Cuando se transita por la Plaza de la bandera entre 7 y 8 am y 5:20 y 6:30 pm, de manera obligada se llega a la conclusión de que los ingenieros viales que participaron en la construcción de dicha Plaza no tomaron en cuenta la confluencia que hace en la misma la Autopista 6 de Noviembre con todo el tránsito proveniente de la región sur del país y la Av. Luperón, que recoge una buena parte del tránsito que procede de la región norte y nordeste.

En horas de la mañana, en la Autopista 6 de Noviembre, desde, la intercepción con la calle Isabel Aguiar, la fila de vehículos, con frecuencia alcanza hasta la estación del peaje, que está ubicada a unos 600 metros del lugar, con la lógica desesperación de las personas que intentan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo y los ensordecedores ruidos del toque desesperado de las bocinas de los automóviles.

Por otra parte, rodear parcialmente la Plaza de la bandera en las horas ya señaladas constituye una verdadera odisea. No es de extrañar que la velocidad del tránsito en las horas pico en la Av. Luperón desde la autopista Duarte y viceversa hacia la bandera no suele superar los 5 km por hora y el tapón que se forma con los vehículos que circulan por la Av. 27 de Febrero es bestial, elevando la frecuencia cardiaca de los conductores en un 20%, según ha sido demostrado en estudios de investigación.

Lo penoso de todo esto es que se trata de un mal conocido con minuciosidad, que ha sido estudiado por el Ministerio de Obras Públicas en más de una ocasión e incluso se ha llegado a informar que ya fueron diseñados los planos para la solución vial de ese desastre. Y más aún, al menos en una ocasión se llegó a anunciar con fecha el inicio de esos trabajos, con lo cual no se cumplió.

Parece evidente que la solución de ese grave problema vial resulta costosa y, en consecuencia, ese detalle, aunado al hecho de que no sería una obra de relumbrón, parece no haber motivado a los ejecutivos de los gobiernos de los últimos años a enfrentar la situación de una vez por todas.

Pero es mucho el tiempo que se pierde para rodear la glorieta de la bandera en un sentido u otro y muchos los miles de galones de combustibles que podrían ahorrarse si se soluciona la situación. A eso hay que añadir, quiérase o no, que también se evitaría el terrible ruido de las bocinas y los frecuentes insultos voceados por desaprensivos a los conductores que consideran no ágiles.

El problema es que los presidentes cuando viajan al sur o norte del país no lo hacen por la vía terrestre y no padecen la amarga experiencia de tener que bordear la Plaza de la bandera en una hora pico. En consecuencia, no se enteran del desastre o se hacen los desentendidos. Otra posibilidad es que el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones no le comente nada, previendo que su interés fuese mal interpretado.

Sean cuales sean las razones creo que ya es tiempo de que nuestras autoridades se quiten la venda con la que voluntariamente se cubren los ojos y se dispongan a resolver ese grave problema vial que diariamente afecta a miles de ciudadanos dominicanos,

dpenanina@gmail.com

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¿Acaso es suficiente la inversión que realiza el Estado en sus políticas destinadas a reducir el ya crónico déficit de viviendas en el país? La crisis de la vivienda, la cual como tal apenas se menciona, tiene que ser sometida a debates. Pero ¿Por qué eso ahora? ¿Por qué razón? -se preguntarán los interesados que intervienen cotidianamente en los aspectos técnicos y económicos del importante sector-.

Y la respuesta sería: -Ah, es que los resultados de las discusiones sobre esta temática son de interés para millones de dominicanos. Además, podrán servir de insumos para los expertos que trabajan en la elaboración de los programas de gobierno de los partidos políticos que se disputarán la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Desde mi óptica, el litoral técnico podrá hacer importantes aportes a los partidos respecto a definir sus nuevas políticas dirigidas a conjurar el déficit de viviendas. Se trata igualmente de una excelente carnada destinada a atraer votos de hombres y mujeres del campo.

Inversiones rurales

No se debe dejar de lado que en la pos pandemia el actual gobierno dirigió recursos al sector de la construcción, mayormente viviendas, pero orientado a reactivar el empleo y la economía, en sentido general. Es por esa razón que, luego de atravesar por dificultades el sector vivienda comenzó a reactivarse, a la vez que se estabiliza la situación económica del país.

“La evolución económica de República Dominicana no podría entenderse sin mirar al sector construcción. Se trata de uno de los grandes facilitadores del crecimiento, estrechamente relacionado con ámbitos como el comercio o el turismo”, publicó recientemente la revista Mercado. Indica que la estrategia macroeconómica del Banco Central “afectaba directamente al mercado de la vivienda y, de su mano, al sector de la construcción”.

La prestigiosa revista cita que el escenario comenzó a cambiar cuando a finales de mayo el Banco Central “dio un giro a su política monetaria, bajando las tasas de interés hasta el 8%”.

En tanto, una publicación de octubre de este año de Diario Libre establece que el Gobierno invirtió 1,423.9 millones de pesos en el levantamiento de 2,000 unidades habitacionales en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago. También se erogaron 1,158.9 millones de pesos para la construcción de 2,384 residencias en el distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo.

“Además, se destinaron 1,175.5 millones de pesos para el mejoramiento de 100,000 viviendas en todo el país entre enero y septiembre de 2023”, reseña Diario Libre.

Como se puede apreciar, el gobierno realiza su propio esfuerzo, a la vez que estimula la inversión privada para afrontar el déficit habitacional en el territorio nacional. Se observa, asimismo, que la política estatal está orientada mayormente a solucionar el problema en el área urbana.

Lo que se desea, sin embargo, es que en el próximo cuatrienio gubernamental 2024-2028 las inversiones den un giro, aumenten su capital y prioricen la construcción de viviendas rurales.

Rediseñar viviendas rurales

Como una cosa tiene que ver con la otra, además de debatir sobre este derecho constitucional básico que es la vivienda, las instituciones del Estado –o el mismo sector privado-debieran convocar a arquitectos e ingenieros a un concurso de diseños de viviendas rurales dignas.

El diseño o los diseños ganadores deberán ser entregados a los candidatos presidenciales de los diferentes bloques partidarios, a los cuales se les exigirá integrar estos modelos de viviendas dignas en sus respectivos programas, sin importar el partido que resulte ganador de la contienda electoral.

O sea, la propuesta de construcción de viviendas para reducir el déficit existente, que se estima en cientos de miles (estimado en 85 mil en 1989-ingeniero David Luther) se convierta en una propuesta común de todos los partidos.

La directora del Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política (IDEHCAP), doctora Mayra Guzmán, nos comentó que la iniciativa plasmada por nosotros en un artículo anterior está consagrada en el Art. 59 de la Constitución de la República como el “derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales”. Citó que, en Colombia, por ejemplo, “las casas deben construirse con acceso a la tecnología de banda ancha”.

Guzmán insiste en que se garantice a la población el derecho constitucional a la vivienda, pero que esta deberá ser “digna”. Sostiene, empero, que no se tienen bien definidos los términos que permitan entender cómo sería “una vivienda digna”.

– “Si hablamos de ir quitando barreras o brechas de acceso no debemos excluir el de la vivienda, es un tema que al parecer el regulador (Ministerio de la Vivienda y Edificaciones –MIVED) no se ha enterado de que esa es una responsabilidad que se le deberá exigir a los que fabrican las viviendas como bienes de consumo”.

En tanto, otras personalidades –como ha sido el caso de la especialista en gestión humana, Karina Estrella,  han opinado en torno a que la construcción de viviendas, con miras a reducir su déficit en el país, tiene que planificarse y que las casas se construyan “con metrajes dignos que no parezcan hacinamientos, por más subsidios que tengan las viviendas y aunque se construyan para personas de escasos recursos”.

“Estuchitos de fósforos”

“Deben repensarse los diseños, conseguir que las casas rurales no sean como cajitas de fósforos”, enfatizaron.

La doctora Guzmán sostuvo que “los servicios esenciales de 50 o 20 años atrás no son los mismos de hoy día” y que por eso ahora “las viviendas ya se construyen con todo este equipamiento que se necesita para la conexión de internet”, como dijo ya ocurre en Colombia.

Entiende la defensora de los derechos humanos, que el Estado tiene que contemplar en las nuevas viviendas el contrato del servicio de internet, que las estructuras de las casas están provistas de “la infraestructura necesaria de conexiones de esas redes, que ya estén dentro de los que se exige a los constructores. Algo así como se exige para electricidad, plomería, teléfonos, ahí debería estar en estos planos la conectividad de banda ancha”.

De acuerdo con esta activista religiosa y académica, el Estado no debe dejar que los empresarios que ponen estos bienes en el mercado hagan lo que quieran. “Que sepan que tienen que cumplir con unos planos que le exige la institución competente”. Aboga para que se dé seguimiento a través de MIVED para que se cumpla lo que dice la Constitución, de “que sea una vivienda digna y que tiene los servicios esenciales”.

“Permitir que se construyan casas que parecen estuchitos de cajas de fósforos no es digno, ahí entran también baños que no tienen las condiciones para que una persona se pueda bañar de tan pequeño, no es lo más recomendable”.

La magnitud del problema

Entre los años del 80 al 2000 el déficit de viviendas ya registraba una dimensión preocupante. Según el experto, arquitecto David Luther, la falta de casas subía a más de 804 mil durante ese periodo. Para entonces CCI-Viviendas planteó como alternativa de solución “el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio”, el cual no tuvo el efecto deseado.

Para entonces, el director ejecutivo de CII-Viviendas, doctor Luis Martínez, puntualizó que países como Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y otros, optaron por la solución mediante la construcción de viviendas populares, la autoconstrucción, el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio y cooperativa de viviendas, “sin descuidar el sistema tradicional o convencional de construcción”.

Pero esos esquemas entraron en crisis no solo por falta de política del Estado vigente, sino también por la crisis económica que hizo que asociaciones de ahorros y préstamos y la banca hipotecaria que habían contribuido mucho al sector vivienda de bajo costo, tuvieran que salir o reducir al mínimo los financiamientos de viviendas en el país.

Unos cuarenta años atrás ya el director ejecutivo de CII-Viviendas, el doctor Luis F. Martínez, entendió que, con la construcción de grandes proyectos habitacionales en la ciudad capital y Santiago, “se ha creado un problema mientras se resuelve un problema”.

Para Martínez, más que levantar proyectos para lavar la cara a las ciudades y atraer turistas, “hubiese sido mejor atacar el problema en la zona rural”. “En vez de ahora estar lamentando la emigración campesina hacia la ciudad, lo correcto hubiese sido desestimular esa emigración a través de un mejoramiento de las condiciones de vida del campesino”, subrayó.

“Y la vivienda-según apunta el doctor Martínez- es uno de los medios a través de los cuales se mejoran las condiciones de vida del campesino”.

Por tanto, es necesario:

1)       Que un nuevo gobierno –o la continuación del actual- reoriente a través del Banco Central su política de construcción de viviendas y destine mayores recursos a levantar casas dignas en las zonas rurales.

2)       Que el MIVED disponga la construcción de viviendas destinadas a productores y obreros agrícolas del campo, como se destina ahora recursos para construir viviendas a la clase media y trabajadores de la ciudad.

3)       Que el MIVED convoque antes del término del torneo electoral, a arquitectos, ingenieros, proyectistas, diseñadores a un concurso de diseño de la “nueva vivienda rural” que deseche los edificios de varios pisos y propongan diseños amigables con la vida en el campo.

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De  repente caemos en ese estado, mezcla de indiferencia y banalidad, quizás mecanismo de protección del cerebro, ante tantos embates y ocurre que ya esta cadena de problemas, de decadencia social, nos parece tan habitual que ignoramos su huella en la sociedad, centrados demasiado en nosotros mismos.

 Una población en decadencia que necesita ser revalorada, asumida con mayores políticas públicas pero en este escenario nadie oye a nadie y todos estamos ensimismados en nuestros propios puntos, en nuestra absoluta opinión.

Unos a tal grado de que fijados en una idea, no ven más respuestas que la de sí mismos y cacarean y cacarean un único argumento, sin detenerse a  reparar en los que les rebaten y tratan de aclararles que su visión no es acertada. Mas, les conviene mantenerla a capa y espada.

Así caminamos ahora, entre  indolencia y desparpajo de una humanidad más preocupada por la nueva cirugía de un exponente urbano, su casa fabulosa, su última conquista o su tiradera con un colega, que por el enfermo sistema de salud o la reprobada enseñanza en las escuelas.

En ese nada nos importa, saltamos cuestiones esenciales y nos alienamos, o defendemos a ciegas una postura, parcializados, tal vez mejor para los que desadministran la cosa pública y malbaratan nuestro erario. Es como si esta cadena de frivolidades matara las voces, las conciencias.

Nada vale más que la gozadera para tantos y tantos jóvenes y otros no tanto, pero igual cegados por el humo de las hookas o el vaper o ambos y la obsesión por la ropa cara que exhibirán en las discotecas, con inversión de dinero no siempre obtenido de buen modo.

Con tantas verdades absolutas ¿Cómo elegir el camino correcto en esta marejada?

¡Ayy, Diooos!

of-am

POR ROMMEL SANTOS DIAZ

Antes de la audiencia para confirmar los cargos la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ordenar la difusión de cierta información a la defensa, la cual podrá incluir alguna prueba con la cual el Fiscal cuente para basar la audiencia.

El Fiscal podría requerir que los Estados  lo asistan en la difusión, si la prueba en cuestión  aún se encuentra bajo su  control. De manera similar, una vez que un caso se asigna a la Sala de Juicio esta Sala podrá disponer que se divulguen documentos o información que previamente no había trascendido, ́ ́con suficiente antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación adecuada ̈.

Finalmente, la Sala de Juicios podrá solicitar a los Estados la asistencia en la comparecencia y declaración de testigos y en la presentación de documentos y otras pruebas previamente y durante el juicio.

Las solicitudes realizadas durante todas las etapas del proceso requieren de una respuesta pronta por parte de los Estados, para  que la CPI marche de manera eficiente y eficaz. La CPI también podrá también hacer solicitudes urgentes para la presentación de documentos o pruebas y estas debían ser enviadas  con urgencia .Adicionalmente, la  Corte podrá solicitar que determinadas personas estén presentes cuando se ejecute una solicitud de prueba.

En el marco de las obligaciones los Estados Partes deberán atender los siguientes requisitos:

a)      Los Estados Partes deberán cumplir todas las solicitudes de asistencia para presentar pruebas o información, ya sea que estas solicitudes sean del Fiscal, la Sala de Cuestiones Preliminares, o cualquier otra  Sala de la Corte. No obstante, los Estados podrán rechazar tal solicitud cuando involucre asuntos de seguridad nacional, o cuando la ejecución de una solicitud esté prohibida en el Estado requerido con base a un principio legal fundamental existente de aplicación general.

b)      Si la CPI realiza una solicitud de urgencia y requiere de respuesta pronta, los Estados deberán responder sin demora.

c)       Las solicitudes de asistencia deberán ejecutarse de conformidad con el procedimiento bajo el derecho interno del Estado requerido y, salvo que así lo prohíba tal legislación, de la manera especificada en la solicitud, o permitir que ciertas personas estén presentes y asistan con el proceso de ejecución.

En materia de implementación la legislación nacional deberá observar lo siguiente:

a)      La legislación nacional deberá reconocer el derecho que tiene el Fiscal, la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de Juicio, para solicitar la asistencia en distintos tipos de prueba y en la producción de información, inclusive la prueba para la defensa.

b)      Los Estados deben de contar con un procedimiento que asegure que todas las solicitudes de asistencia estén dirigidas a las autoridades  competentes lo más pronto posible luego de haberse recibido, para que así pueda brindar la asistencia de manera expedita en todas las etapas de la investigación y procedimientos de la Corte Penal Internacional.

        Rommelsantosdiaz@gmail.com

jpm-am