En los medios de comunicación de Republica Dominicana ha emergido una especie de oligarquía mediática, que no parece regenteada por los dueños de periódicos, estaciones de radio o televisión, aunque se presume que en no pocos casos se producen convenientes alianzas estratégicas vinculadas con el corporativismo.
El diccionario define oligarquía como gobierno de pocos, o cuando el poder supremo es ejercido por grupo de personas que pertenecen a una misma clase social, pero bien puede emplearse esta acepción para personas físicas y entes agrupados en organizaciones no gubernamentales que se han propuesto imponer reglas jurídicas, políticas, sociales y de negocios acorde con los intereses propios o de sus mandantes.
Esos grupos no creen en la democracia, aunque se presentan como fieles defensores del orden institucional; constituyen en esencia una guardia pretoriana al servicio de intereses foráneos, pero con solida vocación de arreglos políticos o de negocios con grupos económicos señalados como oligárquicos.
Los integrantes de esa oligarquía mediática usan su descomunal poder de control de los medios de comunicación para imponer el contenido y destino de la agenda de urgencias nacionales, siempre en conexión con los intereses de las grandes metrópolis.
Esa gente ha contribuido decididamente a que Republica Dominicana reciba hoy el trato de ratón de ferretería a nivel internacional, al punto que para reclutar a un procónsul que representaría intereses de Estados Unidos ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el portal del Departamento de Estado de consigna que aquí linchan a haitianos, queman su viviendas y que el gobierno ha desnacionalizado a 250 mil descendientes de esa etnia.
Cuando se discute la cuestión ética, los líderes de ese grupo oligárquicos son muy proclives a acusar a periodistas y comunicadores de estar vendidos al gobierno o de aceptar payola para promover políticas publicas contrarias al interés nacional. Ellos son los impolutos, que trabajan y luchan denodadamente por una sociedad auténticamente democrática.
La verdad es que la mayoría de la ONGs que sirven de nidos a esos grupos es financiada por agencias gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que puede decirse que responden a intereses de esas metrópolis, en especial cuando se trata del tema de la nacionalidad e inmigración o cuando las multinacionales telefónicas se pelean.
Esa oligarquía mediática se cree en calidad y poder para lapidar la honra de un ex presidente de la Republica; para modificar a su mejor semejanza y a la de sus mandantes la sentencia de un tribunal constitucional, las modificaciones al Código Procesal Penal, de dirigir el proceso de unidad o disolución del PRD, o de adjudicar al cliente de uno de sus líderes el contrato de elaboración de la nueva Cedula de Identidad y Electoral.
Promovieron la aviesa campana sobre un supuesto descomunal déficit fiscal, pero ocultaron a los mandantes que se beneficiaron con las megas construcciones que se levantaron en todo el país, fuente primaria de un déficit que resulto ser de unos 150 mil millones y no de 285 mil millones de pesos.
La verdad es que el verdadero peligro para la democracia, la soberanía, las libertades públicas, la pluralidad y los anhelos de una mejor redistribución del ingreso, lo representa esa oligarquía mediática y sus mandantes, todos disfrazados de angelitos de la guarda.

El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).

En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca a la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.

Un palo al Código Procesal

Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad.

El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además, que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.

Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.

El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.

Rompe el consenso grupal

No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.

Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.

Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.

La aprobación irregular

Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.

Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le liberó de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.

No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.

La JCE de Roberto Rosario

Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.

La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vio precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.

La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona lo mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.

El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”.

El párrafo 1 de su artículo 2 precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.

Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.

No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, operan a su mejor conveniencia.

Ni siquiera los precandidatos

El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016 se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.

Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y la ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.

La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.

El Conde que conocí en mi infancia y adolescencia era el dial comercial de la ciudad. Dominaba su recorrido inicial el Baluarte o Puerta del Conde -parte del amurallado defensivo erigido durante la Colonia-, donde reposaban los restos de los Padres de la Patria. Al acceder por el oeste quedaba atrás el paradisíaco Parque Independencia con sus jardines y arboleda bien cuidados, pérgolas de sombra para el descanso y la tertulia plácida, la majestuosa glorieta que anidó el ocio lúdico de generaciones. En un arco temporal que abarcó a mi madre, quien nació en 1915 en dicha vía casi con la Palo Hincado y jugaba de niña en ese su corral infantil de sociabilidad sana, golosinas de marines aparte. Incluyó a quien esto escribe y su generación, bordeando hoy los 70. Y que pudo alcanzar, al nacer en 1975, a mi primogénito, de no haber mediado el designio draconiano del doctor. Ejecutado con la «crueldad de un tártaro» -metáfora empleada al evocar al Meriño del Decreto de San Fernando- para echar abajo en 1976 la obra del arquitecto Nechodoma, concursada en 1912. En un santiamén de mandarrias autoritarias que sepultaron seis décadas de historia capitalina.
Como me comentaba encariñado Alberto Perdomo, en ese parque deslizamos nuestros sueños infantiles subidos sobre patines o montados en veloces patinetas. Dimos vueltas al trompo multicolor de los años felices. Correteamos despreocupados en la Glorieta remontando sus puentes arqueados. Nos dimos los primeros apretoncitos de manos con las mejillas sonrojadas. Y nos dejamos embriagar por la batuta encantada de los grandes maestros de las bandas militares de música, ora Loló Cerón, ora Fello Ignacio, ora Luis Rivera. Y esos metales sonando a pleno pulmón, marchas, valses, polkas, danzas, danzones y merengues, para deleite del público sano que asistía a las retretas.
Esa calle El Conde, transitada a doble vía, vibraba desde bien temprano, arrancando la jornada. Allí, los edificios comerciales principales de la urbe. Copello -encomendado por el pujante empresario italiano Anselmo C. a Guillermo González e inaugurado en 1939- alojaba la sede en Santo Domingo de La Tabacalera de Santiago, junto a despachos de líneas aéreas y oficinas. Los portentosos ejemplares del neoclásico que irrumpieron en la segunda mitad de los 20 para dominar la escena, Baquero y Diez, erigidos en hormigón por Benigno Trueba, encarnaban la más sólida presencia peninsular en el mundo de los negocios. Edificaciones emblemáticas como Cerame, diseño de Trueba, González Ramos (proyecto de Ruíz Castillo que siempre me enamoró con sus suaves soluciones onduladas y la limpieza de su estética), Saviñón -donde funcionó la Lotería Nacional dirigida por Mon Saviñón Lluberes y luego la tienda R. Esteva & Co., obra art decó de los Iglesias Molina. Modélicas construcciones como la Casa Plavime, La Puerta del Sol, La Opera, El Palacio, López de Haro, entre otras, engalanaban el orgullo de una ciudad limpia, coqueta y amable.
Las primeras plantas de esos edificios servían a tiendas de ropa y tejidos, calzado, electrodomésticos, ferreterías. Las superiores, destinadas a oficinas y en algunos casos a apartamentos residenciales, como aconteciera con La Opera, Diez, y López de Haro. Una de las últimas construcciones que se agregó a este conjunto fue el Edificio Bonetti, frente al Parque Colón, mirando hacia la estatua del Almirante y el costado norte de la Catedral, compartiendo acera con la Farmacia Marrero, el Bar Restaurante Canadá (hoy Palacio de la Esquizofrenia), la tienda Recuerdos Dominicanos, dedicada a souvenirs (artesanías, tarjetas postales) y a la distribución de diarios tales New York Times y Miami Herald y revistas como Life. Flanqueado al oeste por el Palacio Consistorial, el Teatro Capitolio, la Casa Brugal, y al este por el Palacio de Borgellá, la antigua Cámara de Diputados y el Palacio del Arzobispado. En la esquina Meriño, Pol Hermanos, papelería y materiales para arquitectos.
En el otro polo del recorrido de El Conde, bordeando el Parque Independencia, se ubicaba a lo alto el Edificio Gómez, con el Colmado Catelli en los bajos, operado por los Orsini, hoy en lamentable ruina. Al fondo el Cuerpo de Bomberos, marcando con sus sirenazos cíclicos el correr de las horas. La Farmacia Esmeralda mirando hacia las Mercedes y el Restaurante Mario de M. Chez, pilar de la buena gastronomía cantonesa e internacional. El Edificio de la ESSO, con Luis Amiama Tió al frente de la estación de expendio y servicio, y Andrés Freites en la gerencia general. Frente, el Hotel Presidente -luego Europa-, kilómetro 0 de la Duarte, lleno de historias esparcidas entre sus sábanas y salones. Restaurantes como el Roma y la pizzería Sorrento, con platillos italianos simplemente deliciosos. La Junta Central Electoral. La residencia de los Corripio, el Club Sirio Libanés Palestino, el Teatro Independencia, actualmente encapsulado su glamur por el empresario Gómez Díaz y Telemicro. Estación de gasolina y tienda de repuestos, entre Enrique Henríquez e Independencia.
El plantel levantado por los marines que alojó a la Normal y la Escuela República Argentina, demolido por las llamas en los 60. El inigualable restaurante y repostería propiedad de Meng el Chino. La Barra Dumbo, con ricos sándwiches y batidas refrescantes. Tropigás, pionera en estufas a gas, cuando todavía la energía era barata. Barberías como el Salón Independencia y la de Calín y Biel Leal Prandy en la Palo Hincado. La Farmacia Santa Cruz, el Colmado Santos y la Casa Pérez. El Acordeón, la tienda El Pilar y la Peluquería Marion, lo máximo en belleza. La Ferretería El Candado y el 1y5, una excelente cafetería del laborioso padre de mi compañero José Miguel Paliza.
En El Conde se encontraba de todo. Los italianos dominaban el ramo de joyerías y relojerías, con las razones sociales Prota, Di Carlo y La Veneciana de Giovanni Abramo. La Margarita de los Pellerano manejaba un área de perfumería y otra de juguetería, con su tradicional Santa riéndose mientras le cosquilleaban el pie. La Galería Auffant reinaba en las artes plásticas. El Salón Estudio Mozart de Atala Blandino, en instrumentos musicales, partituras, discos y grabaciones fonográficas -renglón que completaban La Guarachita de Radhamés Aracena, Bartolo I de Muñeca Hasbún viuda Selman y la Casa de Julio Tonos. La Curacao Trading Co. ocuparía la planta baja del Edificio Jaar, esquinando la Espaillat, con sus atractivas ofertas de neveras, televisores, máquinas de coser, en competencia con R. Esteva, que además distribuía equipos y material fotográfico Kodak. En la acera norte, Santiago Iglesias arrancaba con su taller de sastrería La Coruña, dando corte y costura a la elegancia en el vestir de los jóvenes que acudíamos allí.
Para los problemas de la vista -yo cegato desde la temprana adolescencia-, la Optica Alfaro atendida por los hermanos A., era garantía de calidad, seriedad y buen precio. Compañías de seguros asentadas allí fueron la base del emprendimiento de Máximo Pellerano Romano, uno de los grandes del ramo que Dios lo tenga en gloria. El surtido de farmacias, uno de los más completos, como para no morirse antes de tiemp la Gómez, centro de la bohemia deportiva; la Castro; la Raldinis; la del legendario Lolón Guerrero, importador distribuidor de medicamentos y otros artículos. Coronando la Marrero, con un local hermosísimo que todavía se conserva gracias a una tabaquería.
En materia de ropa y tejidos, esta vía señalaba las tendencias de la moda, con las vitrinas de las tiendas exhibiendo los últimos modelos lanzados desde las capitales internacionales, siempre ajustados a nuestro clima. La Opera, con sus dos locales para caballeros y damas. El Palacio, Cerame, La Puerta del Sol, Ciro's, López de Haro, La Cibeles, Torrey. Zapaterías como Los Muchachos, La Favorita, La Elegancia.
Ferreterías, desde la Baquero, siguiendo por Morey, Cuesta y otras. Bares restaurantes como El Roxy y el Panamericano, de servicio efectivo y calidad real, a precios razonables. La legendaria barra de Juan Chea, en el Hotel Comercial de Alma, imán de lo más granado de la plástica, la poesía, el periodismo y la farándula deportiva. Cafeterías como La Cafetera de Franquito, solar de tertulias de generaciones de artistas e intelectuales, con su pasillo profundo cuyas paredes recibían las caricaturas de Eladio Sánchez y Eduardo Díaz. La más abierta hacia la calle, Sublime, donde la juventud de Arte y Liberación desarrollaba sus encuentros cotidianos, tras la decapitación del Jefe. El Jai Alai, reino de su majestad Pedro René Contín Aybar, el Aguila Herida que dominaba la crítica artística y literaria, contrapesado por el poeta Antonio Fernández Spéncer y sus seguidores, entre ellos los valores emergentes Marcio Veloz Maggiolo y Carlos Esteban Deive.
Un solo cine, el Santomé (antes El Encanto), pero al doblar la Duarte, el Teatro Rialto con sus hermosos tres niveles. En la Nouel, a pocos pasos, el Leonor. El ya referido Capitolio y frente a la Fortaleza Ozama, el de la Marina de Guerra. Obvio que el Olimpia, en la Palo Hincado y el Independencia. Y lo mejor sucedía en las tardes, cuando las muchachas que laboraban en las tiendas y oficinas finalizaban la jornada o las damas hacían su incursión para realizar compras. En ese momento El Conde se convertía en la gran pasarela de la moda. Se desplegaban piernas bien talladas, curvas marcadas por glúteos y senos robustos, los últimos estilos en el peinado y el maquillaje. Eran las horas febriles de los mirones apostados estratégicamente en las esquinas más concurridas, quienes floreteaban piropos desgranados al paso de las damas.
Era entonces cuando se caía en cuenta de lo que realmente significaba el término «condear». Algo así como sentirse en lo máximo, cuando apenas se contaba con lo mínimo.