En los últimos días, un asunto de gran trascendencia ha despertado preocupación y controversia en la República Dominicana. Se trata del sorprendente “palo asechao” que representa el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la empresa estatal israelí Mekorot para la gestión del agua en nuestro país.

 Sin embargo, lo que con mucha fanfarria, aplausos y  las sonrisas, debió vendernos la idea de que se trataba de una medida tendiente a “fortalecer nuestra capacidad de manejo hídrico”, se ha convertido, gracias a la Red Socioambiental Nacional, en una amenaza directa a nuestra soberanía y derechos fundamentales.

Haciendo uso de la ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la Red Socioambiental, una coalición de organizaciones y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente y la justicia social, logró conseguir una copia del contrato INAPA-Mekorot donde encontraron diversas violaciones que ponen en riesgo nuestra soberanía hídrica y la gestión responsable de uno de nuestros recursos naturales más valiosos.

En el pacto, la falta de transparencia es evidente. A pesar de que se trata de un tema de vital importancia para el país, el convenio fue firmado sin la debida divulgación de su contenido. La sociedad dominicana merece conocer los detalles de un acuerdo que afectará directamente nuestra vida cotidiana y el futuro de nuestra nación.

Otra cuestión alarmante es la experiencia y tecnología de Mekorot en el manejo del agua, que no se ajustan a las condiciones ecológicas y acuíferas de la República Dominicana. Israel es un país con una realidad geográfica y climática muy distinta a la nuestra, y las soluciones aplicadas en su territorio podrían no ser adecuadas para enfrentar los retos hídricos que enfrentamos en nuestro entorno tropical.

Pero quizás lo más preocupante son las acusaciones y denuncias contra Mekorot por su papel en la ocupación ilegal de territorios palestinos y la apropiación indebida de recursos hídricos en esa región. La empresa ha sido señalada por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por su complicidad en violaciones a los derechos fundamentales de la población palestina.

Además, la falta de consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones es un grave error que atenta contra la democracia y el derecho del pueblo a ser escuchado en asuntos de relevancia nacional. La gestión del agua es un tema que nos afecta a todos, y debemos tener voz en el proceso de definición de políticas y estrategias para su manejo responsable.

Es imperativo que las autoridades competentes revisen a fondo este pacto y tomen en cuenta las denuncias y preocupaciones expresadas por la sociedad civil. Debemos priorizar la protección de nuestra soberanía hídrica y garantizar que el agua sea manejada por dominicanos, para dominicanos.

Es momento de detener esta alianza cuestionable y buscar soluciones internas que se ajusten a nuestras necesidades y realidades. Contamos con profesionales calificados y expertos en el manejo del agua que pueden desarrollar estrategias sostenibles y adaptadas a nuestro entorno.

El agua es un recurso vital, es el bien común de todos los dominicanos, y su gestión debe ser un asunto de interés nacional. No permitamos que intereses foráneos pongan en peligro nuestra soberanía hídrica y derechos fundamentales.

Hacemos un llamado a la sociedad dominicana a mantenerse informada y unida en esta lucha por la protección de nuestro recurso más preciado. Exijamos a nuestras autoridades que escuchen nuestra voz y tomen las medidas necesarias para anular este pacto. Nuestro futuro y el de las generaciones venideras dependen de ello.

Es hora de defender nuestra soberanía hídrica y nuestros derechos fundamentales. No permitamos que el agua dominicana esté en manos de intereses ajenos. Unámonos en esta causa y trabajemos juntos por un manejo responsable y sustentable de nuestro recurso más valioso.
¡El agua es nuestro tesoro nacional,  defendámosla lo que es!
jpm-am

El descontento con las democracias que no satisfacen las expectativas de bienestar de la ciudadanía ha devenido en un cierto fortalecimiento de la idea de que el retorno al autoritarismo (la mano dura) es la solución a los principales males que aquejan las sociedades.

De ahí la propagación de las llamadas autocracias iliberales; es decir, Gobiernos electos que en el ejercicio del poder se legitiman y reeligen con mecanismos personalistas y plebiscitarios, estableciendo restricciones a la competitividad electoral.

Para América Latina, la encuesta Latinobarómetro 2023 muestra que el apoyo a la democracia en la región ha disminuido en los últimos años (48% de apoyo en el 2023 versus 56% en el 2017), mientras ha crecido ligeramente el porcentaje a quien le da lo mismo un régimen democrático o no, o prefieren uno autoritario. Además, ha aumentado el segmento de la ciudadanía insatisfecha con la democracia, alcanzando el promedio regional alrededor de 70% en años recientes.

El descontento con la democracia puede llevar también a mayor abstención electoral. La abstención expresa un desinterés, un desapego político de un segmento de la ciudadanía, y sirve como termómetro del descontento.

No obstante, vale señalar, que hay pensadores conservadores como Samuel Huntington que consideran positiva la abstención para la estabilidad de los regímenes democráticos, bajo el argumento de que muchos electores activos y con expectativas de cambio sobrecargan los Gobiernos, sobre todo, si se articulan en movimientos sociales de presión.

Otra respuesta posible al descontento con la democracia es el voto en blanco, opción que no existe en muchos países. El voto en blanco es ciertamente una muestra activa de rechazo a las opciones disponibles para elegir, pero hay dos problemas con ese voto.

Primero, los electores que votan por los candidatos existentes terminan eligiendo a los gobernantes y así ejercen su poder (los puestos electivos no quedan vacantes porque un grupo decida votar en blanco). Segundo, para que se produzca un voto en blanco masivo, única forma de que esa estrategia sacuda el sistema, se necesita un movimiento organizado que promueva esa acción. Y, de producirse, sería más promisorio que los organizadores llevaran buenos candidatos a las elecciones que pudieran ganar y mejorar las democracias existentes.

Hasta las elecciones de 2016, la República Dominicana mostró un alto nivel de participación electoral, alrededor de 70%. Para apreciar ese porcentaje de participación hay que tomar en cuenta que en una población tan migrante como la dominicana, un 30% de abstención incluye muchas personas que no votaron por no encontrarse en el lugar donde están registrados para votar, no por rechazo al sistema.

Para el 2020, sin embargo, la abstención subió a 44.7% en las elecciones presidenciales-legislativas. Ese aumento se ha atribuido a la pandemia, más por suposición que por evidencia comprobada. Así que, las elecciones de 2024 nos dirán si esa mayor abstención del 2020 fue fundamentalmente producto de la pandemia, o refleja un nuevo comportamiento del electorado dominicano descontento con el funcionamiento de la democracia.

jpm-am