Santo Domingo, 30 sep .- Partidos de izquierda de República Dominicana rechazaron la decisión del Gobierno de Luis Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, que tendrá lugar aquí en diciembre próximo.
El Movimiento de Izquierda Unida (MIU), el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista del Trabajo (PCT) calificaron la medida como una sumisión a los intereses del imperialismo estadounidense y una afrenta a la tradición de solidaridad del pueblo dominicano con las naciones latinoamericanas y caribeñas.
VE SOBERANÍA DOMINICANA EN CRISIS
En un amplio comunicado, el MIU sostuvo que el gobierno repitió el mismo libreto de Washington cuando tampoco invitó a esos tres países a la IX Cumbre celebrada en Los Ángeles, en 2022.
«Esa receta llegó a la República Dominicana con la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en febrero pasado, ocasión en la que calificó como antihumanos a países que han sido más que generosos y respetuosos con el pueblo dominicano, en clara alusión a estas tres naciones hermanas…», expresó la organización.
Señaló que la Cancillería local, en lugar de manifestar en un comunicado que con esta decisión buscaba «asegurar que la convocatoria sea lo más amplia posible», debió ser sincera y admitir que «la exclusión busca garantizar la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump» en la Cumbre, a celebrarse en Punta Cana en diciembre próximo.
FA CONSIDERA HAY TRAICIÓN
María Teresa Cabrera, presidenta del FA., dijo que «al excluir a estos pueblos hermanos, el Gobierno actúa de espaldas a la soberanía nacional y traiciona la tradición de integración, respeto mutuo y autodeterminación que hemos defendido en los momentos más difíciles de nuestra historia».
Recordó que la República Dominicana conoce los efectos de la intervención extranjera y evocó la invasión estadounidense de 1965, cuando fue decisivo el respaldo latinoamericano a la causa dominicana en defensa de su independencia.
El FA convocó a las fuerzas populares, democráticas y progresistas a pronunciarse contra lo que definió como una política excluyente, que debilita la integración hemisférica y limita la posibilidad de un diálogo verdaderamente inclusivo.
«VERGONZOSO ACTO DE SERVILISMO»
Manuel Salazar, Partido Comunista del Trabajo
El PCT consideró la exclusión de los tres países como un «vergonzoso acto de servilismo político y una flagrante obediencia a los dictámenes e intereses del imperialismo norteamericano».
Su secretario general, Manuel Salazar, sostuvo que la administración de Luis Abinader traiciona la histórica tradición de solidaridad y hermandad que siempre ha caracterizado al pueblo dominicano con los pueblos de América Latina y el Caribe.
Recordó que República Dominicana conoce los costos de la agresión imperialista porque fue invadida por Estados Unidos en 1965.
Al respecto, destacó que, en esos momentos cruciales, la solidaridad internacional fue vital, siendo los pueblos de la región -incluidos aquellos que hoy el gobierno excluye- los que ofrecieron su apoyo a la causa de nuestra soberanía, manifestó.
Santo Domingo, 2 oct (EFE).- Las autoridades de migración de República Dominicana informaron este miércoles que deportaron a 370.240 haitianos indocumentados en el último año, mientras que los repatriados en los primeros nueve meses suman 285.614 ciudadanos del país fronterizo.
La Dirección General de Migración (DGM) dio a conocer en un documento que en septiembre deportó a 34.873 haitianos en condición migratoria irregular.
El organismo afirmó que se «consolida» como un actor clave en los flujos migratorios complejos y en la defensa de la seguridad ciudadana y la integridad de la soberanía nacional.
Las operaciones, agregó el organismo, son llevadas a cabo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y se enmarcan en un plan integral para, además de regularizar la situación migratoria, controlar actividades ilícitas y garantizar que las personas que ingresan al país lo hagan conforme a la normativa vigente.
UNA «ACCIÓN NECESARIA»
Migración agregó que los operativos que ejecuta para apresar a los haitianos indocumentados representan una «acción necesaria» para preservar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, evitar que personas vulnerables caigan en redes de tráfico de personas o explotación.
«Las operaciones se realizan con estricto apego a las normativas humanitarias y a los derechos y dignidad de las personas», remachó la institución.
En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación «masiva» de los haitianos indocumentados que residen en el país, para «reducir» el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas.
El Gobierno también puntualizó que la medida obedecía además a la «carga» económica que significa para República Dominicana las atenciones gratuitas que brinda a los haitianos indocumentados, particularmente a las embarazadas.
CRÍTICAS DE ORGANISMOS
Esta política de deportación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.
Asimismo, acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia. EFE
SANTO DOMINGO.- El ex presidente Hipólito Mejía afirmó que la trayectoria histórica del profesional agrícola, como productor y difusor de conocimiento científico, ha sido de vital importancia en el desarrollo agropecuario de República Dominicana.
Dijo que todos los profesionales agrícolas merecen ser remunerados de acuerdo con sus méritos y sus aportes, y se les debe garantizar un retiro digno que no los obligue a pedir limosnas, como ocurre muchas veces.
Al dictar una conferencia ante profesionales del sector, con motivo de un nuevo aniversario de la Asociación Nacional de profesionales Agropecuarios (ANPA) dijo ” Soy de opinión que estamos a tiempo para abordar con éxito la dimensión de la nueva ruralidad, que es lo que necesita el país».
ENFOQUE DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL
“Agradezco sinceramente el hecho de que el ANPA haya considerado que tengo los méritos suficientes y necesarios para designar con mi nombre este congreso, en reconocimiento tanto a mi trayectoria como profesional agrícola y como gremialista”, dijo.
Mejía consideró como una condición necesaria para tener éxito adoptar desde ahora un enfoque de desarrollo rural integral, que se apoye en la agricultura circular, cree oportunidades para los jóvenes de ambos sexos y haga un uso racional de los recursos naturales.
MAS Y MEJORES PROFESIONALES AGROPECUARIOS
Sin embargo, aseguró que esas iniciativas, para ser exitosas, requieren de más y mejores profesionales agrícolas, hombres y mujeres con una rigurosa formación que les permita investigar y apoyar la innovación en la producción, el manejo, la transformación, el transporte y la comercialización de los bienes agrícolas.
Para tal fin, dijo el ex mandatario, es imperativo formar a esos profesionales agrícolas y pecuarios al más alto nivel académico, de manera que estén en capacidad de producir conocimiento de última generación.
El gobierno de Luis Abinader ha quedado atrapado en lo que bien podría llamarse las estrategias hiperbólicos y auto de engañosos, mientras la realidad nacional se desploma a su alrededor.
Tras cinco años en el poder, el oficialismo insiste en magnificar pequeños logros y en proclamar “hitos históricos” que la ciudadanía no percibe, porque lo que domina en la vida diaria son los apagones, el deterioro de los hospitales, el colapso de la educación, el retroceso en servicios esenciales, el incremento del costo de la vida y el aumento sostenido de la delincuencia y la criminalidad.
Ese contraste creciente entre retórica y realidad ha acelerado la pérdida de credibilidad y popularidad del gobierno. No hay una obra importante que exhibir en más de un lustro de gestión, mientras productores agrícolas, profesionales y sectores sociales se lanzan a las calles con reclamos que podrían confluir en una gran protesta nacional, lo que aquí se conoció en 1884 como una poblada.
Todo apunta a un gobierno que poco a poco se auto acorrala en sus propias contradicciones, atrapado entre la necesidad de cambiar el rumbo y el temor a reconocer que la estrategia de la hipérbole y el autoengaño ya no alcanza para contener el descontento ciudadano.
Luis Abinader
El problema no radica únicamente en la desconexión entre discurso y realidad, sino en la insistencia del gobierno en prolongar esa narrativa cuando la población ya no la cree. El desgaste se siente en todos los sectores de opinión, que advierten la urgencia de un cambio de rumbo para evitar que la situación derive en una crisis mayor de gobernabilidad.
En medio de nubarrones sociales y económicos, el oficialismo parece más empeñado en sostener el relato del “cambio” que en asumir la realidad que opera en su contra.
El síndrome hiperbólico
El sello de la actual gestión ha sido la retórica inflada, convertida en norma de comunicación política. Cada inauguración menor, cada anuncio de exploración minera o remodelación de oficinas públicas se viste con frases como “hecho histórico” o “lo nunca visto”, y llegan a extremo de proclamar que están “construyendo un nuevo país” Esta estrategia busca proyectar dinamismo y éxito, pero en la medida en que la población compara el discurso con la realidad cotidiana, se transforma en un boomerang que erosiona la credibilidad del liderazgo presidencial.
Un ejemplo reciente es la afirmación del Ministro de Energía y Minas Joel Santos, en el sentido de que el país se convertirá en referente regional en tierras raras, cuando en verdad apenas se realizan estudios preliminares sin certeza de resultados.
Lo mismo ocurre con la promesa de concluir el Metro de Los Alcarrizos en marzo pasado, que chocó con los atrasos visibles en la obra, pero a pesar del gran atraso y las denuncias de fallas graves en construcción, el presidente Abinader, sin ningún empacho, dijo que la obra se ha venido avanzando de acuerdo a lo previsto.
Cuando todo el mundo en este país entendía que el año escolar se iniciaría con las mayores incertidumbres y precariedades, de repente presentaron un inicio de docencia nunca visto, con el doble de tanda extendida, en comparación con las que existían.
Estos episodios ilustran cómo la hipérbole oficial se enfrenta de manera constante con una realidad que termina desmintiendo al propio gobierno.
El recule crónico
La consecuencia de esta retórica desbordada ha sido el síndrome del recule crónico. Medidas y proyectos anunciados con pompa son retirados o modificados a toda prisa cuando se topan con la resistencia social.
Así ocurrió con la fallida reforma fiscal, presentada como pilar de modernización y retirada en cuestión de días ante la reacción ciudadana. Ya se está diciendo que con el anuncio de las diez cárceles que se construirán en provincias del país, y que se entregarían en 18 meses, podrían ser parte de la “incontinencia verbal y poco previsora” del gobierno de Abinader.
Esa dinámica de anunciar sin calcular y retroceder sin reparar revela improvisación y debilidad política. El gobierno lanza propuestas sin maduración, apostando más a ocupar la agenda mediática que a sostener proyectos estratégicos. Pero cada recule deja cicatrices: mina la confianza, multiplica las dudas y acentúa la percepción de un liderazgo que carece de rumbo claro.
Crisis de servicios esenciales
Más allá de la retórica, la realidad golpea a los dominicanos en los servicios que marcan su vida diaria. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Senén Caba, denunció el progresivo deterioro de los hospitales públicos, sometidos a políticas que favorecen la privatización en detrimento de la población más vulnerable.
Ascensores dañados durante años, laboratorios sin insumos y facturas glosadas a los centros estatales son parte del panorama que empuja a los pacientes hacia clínicas privadas con costos cada vez más inalcanzables.
La situación no es distinta en educación ni en el sistema de emergencia 911, ambos atrapados en la precariedad y en el retroceso. En vez de mejoras palpables, las familias dominicanas enfrentan escuelas sin condiciones, apagones que interrumpen el día a día y un sistema de seguridad pública incapaz de contener la delincuencia. La desconexión entre los anuncios de “logros históricos” y la experiencia cotidiana de la población se agranda con cada carencia no resuelta.
El descontento que crece
El malestar social ha comenzado a expresarse en protestas de productores agrícolas, profesionales de diversas ramas y comunidades que reclaman servicios básicos. Cada sector parece levantar su propia voz, pero lo que se vislumbra es la posibilidad de que todas esas demandas converjan en una gran protesta nacional, una poblada como las que ya forman parte de la memoria política dominicana.
La gestión de Abinader no enfrenta únicamente reclamos sectoriales, sino el riesgo de que estos acumulen una fuerza capaz de desestabilizar el propio orden político. El desgaste no solo se mide en encuestas, sino en la creciente percepción de que el gobierno agotó su discurso y se encuentra cercado por los problemas que intentó ignorar.
El imperativo de cambiar el rumbo, la estrategia del avestruz ha demostrado ser insostenible.
SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, reveló que organismos internacionales han estado presionando para que la República Dominicana adopte determinadas medidas, como otorgar la residencia permanente a todos los registrados en los libros de extranjería.
Gómez manifestó que el tránsito hacia la residencia permanente para impulsar la consecución de la naturalización de un extranjero es un paso.
“No podemos bajo ninguna circunstancia consentir eso. Y todo el mundo sabe que esos organismos internacionales y sus agentes aquí y fuera viven con campañas maledicentes y permanentes señalando que el pueblo dominicano es racista. Que discrimina, que nosotros perseguimos a las personas por su color. Esa ha sido una campaña sistemática que no ha sido enfrentada con el debido vigor por la autoridad dominicana”, agregó.
DICE DEPORTACIONES DEBEN SER PERMANENTES
Advirtió que las deportaciones de ilegales tienen que ser contundentes y permanentes, frente a las cuales no puede haber vacaciones ni tampoco chances como los que se producen frente indocumentados.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, planteó que con el tema de la migración está en juego la integridad del pueblo dominicano.
Consideró que en un momento determinado se ha sentido la manifestación concreta de acciones de repatriación significativa, pero en otros casos, se ha percatado de una baja.
“Creo que tiene que ser una acción permanente. Las deportaciones de ilegales tienen que ser contundentes y permanentes. No puede haber vacaciones ni puede haber tampoco chances como los que se producen entre nosotros. Hay una defensa al interés nacional. Aquí está en juego la integridad del pueblo dominicano”, argumentó.
Observó que en un momento determinado no hay duda de que ha habido respuestas contundentes, pero eso pasa y la tendencia que es se reduzca, porque se complace a la ciudadanía en su exigencia, y cuando se advierte que ya la gente está tranquila porque ha visto algo, entonces se reducen las actuaciones.
NEIBA, Bahoruco. – La Policía de República Dominicana informó que investiga un triple homicidio de una familia de haitianos, compuesta por el padre, la madre y un niño de 18 meses de nacido.
En una nota de prensa la institución informa que las víctimas fueron identificadas como Ovni Toussaint, Babi Jazal y el hijo de ambos. El hecho ocurrió en el paraje Dos Brazos, en la loma de Panzo, donde la familia fue brutalmente asesinada.
De acuerdo con el informe forense preliminar, los tres fallecieron a causa de traumas craneoencefálicos severos, presuntamente provocados con un objeto cortante.
Tras el hallazgo de la madre y su hijo el pasado lunes cerca del cauce del rio Panzo, las autoridades encontraron el cadáver del esposo la mañana de este martes en una propiedad agrícola a varios metros de donde aparecieron los restos de su pareja y del niño.
AUTORIDADES SOSPECHAN DE OTRO HAITIANO
Las autoridades sospechan de un haitiano conocido sólo como Lómtebon, quien supuestamente había discutido con la familia por una deuda.
La Policía dijo que está investigando a varios de la misma nacionalidad, incluyendo a un menor de edad, sobrino de Lómtebon, quien se dio a la fuga al ver policías.
Trascendió que un testigo colaboró con las autoridades y proporcionó información sobre la última vez que vio a la familia asesinada y sobre la discusión entre Lómtebon y las víctimas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado un plan que procura alcanzar un cese el fuego definitivo en la Franja de Gaza, que en primera instancia no parecería una gran conquista para los ciudadanos que aún quedan en ese asediado territorio.
De hecho, el plan de la Casa Blanca significaría una rendición casi sin condiciones del movimiento palestino que activa en la Franja, al significar un desarma total y la práctica entrega de su existencia.
Pero dada las condiciones en que se desenvuelve la vida general del territorio y la propia subsistencia de Hamas, parecería el mal menor para un movimiento no carece en lo absoluto de posibilidades de ganar en el plano militar.
Esto ha quedado más que evidenciado casi dos años después del ataque de Hamas al territorio israelí, donde murieron cientos de personas, muchas resultaron heridas y unas 200 quedaron en manos del movimiento en condición de rehenes, quedando todavía una parte ignorada en poder del grupo.
La desproporcionada reacción de Israel ha significado el asesinato masivo de una cantidad indeterminada de personas, gran parte de ellas mujeres y niños no combatientes, trabajadores de la salud, voluntarios, periodistas y cientos de otras personas que nada tenían que ver con Hamas.
Exterminio
Dada la desigual fuerza en una lucha que no se puede definir como guerra sino extermino, a los líderes de Hamas que no han podido ser alcanzados por el fuego israelí, les convendría aceptar la propuesta de Trump por el bien de lo que aún queda en pie en Gaza.
Ahora bien, conociendo el talante criminal de Benjamín Netanyahu, es posible que el liderazgo de Hamas recele de la buena fe de este individuo, para quien la guerra actúa como un seguro para su propia supervivencia.
Es en este escenario donde el liderazgo del presidente Trump deberá jugar su carta más arriesgada, pues Netanyahu—cuando observe que los motivos de su guerra han desaparecido—se inventará alguno para reanudar los ataques.
En estas condiciones, lo único que viabilizaría un acuerdo real al que Hamas pudiera avenirse, sería procurar la salida de Netanyahu del gobierno hebreo, y ser sustituido por un líder menos sanguinario.
Sin embargo, esta parece una salida poco probable, pues Netanyahu sabe que una vez resuelto el problema bélico en Gaza, a él le espera la cárcel.
Imagine una casa en llamas donde los inquilinos, atrapados en el humo, observan impotentes cómo el extintor cuelga de la pared… con un candado. Así funciona nuestra democracia: tenemos en la Constitución un mecanismo para apagar los incendios del mal gobierno —el referéndum—, pero carecemos de la llave para usarlo.
La soberanía como poema sin música
La Constitución de 2015 consagró con solemnidad que la soberanía reside en el pueblo, ejercida tanto por representantes como de forma directa. El referéndum debía ser la herramienta para esa participación activa. Diez años después, esta promesa duerme el sueño de los justos.
Ni un solo referéndum se ha realizado. Ni consultivo, ni aprobatorio, mucho menos revocatorio. La soberanía popular, que debía ser praxis, sigue siendo poesía muerta en el texto constitucional.
Una ley que nunca despierta
En febrero de 2021, el presidente Luis Abinader anunció con bombo y platillo un proyecto de Ley de Referendo. El 5 de marzo lo depositó en la Cámara de Diputados. Cuatro años después, sigue estancado en la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral. El documento se limita a regular los referendos consultivos y aprobatorios, dejando fuera plebiscitos y, sobre todo, cualquier mecanismo de control real sobre los electos.
La Junta Central Electoral, llamada a organizar estas consultas, está atada de pies y manos: sin ley orgánica que defina plazos, trámites y requisitos, no puede convocar ni reglamentar nada.
El muro constitucional contra la revocatoria
El nudo gordiano es más profundo: nuestra Constitución prohíbe expresamente que el referéndum sirva para aprobar o revocar el mandato de autoridades electas o designadas. Dicho en llano: aunque un gobierno sea ineficiente, corrupto o impopular, el pueblo carece de herramientas legales para removerlo antes de cuatro años.
Es como tener un timón averiado en alta mar y resignarnos a que el barco naufrague, porque la normativa prohíbe reparar la rueda hasta llegar al puerto.
Costo de preguntar vs. costo de callar
Organizar un referéndum cuesta entre RD$500 y RD$1,000 millones. Suena alto, hasta que lo comparamos con los agujeros de un gobierno derrochador.
El presupuesto nacional 2025 asciende a RD$1.7 billones. Cada punto porcentual desviado en corrupción, clientelismo o duplicidades significa miles de millones perdidos.
Ese despilfarro no es un concepto abstracto: es un hospital sin medicamentos, una escuela sin maestros, un niño sin almuerzo escolar. ¿Qué resulta más caro: un acto cívico de control democrático o cuatro años de incompetencia que drenan recursos vitales?
El espejo internacional
Mientras tanto, los países de la región avanzan. En Costa Rica y Uruguay, la consulta popular es práctica corriente. En Ecuador y Venezuela existen mecanismos de revocatoria de mandato con requisitos de 15% a 20% del padrón. En Suiza, la ciudadanía vota cada año sobre decenas de temas cruciales. En California, un gobernador fue destituido mediante referéndum en 2003.
La República Dominicana, en cambio, sigue atrapada en promesas incumplidas. Nuestra democracia, que pudo ser brújula, es hoy un reloj sin manecillas.
La impunidad como norma
A esto se suma un contexto de impunidad crónica. Desde los escándalos de los Papeles Pandora, que salpicaron al propio presidente, hasta múltiples casos de contrataciones irregulares y clientelismo, los altos funcionarios rara vez enfrentan consecuencias. La justicia llega tarde, o no llega. Y cuando el ciudadano no tiene herramientas legales para exigir cuentas, la corrupción se vuelve un impuesto no declarado.
Responsabilidad colectiva
Pero no podemos cargar toda la culpa al poder político. La sociedad también es responsable: hemos tolerado el “enchufe”, el clientelismo y el favoritismo como sustitutos de la meritocracia. Mientras los ciudadanos reclaman, pero no actúan, el sistema sigue intacto.
El referéndum revocatorio no sería una panacea, pero sí un recordatorio de que el cargo es un servicio, no un botín.
El botón de emergencia democrático
La solución requiere tres pasos:
Aprobar de inmediato la Ley Orgánica del Referéndum.
Impulsar una reforma constitucional que incluya la revocatoria de mandato tras dos años de ejercicio.
Reducir el tamaño del Estado, eliminando duplicidades y clientelismo, para invertir más en salud, educación y ciencia, y menos en nóminas partidarias.
Cierre
El referéndum no es un lujo, es el botón de emergencia de la democracia. No se trata de gobernar por plebiscito, sino de dar a los ciudadanos un freno de mano cuando el carro del Estado se dirige al precipicio.
Cada peso robado es un plato vacío en la mesa de una familia. Cada día sin mecanismos de control es un año más de desconfianza acumulada.
Es hora de despertar la soberanía popular. No para el capricho de unos pocos, sino para la dignidad de todos.
Puerto Príncipe, 1 oct (Prensa Latina) – Haití espera desde hoy la llegada de la denominada Fuerza de Represión de Pandillas, la cual vendrá a aquí a erradicar a las bandas armadas imposibles de controlar por la policía, el Ejército y las tropas extranjeras.
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas adoptó la resolución que autoriza el despliegue en Haití de cinco mil 500 efectivos para reemplazar a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).
Ese documento fue aprobado por 12 países y tres naciones decidieron abstenerse, precisó el diario Le Facteur Haiti.
Las misiones de la Fuerza de Supresión de Pandillas incluirán realizar, de forma independiente o en cooperación con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití, operaciones antipandillas para neutralizar, aislar y disuadir a los bandidos.
LOS PROPÓSITOS
Garantizar la seguridad de la infraestructura clave y los puntos de tránsito, como el aeropuerto, los puertos, las escuelas, los orfanatos, los hospitales, los centros de detención y las principales intersecciones.
Apoyar a la PNH, las Fuerzas Armadas de Haití y las instituciones nacionales para lograr una paz que permita la celebración de elecciones.
La Fuerza de Supresión de Pandillas facilitará la asistencia humanitaria y la salida segura de las personas que desean abandonar las pandillas, incluidos los niños.
Asimismo, respaldará la lucha contra el tráfico ilícito y el desvío de armas, incluida la incautación, recogida, registro y eliminación de armas y municiones ilícitas.
SANTO DOMINGO. – La líder comunitaria y ex representante comercial en China, Rosa NG, denunció que la comunidad del país asiático en República Dominicana vive en un clima de incertidumbre.
NG manifestó que sufre acoso institucional debido al cierre masivo de negocios suyos, sin previo aviso.
Aseguró que múltiples entidades del Estado actúan de manera descoordinada y con rigor excesivo, lo cual genera un ambiente hostil para los inversionistas de origen asiático.
En declaraciones al programa Propuesta de la Noche, NG expuso que los comerciantes chinos son objeto de intervenciones simultáneas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y otros organismos.
CRITICA CIERRE DE LOCALES
Rosa NG en el programa Propuesta de la Noche
Criticó en especial la práctica de cerrar locales sin notificación previa ni procesos administrativos que permitan subsanar posibles irregularidades a los propietarios.
NG explicó que muchos de los comercios afectados funcionan desde hace años, cumplen con permisos municipales, y en algunos casos son incluso dueños de los inmuebles.
“El argumento más común es la falta de un estudio de vulnerabilidad estructural, pero eso es algo que puede resolverse sin necesidad de cerrar”, consideró.
ALERTA SOBRE CONSECUENCIAS SOCIALES
En su alerta sobre las consecuencias sociales de estas medidas explicó que hay empresas con 200, 300 hasta 500 empleados que se quedan sin ingresos.
NG, quien fue una de las fundadoras del Barrio Chino de Santo Domingo, insistió en que los comerciantes no se niegan a cumplir con la ley y exhortó al presidente Luis Abinader para que revise esta situación.
Consultada sobre el papel de la Embajada de la República Popular China, NG dijo que hay gestiones diplomáticas ante las instituciones dominicanas, pero que la preocupación crece también entre los representantes del gobierno asiático.