Por Daniel Toribio
Cuando se dice que el empleo formal está creciendo en República Dominicana, suena a buena noticia. Implica más personas con estabilidad laboral, seguro de salud y pensiones. El problema es que esa afirmación descansa en dos formas distintas de contar la formalidad, y las cuentas no cuadran. Si no resolvemos esa brecha, seguiremos celebrando avances que no se reflejan en aportes reales al sistema.
La Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) reporta que en septiembre de 2025 había 2,336,087 ocupados formales. Esa clasificación se construye a partir de lo que declara el entrevistado, en particular si afirma tener acceso a seguridad social. Es una medición útil para entender percepciones y características del empleo, pero tiene un límite: no verifica el cumplimiento.
En el otro lado están los registros administrativos vinculados a la seguridad social, difundidos en estadísticas del sistema. Para ese mismo mes, se reportan 2,255,383 cotizantes efectivos. La diferencia es de 80,704 trabajadores: aparecen como formales en la encuesta, pero no figuran aportando. Esa distancia no es un detalle técnico. Es una señal de formalidad aparente.
El costo de esa formalidad aparente lo paga el trabajador. Si no hay cotización, no hay ahorro previsional acumulado, la cobertura se vuelve frágil y, ante un despido o una enfermedad, la “formalidad” no se traduce en derechos exigibles. También se distorsiona la competencia: el empleador que cumple carga con costos que el evasor evita, y eso castiga al que hace las cosas bien.
Hay varias explicaciones posibles. Parte de los encuestados puede confundir afiliación con cotización. Otros pueden tener vínculos laborales intermitentes o esquemas de pago que no se traducen en aportes regulares. Y también existe evasión, subdeclaración y rotación que deja al trabajador sin cobertura real, aunque se considere “formal”. No se trata de descalificar la ENCFT ni de idealizar el registro administrativo. Se trata de aceptar que hoy contamos dos historias distintas del mismo mercado laboral.
¿Por qué importa? Porque la política pública se diseña con números. Si el Gobierno cree que la formalidad avanza más de lo que indican los aportes, subestima el tamaño de la informalidad efectiva y sobrestima la base contributiva que sostiene pensiones y salud. Eso distorsiona incentivos, debilita la fiscalización y retrasa decisiones difíciles.
La solución es concreta: integrar y armonizar datos. ENCFT, TSS, SIPEN, Ministerio de Trabajo, DGII y ONE deben publicar un tablero único con definiciones comunes y tres cifras explícitas: formalidad declarada, formalidad contributiva y brecha. Transparencia, trazabilidad y metas medibles por sector.
Hasta que no contemos bien, no podremos corregir bien. Y sin esa cuenta clara, el empleo formal seguirá siendo más promesa estadística que protección efectiva.

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