PUERTO PLATA.- La jueza de la
Instrucción de aquí, Jakayra Veras
García, aclaró que el Ministerio Público fue quien retiró las acusaciones contra
los tres ex oficiales de la Policía, liberados por ese tribunal tras varios
meses detenidos.

Odenis Francisco Félix Reyes Ramón
Antonio Salcedo Santos y Raymundo de la Rosa Ogando guardaban prisión en
relación a las acciones irregulares cometidas durante el allanamiento a varias
viviendas en el residencial La Mulata III del municipio turístico Sosúa.

Mediante un comunicado entregado a medios
de comunicación, la magistrada criticó que el Ministerio Publico ha pretendido
probar ante la opinión pública casos que no sustenta debidamente ante los
tribunales.

”Ante la opinión pública nacional fue el
tribunal que presidimos que otorgó la libertad a los tres imputados, pero
en realidad esa responsabilidad es exclusiva de la fiscalía que retiró sin
ningún tipo de justificación las acusaciones sustentadas originalmente”, expuso.

Dijo esperar que el Ministerio Público realizará
las explicaciones de lugar ante el país sobre las actuaciones realizadas que
llevaron al traste el retiro de la acusación en contra de los imputados.

“En la fase preliminar sobre este
conocido caso se instrumentaron dos procesos distintos ya que en el primero
seguido a Ramón Antonio Salcedo Santos y Odenis Francisco Félix Reyes se oferta
un medio de prueba audiovisual, el cual, conforme a la acusación, es de fecha
17 de octubre 2013, un año después de los hechos atribuidos a los imputados,
razón por la cual fue objetado por la defensa”.

“El Tribunal verificó que el mismo no
tiene fecha alguna y que por demás en él no se observa lo alegado por el
Ministerio Público respecto a su contenido, razones por las cuales no fue acreditado
como prueba”, explicó.

Ponderó que “en el segundo proceso
seguido a Raymundo de la Rosa Ogando, los medio audiovisuales a los cuales hace
alusión el Ministerio Público, si bien se señalan en la acusación, no fueron
presentados ni antes, ni durante la audiencia preliminar, otorgando el tribunal
un plazo al Ministerio Público para su presentación y así proceder a su
verificación”.

Dijo que transcurrido el plazo otorgado el
fiscal actuante indicó no tener esos medios y en tal virtud no fueron
admitidos, pues no procede la admisión de medios presentados, “tal y como se
indica en la decisión de Apertura a juicio rendida al efecto”.

La magistrada dijo que el Ministerio
Público representa a la sociedad pero es
una parte del proceso y que como tal debe por igual ceñirse al cumplimiento de
los mandatos de la ley, estando el Tribunal en el deber de preservar el Debido
Proceso y el derecho de todas las partes, jamás constituyendo un sello del MP. an-am

CONSTANZA.- El gobierno envió cientos
de raciones de comida para ser entregadas a campesinos de la zona afectada por
un incendio en el Valle Nuevo.

La medida fue instruida por el
director del Plan de Asistencia Social, Cesar Prieto, y entregada a socorristas
y personal de apoyo que la harán llegar hasta los afectados.

Las raciones contienen comida
enlatada para ser consumida de inmediato y alimentos para cocinar.

Prieto dijo que el organismo se
mantendrá monitoreando la situación y continuar enviando ayuda alimentaria a
los afectados. an-am

San Cristóbal.- Atendiendo al pedimento del Ministerio Público, la juez de la Instrucción de aquí, Rosa Mateo, ratificó la medida de
coerción de prisión preventiva dos hermanos colombianos acusados de lavado
de activos provenientes del narcotráfico. Huber Osvaldo y Ángel María Buitrago
Vacca, alegados cabecillas de una red, guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo,
en San Cristóbal, y vía sus abogados habían solicitado al tribunal que le fuera
variada dicha medida.

El magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, titular de la Procuraduría
Especializada Anti lavado de Activos, valoró la decisión de la Jueza Mateo y dijo que con ella se fortalecen las acciones de
persecución de esos delitos y sobre todo, el sistema de Justicia en sentido
general.

Aseguró que las autoridades continuarán atentas a los planes de los
hermanos Buitrago de buscar la libertad bajo fianza en los procesos que
tienen abiertos en la República Dominicana. Además de los citados delitos, los hermanos Buitrago están acusados de falsa identidad.

A la presunta red a la que ellos pertenecen le fue desmantelado un laboratorio de drogas en la localidad de Sabana Toro, en la provincia de San Cristóbal, así como
dólares, armas de fuego y sustancias narcóticas en una operación llevada a cabo
en La Caleta, de Boca Chica.

Para este viernes 1 de agosto, a las 11:00 de la mañana, está programada la
audiencia preliminar en el proceso que se les sigue por el caso La Caleta junto
a otros veintitrés imputados, entre ellos, venezolanos, colombianos y
dominicanos.

Los imputados fueron apresados en dciembre de 2012. ss-am