10% , que se reducía si parte de esos dividendos se invertían en bonos del estado o se depositaban en bancos locales.

La sección 936 procuró crear empleos masivos pero su efecto más relevante fue un crecimiento inusitado de bancos locales y la llegada de muchos bancos extranjeros de importancia mundial. Además, se instalaron múltiples empresas farmacéuticas y de manufactura de componentes electrónicos. Se reportó que entre 1982 y 1983 las corporaciones 936 en conjunto y las farmacéuticas en particular obtuvieron ganancias exorbitantes. Como no ocurrió una correlación entre los incentivos y los empleos creados la sección 936 sufrió enmiendas en 1982, 1986 y 1993 hasta que en 1996 Clinton la derogó.

Los fondos 936 depositados en bancos ascendieron a 1,586 millones de dólares en 1977, pasaron a 4,000 millones en 1982 y a 7,000 millones en 1985. En esos tiempos de “Guerra Fría” el Presidente Reagan planteó la “Caribeñización” de los fondos 936 para que también fueran invertidos en países de la “Iniciativa de la Cuenca del Caribe”, ICC o sea, de la “Caribbean Basin Initiative”, CBI.

Hernández Colón, gobernante de Puerto Rico, acogió con entusiasmo la “Caribeñización”. En una intensa campaña de cabildeo prometió a los países de la ICC que les asignaría cuantiosos millones de dólares anualmente para inversiones productivas bajo el modelo de “Twin Plants”, “Plantas Gemelas”, con procesamiento industrial en Puerto Rico , complementado en otros países de la región.

Como Embajador en Washington me tocó participar activamente en esas gestiones. Forjé vínculos amistosos con el presidente de la Corporación de Fomento de Puerto Rico “Tito” Colorado y otros funcionarios a quienes   planteamos que el acceso a los fondos 936 por parte de nuestros países de la ICC correría graves riesgos con cambios de gobiernos insulares si solo dependía de la voluntad de las autoridades boricuas y que, por tanto, ese derecho debía estar consagrado por Ley.

Tuve el honor de testificar en una audiencia pública del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos que sirvió de base para que los legisladores concluyeran aprobando el uso de fondos 936 por los países de la ICC.

Esa enmienda no provocó grandes logros pues siendo la estructura industrial de Puerto Rico similar a la de otros países de la región fueron escasas las “Plantas Gemelas” con procesos productivos intrínsecamente complementarios.

Ese constreñimiento técnico podía superarse con incrementos de costos de transporte que no eliminaran la competitividad de los productos manufacturados. Peor aún, los prestamos debían ofrecer garantías de  bancos internacionales de primera línea. Es obvio que disponer de tales garantías haría innecesario acceder a fondos 936.

La manifestación de solidaridad desarrollista  936 no pudo superar sus obstáculos inherentes. A diferencia de la 936, las circunstancias actuales son altamente favorables para el éxito del actual modelo “nearshoring”. Retomemos el lema de “Manos a la Obra”

jpm-am

jpm-am

En política nada es ingenuo o fortuito; aunque a veces el azar o una ola social te lleve a un puerto que jamás pensaste llegar. Lo escribo o repito, porque hay gente, de todo el espectro político nacional, entreteniéndose con la propuesta, política, de una mujer que toda su vida no ha hecho más que política.

Y aunque su propuesta obvia el pecado original -el engaño de Balaguer a Peña Gómez (quien acordó el 45%, creyendo en Balaguer -1994-); y del que el PLD, 1996, se benefició- y que por esa vía se vuelve al debate político histórico-recurrente en nuestra historia política contemporánea -lastre del caudillismo y conservadurismo-: reelección y creer que la Constitución es un lienzo pétreo -si me conviene-, cuando es una construcción histórica-política y cultural que está sujeta a correlación de fuerzas políticas y sociales dominantes en una coyuntura dada o a una constituyente cuando la convicción democrática se impone o, una conjunción social la demanda y la impone como expresión suprema de una mayoría rebelde e inspirada en romper falencias históricas-estructúrales…. (llámese revolución).

Por ejemplo, y sin ver más que una propuesta -la intención política de la dirigente política (claro, quiere que su partido siga en el poder más allá de 2024)-, no estoy de acuerdo, pues el 50+1, aunque surgió de un engaño y descuido, también, del PRD de entonces, expresa una representatividad ciudadana-electoral aceptable y garantía de una mejor democracia, pues exige mayor esfuerzo y convencimiento democrático primario (¿…?).

Finalmente, no sé de qué hay que sonrojarse por una propuesta política, si entre nosotros no hay un solo líder-presidente -excepción, Juan Bosch (que solo gobernó siete meses)- que no haya manoseado la Constitución o no se haya encariñado con el “carguito” de presidente. Otra cosa, es que la oposición -que es la que haría el quórum calificado para tal empresa (otra vía sería un plebiscito)-, pendejamente, vote por a esa propuesta.  En fin, que, la dirigente, Milagros Ortiz Bosch, simplemente, está en lo suyo: la política.

Que cada uno haga su tarea y así, mayoría, dirá lo que se hará. Lo demás, es gana de llorar… (o muchas veces de pactar tras bambalina…).

jpm-am

JPM

Ser un presidente de la República y empresario a la vez, plantea muchas veces situaciones dilemáticas entre el interés público y el privado. No son pocos los que han fracasado tratando de ‘armonizar’ o compatibilizar esa doble condición.

Según la experiencia documentada del ejercicio del poder de los mandatarios que son, al mismo tiempo, hombres gerenciales en el sector privado, los resultados no han sido muy halagüeños.

Ahí tenemos como ejemplos ilustrativos a Mauricio Macri, en Argentina; a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Vicente Fox en México, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, el saliente presidente de Chile Sebastián Piñeira, quien ha sido un resonante fracaso, un presidente fallido y fallado en el intento de imbricar ambos desempeños.

 Los hombres de negocios, como gerentes del Estado, han ido a hacer negocios en favor de ellos o de su clase, directa o indirectamente. En ellos ha influido mucho el rodearse a nivel estatal de una élite económica que solo piensa en acrecentar ganancias.

Públicamente, reconocimos por este mismo medio, que el presidente Luis Abinader había tenido cierto éxito en conciliar y equilibrar sus funciones como jefe de Estado y como empresario… hasta Punta Catalina. Aquí fue donde terminaron sus airosas basculaciones, saliendo a relucir su pertenencia de clase.

Como siempre, no hay que llevarse de las palabras, sino de los hechos a la hora de saber y establecer cuándo un presidente-empresario está actuando en función de la nación y del juramento constitucional y cuándo sucumbe a la atracción gravitatoria de sus intereses de clase.

Y es que como dicen los marxistas, con mucha razón, “las clases no se suicidan”. A partir de esa matriz teórico-práctica, podemos entender y explicar el comportamiento y el accionar de un presidente empresario. En esto no puede haber ingenuidad ni tontas incomprensiones.

En momentos en que el neoliberalismo está de capa caída en la mayoría de los países de América Latina, por su sintonía con el gran capital a expensas de los supremos intereses nacionales, volver a transitar por este camino que no ha conducido a nada bueno, augura un nuevo naufragio.

Fíjense, que Abinader había logrado mantener y solidificar el apoyo de la mayor parte de los dominicanos por su lucha contra la corrupción y la impunidad gubernamentales, y cómo de repente los sectores vivos de la nación se le están virando por el desaguisado de Punta Catalina, lo cual puede marcar el inicio de una ruptura popular con su gobierno, si no desanda sus últimos pasos.

La vuelta del presidente Abinader al camino de la retoma del apoyo mayoritario del país, pasa indefectiblemente por sopesar cuánto pesa más en su valoración personal, si los votos que lo llevaron al poder o los capitales que lo financiaron. Hasta ahora, en Latinoamérica esa encrucijada se ha resuelto en favor del mundo empresarial, con los resultados conocidos que deberían servirle de espejo al presidente dominicano.

Y en esa consideración, el joven mandatario, a quien aprecio sinceramente en lo personal, debería tomar en cuenta que si bien los aportes económicos le fueron útiles en su pasada campaña presidencial para instalarse en el poder, ahora no lo son tanto para retener el mando.

Por lo mismo, debería evitar desconectarse de las urgencias del pueblo y el consenso nacional, apoyándose más en el respaldo ciudadano que volverá a votarlo o no, dependiendo de sus actuaciones. Pero no se puede dejar de reconocer, que en esto puede interponerse el sentir de grupo y los intereses clasistas.

Eso es importante que lo sepa para no sucumbir a la soberbia de que el poder todo lo puede, como le pasó a Danilo Medina.

El presidente Luis Abinader, no le convendría políticamente abrirse otro frente de guerra como el que se ha creado alrededor de la enajenación por 30 años de un bien nacional como la planta de Punta Catalina, pues bastante tiene con el que representa la inflación empobrecedora, que no es su culpa, pero eso no quita que el pueblo la sufra.

Exhorto, al amigo presidente que, frente a su primer rechazo colectivo, proceda des inscribirse de la política neoliberal de restringir el Estado y vigorizar los privilegios de las fuerzas del mercado. Y​que, si piensa en el mercado, que sea el de los votos que necesitará.

jpm-am