Por Carlos Salcedo

La política, ¿al servicio del bien común o de intereses privados?

Durante décadas, América Latina ha visto caer a presidentes, exmandatarios y jefes de Estado bajo acusaciones de corrupción, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos. En la República Dominicana también se registran denuncias recurrentes contra funcionarios poderosos. Frente a esta realidad, surge una pregunta urgente: ¿vale la pena que personas íntegras entren a la vida política con vocación de servicio colectivo, liderazgo transformador y compromiso democrático?

La política, concebida como servicio al bien común, se ha visto muchas veces distorsionada por intereses privados, clientelismos y corrupción. Casos como los de Alberto Fujimori, condenado en Perú por abuso de poder, violaciones a los derechos humanos, masacres y corrupción, o los de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos condenados por casos de financiamiento ilícito ligados a Odebrecht, han expuesto cuan permeables son las instituciones a la corrupción.

En Guatemala, Otto Pérez Molina renunció tras un escándalo de corrupción llamado “La Línea”, fue detenido y procesado, evidenciando que el desfalco institucional puede llegar hasta los niveles más altos del Poder Ejecutivo.  En El Salvador, Antonio Saca fue condenado por malversar cientos de millones de dólares públicos, mientras Mauricio Funes es acusado de enriquecimiento ilícito viviendo en el exilio.

Rafael Correa en Ecuador fue condenado en ausencia por dirigir una red de sobornos.  Álvaro Uribe en Colombia ha sido recientemente condenado por cohecho pasivo y abuso de proceso.  Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción relacionada con obras públicas.  Y Ricardo Martinelli en Panamá, también enfrentó condenas vinculadas a lavado de dinero.

Estos casos tienen en común no sólo los delitos, sino el uso del servicio público como medio para lucro personal o para consolidar redes de poder. Funcionarios que penetran instituciones, manipulan presupuestos, desvían fondos públicos hacia intereses privados, y sujetan la justicia a intereses políticos, dejan como saldo institucional la desconfianza, la impunidad y el deterioro del tejido social.

En la República Dominicana, aunque no se hayan verificado al día de hoy condenas presidenciales por crímenes graves de lesa humanidad en los estándares internacionales comparables, sí existen numerosas investigaciones, acusaciones y cuestionamientos sobre enriquecimiento ilícito, compras estatales sin transparencia y debilidades en los sistemas de fiscalización. Esto configura un caldo de cultivo para que los incentivos del servicio público se desvíen hacia lo personal.

La política como vocación de servicio

A pesar de ese panorama que parece tan sombrío e incremental, hay un contrapunto: quienes aún creen en la política como vocación de servicio lo hacen con la convicción de que es posible transformarla desde adentro. En este sentido, la integridad, el liderazgo transformador y la visión institucional y democrática se vuelven imperativos.

No basta con que la ley exista: se requiere que los mecanismos institucionales funcionen, que el Ministerio Público actúe con independencia, siempre respetando los principios y las garantías procesales, de manera particular el postulado de objetividad; que los tribunales investiguen sin sesgo; y que la ciudadanía esté alerta, ejerza su opinión pública con criterio y responsabilice a sus gobernantes.

Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, definía a la opinión pública como esa fuerza vital que emerge cuando la masa ciudadana participa activamente en los asuntos públicos. Para él, no es suficiente que haya multitud. Habermas, por su parte, concibe la ciudadanía activa como un elemento indispensable para la vida democrática y para la legitimidad del poder político.

En su teoría de la acción comunicativa y en sus obras sobre democracia deliberativa, plantea que los ciudadanos no deben ser meros receptores de decisiones, sino actores críticos y participativos en el espacio público. De ahí que lo esencial es que exista discernimiento, exigencia ética, y que la sociedad no delegue todo, sino que vigile, critique, premie la honestidad, rechace la corrupción y participe activamente.

¿Vale la pena, entonces, que una persona íntegra se arriesgue a entrar al servicio público en Latinoamérica o en la República Dominicana? Sí, vale la pena, porque la alternativa es que los peores tomen el espacio y definan las reglas -las instituciones, los recursos, la voz pública- conforme a sus intereses.

Pero la tarea no será fácil, se requiere liderazgo ético, instituciones robustas, justicia independiente, y una ciudadanía que no mire hacia otro lado.

El servicio público debe volver a ser visto como un honor, no como una trampa. Cuando los íntegros toman la decisión de servir con visión transformadora, democrática y justa, toda la sociedad se beneficia.

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POR DEMI FELIX DOMINGUEZ 

Las contrataciones en salud no son papeles ni números: son respiraciones que se salvan, pasos que se recuperan, memorias que no se pierden. Representan el derecho de un niño a crecer fuerte, de un profesor a enseñar con dignidad, de un agricultor a sembrar sin dolor.

Allí se juega la posibilidad de conservar los sentidos, de sostener la autonomía mental, de vivir con esperanza. Hablar de compras en el sector salud es hablar del pulso mismo de la vida, del drama humano que late detrás de cada decisión del Estado.

Negar o desviar los recursos destinados a la salud pública, cuando se tiene la responsabilidad y la posibilidad de hacerlo, no es un error administrativo menor: es una forma indirecta de atentar contra la vida, un verdadero homicidio social.

Si el sicario acciona un arma para poner fin a una existencia, el funcionario que, por negligencia o corrupción, desvía los fondos condena a pacientes a morir sin oxígeno, a niños a quedarse sin tratamiento, a madres a dar a luz sin las condiciones mínimas de seguridad.

Es precisamente para cerrar esa grieta mortal entre la norma y la realidad que la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas está llamada a convertirse en un instrumento de racionalidad, integridad, transparencia y eficiencia. En el sector salud, la aplicación de sus principios no es solo un cumplimiento legal, sino una cuestión de vida digna.

Como recuerda Rodríguez-Arana, las actuaciones administrativas “deben estar enraizadas en la suprema dignidad del ser humano y en los derechos fundamentales que de ella dimanan”.

La profesionalización de las unidades operativas de compras constituye una de las principales innovaciones de esta normativa. Sus integrantes deberán cumplir con requisitos académicos y de capacitación en instituciones acreditadas, de modo que la contratación deje de ser un espacio de improvisación y se convierta en un ámbito de excelencia técnica y responsabilidad pública. En esa misma línea, resultan pertinentes los llamados Pactos de Integridad, propuestos por Dickson Morales, que comprometen a todos los actores a actuar con honestidad.

Las compras públicas deben concebirse como un acto de responsabilidad y coherencia, en el que se aplique el lex artis de la contratación, se planifique sobre la base de estudios de necesidad y se garantice la racionalidad de cada decisión.

La Ley núm. 47-25 introduce definiciones precisas sobre los contratos de bienes: los de entrega definida, que implican la adquisición de cantidades determinadas, y los de entrega según demanda, que permiten adquisiciones periódicas hasta agotar el tiempo o el valor total autorizado.

Asimismo, distingue entre bienes estandarizados y no estandarizados, lo que refuerza el principio de valor por dinero y evita adquisiciones de baja calidad o sobrevaloradas. En el sector salud, donde la eficacia y la calidad de medicamentos, insumos y equipos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, este principio adquiere un carácter esencial e irrenunciable.

Mecanismos innovadores

La ley también introduce mecanismos innovadores como el pago por resultados, que condiciona la remuneración al cumplimiento de metas, incluyendo un apartado específico para medicamentos. Se prevé que puedan emplearse criterios que aseguren la eficacia en el diagnóstico, tratamiento y cura, de modo que cada peso invertido en salud se traduzca en un impacto positivo.

A ello se suma la figura de las contrataciones conjuntas, que permite a varias instituciones unificar procedimientos y obtener mejores condiciones, junto con los convenios marco para bienes y servicios de uso frecuente, lo que fomenta eficiencia y economías de escala. Y por supuesto, la transparencia y la publicidad, tantas veces invocadas como principios rectores de toda actuación administrativa, exigen que el acceso a la información sea tan vital como la propia legalidad del contrato.

Pero la transparencia no puede confundirse con el amontonamiento de documentos inservibles, la opacidad disfrazada de exceso de datos o la información fragmentada e ininteligible que, lejos de fortalecer el escrutinio social, lo debilita. La verdadera transparencia debe ser clara, precisa y funcional, de modo que permita a la ciudadanía ejercer un control efectivo y a las instituciones responder con legitimidad.

No ha habido excusas en el pasado, pero ahora habrá menos. Con la entrada en vigencia de la Ley 47-25, las autoridades decisoras del sector salud tienen en sus manos la posibilidad —y la obligación— de orientar cada contratación hacia la salvaguarda del derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana. La contratación en salud ya no puede reducirse a un trámite administrativo: es una política de vida que define el presente y el futuro de la sociedad.

JPM

POR RAFAEL PASIAN

En la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro habló con valentía y riesgo político frente al genocidio en Gaza y las injusticias del sistema mundial. Luis Abinader, en cambio, apostó por la prudencia y el alineamiento con los intereses de Washington, especialmente en Haití.

Dos discursos que reflejan el dilema histórico de América Latina: resistir o entregar.

Gaza: la valentía de acusar frente al silencio diplomático

Gustavo Petro denunció con claridad que en Gaza se comete un genocidio. Pidió a la ONU pasar de las palabras a los hechos y conformar una fuerza internacional que proteja al pueblo palestino.

Su voz recordó a las denuncias de Fidel Castro y Hugo Chávez en el mismo escenario: incomodar al poder y pagar el costo político. Washington reaccionó revocándole la visa, prueba de que la verdad siempre incomoda al imperio.

Luis Abinader, en contraste, evitó dar protagonismo a Gaza. Prefirió resaltar el multilateralismo y la cooperación climática, pero sin tocar la llaga del crimen colectivo contra Palestina.

Haití: seguridad tutelada o soberanía pendiente

Para Abinader, Haití fue tema central. Pidió fortalecer la Misión Multinacional bajo mando de la ONU y auspiciada por Estados Unidos. En nombre de la seguridad regional, promovió más tropas y más tutela extranjera.

Petro, aunque no habló directamente de Haití, denunció la lógica de la militarización y de la “geopolítica del garrote”. En la tradición de Juan Bosch, la paz haitiana no será fruto de cascos azules ni de fusiles importados, sino de justicia social y autodeterminación.

Venezuela y el Caribe: choque y complacencia

Petro señaló a Estados Unidos por criminalizar la pobreza en el Caribe y por utilizar la excusa del narcotráfico para agredir a los pueblos. Fue directo, como Chávez y Fidel en su momento.

Abinader se mantuvo en el lenguaje diplomático de manual, cuidando sus relaciones con Washington y omitiendo las sanciones que siguen asfixiando a Venezuela.

África y el Sur GlobalPetro habló del Sur como un solo cuerpo herido por el saqueo y exigió justicia climática real: dejar el petróleo bajo tierra y cambiar las reglas financieras del mundo.

Abinader reclamó más cooperación y financiamiento, pero desde la posición de quien pide sin cuestionar las estructuras de dependencia.

Rusia–Ucrania: denunciar o repetir formalismos

Para Petro, la guerra en Ucrania es la prueba de la doble moral de las potencias y de la parálisis de la ONU. Llamó a construir una paz con justicia.

Abinader se limitó a reiterar la importancia del orden internacional, sin mencionar la responsabilidad de la OTAN ni de Estados Unidos en la escalada.

Conclusión: valentía o entreguismo

En Nueva York, Petro asumió la ruta difícil: hablar con valentía en nombre de los pueblos, aunque eso le costara un enfrentamiento directo con Washington.

Abinader eligió la ruta cómoda: administrar consensos y alinearse con la agenda norteamericana, aun cuando eso signifique reducir la soberanía haitiana a un expediente de seguridad tutelada.

La historia, decía Juan Bosch, no se mide por la elegancia de los discursos sino por la dignidad que estos defienden. En 2025, Petro arriesgó para decir la verdad; Abinader obedeció para sostener el orden. El pueblo sabrá juzgar cuál de esas voces merece ser recordada.

of-am

En medio de tantas noticias sobre degradación humana, hablar de esperanza puede sonar extraño. Sin embargo, vivencias recientes me han recordado que aún hay esperanza y que sobran motivos para cultivarla.

Una situación de salud me permitió comprobarlo. Desde el simple “¿qué te pasa?” hasta el valiosísimo “¿cómo puedo ayudarte?”, destacando a quien dejó lo que estaba haciendo y “arrancó conmigo”, fueron gestos que me recordaron que la esperanza vive en las relaciones humanas. Esa vivencia personal me lleva a afirmar: todavía hay motivos para creer y seguir aportando.

¿Qué es la esperanza?

La esperanza ha sido definida de muchas maneras. Para algunos es ilusión; para otros, virtud; para otros más, un recurso psicológico. Lo cierto es que, desde la filosofía hasta la psicología contemporánea, la esperanza ha sido un tema recurrente.

Friedrich Nietzsche la llamó “el peor de los males” porque prolonga el sufrimiento, pero también habló de una esperanza activa: la confianza en crear nuevos valores.

En contraste, Tomás de Aquino la colocó en la cima, como virtud teologal junto a la Fe y la Caridad. Para él, la esperanza es brújula hacia un bienestar futuro: la bienaventuranza eterna, sostenida por la ayuda divina.

El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, observó que quienes encontraban un “para qué” vivir tenían más probabilidades de sobrevivir. En “El hombre en busca de sentido”, Frankl describe la esperanza como un “anclaje existencial” que sostiene incluso en medio del dolor.

Erich Fromm, en “El corazón del hombre”, subraya que la esperanza auténtica no es pasividad, sino “apertura dinámica al futuro”. La definió como una fe racional en la capacidad del ser humano para crecer en amor, justicia y libertad.

De la filosofía a la psicología positiva

La psicología positiva, impulsada por Martin Seligman en los años noventa, trasladó la esperanza al terreno de las ciencias sociales aplicadas. Seligman defendió que la psicología debía equilibrar el estudio de la enfermedad con el de las fortalezas humanas.

Hoy, investigadores consideran la esperanza como una fortaleza central ligada a la resiliencia y al bienestar. Estudios recientes destacan que las personas esperanzadas muestran microconductas visibles —como sonrisas y cordialidad— que mejoran las relaciones y promueven cambios prosociales. También recuerdan que la esperanza se fortalece o se debilita según el entorno cultural y social.

Una fuerza que nos invita a actuar

La esperanza no es un lujo ingenuo ni una ilusión vacía: es una fuerza vital que mueve a las personas, sostiene proyectos y fortalece comunidades. En tiempos de tanta incertidumbre, la esperanza puede ser esa chispa que alienta la cooperación, la solidaridad y el compromiso.

Por eso, además de lo que plantean filósofos o psicólogos, necesitamos volvernos cultivadores de esperanza: en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las comunidades donde vivimos, en cualquier espacio en el que logremos incidir.

Por eso, para cerrar, escojo apoyo en este fragmento de una canción de Silvio Rodríguez:

“Venga la esperanza, pase por aquí,

venga de 40, venga de 2000,

venga la esperanza de cualquier color,

verde, roja o negra, pero con amor”.

info@nestorestevez.com 

jpm-am