Por Marcelino Lara 

He tomado prestado el título de una canción de los años 80 interpretada por una agrupación merenguera femenina, para explicar la elevada dependencia de gran parte de la población dominicana de los beneficios otorgados por el Estado a través de sus programas sociales.

Y para tal propósito utilizaré los resultados de una investigación que ha estado realizando el CREES desde 2019 para monitorear el impacto socioeconómico de las ayudas otorgadas por el Estado dominicano a los estratos poblacionales más necesitados.

Lo primero que llama la atención es que al cierre de 2024, más de la mitad de la población dominicana, específicamente el 51.4%, dependía de los beneficios de los programas sociales del estado. O sea que somos un país de pobres e indigentes.

Sin embargo, en 2019 cuando CREES empezó a realizar esta medición, el programa Aliméntate, que entonces se llamaba Comer es primero, era otorgado tan sólo a 825,275 hogares.

Al cierre del mes de junio de 2025, el promedio de hogares beneficiados del programa hoy llamado Aliméntate subió a 1,489,960 hogares beneficiados.

Independientemente de la pandemia, consideramos un aumento exagerado porque del 2016 al 2020, los beneficiados de los programas sociales a penas aumentaron de 3.7 a 3.9 millones. Sin embargo del 2020 al 2024 pasaron de 3.9 a 5.5 millones de dominicanos dependientes del Estado dominicano.

 Insostenible presupuestaria y financieramente

 El programa Aliméntate es el de mayor número de beneficiarios dentro de lo que administra la Dirección de Desarrollo Social Supérate, lo que habla claramente de una caída en el nivel de seguridad alimentaria del pueblo dominicano por insuficiencia de ingresos de la gente y de la producción nacional.

De acuerdo con la Administradora de Subsidios Siciales, al cierre del segundo trimestre de 2025, el total de subsidios por beneficiarios o tarjetahabientes, superó la cifra de 4.6 millones. En cada tarjeta una persona puede recibir dos y tres subsidios a la vez.

El número cada vez más dependiente de los programas sociales del estado nos lleva entonces a cuestionar las cifras oficiales sobre el nivel de empleo, el incremento del salario real, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, energía eléctrica, educación y salud, al tiempo que se confirma una vez más el débil crecimiento del PIB.

Obviamente, sólo el deterioro de esos indicadores podría justificar que más de la mitad de la población dominicana esté siendo beneficiada por programas sociales del gobierno.

También debemos suponer que una gran cantidad de personas pasaron de clase media a pobres y por eso están recibiendo dichos beneficios, ya que no queremos suponer que con el pago de nuestros impuestos se está beneficiando a extranjeros ilegales.

Esperamos que el populismo político no se haya apoderado de los programas sociales del Estado dominicano, porque a quien no le dan que no coja.

 

jpm-am

Contrario a lo que ocurrió en otros tiempos no lejanos con mayor acentuación, en una porción significativa de habitantes de nuestra media isla, prevaleció la creencia de que movilizar la imagen de la virgen patrona o protectora del pueblo dominicano de sus santuarios habituales implicaba exponerse al surgimiento de una tragedia de desastrosas consecuencias.

Así se advierte en un corto y curioso relato,  singular y gracioso, expuesto por el acucioso y expresivo maestro de la abogacía y con un fascinante dominio de la oratoria edificante, doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, en su interesante obra titulada Reminiscencias de Vincho, publicado en abril del 2024.

Como aparente punto de partida para sustentar la referida creencia popular, el hoy paradigmático jurista francomacorisano realiza una remembranza sobre una experiencia vivida en el año 46 del pasado siglo, en la capital dominicana, cuando disfrutaba a plenitud su adolescencia.

Recuerda que, para entonces, en la hoy avenida del puerto,  en la cercanía del puerto del Ozama, “…se celebraría la llegada de la primera nave del Descubrimiento, donde se escenificaría el amarre de Las Carabelas en la legendaria Ceiba de Colón”.

Como parte del esplendor de la actividad se resaltaba la presencia de la imagen de la Virgen de las Mercedes y la participación de treinta jóvenes de la ciudad Primada de América ataviados con trajes de marinería de la época.

Como señal de bienvenida al temido generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, ejecutivo de la nación, quien presidiría el concurrido acto, empezaron a escucharse los veintiún cañonazos estipulados por el protocolo oficial desde las corbetas de guerra ancladas en el muelle capitalino.

Destaca el elocuente abogado Castillo Rodríguez que una multitud impresionante, “vibraba en aplausos y vivas”, al severo gobernante sancristobalense y que curiosamente llegó a los alrededores del grupo de amigos que le acompañaba en el acto “…una señora, entrelazando un rosario en las manos”.

Apunta el discado jurista que entre los resabios por la dama en cuestión se escuchó pronunciar expresiones como esta:

–       “¡Esto no puede ser! A la Virgen de las Mercedes no se le mueve de su santuario, !Hay que ir donde ella y no moverla! Las veces que se ha hecho, pasa algo malo. ¡No Señor! ¡No se puede traer del Santo Cerro para ponerla a participar en esta fiesta!”.

Cuenta el doctor Marino -Vincho- Castillo Rodríguez que, ante la tanta insistencia de la doña chillona, José Nazario Brea, quien formaba parte del grupo de compañeros presentes en el encuentro se vio en la necesidad de expresarle en voz baja:

–        “!Vieja cállese, mire que ahí está el presidente!

No bien terminada de oírse la atinada observación, la escandalosa y extrovertida señora replicó a viva voz:

–        “!Señores, esto no es cuestión de política, esto es de nuestra fe!. ¡A la Virgen hay que reverenciarla, pero en su sagrado templo”!

Ante la fanática religiosa y sus categóricos señalamientos, algunos de los asistentes a la actividad protocolar, como había de esperarse, empezaron a dispersarse atendiendo al llamado mandato de la prudencia.

Concluida la ceremonia, resalta el doctor Castillo Rodríguez en su citado libro que “…volvimos a la casa y al sentarnos a la mesa, comenzó a temblar la tierra en forma pavorosa”.

En torno a aquella vivencia inesperada, apunta de manera precisa y contundente el experimentado y polémico profesional del Derecho y la Política que “…era el 4 de agosto y el terremoto de tal día fue tremendo, de 8 en la Escala de Richter”, lo que obligó a su apreciado amigo José Nazario Brea a exclamar:

-“¡La vieja lo dijo, la vieja lo dijo!”.

El terremoto de 1946

Según informaciones del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo -UASD-, el 4 de agosto de 1946 ocurrió el terremoto más grande de la historia sísmica instrumental de La Hispaniola, con una magnitud de 8.1 y una intensidades de X y XI en la escala Mercalli Modificada.

Lo más importante de este terremoto fue el tsunami que se generó a raíz de la sacudida sísmica, teniendo como punto céntrico el poblado de Matancita en la hoy provincia María Trinidad Sánchez,

Nagua, fue arrasado totalmente por las olas gigantescas que alcanzaron más de 9 pies de altura; penetrando hasta 2 kilómetros hacia tierra, quedando de unas 300 casas construidas de maderas solo 8, las demás fueron despedazadas.

Los pueblos de Cabrera, Nagua y Sánchez quedaron sin comunicación al derrumbarse varios puentes.

La cantidad de escombros era enorme, hombres y mujeres como también animales formaron parte de estos, al quedar sepultados.

La totalidad de los cadáveres no fue posible rescatar (aunque se estima más de 1,000 personas) por la Marina de Guerra, que hizo todo lo que estaba a su alcance.

Los temblores no dejaban de suceder y el luto de toda la nación crecía, se encontraban cada día más muertos.

En varios puntos de la región Noreste del país la tierra se abrió y en Moca, el Palacio Municipal y el mercado público se desplomaron.

Algo similar también ocurrió con la casa Consistorial, el Club Rotario, la Glorieta del parque Mon Cáceres y las Torres de las Iglesias.

En Santo Domingo, capital de la República, el muelle se agrietó y fueron tantos los daños materiales, las pérdidas de vidas humanas y las expresiones de dolor y tristeza, que por un considerable tiempo prevalecía un ambiente desolador y luctuoso.

En San Francisco de Macorís el Templo Católico la iglesia Nuestra Señora de la Mercedes, el local del Partido Dominicano y comercios sufrieron graves daños al ser azotados por la furia del terremoto.

En Santiago de los Caballeros un almacén se desplomó; el canal Presidente Trujillo fue severamente dañado.

A manera de conclusión…

Conforme al ameno, franco y curioso relato reproducido en estos párrafos y sobre todo, atendiendo a la insistencia y el convencimiento religioso puesto de manifiesto por la señora religiosa en referencia, fiel creyente de la Virgen de la Mercedes, como final de este compartir, quizás valga la pena concluirlo reproduciendo la máxima popular que obliga a tener presente que “en este mundo de Dios, nada es verdad, nada es mentira, todo depende el color del cristal con que se mira”.

¿Qué le parece…?

jpm-am

En los últimos meses hemos observados dos episodios  que reflejan un problema estructural de comunicación y responsabilidad dentro del Gobierno relacionados con funcionarios que, por negligencia, temor o cálculo político, entregan información parcial o distorsionada al presidente.

Esto significa que el mandatario ha sido inducido a comunicar públicamente versiones incorrectas como ocurrió sobre el déficit  en SENASA y en el caso de los contratistas con deudas viejas por cobrar.

El resultado es que el jefe de Estado termina sosteniendo públicamente versiones falsas, comprometiendo su credibilidad porque su equipo le ocultó, maquilló o tergiversó la realidad.

En el caso de los contratistas del Comité Institucional Codiano, en los cinco años, los funcionarios del Gobierno han mantenido el discurso de que los constructores con deudas viejas no cumplen con los soportes que exige el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos.

Fue por ello que en el escenario de La Semanal el presidente Abinader fue inducido a afirmar que no se le puede pagar a contratistas que no cumplen con los soportes.

Sin embargo, la realidad, confirmada por las propias instituciones deudoras, es radicalmente distinta, pues son estas instituciones las que, por negligencia o corrupción, han perdido documentos públicos indispensables para tramitar los pagos.

A pesar de las reiteradas advertencias del Comité Institucional Codiano el mandatario sostuvo públicamente una narrativa contraria a los hechos.

Este cuadro pone a prueba el liderazgo del Presidente Luis Abinader ya que si en verdad se apuesta por la transparencia y el fortalecimiento institucional se requiere actuar con decisión frente a los funcionarios que ocultaron información neurálgica.

En ocasiones se tiene la percepción de que Abinader es muy flexible, pues mantener a esos funcionarios en sus cargos equivale a validar el engaño, perpetuar la injusticia y seguir poniendo en riesgo la credibilidad del Gobierno.

La desaparición de documentos públicos en las instituciones estatales que mantienen deudas con contratistas no solo pone en riesgo la transparencia y la seguridad jurídica, sino que también podría configurar un grave acto de corrupción administrativa.

Al cumplirse dos meses desde que el Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó formalmente a la PEPCA investigar esta pérdida documental, el silencio oficial se vuelve insostenible, ya que la falta de respuesta erosiona la confianza ciudadana y profundiza la sensación de impunidad frente a hechos que comprometen derechos, patrimonio y vidas de contratistas que solo exigen el pago legítimo de obras terminadas y usufructuadas por el Estado.

Lo sensato

Los contratistas entienden que la medida más sensata, y al mismo tiempo más contundente, sería suspender a los implicados y crear una comisión interinstitucional con poder real para reconstruir expedientes y garantizar el pago de la deuda vieja.

Esto no es solo un asunto de justicia contractual, es una cuestión de ética pública y de respeto al Estado de derecho, porque cuando se pierde la confianza en la palabra oficial, se erosiona la legitimidad del gobierno entero.

Si Abinader actuara con firmeza, no solo saldaria la deuda de 390 millones de pesos con 92 contratistas y sus familias, sino que también debe enviar un mensaje histórico de que en su administración nadie puede mentir impunemente al Presidente ni manipular información pública sin consecuencias.

Ese sería un legado de transparencia y justicia, en vez de la imagen de un liderazgo rodeado de funcionarios que, por omisión o por dolo, han convertido la negligencia administrativa en represión encubierta.

En la República Dominicana la sociedad civil ha sido, históricamente, un actor fundamental en la lucha por la democracia, la transparencia y los derechos ciudadanos.

Pero en estos últimos años, precisamente bajo el actual gobierno, esa misma sociedad civil parece haber desaparecido del escenario público. Lo que antes era un grito firme, aguerrido y continuo, hoy es un silencio preocupante y sospechoso.

Por años, la sociedad civil en la República Dominicana se presentó como la conciencia crítica del país. Fue la voz que se alzó frente a los excesos de los gobiernos, la que denunció la corrupción, la que salió a las calles en defensa de la democracia y de los derechos ciudadanos. Sin embargo, esa voz se ha apagado. Y ese silencio es tan estruendoso como irritante.

Porque mientras la corrupción sigue galopando, mientras el costo de la vida asfixia a las familias, mientras los apagones regresan como si estuviéramos en los 80, mientras la improvisación y los errores de política pública se multiplican, la sociedad civil ha preferido callar.

O peor aún: algunos de sus principales actores parecen haberse acomodado, conformado, o cooptado por el poder, ocupando altos cargos en el tren gubernamental.

¿Dónde están las voces de Participación Ciudadana, que durante los gobiernos del PLD levantaban auditorías ciudadanas, ruedas de prensa, marchas, piquetes, con sólo surgir alguna denuncia contra la gestión pública? Hoy apenas se les escucha un tímido comunicado, como si la corrupción fuera menos corrupción dependiendo de quién esté en el Palacio Nacional.

¿Dónde está la Finjus, que en otros tiempos se erguía como referente de opinión jurídica y defensora de la institucionalidad? Hoy parece más interesada en validar proyectos oficiales que en cuestionar la debilidad de las instituciones.

¿Y qué pasó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y las demás cúpulas empresariales, que antes se mostraban preocupadas por el rumbo del país? Ahora guardan silencio frente al desorden eléctrico, la corrupción, el endeudamiento y la inflación, porque al fin y al cabo sus intereses están garantizados.

Ni hablar de las universidades, gremios profesionales y sindicatos, que parecen más ocupados en defender sus parcelas que en levantar la voz por la sociedad. Los médicos protestan solo por lo suyo, los maestros apenas se hacen sentir, y las asociaciones comunitarias, antaño combativas, hoy lucen fragmentadas y débiles.

Y no olvidemos a las iglesias, que en otros tiempos denunciaban con fuerza los males sociales. Hoy, salvo contadas excepciones, la mayoría de las iglesias parecen optar por la prudencia y el acomodo, antes que por la denuncia profética que el país necesita.

El resultado es claro: frente a los apagones, el alto costo de la vida, la corrupción que no cesa y los errores de gestión, no hay una voz colectiva, fuerte, organizada, que represente a la ciudadanía.

La sociedad civil que antes se presentaba como un contrapeso, hoy luce como un actor neutralizado, domesticado, o en el peor de los casos, cómplice por omisión.

El pueblo dominicano no se merece una sociedad civil que grita según quién gobierne, ni con organizaciones que negocian su independencia a cambio de financiamientos, favores o puestos.

El país necesita una sociedad civil de verdad, con coherencia, con coraje, con independencia. Porque callar en medio de la crisis, frente al abuso de poder y frente a los males sociales, es otra forma de corrupción.

jpm-am

 

En la República Dominicana no existe una verdadera derecha en el sentido clásico del término. Lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia política es la evolución de partidos que nacieron con raíces de izquierda o populistas, que luego se presentaron bajo etiquetas de socialdemocracia y progresismo.

En cada ciclo electoral, estas organizaciones han sabido disfrazarse de movimientos que aparentan un giro a la derecha, pero en la práctica han mantenido las mismas dinámicas de clientelismo, dependencia estatal y populismo propias de la izquierda y la centro de izquierda.

El discurso político ha vendido la idea de supuestos giros hacia gobiernos de derecha. Sin embargo, un análisis serio revela que nunca se han aplicado políticas conservadoras, de liberalismo clásico ni de libre mercado.

Lo que ha existido es un cambio de narrativa para mantener el apoyo del electorado, haciéndole creer que se trata de proyectos distintos, cuando en realidad se repiten los mismos patrones.

El Estado se mantiene clientelar, con nóminas abultadas y programas asistenciales como principal herramienta de control político. Se multiplican los subsidios y transferencias, generando dependencia de la población hacia el poder. El endeudamiento público se utiliza como fuente de financiamiento del gasto corriente y de obras de alto costo. Mientras tanto, el mercado libre se ve limitado por monopolios y contratos privilegiados desde el Estado.

Un gobierno de derecha auténtico se distinguiría por reducir la dependencia del Estado, favorecer un mercado abierto y competitivo sin tutelaje, aplicar disciplina fiscal para evitar endeudamiento excesivo y defender valores conservadores en lo social, con énfasis en orden, familia y soberanía nacional.

Por el contrario, los gobiernos dominicanos, aunque se autodenominan de “centro” o incluso “centro-derecha”, han aplicado políticas propias de la socialdemocracia progresista: expansión constante del gasto público, programas de asistencia, uso del Estado como principal empleador, endeudamiento creciente y una apertura económica controlada, con privilegios, monopolios y dependencia de organismos internacionales.

Las fuerzas políticas dominantes han contado, además, con el respaldo de organismos y alianzas internacionales que promueven agendas progresistas y de centroizquierda. Entre ellas figuran la Internacional Socialista, la Alianza Progresista  a la que incluso se ha hecho referencia en debates nacionales y el Foro de São Paulo, junto a fundaciones y ONGs vinculadas a la socialdemocracia europea y al progresismo latinoamericano.

Estas plataformas aportan respaldo ideológico, financiero y estratégico a los partidos dominicanos que, aunque se proclaman de “centro”, operan bajo una lógica de izquierda modernizada.

Como si el tiempo se hubiera congelado, dentro de este conjunto de partidos progresistas nunca ha existido un verdadero proyecto de nación, sino una lucha por el poder, donde incluso parecen haber pactado sus turnos para gobernar. Siempre se nos presenta la ilusión de cambio, pero la realidad es que el país necesita una corriente reformista que impulse transformaciones estructurales más allá del aparato estatal, hasta llegar a la cultura intelectual del dominicano.

La esperanza está en la Generación Z, que trae consigo principios, valores y conocimientos innatos. No obstante, esta juventud es constantemente bombardeada por la influencia mediática del progresismo y la centroizquierda, que desde las redes sociales promueven visiones materialistas sobre la familia, la mujer y la vida en sentido general, con  manipulación de noticias y narrativas, bajo la máscara de una izquierda modernizada, una igualdad desigual, quitando merito a las tradiciones, valores culturales,  a los profesionales y productores.

La política dominicana, atrapada entre bandos progresistas, enfrenta el desafío de transformarse en una corriente verdaderamente reformista. Una corriente que no se limite a administrar el Estado, sino que construya sobre la base de valores cívicos, educativos, económicos y culturales; con una visión de nación que supere los ciclos de alternancia y coloque en el centro al ciudadano, su libertad y su capacidad de progreso real.

Si no asumimos ese rumbo, seguiremos condenados a votar entre lo mismos disfrazados de distintos

jpm-am