Algunas premisas. A pesar del complejo panorama de crisis que ha vivido el país en el último cuatrienio, las políticas públicas implementadas por el presidente  Luis Abinader han contribuido a mejorar los principales indicadores de buen gobierno y a marcar  un antes y un después en temas que han impactado positivamente la vida de la gente y la calidad de la democracia dominicana.

Y si bien es cierto que el presidente  Abinader ha manejado un volumen presupuestario  superior a otros gobernantes del pasado que no tuvieron que enfrentar una pandemia que paralizó una gran parte del  mundo durante casi dos años y el impacto económico  de un  conflicto geopolítico  que disparó el precio de la energía y trastornó la cadena de suministro del comercio internacional, el éxito de su ejercicio  no se ha basado solo en la gestión  eficiente y  racional de los recursos del Estado, sino, y sobre todo, en su  capacidad para ponerse de acuerdo  con los diversos actores de la vida nacional para abordar problemas  comunes y generar soluciones efectivas bajo los principios prácticos de lo que José Francisco Peña Gómez definió como “gobierno compartido”.

Este poder de consenso y  articulación ha sido  un factor clave en el esfuerzo del estadista dominicano para  alcanzar logros excepcionales en materia de  gobernabilidad y gestión de  crisis, resiliencia  económica, independencia de la Justicia, continuidad institucional, control de la corrupción, descentralización y calidad del gasto público, justicia salarial, agua potable y saneamiento,  seguridad  ciudadana, producción agropecuaria, autosuficiencia alimentaria, reducción de la pobreza monetaria,  transición y autosuficiencia energética, salud pública y seguridad social, fortalecimiento de la educación, migración y frontera, comunidad dominicana en el exterior, y el derecho a una vivienda digna y a una propiedad titulada, entre otros temas.

Contra todo pronóstico

De entrada hay que convenir  como una premisa  medular que,    contra todo pronóstico, el presidente Abinader concluyó su primer mandato constitucional con un notable desempeño en la gestión  de los múltiples factores de crisis  que afectaron al país durante los pasados  cuatro años y con  un extraordinario balance de realizaciones en los principales temas de la vida nacional.

El empresario y economista encontró en agosto del  2020 todas las excusas para limitar sus esfuerzos inmediatos a la mitigación del brutal impacto de la pandemia del Covid 19 y de  otros eventos imprevistos, posponiendo la atención a muchos problemas históricamente relegados y a la vieja deuda social acumulada durante décadas.

Sin embargo, a pesar  de las grandes limitaciones del momento, Abinader  tuvo el acierto de  trazar una agenda transversal en la que importantizó tanto la atención a la grave crisis sanitaria como a los problemas económicos, sociales, institucionales  y estructurales tradicionalmente postergados en la agenda del país.

El centro de las  prioridades

En cuanto a las prioridades, la administración de Abinader dispuso la atención preferente a los sectores sociales y económicos más vulnerables, a los cuales destinó  147 mil millones de pesos en subsidios durante el período crítico, sin descuidar áreas estratégicas como el sector salud, educación, producción  agropecuaria,  turismo, transporte y vialidad,  Mipymes, seguridad ciudadana, justicia salarial y hasta  a los trabajadores del arte y la cultura, un sector que de acuerdo a la encuesta  nacional de consumo cultural realizada por el Banco Central en el año  2014, impactaba de manera directa o indirecta  468 mil 324   personas que dependían económicamente de la actividad artística y cultural.

Igualmente  asignó  65 mil millones de pesos para contener el alza de los combustibles y  su impacto inflacionario en   la canasta básica y en la actividad productiva, mientras lograba la proeza de potenciar el crecimiento económico muy por encima del promedio de toda la región,   y reducir el PIB de la deuda por debajo  del inicio de la gestión, pasando del 61%  en agosto del 2020,  al 59.1% al cierre del 2023.

Simultáneamente el mandatario dominicano puso en marcha una agenda puntual  de políticas públicas para avanzar en el abordaje de grandes temas de interés nacional tradicionalmente relegados en las prioridades de los gobiernos.

Referente global en la gestión de la crisis

Un estudio internacional sobre la gestión de la crisis del Covid 19,  realizado entre  el 2021 y el 2022,  con el apoyo de la Fundación Plenitud, la Universidad Johns Hopkins, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown y la organización Gates Ventures, como parte del programa “Ejemplos de Salud Global”, al citar el caso dominicano presentó el siguiente informe:

La clave de estos logros fue el liderazgo político comprometido, la prioridad asignada a la respuesta a la pandemia y al proceso de vacunación, los importantes recursos financieros invertidos, la adecuada comunicación del riesgo, el manejo de datos, la movilización de toda la sociedad hacia un objetivo común, fomentando alianzas público – privadas”.

Amplio reconocimiento internacional

Ciertamente, República Dominicana estuvo entre los  países del mundo con mejor desempeño en la gestión de la crisis sanitaria y económica de la pandemia con reconocimiento de los principales organismos  internacionales, incluyendo algunos especializados como la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización Mundial del Turismo (OMT); la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI);  la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), y la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante el período crítico impactado por la pandemia, RD registró un  tasa de crecimiento de  6.43%, (2021-  2023) muy por encima del  promedio de   América Latina, apenas 1.43%, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial  estiman el crecimiento del PIB del país para este 2024  entre  5.1 % y 5.2 %, con la proyección de liderar el crecimiento de la región  por los próximos 5 años.

República Dominicana fue el primer país de la región en recuperar sus principales sectores productivos y superar los niveles de empleos formales e informales  pre pandemia y uno de los primeros del mundo en superar los números del turismo y del tráfico aéreo previo a la pandemia, incluyendo la meta de los 10 millones de turistas, un objetivo nacional que aún antes de la pandemia parecía inalcanzable para lograr  en los próximos años.

jpm-am

En estos momentos en que el el gobierno se aboca a presentar a la nación una reforma fiscal integral, que le permita enderezar algunos entuertos en términos de las finanzas públicas, es necesario que una de las medidas que se tome sea la eliminación del anticipo, un impuesto absurdo, irregular e ilegal, que afecta de manera sensible a las pequeñas, medianas y microempresas (pymes).

El anticipo es una medida abusiva y desconsiderada. Es un impuesto que se creó hace unos años de manera provisional y que obliga a que cada empresa pague de manera mensual, por adelantado, una doceava parte de las ganancias obtenidas el año anterior. Es decir, que se debe pagar por adelantado las supuestas ganancias del año en curso tomando en cuenta las ganancias del año anterior.

Eso es una irracionalidad y un abuso. Eso lleva a que la mayor parte de las pymes se descapitalicen antes de empezar a producir empleos, riquezas y beneficios. De acuerdo a definición que da la DGII, el anticipo “es un pago obligatorio a cuenta del Impuesto Sobre la Renta que se debe realizar por adelantado; el cual sería compensado con el impuesto anual cuando se realice la presentación de la próxima declaración jurada”.

De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Ministerio de Industria y Comercio, el 91% de las empresas del país son micros y pequeñas, el 8% son medianas y solo el 1% son grandes empresas. Eso significa que mas del 90% de las empresas de nuestra nación son pymes y que por lo tanto el anticipo es una especie de Espada de Damocles que les cercena la posibilidad de seguir creciendo y consolidándose .

Las asociaciones de pequeñas, medianas y microempresas han pedido de manera reiterada que el anticipo sea eliminado, pues entienden que la condiciones fiscales de la época en que se creó han sido superadas, y el hoy día el gobierno debe servir de impulsor de la existencia y creación de nuevas pymes, para mayor consolidación y crecimiento de la economía dominicana.

Y tienen toda la razón con esos argumentos. El anticipo se creó como un impuesto provisional, hasta tanto mejorarán y se eficientizaran los mecanismos de cobros de los impuestos. Pero esa provisionalidad ya tiene varias décadas y ningún gobierno ha tomado la decisión.

Ninguno cumplió

Los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, al igual  que el actual presidente Luis Abinader, cuando eran candidatos de oposición criticaron el anticipio y expresaron que en sus gobiernos ese impuesto sería eliminado. Empero, ninguno cumplió con esa promesa.

El presidente Abinader, durante su campaña electoral antes de elegido, estableció en varios acápites de su programa de gobierno que el anticipo sería eliminado. Y más áun, en diciembre del 2020, a solo cuatro meses de ganar las elecciones, fue muy enfático al afirmar que en el 2021 el anticipo sería eliminado.

Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido con esa promesa, pues se ha dejado convencer del área fiscalista del gobierno la cual entiende que eso sería “un golpe muy duro, pues limitaría mucho la caja chica del gobierno, la cual le permite solucionar muchas situaciones”.

Durante la campaña electoral el bloque de diputados del PLD y el diputado de la Fuerza del Pueblo en ese momento, Omar Fernández, presentaron sendos proyectos de ley que buscaban la eliminación del anticipo para las pymes. Ninguno de esos dos proyectos fueron aprobados, ya que el PRM dominaba la mayoría del congreso y no mostró la disposición para darle el visto bueno a esa iniciativa.

La pasada semana, el anterior diputado y ahora Senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, retomó su esfuerzo por eliminar el anticipo a las pymes y sometió al senado un proyecto de ley con esos fines. De acuerdo a Omar el anticipo descapitaliza permanentemente a las empresas, colocándolas en riesgo constante de quiebra.

Al fundamentar en el Senado su propuesta del proyecto de ley, Omar expresó lo siguiente: “Las microempresas, que son unidades económicas con menos de diez empleados, estarían exentas de pagar este anticipo, mientras que las pequeñas y medianas empresas, que alcanzan hasta los 250 trabajadores, pagarían el anticipo tras un cálculo de impuestos liquidados en un 50 % en sus operaciones del año anterior”.

Aunque el senador Omar Fernández no plantea la eliminación completa del anticipo para las pymes, que sería lo más correcto y conveniente, su propuesta es muy positiva y muy beneficiosa.

Saludamos esta iniciativa del senador por el Distrito Nacional y confiamos que el actual congreso, dominado de forma apabullante por el PRM, asuma su compromiso de servir a las mejores causas de la sociedad y apruebe el proyecto de ley presentado por Omar, eliminando con ese oneroso impuesto llamado anticipo, el cual es un golpe mortal para las pequeñas, medianas y micro empresas, que son las que producen más empleos, más riquezas y más estabilidad a la nación dominicana.

euricabral07@gmail.com

jpm-am

La República Dominicana sigue encabezando penosamente en el mundo una de las más altas cifras por muertes en sus vías. Esto obliga a que como sociedad además de no cansarnos de referirnos a este tema, no continuemos a su vez el sendero errado y escabroso de habituarnos a esta tragedia que trae más allá de los costos sociales, económicos y sanitarios, unas graves secuelas de dolor y sufrimiento en las familias dominicanas.

El problema de los accidentes de tránsito en nuestro país tiene mucho tiempo sin que hasta la fecha se avizore solución alguna, peor aún se ha venido agravando notoria y progresivamente como una enfermedad catastrófica que arrebata la salud y la paz de la población.

Claro, no se puede obviar que ante el carnaval de estos siniestros viales graves la ciudadanía se ha conmocionado, pero eso no pasa de ahí; voces se han levantado después de las ocurrencias dando surgimiento a reacciones para que se tomen acciones, a fin de mejorar dicha situación calamitosa, pero todo se queda en retórica.

Cada cierto tiempo vemos que se publican de manera recurrente las estadísticas, las cuales evidencian un aumento preocupante del volumen de siniestros viales con numerosas vidas humanas trágicamente truncadas, teniendo en especial como víctimas un porcentaje significativo de jóvenes.

A tal efecto, se anuncian planes y medidas reactivas de cara al nivel de la convulsión existente por la gravedad del accidente ocurrido, que luego en el paso de los días, se pierden en el horizonte del olvido.

Mientras tanto, cada día un hogar en nuestro país resulta impactado de manera directa o indirecta por esta pandemia. Si bien podemos cuantificar el número de los siniestros viales, de los lesionados, muertes o personas afectadas; resulta incalculable el dolor o el rosario de traumas psicológicos que acompaña este proceso en la mayoría de los casos ya que estaríamos calculando el sufrimiento humano, el sacrificio, el duelo.

Estos efectos no sólo suponen una gran carga para la economía y sanidad dominicana, sino para las familias que sufren los estragos de estas secuelas de una manera directa

Asimismo, se lanzan proyectos e iniciativas de políticas muy interesantes y de buenas intenciones, pero languidecen como la espuma en el chocolate, porque se ejecutan solo por operativos de momentos, que pueden impactar en ese instante.

Sin embargo, se desvanecen con celeridad, sin que se logre el efecto consistente de generar un cambio de mentalidad y cultural hacia el orden, el cumplimiento de la ley y el deber cívico ciudadano en materia vial.

Como paréntesis ante lo expresado, es bueno advertir que las políticas públicas no sólo son documentos elaborados en cuartos fríos, con una relación o inventario de actividades y asignaciones presupuestales.

Su papel va más allá; en el sentido de que deben constituirse apuestas sociopolíticas efectivas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son requeridas por la misma sociedad; en definitiva, tienen que ser la materialización de la acción del Estado.

En ese orden debe materializarse como acción concreta del Estado, a modo de ejemplo: no tolerar más la impunidad contra la inobservancia a las leyes y las normas de tránsito por parte de los conductores y los transeúntes, controlar el consumo de bebidas alcohólicas a los conductores, la eliminación de las licencias de conducir a los reincidentes patológicos, más presencia de agentes en las vías de día y de noche, sensibilizar y concientizar a la ciudadanía a través de una permanente y sólida educación vial.

Asimismo, las distintas infraestructuras para la circulación vial debe ser objeto de continuo mantenimiento; así como también se le debe prestar más atención a aquellos puntos cuya frecuencia de siniestros es alarmante; darle mayor carácter a la aplicación de la revista técnica vehicular.

Por igual urge más control y regulación al uso de motocicletas, por ser la causa número uno en accidentes de tránsito, entre otras acciones que solo requieren un ejercicio de voluntad para que se ejecuten.

Los accidentes de tránsito y sus consecuencias es una crisis de Estado para la que no podemos continuar postergando una respuesta contundente, efectiva e integral. Ser indiferente ante este flagelo es un atentado contra el respeto al valor de la vida. Es tiempo de humanizar las vías en la República Dominicana.

jpm-am

En la capital -un sábado por la mañana- el diputado se desabotonó la apretada correa del pantalón, se echó hacia un lado su voluminosa barriga y emprendió viaje hasta su pueblo, contando jubilosamente sus excesos en la comida y presagiando su pronta despedida del espacio terrenal. A la entrada municipal, vimos que detrás de su yipeta nos escoltaban motoconchistas que ondeaban la bandera del partido del legislador, y a cada metro se sumaban más y más conductores de máquinas de dos ruedas.

 “¡Esta es la primera demostración de todo lo que tú vas a ver en las próximas horas!”, susurró el diputado a su acompañante periodista, como una advertencia para que no incurriera en el error de lanzar una candidatura legislativa, “regalando libros y dictando charlas”. Los motoristas flotaban el lienzo y seguían la yipeta porque a cada uno de ellos les hacía una rebaja sustancial en una estación de gasolina propiedad del susodicho político.

Al poco rato, escuchamos vibrantes aplausos en una farmacia, donde pagó 92 mil pesos por conceptos de medicamentos entregados a miembros de su partido y a otros ciudadanos. A tres cuadras, entramos a una funeraria a liquidar una deuda de 81 mil pesos, contraídas a nombre del parlamentario por el velatorio de personas con carencias económicas.

El asambleísta gordiflón tenía un equipó político que analizaba necesidades y requerimientos. A unos complacían a medias y a otros en su totalidad. Solía salir de las sesiones en las cámaras legislativas para expresar -telefónicamente- pésames a familiares de expirados.

Después del mediodía acudimos a un restaurant, el de más categoría de la ciudad. Giró un cheque por 83 mil pesos, para cubrir almuerzos y cenas de miembros de su equipo y dirigentes de su organización, una oportunidad para también disfrutar deliciosamente de los manjares.

“Soy diputado, volveré a repetir y luego seré senador”, apostilló y con elocuencia acentuó que su competidor a la cámara baja quería desplazarlo dando textos y ofreciendo datos históricos. “¡Ja, ja, ja!” Y a seguidas profetizó que años después pasará a los brazos del Señor. Reconocía, rebosante de humor, que no les hacía caso a la hipertensión, a la diabetes, al colesterol ni a otros achaques.

“Si tú aspiras, te darán una paliza, porque vas a querer llegar regalando libros y dictando conferencias. No tienes madera para alcanzar una curul; no pierdas tu tiempo, y te lo digo porque te aprecio y respeto”, reiteró.  Nos invitó a su comunidad para que viéramos cómo es que se triunfa en una elección provincial.

A su lado, en el asiento delantero de su automóvil, en el camino de regreso por una conocida autopista, tuvimos la confianza de preguntarle, en un lenguaje adornado, cómo cubría los gastos, que en un mes ascendieron a más de 250 mil pesos -sin otros operativos- cuando -a principios del siglo XXI- un diputado devengaba 50 mil pesos.

Ingresos

Nos respondió que en su campaña política invertía las ganancias que obtenía de cerca de una docena de negocios, entre ellos numerosas bancas de números, dos estaciones de combustibles, tres dealers, un centro mayorista de maderas, una tienda de ventas de armas de fuego y una oficina de legalización de documentos.

En ningún momento refirió el sueldo fijo que percibía, como tampoco los ingresos por viáticos por sesión en el Pleno, vales por despensas, cupones de alimentos, los gastos de representación, de comida y bebidas; seguros médicos, colectivo de vida y funerarios; los cobros por sesiones en las comisiones de trabajo (muchas veces sin asistir), transporte, hoteles, celulares y combustibles. Descuellan el otorgamiento de dos exoneraciones abiertas para la importación de vehículos (generalmente son vendidas) durante el período legislativo de dos años y los beneficios del Instituto de Previsión Social del Congresista y el Fondo de Gestión Social (“Barrilito”), cuya transparencia ha estado en cuestionamiento.

Tres periodistas se acomodaron en la yipeta: Frank Peña Tapia (E.P.D.), José Alberto Sánchez (Sanchito, E.P.D.) y José Bujosa Mieses. Cuando nos despidió en la casa nacional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), dos de ellos, que trabajaron en la Cámara de Diputados, comentaron que los más abultados ingresos de nuestro anfitrión provenían de los contratos para aprobar u obstaculizar proyectos de leyes. Era el muy sonado y desconocido diputado del maletín, que “billeteaba” a una red de diputados y senadores.

¡Oh, Dios mío!, ¿será verdad que los emolumentos también salían de la falsificación de documentos inmobiliarios? Incrédulos contactamos al titular de la Dirección de Registro de Títulos, que confirmó que, por ese delito, había sido sometido a la Justicia varias veces.

El pintoresco personaje obró como un oráculo: acertó cuando predijo que iba a repetir como diputado, a ser senador y a trotar hacia el infinito pocos años después. Su extinción física fue reseñada por los diarios. Pero, no profetizó que sería reencarnado, con facetas más extendidas, por futuros colegas (pertenecientes a diferentes partidos), que serían involucrados por el Ministerio Público en actividades ilícitas, como consta en los medios de comunicación.

Reducción

El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona está planteando la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados de 190 a 138 (53 escaños menos), que estimamos representaría un ahorro de más de 500 millones de pesos mensuales. En vez de montar oposición, tienen que reaccionar en la cacerola de la conformidad, por la brevedad de la proposición presidencial, y ponderar la aprobación de otras reformas.

La República Dominicana salta como uno de los países con más parlamentarios per cápita, que les salen altamente dispendiosos. Se calcula que representan un gasto de unos 25 millones de pesos diarios, emanados de los recaudos de los impuestos de los ciudadanos.

Con las manos sueltas, los congresistas legislan para provecho propio, quebrantando la Constitución. Proceden como chivos sin ley, sin el más mínimo control de los partidos políticos. ¿Por qué a ellos estas instancias no les trazan líneas ni les reclaman la rendición de cuentas? ¿por qué no auspician el establecimiento de requisitos mínimos para los candidatos, como los ético-morales y formativos? ¿están los intereses de los diputados por encima de los de los electores y las organizaciones que los postulan?

Los nuevos congresistas que, hermoseados de honradez, ganaron con el pañuelo de la dignidad, están compelidos a marcar la diferencia con aquellos esperpentos que avergüenzan hasta las butacas en las cuales posan sus ancas. Y ahora que la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas no llenan los bolsillos a legisladores de los maletines, se esboza la “opportunity” para sancionar reglas jurídicas por la colectividad, y no por utilidades mercuriales!

jpm-am

Para cuando lo conocí, cerca de una década después de la revuelta de abril, ya yo sabía que la Dictadura del Proletariado no tenía sentido para mí. De hecho, mantuve una relación pasiva con casi todos los grupos de tendencia socialista, pero privilegiaba emocionalmente, “el pensamiento luminoso” del camarada Pin. Esto me puso en una situación de antípodas -dentro del espectro de izquierdas- a Miguelón, que era mucho más joven que yo y supuestamente “revisionista”, como lo fueron Carlos Dore y doña Consuelo Despradel, entre otros prominentes dominicanos.

En realidad, nunca llegamos a ser “amigos”, ni “conocidos” siquiera, pero tampoco nos enfrentamos en aquellas absurdas luchas que marcaron las dos décadas perdidas del movimiento pro socialista dominicano y eso es algo que yo valoro mucho. Sin embargo, he seguido de cerca su carrera como adulto en la política y consigo aquilatar, además, su fidelidad a las convicciones y creencias que motivaron su más de medio siglo de militancia revolucionaria, algo que yo jamás experimenté de manera personal.

Esto que relato viene a cuento porque debo dejar sentado que no he tenido contacto alguno con Miguelón, ni comparto siempre sus pareceres políticos. Pero reconozco su lucha por lo que él considera justo y lo especial del trabajo que ha realizado para el Estado dominicano a lo largo de cuatro diferentes administraciones. Es un trabajo que demanda confianza, responsabilidad y la mayor capacidad de transmitir ideas ajenas y disposición para construir vías de entendimiento entre líderes de naciones diferentes.

Esa actividad de comunicación informal a veces, entre gobernantes y personalidades de distintos países, ha estado presente a lo largo de la historia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Ordinariamente, tales labores están a cargo de los embajadores y demás funcionarios diplomáticos acreditados por los estados envueltos. Sin embargo, hay ocasiones en que los contactos se hacen a través de “personas especiales” que, como Miguel Mejía, inspiran confianza a los interesados, por las razones que fueren.

 Incómoda posición

Me ha llamado la atención y motivado hacer esta confesión personal, el hecho de que en este momento Miguelón se encuentra en una incómoda posición pública, donde hay comunicadores, tan gobiernistas como yo, algunos de ellos cobrando en las nóminas del Estado, que quieren hacer trizas del indómito servidor público que es Miguel Mejía. Y con ese fin hasta desconocen normas elementales de la metáfora como, herramienta del hablar cotidiano.

Cuando Miguelón dice que el señor Celso Marranzini, Zar de la Electricidad en RD, actúa, o es como un “perro huevero, que come huevos, aunque le quemen el hocico”, no está diciendo ni que don Celso sea un perro, tampoco que coma huevos -algo que él posiblemente si hace- y mucho menos que le quemarán el hocico. Esta metáfora, usada a modo de refrán, parece ser de origen mexicano o español y significa que » alguien es reiterativo en cometer algún delito o hecho censurable”.

En realidad, yo desconozco los hechos que avalan la opinión de Miguel Mejía sobre Celso Marranzini y no trataré de justificarlos o negarlos; eso parece que será asunto a verse en los tribunales, y ojalá que se pudiera evitar. Lo que si me extraña es el coro de comunicadores que piensa que Miguelón ofende al señor Marranzini llamándole perro y raudos acuden en su defensa; defensa que resulta tan innecesaria como ridícula.

Pero el ridículo mayor lo hacen aquellos que piden a Miguel Mejía que renuncie al cargo porque contraviene la opinión del Presidente, sobre el caso de Venezuela; y los mas temerarios hasta amenazan con pedirle a Luis Abinader, que cancele a Miguelón, olvidándose de que el Presidente sabe muy bien lo que piensa su ministro sobre el susodicho caso del gobierno venezolano. También olvidan o desconocen que a los presidentes no les produce ninguna gracia, que sus funcionarios les digan lo que debe hacer sin haberles preguntado; y menos públicamente.

Lo que si pudiera tener consecuencias, se demuestre o no, es que Celso Marranzini haya cometido actos contradictorios con la ley. En cualquier caso, uno de los dos funcionarios morderá el polvo de la derrota. Y ese ruido, en modo alguno favorecerá al gobierno de Abinader, especialmente en este período de solidificación de sus logros y avances; por ello, es imperativo que se termine esa discusión.

En este punto del relato quiero hacer algunas precisiones con relación a esta nota y a mi valoración sobre Miguel Mejía. Lo primero es que escribo porque creo que Miguelón es un hombre serio, responsable y productivo; y en segundo, lugar porque un amigo en común me lo solicitó.

Miguelón es en mi opinión, un hombre que se rediseñó a sí mismo, rompiendo con la trayectoria que siguió la mayoría de los izquierdistas. En ese nuevo rumbo se encaminó hasta convertirse en un “hombre de Estado”, sirviéndole al país al margen del gobierno de turno y siempre pensando en el interés nacional.

Incluso, cuando su condición física lo demandó, tomó la decisión correcta y ello le ha permitido mantenerse en el censo nacional y trabajando por los mejores intereses de su país.

¡Larga vida Camarada!

¡Vivimos, seguiremos disparando!

jpm-am