POR CARLOS SALCEDO

Aprobado por el Senado y en primera lectura por la Cámara de Diputados, el proyecto de nuevo Código Penal, de aprobarse finalmente, tendrá un estigma de retroceso en aspectos fundamentales y de llamarse un código moderno pasará a la historia como un revejido.

Podría afirmar que dicho instrumento de política criminal recoge una cantidad apreciable de nuevas conductas elevadas a infracción, lo que por sí solo podría considerarse que con él avanzamos. Pero en muchos casos vemos un singular esfuerzo de los legisladores por responder grandilocuentemente con una legislación, llamada a limitar la invasión del Estado de manera desproporcionada e irrazonable en los derechos fundamentales, que incumple el mandato de mínima intervención (al derecho penal se acude como medida extrema de la política criminal) y hace mutis a la prohibición de exceso en la legislación penal sustantiva.

Lo que está comunicando el legislador con esta pieza es que la legislación por sí sola es un muro de contención para el delito, cuando es un dique para evitar la inflación y superabundancia legislativa y sancionatoria, como si las sanciones extremas fueran los únicos medios para resolver la criminalidad.

Aberración jurídica: exoneración de responsabilidad del Estado, ayuntamientos e iglesias y otros desvaríos

El “nuevo” Código Penal, limitador por naturaleza del Estado, aberración jurídica incluida, exonera a éste de responsabilidad como persona jurídica y extiende su brazo de impunidad a los ayuntamientos y a las iglesias. Ahora sabemos que estos “entes” no son ni persona física ni jurídica, ¿qué son entonces? ¿Con qué arma se castiga penalmente a dichas entidades?

Se establece el cúmulo de penas en caso de un concurso real de infracciones (varios hechos y varios tipos penales), no así para el concurso ideal (un hecho y varios tipos penales), donde aplica la pena mayor de las infracciones retenidas. Se dirá que el cúmulo está limitado a un máximo de 60 años. ¿Y la promesa constitucional de resocialización del penado?

Avances, incertidumbres y derecho penal en blanco

En las infracciones novedosas de crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad, castigadas con penas de hasta 40 años de prisión en el Art. 86 del proyecto, se recogen los tipos penales que, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y a partir del Estatuto de Roma de 1998, la ONU considera delitos contra la humanidad, siempre que formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Sin embargo, no se incluye el genocio ni la desaparición forzosa de personas en la bitácora punitiva consagrada para dichos crímenes. Están previstos luego, en los artículos 87 y 88, pero de manera separada, con la confusión legislativa que ello genera.

Por otro lado, en el caso de determinados grupos de la población se deja una ley penal en blanco al indicar “u otros motivos universalmente reconocidos por el derecho internacional como inaceptables”. Igualmente, no se contempla el crimen de apartheid. Se dirá que aquí no existe un régimen institucional de opresión sistemático de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen. Pero ello no implica la imposibilidad de su ocurrencia, además de no aprovechar para adecuar el nuevo código a la legislación internacional de derechos humanos.

Como tipos penales abiertos, vedados en materia penal, en el mismo artículo 86, relativo a las infracciones de lesa humanidad, se incluyen como infracciones “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física de las víctimas”. Evidentemente que estamos en presencia de imprecisión de sanciones o de tipos penales, lo que transgrede el principio de legalidad penal.

El feminicidio y el sicariato, novedades innecesarias

Se consagra el crimen de feminicidio en el Art. 97 del proyecto aprobado, con penas 30 a 40 años de prisión; pero no como una agravante del homicidio por provenir la muerte de la víctima de la condición de pareja o expareja sentimental, como si las lamentables muertes de mujeres se solucionaran creando un tipo penal especial y arriesgando innecesariamente la coherencia legislativa, que más bien deja espacios abiertos a la impunidad.

Hay muchas novedades delictivas incluidas y que pueden ser muy necesarias, pero el sicariato -la muerte causada por paga-, previsto en el Art. 103 del proyecto, queda cubierta con la figura del autor mediato de homicidio, por lo que su consagración sería innecesaria acogiendo el primer estatuto.

Otras novedades, necesarias, pero excluyentes en algunos casos

Novedosos y necesarios son los tipos penales de inducción del suicidio y cooperación al suicidio y daños con sustancias químicas. En el caso del aborto solo será eximente de responsabilidad penal para los médicos y personal médico el realizado para salvar la vida de la madre, dejando de lado los casos excepcionales de la deformación del feto incompatible con la vida y del embarazo producto del incesto y de la violación sexual, con las consecuentes violaciones a derechos fundamentales que ello implica.

Otros tipos penales, como el hostigamiento e intimidación o bullying, la obstaculización de medidas de socorro, experimento biomédico no consentido, lesión o muerte por experimento no consentido, disparos imprudentes (aunque el proyecto no lo define), el arresto o detención ilegal, el autosecuestro, la no comunicación de arresto de niños, vejámenes a niños por parte de la autoridad de guarda y vigilancia, toma de medios de transporte con violencia o amenaza, con una o varias personas a bordo, y si es con tortura y malos tratos, tratos inhumanos y degradantes quedan agravados, falsa información en vehículos, que comprometa la seguridad del vehículo y cualquier vehículo no aéreo,  descarrilamiento o volcadura de un medio de transporte, arrojo de objeto contra un medio de transporte en marcha, actos contra medios de transporte masivo de pasajeros, obstaculización o destrucción de medios de transporte o acceso a servicios públicos, espectador de espectáculos sexuales de niños, explotación laboral, artística o deportiva de niños, robo de identidad, difusión de audios o imágenes sin consentimiento, perturbación telefónica, divulgación de información secreta, infracciones contra las informaciones privativas de las personas registradas en catálogos, ficheros o sistemas automatizados de datos y el abandono de adultos, son, entre otras, manifestaciones de conductas no recogidas en el actual código penal y cuyas inclusiones son necesarias.

Corrección y disciplina de hijos con permiso para palizas

El no considerar violencia intrafamiliar la corrección y disciplina de los hijos, sin patrón de violencia o abuso físico, constituye un permiso para que los hijos puedan recibir una paliza un día que los incapacite, sin ninguna consecuencia derivada del tipo penal de que se trata.

Nuevo código, pero nace envejecido

La promesa parece que es la de aprobar un Código Penal que nazca envejecido antes de tiempo y que contravenga principios constitucionales y consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para que sigamos en el eterno retorno. Creo que lo que debe nacer es un Código Penal que respete el Estado democrático y constitucional de derecho y responda más a una justicia restaurativa y compositiva, antes que solo a los cantos de sirena retributivos. De aprobarse el código con el texto adelantado a prisa por el Congreso Nacional, las acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional no se harían esperar, con grandes posibilidades de ser acogidas. Y esto sería lo de nunca acabar. Salvo que sea eso lo que se quiere.

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A medida que avanzan los trabajos de consolidación de las riquezas coloniales de la ciudad intramuros de la capital más se aproxima el punto de explosión de la circulación humana de ese hermoso reducto de lo que fue la ciudad de los colones.

Las grandes inversiones que se realizan en la zona, iniciándose hace lustros con el Alcázar de Don Diego Colon hasta llegar a la revalorización de algunas calles de piedras como Las Damas y otras.

Es un notable esfuerzo que se ha llevado a cabo para que la zona intramuros de la capital sea un verdadero patrimonio hemisférico como lo es Cartagena en Colombia y otros grandes valores que se conservan desde hace décadas en Perú o Ecuador.

Los trabajos de rescate de la zona colonial iniciaron con vehemencia en la década del 80 del siglo pasado y se iniciaron las grandes inversiones que poco a poco se han ido viendo los resultados.

Y esos resultados se ven en la popularidad de la zona con una novedosa variedad de sitios para comer o disfrutar de espectáculos donde el visitante disfruta del atractivo de presentaciones y un delicioso menú gourmet de las decenas de pequeños bistrós o restaurantes que se han establecido en la zona.

Pero la zona colonial acarrea, como una espada de Damocles, su propia destrucción con el colapso de sus hermosos sitios donde llegar sería una odisea porque no habría disponibilidad de estacionamientos para la gran demanda que cada noche se presenta en las estrechas calles de la zona desalentando a los visitantes que no encuentran en donde dejar sus vehículos, algunos son modelos de alta gama que da señales de la bienandanza de sus propietarios.

Las grandes inversiones, fruto de préstamos internacionales en especial del BID, se tropiezan que no hay suficientes estacionamientos por la gran demanda para satisfacer esa invasión cotidiana de vehículos que desde tempranas horas de la noche invaden la ciudad ovandina donde apenas existen tres sitios definidos de estacionamientos pero de escasa capacidad sin mucha cabida para la demanda cotidiana en las horas nocturnas.

Los esfuerzos gubernamentales de devolverle a la zona su belleza original ya se dejan ver los resultados cuando se encuentra calles adoquinadas, edificios que se la ha devuelto su brillo y en el entorno al Alcázar y Las Atarazanas se atraen unas multitudes de visitantes nacionales y extranjeros.

Se necesitan estacionamientos amplios en la zona. Ubicar los sitios es una tarea de envergadura antes que se derrumbe todo lo que se ha hecho en la zona y se abandonen esos esfuerzos de tanto dinero invertido en restaurantes y hoteles para pernoctar.

De ahí que localizar dos o tres lugares para estacionamiento de 100 vehículos o más es necesario. Una ubicación sería una porción de la estrecha área que es limitada por las altas murallas construidas durante la ocupación americana de 1916 hasta llegar a la calle Isabel la Católica.

Otro sería ampliar el parqueo de la Meriño que da servicio a la Catedral, la calle El Conde y a Las Damas.

En la zona de Santa Bárbara, donde se ubican en las cercanías las plantas eléctricas con mas de 50 años de instaladas, sería un área ideal que permitiría un desplazamiento cómodo en vehículos. A lo largo de la Avenida del Puerto no hay sitios adecuados por lo costoso por la cercanía del nivel freático.

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Ya pasó un año y siete meses de la muerte de mi hijo Luis Norberto Céspedes Vega, quien fue atropellado por un vehículo de la empresa Hormigones Romano, según pruebas documentadas en una cámara de vídeo, sin que la Justicia de Santiago haya detenido ni uno de los sospechosos.

Para el recuerdo de nuestros lectores, debemos decirles que sucedió el 2 de Nombre del 2022, dentro de Repuestos Nacho, un negocio ubicado en la hoy Avenida Senador José Rafael Abinader, en la llamada Zona Rebelde de Tamboril, propiedad de Ignacio De Jesús Pérez (Nacho), de quien se comenta que es amigo del conductor del camión llamado Trombo, que sigue sin presentarse a las autoridades.

Nos quejamos, con muchas razones, de que el fiscal de Tamboril, Manuel Güichardo, abandonó las investigaciones sin interrogar a los principales sospechosos del hecho, como son los siete conductores de camiones Trombo que tiene Hormigones Romano, y al encargado de Parqueo vehicular de la misma empresa. ¡Ahí está la clave de la investigación!

Nuevos datos

En la medida que pasan los días, surgen nuevas informaciones que pueden aclarar el hecho. Por ejemplo, el día que fue atropellado mi hijo Luis Norberto Céspedes Vega, el comandante de la Policía de Tamboril era el mayor Montero, quien 48 horas después solicitó su traslado de la jurisdicción, sin registrar ni informar a sus superiores del caso. ¿Pero cómo logró tan rápido su traslado?

La dotación policial queda a unos 30 metros del lugar donde se produjo el hecho, lo que provocó un “tapón” de vehículos durante 40 minutos, aproximadamente, a la espera del 9-1-1, que nunca llegó, llegando a pocos pies de la Comandancia de la Policía, debido a que esa vía es la única que se comunica con la parte Sureste, que incluye al Distrito Municipal Canca la Piedra y Moca, por donde está establecida la ruta del transporte público que termina en Santiago de los Caballeros. Es conocida como la ruta de Tamboril.

El mayor Montero abandonó la comunidad, no le reportó el hecho a su comandante inmediato, el teniente coronel Pérez Baldera, con asiento en la Zona de Gurabo, ni tampoco se lo informó a la Dirección Regional Cibao Central de la Policía. No sólo eso. No se lo informó a su sustituto, el también teniente coronel Collado Guerrero. ¿Por qué el misterio?

En un interrogatorio que se le hizo al señor Mario Esquea Rodríguez, encargado de Producción de Hormigones Romano, en mi presencia (la única vez que el fiscal Güichardo permitió mi participación, como lo establece el Artículo 29 del Código Procesal Penal, porque luego me lo prohibió), el interrogado dijo que “en el tiempo que se produjo hecho (pasadas las 10:00 de la maña del 2 de Noviembre del 2022), había varios de esos camiones en la ruta Villa Olímpica, Gurabo y Villa González.

En el resumen que hizo el fiscal de Tamboril, para engavetar el caso, sólo se cita a la Villa Olímpica y Gurabo. La pregunta es, si varios de los camiones Trombo tenían esa ruta, ¿por qué aparece uno de esos vehículos en la cámara de vigilancia atropellando a mi hijo en Tamboril?

¡Son tres lugares opuestos, a muchos kilómetros de distancias?  El conductor huyó luego del hecho y sigue oculto, pero él sabe que anda con un homicidio encima.

Otras pruebas 

Tenemos otras pruebas para el fiscal Osvaldo Bonilla, quien tiene pendiente reunirse con los directivos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Fundación Periodismo en Reflexión (FUNPER), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y otras entidades, para tratar de aclarar el hecho. Los gremios le solicitaron al magistrado la designación de un fiscal especial, sin que tenga que sustituir a Manuel Güichardo, a quien él recomendó, pero que de hecho, abandonó el caso sin ningún resultado.

Luis Norberto fue detenido con un arma de fuego con permiso legal registrada en el Ministerio de Interior y Policía, pero había vencido de tiempo. La Ley de Armas establece que “en ese tipo de caso, si el propietario paga los impuestos, como se hizo, el órgano represivo debe devolvérsela a su dueño, si no está implicada en ningún crimen. En su informe, la DICRIM, de la Policía, dijo que el arma está limpia.

Mi hijo, a petición de la fiscal policial, Aída Medrano Gonell, recibió una Medida de Coerción de seis meses y un depósito como Garantía Económica de 20 mil pesos para poder salir de prisión, luego de siete días encerrado, pero sin poder abandonar el país hasta el juicio de fondo, conocida como domiciliaria. Esperando su libertad, mi hijo fue muerto sin que hasta el momento se sepa cómo o por qué.

El 22 de Febrero del 2023, la juez Clara María Vargas Vásquez, del Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago, ordenó que se me entregara el arma de fuego y los 20 mil pesos, como padre solicitante, pero todo resulta imposible.

El arma no fue depositada en el Departamento Control de Evidencias, ni está en el Despacho del magistrado Osvaldo Bonilla, a pesar de llevar la sentencia y todos los documentos que aparecen en un instructivo. El abogado-notario Oscar Durán, también hizo la solicitó por escrito a la Fiscalía, pero no hay respuesta, aunque le anexó copia de la Resolución de la magistrada. El fiscal también hizo indagatorias, pero el arma no aparece.

Con respecto a los 20 mil pesos, hicimos seis solicitudes al Departamento Etapa Inicial desde Febrero del 2023, sin respuesta positiva. E, incluso, ahí nos informaron que la decisión de la jueza Vargas Vásquez no tiene validez en esa área administrativa.

Presentamos todos los documentos que nos exigieron, incluyendo la sentencia de la magistrada. También le presentamos un poder enviado desde Estados Unidos de la madre de los hijos de Luis Norberto, la señora Xiomara López, en el cual ella dice que todos los aspectos relacionados con ese caso, incluyendo la entrega de dinero, queda bajo nuestro control, porque además fui quien hizo el pago.

En síntesis, no aparece el arma ni el dinero. Todo ese “tejido” debería ser investigado por el magistrado Osvaldo Bonilla. Esos dos últimos aspectos, son de la responsabilidad de la fiscal Aída Medrano Gonell, quien hizo la petición de Medida de Coerción en el Primer Tribunal de la Instrucción. Como padre, sostengo que la muerte de mi hijo es fruto del sicariato. ¿Por qué? No lo sabemos.

Sí decimos que Luis Norberto era más honesto que la mayoría de los involucrados en el proceso. Nunca se vinculó a vicios ilícitos, ni a ninguna acción criminal. Cuando se le presentaron problemas económicos, nosotros lo ayudábamos a resolverlos.

Es importante aclarar que el caso que nos afecta ocurrió en los días que todavía el magistrado Osvaldo Bonilla fungía como titular interino del Distrito Judicial de Santiago. ¿Podría vincularse el traslado del mayor Montero y la desaparición del arma de fuego con la muerte de mi hijo? Sólo las autoridades judiciales pueden establecer lo positivo o lo negativo.

No hay que romperse la cabeza en esa investigación, la cual solicitamos se nos entregue acompañado de un fiscal. El propietario de Hormigones Romano, ingeniero civil Luis A. Romano, declaró que en “su empresa hay unos siete camiones similares al que figura en la fotografía de la cámara de video”.

Esa versión también fue ratificada por dos conductores interrogados por el magistrado Manuel Güichardo, pero camiones llamados Volteo, que nada tienen que ver con los Trombo. Si de esos siete Trombo salieron tres a hacer una ruta, como lo declaró el encargado de Producción de Hormigones Romano, Esquea Rodríguez, esos son los primeros, juntos al responsable de Parqueo, en ser interrogados por las autoridades. ¿Por qué el magistrado Manuel Güichardo no lo hizo? No lo sabemos.

Esperamos que estas nuevas informaciones sean importantes para el magistrado Osvaldo Bonilla, a quien consideramos como un funcionario honesto.

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