Una de las principales homogeneidades de América
Latina de los sesenta, setenta y ochenta fue la de contar con regímenes
autoritarios cuando las instituciones policiales jugaron un rol relevante en la
represión de los políticos opositores, en el control social y al considerar
como una amenaza a los diferentes actores sociales.

Fue por eso que el proceso de transición hacia la
democracia generó la incertidumbre sobre cómo hacer posible que los organismos
encargados de velar por el orden público pudieran asumir un nuevo rol en el
contexto democrático; que se debieran a los ciudadanos y que consideren sus
expectativas y demandas. La nueva ola de libertades públicas, específicamente
la tercera, demandó de la policía, y de las instituciones de la seguridad del
Estado, su ajuste al estado de derecho y que fueran eficaces en responder a las
demandas ciudadanas por mayor seguridad pública y, sobre todo, a tener otra
relación con la ciudadanía.

Es por eso que desde comienzo de los años noventa cada
anuncio de reforma policial realizada en la región ha tenido que contar con
un programa dirigido a mejorar las relaciones entre la policía y la
comunidad.

La inseguridad pública es un síntoma generalizado en
la región, y es así en la medida en que los procesos de consolidación relativa
de la democracia en América Latina y el Caribe están todavía acompañados por la
persistencia de la desigualdad y por el fenómeno de incremento de la
criminalidad y la violencia. Estos dos fenómenos están perjudicando el
potencial desarrollo económico y social de los países de la región.

En toda América Latina se observa una línea ascendente
en las denuncias por actos delictivos, lo que ha llevado a las autoridades a incrementar
el número de policías, y en muchos casos de militares, y de utilización de
costosos sistemas de video-vigilancia en las calles para recobrar la percepción
de seguridad, lo que no ha sido secundado por una reforma policial, repitiendo
prácticas heredadas de la dictadura.

A esto se suman las reformas a los sistemas de
justicia que, aunque administrativamente han implicado un mejor comportamiento,
han generado también una importante alteración en las expectativas sociales ya
que el público muchas veces espera decisiones más punitivas de parte del
sistema frente a las transgresiones de la ley. Todo ello aporta
significativamente en la pérdida de confianza en el Estado como ente de
establecer un control efectivo del sistema social.

Entrada la década de los ochenta, el debate sobre la
seguridad pública en América Latina se centró en la interrogante del carácter
policial para, por una parte, desarrollar su eficiencia y eficacia en el
control del delito local y transnacional, y en segundo lugar, respecto de su
adaptación, o no, a un entorno de control civil democrático. Según Hugo
Fruhling Ehrlich, tres factores han condicionado los procesos de reforma en
algunas policías: los procesos de democratización, el fuerte incremento en la
cantidad de delitos comunes, y los procesos de reforma del Estado que busca
reducir su tamaño y descentralizarlo.

Sostiene que entre los principales problemas en la
implementación de programas de reforma se destacan la relación conflictiva
entre la policía y la comunidad, y las relaciones entre las policías y otras
instancias del Estado involucradas en el tratamiento del problema de seguridad
(Ehrlich, 2009).

Vendría a ser por ello que las instituciones
policiales latinoamericanas ejercen importantes mecanismos de presión para
evitar reformas y, una vez implementadas, para retrotraer las normas a lo que
existía previamente. Glaudio Fuentes Saavedra indica que el desprestigio y la
pérdida de apoyo social hacia las instituciones policiales, salvo el caso de
Chile, han ido en constante aumento en los países de América Latina.
Asegura, después de estudiar cada caso en particular, que la policía, aún en
aquellos países donde aparecen experiencias exitosas, estaría pasando el peor
momento de su historia. Destaca que en ningún caso, salvo el país que hizo
referencia anteriormente, la policía cuenta con la confianza de la población
dado su poco profesionalismo y la permanencia de gatillos alegres (Saavedra,
2003).

Es importante destacar que el diseño y ejecución de
políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se produjeron y se
producen en contextos muy particulares en América Latina, que imponen las
decisiones que se establecen. En parte se ve determinado por las guías
valóricas prevalecientes en la cultura política de cada sociedad particular en
las que se aplican, pero también influye el estilo y valores de los decisores y
ejecutores de políticas públicas.

Ejemplo de esto es que el análisis de políticas de
seguridad aplicadas en diversos países latinoamericanos demuestra que “la mano
dura” obedece en parte a los valores conservadores prevalecientes en actores
estatales que las han impulsado; pero también a la percepción de éstos de que
tales políticas encontrarán apoyo en la opinión pública. Vendría a ser por
eso que una de las preguntas más comunes entre los académicos dedicados a este
tema es ¿por qué en algunos casos las políticas de mano dura atraen electores
mientras que en otros casos generan el rechazo público?

Otro aspecto relevante en el ámbito de la seguridad
ciudadana es la implementación de medidas en el desarrollo de una campaña
electoral. En una democracia los políticos buscan como mínimo dejar un legado
de su administración y como máximo asegurar su reelección o la de sus
compañeros de partidos, o la de sus aliados coyunturales.

En este período, cualquier discusión sobre la
naturaleza y características de una política de seguridad pública
necesariamente considera su impacto en las elecciones. Esto ha sido evidente en
lo concerniente a políticas de “mano dura” o de “súper mano dura” implementadas
en varios países de América Latina (Saavedra, 2011). Claudio Fuentes indica que
algunos autores han destacado una oscilación desde políticas que buscan reducir
la delincuencia mediante ofertas de mayor dureza frente al crimen
particularmente en períodos electorales, hasta políticas que protegen los
derechos de las víctimas de la violencia y abuso policial en época
post-electoral (Fuentes, 2005).

Fuentes Saavedra que uno de los ejes de debate de los
académicos enfocados en el tema de la seguridad pública está enfocado en las
preguntas: ¿Es posible implementar políticas de prevención cuando la cultura de
la policía se centra en el control social y se observa a los actores sociales
como amenaza? ¿Se pueden construir modelos de policía comunitaria en contextos
donde existen policías militarizadas y jerárquicas? O de forma contraria, ¿Es
aconsejable descentralizar el mando cuando hay experiencias de corrupción y
reducidos niveles de controles jerárquicos en policías descentralizadas? ¿Cómo
inciden las reformas a los sistemas de justicia de tipo garantistas con
estructuras organizacionales de la policía represivos? ¿Existe una
correspondencia entre una cultura de autonomía institucional y abusos a los
derechos humanos en contextos de libertades públicas?

Es importante destacar que en el ámbito académico el
debate sobre el tema de la seguridad pública se ha concentrado en tres ejes
principales: los determinantes institucionales que obstaculizan determinadas
reformas; las causas de la violencia y la evaluación de los instrumentos para
medirla; y en relación entre percepción entre inseguridad y política pública.

En la actualidad, la región cuenta con diagnósticos
para convencer al poder político y económico de cada país a poner interés en
que los cambios se produzcan y comenzar a ver como prioridad el tema de la
seguridad ciudadana; en pocas palabras “La seguridad es asunto de todos”.

La creciente inseguridad, objetiva y subjetiva, exige,
en términos de políticas públicas, una mayor concertación de esfuerzos entre
los diferentes niveles de cada gobierno, así como capacidades para elaborar e
implementar políticas, definir prioridades en los diferentes niveles y,
considerando que el sistema se desenvuelve en un ambiente de recursos siempre
escasos, capacidades de ejecución y administración de esos recursos