NUEVA YORK.- El reciente caso del triple asesinato en Jamaica, Queens, pudo haberse evitado si la Policía hubiese traducido una denuncia que la víctima había escrito en español.
El mismo ha puesto de relieve algunas de las lagunas de la legislación de la ciudad en esta materia.
A pesar de las reglamentaciones que obligan a todas las agencias públicas de Nueva York a brindar servicios gratuitos de traducción a personas con limitado o nulo conocimiento del inglés, todavía existen serias omisiones y dificultades de implementación que en algunos casos han llevado a resultados trágicos.
En 2008, el alcalde Michael Bloomberg firmó la orden ejecutiva 120, que exige a las oficinas municipales —incluida la Policía— proveer dichos servicios. En 2011, el gobernador Andrew Cuomo firmó la orden ejecutiva 26, que requiere traducir documentos públicos a varios idiomas. Estas normas cuentan con financiamiento local y federal.
«La ciudad ha hecho progresos, pero Bloomberg no se esforzó al cien por ciento. Esperamos que De Blasio presione más para la ejecución de estas leyes», dijo Andrew Friedman, codirector del Center for Popular Democracy y fundador de Make the Road, una de las organizaciones comunitarias que más ha luchado por este tema.
El alcalde Bill de Blasio empezó su mandato con el grave incidente del asesinato de Deisy García y sus dos pequeñas hijas, apuñaladas por Miguel Mejía, esposo y padre de las víctimas. La mujer había reportado amenazas de muerte y abusos físicos de su pareja, pero los oficiales del precinto 103 de registraron incorrectamente sus denuncias como «acoso» en lugar de «violencia doméstica». En consecuencia, Mejía no fue arrestado —ni siquiera se le contactó.
El abogado Roger Asman, quien representa a la madre y abuela de las víctimas, prepara una demanda contra la Policía. Asman posee dos reportes escritos en español por García, en mayo y noviembre del año pasado, en donde la desesperada mujer cuenta que sufrió jalones de pelo, empujones y amenazas de muerte contra ella y las niñas.
«No tradujeron el reporte, ni miraron los aspectos más importantes, ni le dieron la protección constitucional que le correspondía», dice Asmar.
El NYPD enfrenta además una demanda colectiva por siete casos similares.
La abogada Amy Taylor indicó que «el NYPD no tiene un sistema para asegurar que sus agentes hagan lo que deben. Y si tienen un reglamento, no lo están siguiendo».
El caso más reciente fue el de la dominicana Elena Jiménez (34), que llamó al 911, el 30 de enero, después de regresar del hospital con su hijo. Encontró que su esposo había cambiado la cerradura de la vivienda en Norwood, El Bronx. Aunque Jiménez tenía en la mano la orden de protección en contra de su esposo cuando los agentes del precinto 52 llegaron, fue a ella a la que le ordenaron sacar sus pertenencias en bolsas de basura.
«No sé qué les dijo mi esposo, pero me dieron cinco minutos para que sacara mis cosas», relató Jiménez quien llegó a la ciudad hace un año y no habla inglés.
En respuesta a estos casos, el Departamento de Policía se comprometió a corregir las falencias en el sistema, mientras que el comisionado William Bratton admitió que se había cometido un error. El NYPD cuenta con 1,200 intérpretes calificados que hablan más de 70 idiomas.
Casos en la vivienda
La Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA) tiene la obligación de proveer personal y servicios de traducción para personas con inglés limitado. Residentes de tres grandes «projects» de El Bronx (Twin Parks West, Twin Parks East y Monterey), donde viven alrededor de mil hispanos, denuncian que dependen de la asistencia de personal que sólo habla inglés en la oficina de administración y reciben todas las notificaciones sin traducir.
La dominicana Gisela Concepción (62), una de ellas, recibió recientemente un importante aviso para actualizar su contrato de alquiler, pero no pudo acudir porque no estaba traducido y no entendía lo que le pedían.
«Necesito ayuda de mis vecinos para traducir todos los avisos que me mandan. Lo peor es que no puedo reportar cuando tengo un problema en mi apartamento porque en la oficina no me entienden», explicó.
NYCHA alega que su política es ofrecer siempre servicios lingüísticos gratis para los residentes que lo necesitan, y se asegurará de que los empleados de los «projects» mencionados se familiaricen con la misma.
Fuente: EDLP
jt/am

NUEVA YORK.- El ex taxista dominicano Ángel Guridy Cabral, que durante dos décadas burló a la justicia por el asesinato de su novia, Altagracia Valdez, el 16 de marzo de 1993, continúa utilizando todos los recursos legales a su alcance para dilatar su condena.
Aunque la sentencia en su contra se supone fuera impuesta este miércoles, el proceso se pospuso para el 3 de abril. Para esa fecha, el juez Martin Marcus dará a conocer su decisión sobre la moción presentada por sus abogados Milton Florez y John Calcagni para que se le retire la condena.
Guridy (54) mató a Valdez (24) y huyó a la República Dominicana; pero, en 2008, la Unidad de Casos Sin Resolver utilizando nuevas tecnologías de ADN identificó el semen de Guridy. En el 2012, se logró su extradición.
Sus abogados alegan que el juicio en su contra se basó en pruebas circunstanciales que no resistirán la apelación.
“Su única conexión fue la presencia del semen, pero incluso la experta de la Oficina del Examinador Médico, traída por la fiscalía, testificó que éste permanece en la vagina por tres días”, lo que no establece su presencia física en el apartamento.
También mencionan hipótesis no investigadas como que su asesino era un drogadicto o un narco que circulaba por el edificio. Otras versiones apuntan a una expareja.
Fuente: EDLP
jt/am