SANTO DOMINGO.- Covi Quintana continua su camino a la diversificación de su carrera musical, explorando, en su nuevo sencillo, con su primera bachata con “No Te Kille”, una canción en la que aborda la infidelidad y en la cual predomina la influencia del bachatero Luis Miguel del Amargue.
“Esta canción nació hace dos años con la intención de hacer fuera de zona de confort, esta vez una bachata con un lenguaje más coloquial a nuestra cultura dominicana” , sostuvo la cantautora dominicana nominada al Latin Grammy.
“No Te Kille”, compuesta por Covi y producida por Ronny Cruz, es una bachata de calle, más urbana, caracterizada por sus guitarras melódicas y la tocada de los bongo y la güira. “Es de las canciones más divertidas de mi nuevo álbum por el ritmo y por el vocablo más callejero”, expresó.
Esta canción, representa para ella lo que somos como cultura: la alegría, el baile, el ritmo, más que nada que la bachata nace en la República Dominicana y nadie la hace mejor que un dominicano.
Homenajeando sus raíces, su gente y su cultura, Covi apuesta en su nuevo disco a una transición que abraza más lo folclórico y la música dominicana, tropical y latina, buscando conectar con otros mercados y sobretodo divertirse y jugar con lo que mejor sabe hacer, canciones.
Cabe destacar que este nuevo disco está inspirado “en lo que somos como dominicanos, es dar a conocer lo que llevo en la sangre. Es un disco que se lanza a principios del próximo año y cuenta con 9 canciones, dos de ellas con colaboraciones, una local y otra extranjera, que le han dado un toque hermoso”, puntualizó.
El videoclip está dirigido por Maria Eliza Franco, bajo el concepto y mirada de la propia Covi, dirección de fotografía de Sigfrido Objio, filmado en Santo Domingo, República Dominicana.
“No Te Kille” está disponible en todas las plataformas digitales.
La sostenibilidad fiscal de República Dominicana no se explica solo por el nivel de endeudamiento, aunque este ya sobrepasa los 75,000 millones de dólares en 2024. La raíz del problema es más profunda: una estructura estatal ineficiente y redundante, junto a una nómina pública sobredimensionada, que absorbe recursos que deberían dirigirse a inversión social y productiva en beneficio ciudadano.
En el país operan más de 350 instituciones estatales, muchas con funciones similares. Durante décadas se han creado ministerios, direcciones e institutos que se solapan, generando burocracia excesiva y gasto corriente injustificado.
La propia Dirección de Presupuesto ha reconocido que múltiples entidades podrían ser eliminadas o fusionadas, lo que daría lugar a ahorros considerables en el corto plazo.
Ejemplos abundan: el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) convive con el Ministerio de la Vivienda (MIVED); la OMSA y el INTRANT comparten competencias en transporte; mientras que el CEA y el IAD gestionan tierras estatales con funciones parecidas. Estos cruces generan duplicidad administrativa, conflictos de atribuciones y mayores costos para el Estado sin beneficio proporcional para la población.
El caso más emblemático es el del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Luis Abinader lo definió como una “fuente de corrupción” y prometió eliminarlo en 2020. Sin embargo, cinco años después sigue operando con un presupuesto superior al de entidades esenciales. Vinculado al caso Antipulpo, Fonper refleja cómo promesas de racionalización se diluyen frente a inercias políticas y resistencias dentro del aparato estatal.
Sede de Fonper
Si bien se eliminaron instituciones menores como la Caja de Ahorros para Obreros o se fusionaron programas como ADESS con Supérate, los ahorros han sido marginales. Expertos estiman que la racionalización de entidades podría liberar más de 25,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, esos recursos suelen destinarse a cubrir déficits corrientes en lugar de fortalecer la inversión pública en áreas críticas como salud o educación.
Agravamiento
El crecimiento de la nómina pública agrava el problema. De unos 500,000 empleados en 2010, se pasó a más de 720,000 en 2024. Esto representa alrededor del 2% del PIB y más del 27% del gasto corriente.
El fenómeno responde menos a necesidades técnicas que a prácticas clientelares, lo que genera plazas duplicadas y frena la profesionalización de la administración pública dominicana.
A pesar de estos niveles de gasto en salarios, la población percibe servicios deficientes. Escuelas sin cupo suficiente, hospitales desabastecidos y sistemas de transporte colapsados son parte de la realidad. Esto evidencia que no es la magnitud del gasto lo que importa, sino su baja eficiencia. República Dominicana gasta más que países vecinos en remuneraciones, pero ofrece menos resultados a sus ciudadanos.
Paralelamente, el endeudamiento público se disparó. En 2020 rondaba los 44,600 millones de dólares y para 2023 superaba los 68,000 millones. En 2024 ya rebasa los 75,000 millones, lo que supone un incremento superior a 30,000 millones en cuatro años.
Esta dinámica coloca a la deuda en torno al 65% del PIB y compromete la capacidad del Estado de sostener su estabilidad fiscal en el mediano plazo.
El peso de la deuda se refleja en el Presupuesto Nacional. Los pagos de intereses y amortizaciones consumen más del 24% de los recursos anuales, rivalizando con la nómina pública como principal gasto corriente.
Con un presupuesto tan comprometido, la inversión de capital apenas representa un 17%, muy por debajo de lo requerido para transformar la infraestructura y los servicios esenciales del país.
Intentos de modernización, como el programa Burocracia Cero o la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), buscan controlar el gasto y aumentar la eficiencia. La digitalización de procesos ha reducido algunos trámites, pero mientras instituciones redundantes sigan operando, los ahorros serán marginales frente a un aparato estatal que continúa creciendo y demandando mayores niveles de endeudamiento externo.
La ciudadanía enfrenta las consecuencias en carne propia: largas filas en hospitales, aulas abarrotadas y sistemas de agua insuficientes, mientras los impuestos financian nóminas infladas y entidades cuestionadas como Fonper.
Esta disonancia entre gasto público y calidad de servicios erosiona la confianza en el Estado y alimenta la percepción de que la política responde más a intereses particulares que al bien común.
En conclusión, la verdadera carga del Estado dominicano no es solo la deuda creciente, sino la combinación de duplicidad institucional, nómina abultada y gasto corriente improductivo. Sin una reforma integral que simplifique la administración, profesionalice el empleo público y priorice la inversión social y productiva, el país seguirá atrapado en un ciclo donde se gasta mucho, pero se transforma poco.
Hace varias semanas publiqué un primer artículo haciendo referencia al elevado monto de 90 mil millones de pesos de consumo con tarjeta de crédito.
Dicho monto continuó subiendo y cuando superó los 110 mil millones de pesos publiqué un segundo artículo llamando a la atención sobre ese comportamiento y la peligrosidad que pudiera significar para las instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito.
Pues ahora resulta que, entre el mes de enero y el mes de junio de este 2025, la cartera de crédito vencida aumentó en 7 mil millones de pesos.
En el mes de enero de este año el monto total de cartera de crédito vencida ascendió a 36 mil millones de pesos.
Al cierre del mes de junio, dicho monto de cartera vencida ascendió a 43 mil millones de pesos, un importante aumento interanual del 48.5%.
Dicho aumento estuvo encabezado principalmente por las tarjetas de crédito y los préstamos de consumo.
Clase media
Una muestra más de que la clase media se está sobre endeudando para poder mantener su nivel de consumo ante el deterioro del poder adquisitivo del peso dominicano debido a la inflación y la devaluación que han disparado el costo de la canasta familiar.
Hacemos un llamado de alerta amarilla financiera porque desde el mes de enero 2017 hasta Mayo 2023, la morosidad de la cartera de crédito estuvo por encima de la cartera de crédito vencida, pero a partir de junio de 2023 la cartera de préstamos vencida ha crecido muy rápidamente superando a la morosidad en el pago de préstamos.
Ese crecimiento ha llevado a la cartera de crédito vencida a estar por encima de la cartera de crédito morosa. Y ese comportamiento de la cartera vencida refleja también el deterioro de la economía que impide a los clientes de préstamos poder pagar a tiempo sus compromisos bancarios y en algunos casos ni siquiera pueden llegar a pagarlo.
Cuando se deteriora la calidad de la cartera de crédito se activa una alerta amarilla en las entidades financieras, ya que se afecta una de las principales fuentes de beneficios de las entidades bancarias.
La morosidad de la cartera de préstamos junto al aumento de la cartera de crédito vencida conlleva a la creación de provisiones o castigo de la cartera para cubrir posibles pérdidas por imposibilidad de cobro, y actúa aumentando el costo financiero de la entidad bancaria.
En virtud de que los montos de cartera de préstamos vencida de tarjeta de crédito y los préstamos de consumo son los más relevantes en el total vencido, se hace obvia una señal que nos dice que la marea inflacionaria, junto a la devaluación monetaria, viene erosionando los bolsillos de la clase media a tal magnitud que ya le impide cumplir con sus compromisos financieros.
Debemos recordar que, justamente es la clase media la que mayor uso hace de la tarjeta de crédito y la que más demanda préstamos de consumo.
Oportuna reunión
Sin embargo, el escenario tiende a refrescarse después de la oportuna reunión del Gobernador del Banco Central con el Ministro de Finanzas y el Superintendente de Bancos con la plana mayor que dirige los bancos comerciales.
Dicha reunión ha servido para buscar fórmulas de armonización entre la política monetaria y la política fiscal, pero también para bajar la incertidumbre y la imprevisibilidad en el comportamiento de la tasa de cambio, al tiempo de corregir a la baja la tasa de interés.
En pocas palabras se busca garantizar la estabilidad macroeconómica en el corto y el mediano plazo como forma de garantizar tranquilidad a los agentes económicos en sus toma de decisiones.
El gobernador del Banco Central ha dicho que el sistema financiero dominicano está robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. Y lo dijo mencionando cifras muy elocuentes porque señaló que la Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) es de 21.80% y la Rentabilidad Sobre Activos (ROA) de 2.61%. El Índice de Solvencia está en 18.39%.
A simple vista son indicadores que manifiestan fortaleza del sistema bancario dominicano pero de persistir la debilidad en el crecimiento económico dichos indicadores podrían deteriorarse muy rápidamente.
De todas formas, la luz amarilla ya está encendida, y más nos vale tomar medidas oportunas que impidan males peores. La responsabilidad está en manos de las autoridades, las que deberían procurar que todo lo expuesto aquí se quede como una simple falsa alarma.
SANTO DOMINGO.- Los Estados Unidos venció 1-0 a la República Dominicana en la apertura de la Copa Panamericana de softbol sub-23, en un partido que el presidente de la federación (Fedosa), ingeniero Garibaldy Bautista, definió como una muestra de que ha mejorado el nivel de la disciplina.
La única vuelta del partido la anotó el paracorto John Braden en el cuarto episodio, quien recibió transferencia, Eli Rivas bateó sencillo que llevó a Braden a la intermedia y llega a la tercera por wild-pitch, desde donde anotó por otro lanzamiento desviado. Dustin Dean se poncha tirando y Manuel Mendham entregó el tercer out por rodado del 4-3.
El triunfo fue para el estelar Marco Díaz, primer lanzador de la selección de mayores de USA, mientras que el Jonni Suriel, el segundo del seleccionado nacional dominicano, cayó con la derrota.
Díaz solo permitió un incogible, salido del bate de Enderson Cabrera Díaz; no concedió bases y ponchó a 18, de los 21 outs que hizo en 7.0 episodios, mientras que Suriel, en igual ruta, permitió dos indiscutibles, una carrera limpia, cinco bases y 14 ponches.
Al hablar sobre el partido, el ingeniero Garibaldy Bautista basó su criterio en que el conjunto norteamericano subió al monticular su estelar en el pasado Campeonato Mundial celebrado en Canadá y “nosotros competimos con nuestro segundo mejor lanzador, quien tuvo una gran presentación monticular en ese partido”.
Reitero que con el material joven que tenemos, apostamos a un relevo generacional que cumplirá el propósito de mejorar el nivel donde somos sexto en las Américas y 10 en el mundo, “lo que quedó demostrado en el partido ante el seleccionado de los Estados Unidos”.
El torneo tiene como sede el estadio Arnaldo Bautista Gómez en Santa Rosa, La Pampa y dará cuatro plazas al mundial del 2026. Se juega desde el 13 al 20 de septiembre y es organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).
Un total de ocho equipos están convocados al evento, entre los que se cuentan además Venezuela, No. 2 del mundo, los locales Argentina (3), Canadá (4); Estados Unidos (5); México (9); Guatemala (12) y Perú (34).
Ya están clasificados al Mundial Japón, Australia, Nueva Zelanda, República Checa, Singapur, Colombia que es la anfitriona y Dinamarca. África clasificará un equipo para completar el total de 12.
Los documentos internos de organismos de seguridad estadounidenses, divulgados en el artículo “Agresión EE.UU. contra Venezuela”, de Bruno Sgarzini, publicado en Diario Red de España, revelan cómo Washington prepara una nueva ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela bajo la narrativa de “seguridad nacional”.
Informes de inteligencia y tanques de pensamiento ligados al trumpismo exponen la manera en que se prefigura una “acción militar” en la región, valiéndose de un andamiaje legal y mediático que fabrica amenazas para justificar despliegues militares.
Entre los argumentos utilizados, el citado medio destaca la reinterpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que habilita la detención y deportación de ciudadanos de “países enemigos” cuando se perciba una guerra o una invasión.
Bajo esta óptica, la migración masiva es presentada como un “arma” impulsada por carteles criminales y gobiernos adversarios. Voces como la del periodista estadounidense Ken Klippenstein denuncian que se está criminalizando a los migrantes, presentándolos como soldados de una invasión orquestada, mientras funcionarios como Joseph Humire esbozan la teoría de la “migración armada” para asociar movimientos progresistas latinoamericanos con Irán, Hezbollah y el narcotráfico.
Migración como pretexto de guerra
Trump y Maduro
El documento revela cómo se construye la idea de que los migrantes no cruzan las fronteras por pobreza, represión o búsqueda de oportunidades, sino que forman parte de una avanzada armada al interior de Estados Unidos.
Así, las deportaciones masivas dejan de ser una medida administrativa para convertirse en un componente de “defensa nacional”, donde se justifica que los migrantes sean tratados como enemigos de guerra. Esta visión, carente de sustento real, pretende legitimar operaciones represivas internas y al mismo tiempo prepara el terreno para acciones militares externas.
El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, en un informe de abril de 2025 citado por Sgarzini, desmonta la narrativa oficial al reconocer que no existen pruebas de que Nicolás Maduro use la migración como un arma ni de vínculos formales con el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.
Aun así, esta construcción discursiva ha sido clave para alinear la política exterior de Washington con los objetivos de Marco Rubio, actual secretario de Estado y figura influyente en la política de seguridad estadounidense.
Fabricación de la amenaza “narco-chavista”
La llamada “amenaza narco-chavista” aparece en los documentos como una fabricación deliberada. Se trata de un recurso para encubrir intereses geopolíticos y justificar sanciones, bloqueos y despliegues militares. El relato de que el chavismo está aliado con carteles o grupos terroristas como Hezbollah responde más a las necesidades políticas del trumpismo que a hechos comprobados por la DEA u organismos internacionales.
En este marco, resulta revelador que se propongan medidas como designar a los carteles latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, con lo que se habilitaría incluso el asesinato selectivo de sus líderes mediante drones o bombardeos, del mismo modo en que Washington lo hizo en Irak, Afganistán y Siria. Bajo esta premisa, la frontera entre la persecución al crimen y las operaciones militares internacionales se borra deliberadamente.
Advertencias desde la región
La creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ha despertado alertas en gobiernos progresistas de la región, que interpretan este despliegue como una advertencia de intenciones intervencionistas.
La historia latinoamericana ofrece numerosos precedentes, como la ocupación de la República Dominicana entre 1916 y 1924, que muestran cómo, bajo excusas de seguridad, Washington ha buscado imponer su dominio político y económico.
En el contexto actual, la preocupación no se limita a Venezuela. Informes mencionados en el reportaje señalan que incluso se contemplan planes de “acciones militares suaves” en México, un país cuya estabilidad es clave para toda la región. La posibilidad de que se intente justificar una intervención con el argumento del combate a carteles criminales en territorio mexicano amplía el alcance de la amenaza y refuerza la percepción de que el imperio ensaya un nuevo ciclo de injerencias bajo el paraguas de la seguridad.
Una amenaza que desestabiliza la región
La incógnita que plantean los analistas es si este despliegue estadounidense obedece a un operativo de presión simbólica propio del estilo mediático trumpista o si constituye la antesala de una campaña de ataques permanentes contra Venezuela y sus aliados regionales. En ambos escenarios, la amenaza es real: ya sea como espectáculo de fuerza o como estrategia de guerra, lo que se impone es el riesgo de desestabilización regional.
La paranoia del imperio no solo fabrica enemigos, también convierte a América Latina en un tablero de guerra. Con deportaciones que criminalizan a migrantes, con narrativas que transforman la pobreza en arma y con buques de guerra frente a las costas caribeñas, Estados Unidos reedita viejas fórmulas de injerencia que ponen en entredicho la paz y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación de Natación del Distrito Nacional (Asonadina) celebra con cientos de atletas su Campeonato Nacional 2025, en el Complejo de Piscina de la Pucmm.
Toman parte más de 500 nadadores y 20 equipos, informó Adrián Marte, director del evento.
Dijo que en la justa, que tiene el aval de la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos RD (Fedda), participan cinco asociaciones: Distrito Nacional, Santiago, La Vega, La Altagracia y Santo Domingo.
La justa tendrá jueces de la Federación Internacional, además de cronómetro electrónico.
Dijo que el evento tiene el patrocinio del Ministerio de Deportes, la Fedda y el Comité Olímpico Dominicano.
En la justa participarán los clubes Atlantic Claro, Casa de España, Club Acuático Titanes de Santo Domingo, Delfines del Naco, Huracanes del Santo Domingo Country Club, Las Estrellas Marinas, Team Sin Fallos, No Bulla, Tiburones Santiago Country Club, entre otros.
Agradeció el respaldo de Lulu Pet, Habichuelas Giselle, JC PIM, entre otros.
SANTO DOMINGO.- El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director del Seguro Nacional de Salud (SENASA) Edward Guzmán, entregaron a la procuraduría General, Yeni Berenice Reynoso, un informe con «graves irregularidades» detectadas en esta última entidad.
El vocero de la presidencia, Félix Reyna, informó que el presidente Luis Abinader dispuso que dichos funcionarios entregaran los documentos para que el Ministerio Público realice una investigación y actúe conforme al mandato constitucional y legal.
Esta acción, dijo, reafirma el compromiso del Mandatario con la transparencia, institucionalidad y lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, «sin excepciones ni privilegios como lo indicó en la pasada edición de LA Semanal con la Prensa».
POLITICA DE CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCION
“Desde el Gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente Abinader y a su política de cero tolerancia con la corrupción, como un eje central de su gestión desde el primer día”, explicó.
Llamó a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SENASA.
Reyna aseguró que los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre.
PROTECCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
“El país puede tener la certeza de que, en la medida en que avancen las investigaciones, será el propio Ministerio Público quien informará con responsabilidad y conforme al debido proceso”, expuso el vocero gubernamental.
Enfatizó en que el gobierno dominicano reitera su firme compromiso de proteger los recursos públicos, garantizar la ética en la administración institucional y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho.
UN PROGRAMA DE TELEVISION HIZO LA DENUNCIA
Una investigación del programa de televisión ‘Reporte Especial con Julissa Céspedes’ denunció un esquema de corrupción en el Senasa, que involucra a funcionarios, exempleados, médicos y familiares, quienes habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos para autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas.
Desde la llegada de Abinader al Gobierno en el 2020 el Senasa estuvo dirigido por Santiago Hazin, sustituido en agosto pasado por Edward Rafael Guzmán Padilla.
Los presidentes, de los que se presume siempre los anima la buena intención y no quieren fracasar en el ejercicio gubernamental, generalmente son muy lentos o tozudos para introducir cambios en su equipo y dar algunos giros que ayuden a oxigenar la gestión y hasta a servir de dique ante el asomo de ruidos o de un elemental declive en la popularidad.
Algunos resultan permisivos hasta hacerse daño en la imagen propia, al pegárseles “muertos ajenos”, como pasó en su momento con mi amigo el presidente Leonel Fernández, con gente que en hora clave le dio la espalda, cuando no una ingrata estocada.
Y trilla el mismo camino el también amigo presidente Luis Abinader, cuando en un esfuerzo en demasía por promover el desempeño de algunas áreas oficiales y mostrarse cercano a la gente (bien lo de la cercanía) hacía de relacionista público o promotor de algunos funcionarios, a riesgo del desgaste de su propia imagen, en vez de enviarlos a sus casas, advertido de que el resultado del trabajo se quedaba corto.
Luis Abinader
Sin duda, fue tímido el gobernante con el cambio o rotación de algunas caras del equipo, ante las expectativas que había en distintos sectores, y que debió aprovechar para relanzar el gobierno. Ya salió de algunas figuras del inicio, llevadas quizá como prueba o por compromiso, pero que fueran retranca.
Agricultura
Ejemplos: la comunicación y el área militar. Del sector agrícola, que no es el fuerte de Abinader, ni hablar: más fiasco, ruidos y “bultos” del ministro para envolver una crisis que estallará por algún lado, no puede haber. El presidente, que ya cumplió con Hipólito, le dio la palabra al pupilo de este en La Semanal y la respuesta del funcionario fue infeliz, penosa.
Que le pregunte a los arroceros, a los que le inundaron el mercado de arroz importado, y a los operadores de tractores, que hicieron un paro en reclamo de pago de unos 150 millones, entre otros sectores del campo en crisis que están con el grito al cielo. Con tres años aun por delante, el presidente no debe meter mano en candela por nadie.
Que, ni por asomo, repita lo de alguien por ahí: ¿Pero cuál corrupción? Por temas como el dólar (factor externo), los precios, apagones, caso SENASA y los expedientes que Ángel Hernández y el coronel Morales Herrero dicen haber puesto en sus manos, el presidente debe espabilarse, antes de que la gente tome calle y encienda la pradera.
Caracas, 13 de septiembre (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar «una escalada bélica» en el Caribe.
«El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (…) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (…), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra», afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Gil leyó un comunicado en el que se afirma que «el navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación (…), impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún».
Los ocupantes, agregó la nota, eran «humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana».
El Gobierno venezolano aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana «monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación».
EXIGE A EE.UU. CESAR SU OPERACIÓN EN EL CARIBE
Para el Ejecutivo de Nicolás Maduro este incidente «refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas».
Por tanto, exigió a Estados Unidos que «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe», al tiempo que hizo un llamado a los estadounidenses a «reconocer la gravedad de estas maniobras y rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora».
OCHO BARCOS DESPLEGADOS
Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, lo que Venezuela denuncia como un intento de propiciar un «cambio de régimen».
El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, lo que motivó la movilización militar en el Caribe y el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.
PUERTO PRINCIPE 13 Sep.- Al menos 42 personas han muerto y varias más han resultado heridas en una masacre perpetrada por individuos armados el pasado jueves en Labodrie, en el centro de Haití, según la información proporcionada por las autoridades locales.
El ataque se produjo en la noche del jueves 11 de septiembre en la localidad de Labodrie, entre Arcahaie y Cabaret, a las afueras de Puerto Príncipe, la capital del país, según informa el portal de noticias Haiti Libre.
Los responsables del ataque serían miembros de la coalición criminal Viv Ansanm que dispararon indiscriminadamente contra la población tras acusarlos de ser informantes de la Policía.
El presidente del Consejo Administrativo de las Secciones Comunales de Boucassin, municipio de Cabaret, Baptiste Joseph Louis, ha informado de que hasta el momento se han contabilizado 42 cadáveres, incluidos los de niños.
Además hay un número indeterminado de heridos y varios desaparecidos. Las casas han sido incendiadas y los supervivientes han huido de la zona, donde continúan los atacantes, responsables de violaciones.
Testigos presenciales han exlpicado que el ataque es en represalia por la muerte de Vladimyr Pierre, alias ‘Vlad’, el ‘número dos’ de la banda en Cabaret, quien falleció el 7 de septiembre en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Tras el ataque, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado estas muertes causadas por un «brutal ataque» con víctimas «mujeres, niños y ancianos». «El secretario general expresa sus sinceras condolenciasa las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Haití», ha declarado el portavoz oficial de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado oficial.
Guterres ha manifestado asimismo su «alarma» por los «niveles de violecia» que afectan a Haití y ha instado a las autoridades haitianas a perseguir a los responsables para que sean llevados ante la justicia.
A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021 tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.
Desde el año pasado, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.
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