SANTO DOMINGO. – La nueva Ley 13-24 que rige al Banco de Reservas de la República Dominicana entró en vigor con la promulgación del presidente Luis Abinader y su publicación en la Gaceta Oficial.

Entre las novedades que introduce la legislación se adecúa la denominación a Banco Múltiple, además de estar adaptada para que la institución opere acorde al sector financiero, que es “altamente competitivo y en constante evolución”.

La legislación señala que el Banco dispondrá de un capital de RD$39,000 millones, que podrá ser aumentado o disminuido mediante resolución del Consejo de directores.

Esto significa que la institución tiene facultad de tomar decisiones relacionadas con su capital sin requerir la aprobación del poder legislativo, siempre y cuando dichos aumentos se hagan con cargo a sus reservas patrimoniales.

ELIMINA EXENCIÓN FISCAL

Asimismo, elimina la exención fiscal general prevista a favor del Banco de Reservas en la normativa anterior, poniéndolo en igualdad de condiciones competitivas frente a sus pares en el sistema financiero dominicano.

Además de especificar que el nombre oficial de la organización es Banco de Reservas de la República Dominicana – Banco Múltiple, también cambia la designación de administrador general por el de presidente ejecutivo.

Composición del Consejo

El Consejo de Directores, estará integrado por 14 miembros: el ministro de Hacienda, quien lo presidirá como hasta ahora; el presidente ejecutivo del Banco; y doce miembros designados por el Poder Ejecutivo, tres de ellos “miembros independientes” recomendados por la Junta Monetaria.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

El Estado seguirá siendo el único accionista de Banreservas y, como tal, le corresponde el 40% de las utilidades generadas, de las cuales el Estado directamente podrá disponer de un 15% para cubrir deudas con la institución financiera, como ocurre en la actualidad.

El 60% de los beneficios distribuibles restantes, serán destinados a reservas patrimoniales del Banco.

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Lamentablemente las medidas que vienen con pacto fiscal y tributario no gustaran.

El costo político de fomentar nuevas medidas a nuestro futuro, le traerá a Luis Abinader, lagrimas, sudor y muchos cambios de funcionarios.

Ser funcionario no será algo ostentoso con opulencia, más bien será como el modelo chino de Mao, uno de sacrificios. Recuerden para ellos llegar a ser potencia fue un proceso de 60 años adaptándose, para este gigante asiático. Pero alguien tenía que hacerlo.

Implementar un ajuste fiscal gradual de al menos el 3% del PIB en medidas permanentes durante 2024–28, para lograr un equilibrio fiscal primario del 1% del PIB (producto interno bruto) a fines de 2026 y así colocar la deuda alta, firmemente en una senda en declive y cumplir con Responsabilidad Fiscal del Cambio y un índice de deuda pública que incluya pensiones del 19% del PIB para 2032, parece ser el plan.

La administración pública plantea que en 2024 se ejecutarán medidas como la facturación electrónica de todos ante DGII y monotributo a informales sin excepciones; sin embargo, estas solamente lograrían un 1.8% del PIB. Mejorarían más, por un aumento en los ingresos fiscales, al introducirse un impuesto a la propiedad in crescendo, anual y abrir la base del itebis grabándolo todo, cero exenciones, sin pasar del 12% y bajar itebis del 18 al 12 gradualmente.

Posibles medidas:

Subir el monto que se paga por el marbete vehicular, aumentar de 25 a 35 % el impuesto sobre la renta (ISR) para la escala salarial de mayor ingreso,es decir, con más de 867,123.01 pesos al año. Eliminar la deducción del gasto educativo del ISR y quitar a los legisladores privilegio de importar vehículos exonerados de alta gama

También, establecer una sola tasa del 12% para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis), y llevarla escalonada  bajándola por año

incrementar la tasa de ISR a personas jurídicas a 30 %, subir a 5 % el impuesto de venta al mercado local de las empresas de zonas francas. Dar exenciones a empresas turísticas solo si incrementan sus empleados fijos y pararlas a las q no muestren beneficios.

En la parte del gasto, se debe reducir la factura salarial (por ejemplo, congelamiento de contrataciones y jubilación anticipada de empleados públicos) y centralizar las compras en todos los ministerios y agencias del sector público. Así, el total de estas medidas para reducir la deuda pública podría significar un ajuste del 2.5 % del PIB para el año 2025, por lo que todavía haría falta continuar con nuevas soluciones.

Por otro lado, funcionarios enfatizaron que continúan trabajando para fortalecer la cooperación transfronteriza haitiana y piden ayuda para financiar adecuadamente el marco de asistencia de emergencia de liquidez que pedirán a organismos internacionales. En Junio entran soldados Kenia contra bandas haitianas y reforzar frontera debe costearse por fuerzas de paz, no por nosotros.

Nos dicen, “prioricen el gasto” para abordar problemas estructurales a más largo plazo (como brechas de seguridad, salud, infraestructura y educación), al tiempo que se les reducirán sustancialmente los costos de los préstamos mediante la identificación de fuentes de financiamiento nuevas y eficiencias de gasto”. Esa idea de Biden, me gusta.

Se espera que el costo político y público de las medidas para prevenir, detectar, controlar, tratar y contener evasión/inflación alcance aproximadamente US$1900 millones al mes, lo que,  requerirá un financiamiento adicional de al menos $7.300 millones pesos en 3 meses.

De hecho, la deuda pública total, más la cuasi fiscal del Central y deuda flotante no sumada dominicana, a diciembre de 2023 era del 69.3 % del PIB, por lo que ya se consideraba alta y vulnerable a los “shocks”.

Por ello, preservar la sostenibilidad fiscal se vuelve una prioridad política y las medidas antes mencionadas (tanto para defenderse de la crisis como para ayudar a garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo) cuentan con el apoyo del compromiso de las autoridades.

Revertir el aumento en el gasto debido a medidas de emergencia y subsidio a combustibles por alrededor de $990 millones al mes y, en el medio plazo, priorizar proyectos de inversión pública para financiar infraestructura crítica,  debe estudiarse. Abro el debate.

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