SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción dispuso este martes la libertad del empresario César Félix Ramos Ovalle, uno de los imputados en los  casos de corrupción Coral y Coral 5G, luego de que el Ministerio Público alcanzara con él un acuerdo mediante el cual devolvió al Estado más de 18 millones de pesos.

La jueza Yanibet Rivas tomó la decisión en favor del empresario tras un pedido en ese sentido del Ministerio Público, informó en un documento la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La Fiscal destacó que Ramos Ovalle «colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de prueba y ha resarcido el daño causado al Estado con la devolución del dinero».

El acuerdo está basado en la aplicación del artículo artículo 370.6 del Código de Procedimiento Penal dominicano.

El citado texto permite al Ministerio Público, con la autorización de un juez, «la aplicación de un criterio de oportunidad si el imputado colabora eficazmente con la investigación, brinda información esencial para evitar la actividad criminal o que se perpetren otras infracciones».

También, si el imputado ayuda a «esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita».

En torno a Ramos Ovalle la fiscal Ortiz destacó que «su colaboración tal como lo establece la norma procesal penal, fue una colaboración eficaz y esa colaboración eficaz tuvo como resultado la aplicación del criterio de oportunidad».

De acuerdo a Ortiz, el tribunal ponderó que «una vez siendo investigado, colaboró con el Ministerio Público en el proceso de investigación, aportó elementos de pruebas y ha resarcido el daño al Estado con la devolución de 18,400,000 pesos».

Ortiz dijo, por otra parte, que la jueza Rivas rechazó todas las solicitudes de variación de medidas de coerción, como pretendían los imputados, generales de brigada Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como del capitán de navío (coronel) Antonio Franklin Mata Flores.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por supuesta corrupción administrativa contra 48 imputados, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están imputados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

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Santo Domingo, 15 jun.- Las autoridades se incautaron de más de un kilo de cocaína escondido en los tubos de dos sillas playeras, durante una inspección en las áreas de carga del Aeropuerto Internacional de las Américas, informó este miércoles la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los agentes antinarcóticos, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, detectaron imágenes sospechosas en un paquete e iniciaron el protocolo de inspección con una unidad canina, dando positivo a sustancias controladas.

De inmediato y en presencia de un fiscal se procedió abrir la caja sospechosa, que contenía dos sillas playeras, cuyos tubos estaban rellenos de cocaína, con un peso aproximado de un kilo, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las sillas se iban a trasladar a Miami, Estados Unidos, a través de un envío internacional consignado a nombre de una mujer con residencia en el municipio de Baní y las recibiría un hombre en Grenwood Street, Dorchester, Estados Unidos.

El Ministerio Público ha dispuesto seguir reforzando las labores de revisión e inspección de envíos internacionales en aeropuertos y puertos del país, una modalidad de la que se han detectado varios casos, investigados por los organismos correspondientes.EFE

Santo Domingo, 14 jun.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este martes una solicitud de puesta en libertad interpuesta por el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, principal imputado del expediente por supuesta corrupción administrativa derivado de la Operación Medusa.

«Justamente la razón que ha tomado esta Segunda Sala de la Corte de Apelación para mantener la medida de coerción impuesta en contra del imputado Jean Alain Rodríguez, es la obstrucción de la justicia», afirmó en un comunicado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Resaltó que la Corte, integrada por los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomó la decisión atendiendo a que el Ministerio Público «depositó en el día hoy, en el tribunal, evidencia de las actuaciones de miembros de esa defensa para intimidar y amedrentar a testigos».

Camacho enfatizó que, como parte de las investigaciones de la Operación Medusa, el Ministerio Público «ha identificado una estructura de soborno y extorsión sin precedentes en la historia de la República Dominicana».

Calificó la estructura de corrupción administrativa montada por los encartados en la Operación Medusa como «algo simple y llanamente escandaloso, eso se podrá ver en la acusación y eso que hace esta defensa (la intimidación de testigos) es una muestra de miedo ante lo contundente de las pruebas que tenemos en este proceso».

De acuerdo al expediente del Caso Medusa, el exprocurador Rodríguez Sánchez y los imputados integraban una presunta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, supuestamente estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los exsubdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

of-am

SANTO DOMINGO.-  El presidente Luis Abinader dijo  este martes que una República Dominicana cada día más fuerte institucionalmente es garantía del verdadero desarrollo económico y social.

Señaló que las inversiones no van a un país corrupto,  donde no se respetan las instituciones ni hay justicia, sino se desplazan hacia aquel en que cada centavo invertido es tratado de manera racional, eficiente y transparente.

El gobernante habló en un acto en el que fue presentado el “observatorio de buenas prácticas del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR)”. Estuvo acompañado del ministro de Turismo, David Collado.

MUCHA GENTE DISPUESTA A COLABORAR

Destacó que estos procesos de supervisión, observatorio y veeduría serán llevados a otras instituciones del Gobierno.

“Mucha gente que está dispuesta a colaborar, a ayudar, entendiendo que nada es perfecto, que van a encontrar problemas y lo importante es enfrentar apropiadamente esos problemas para corregirlos”, indicó.

Agregó:  “Esa es nuestra intención en este gobierno, esa es señores la lucha diaria para poco a poco, pero cada día, cambiar esa cultura y yo estoy seguro que la estamos cambiando”.

Abinader felicitó al Ministro de Turismo y a los rectores por la iniciativa y destacó  que este es el ejemplo que se tiene que dar como sociedad y lo que va a hacer realmente una República Dominicana fuerte institucionalmente.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

El ministro de Turismo, David Collado, dijo que el Observatorio de Buenas Prácticas en los procesos de licitación de las obras a ser desarrolladas por el (CEIZTUR) tiene el fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de la Ley no. 340-06, sobre sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y lograr innovación tecnológica y colaboración de las academias dominicanas en una alianza pública privada para mejores prácticas.

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