Cierto que “la historia reciente de la Iglesia en la República Dominicana exige una lectura atenta, crítica y equilibrada”, pero esa necesidad tiene poco que ver con la exaltación y justificación del rol en la historia reciente del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y Monseñor Agripino Núñez Collado.

Todo cambia, y en algo las entidades se tornan diferentes en épocas y periodos distintos. Pero hay valores, idearios, compromisos y convicciones que deben trascender esas variaciones epocales.

Más aún si la clase gobernante y el sistema político, económico y social imperante siguen al servicio a los intereses del gran capital y de las serviles élites de la oligarquía local y la partidocracia pervertida.

Más aún si la cultura dominante apuntala y refuerza todas las opresiones, discriminaciones y exclusiones, determinantes de muchas penurias, intensos sufrimientos y drásticas negaciones de derechos en la vida cotidiana de gran parte de nuestra sociedad. Este es el caso de nuestro país.

Yo sé que no todos los integrantes de la Conferencia Episcopal Dominicana piensan y actúan igual. Ahora es algo más variada su composición, más diversa, pero no lo suficiente; mucho menos lo necesariamente crítica del inhumano poder establecido aquí y en la gran órbita de sistema imperialista occidental.

Esa diversidad del episcopado no tiene en su seno ni la profundidad ni la fuerza necesaria para ir a las raíces y soluciones de los graves problemas que afectan esta sociedad y su inserción en este mundo capitalista afectado por la peor crisis de su historia.

Es bueno que Monseñor de la Cruz informe que, en la actualidad, los obispos, “en su gran mayoría”, no se identifican “con aquellas figuras principescas, sino como servidores del Pueblo de Dios…”

Eso, en cierta medida, podría facilitar una renovación de la Iglesia Católica.

Pero no basta, se queda corto, atrapado en una burbuja retórica de evangelización abstracta, al no enfrentar consecuentemente las causas de las negaciones de derechos a nuestras mujeres y a migrantes semi-esclavizados y vejados, las brutales desigualdades sociales, las crueles consecuencias de la homofobia, el neoliberalismo, el machismo, el adulto centrismo, los fundamentalismos y el odio racista contra el pueblo haitiano.

Evade, además, el Concordato trujillista, reproduce en esta época lo esencial de su apego al poder establecido, puesto que no enfrenta el aplastamiento de nuestra soberanía por EEUU, el neofascismo en auge, los genocidios de EEUU e Israel y potencias europeas, a la vez que ignora la denominada guerra global infinita decretada por el Pentágono y la OTAN.

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POR EMELYN HERASME

La COP30, realizada entre la selva amazónica y las calles de Belém, destacó por ser la primera celebrada en el corazón de la Amazonía, simbolizando una confrontación entre promesas globales y realidades locales. Lo más llamativo no fue la sala de negociaciones repleta de ministros, sino la multitud que ocupó la ciudad, con indígenas, activistas y artistas desfilando junto a una enorme cobra simbólica y presentaciones callejeras que exigían acciones y justicia climática.

Esta COP fue particularmente singular porque tuvo lugar en un contexto inédito, ya que fue la primera posterior al año en que, según observatorios internacionales, el planeta superó de forma sostenida el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, convirtiendo la emergencia climática en condición presente y no en una proyección. Ese dato cambió el sentido político de la negociación y elevó la exigencia por financiamiento inmediato y creíble.

Al mismo tiempo, se desarrolló en medio de las tensiones geopolíticas reactivadas por las políticas comerciales del gobierno de Donald Trump, cuyas tarifas globales impactaron los debates sobre comercio internacional, transición energética y cumplimiento de acuerdos ambientales.

La COP30 evidenció que ampliar montos es necesario pero insuficiente, sin mecanismos de entrega previsibles, transparencia efectiva y participación social, los recursos prometidos no se traducirán en reducción real de vulnerabilidades. Esta brecha es extremadamente letal para países con poca capacidad fiscal y fronteras costeras frágiles.

El término de “financiación climática” encierra no sólo una función técnica, es también una responsabilidad política y moral. Asignar recursos implica reparar daños, compensar desigualdades históricas y sostener transiciones justas. Esta doble dimensión convierte el tema en algo más que un ejercicio contable, pues muestra disputas de poder, prioridades divergentes y la necesidad de equilibrar justicia, capacidad financiera y urgencia ambiental.

La arquitectura financiera del clima ha ido acumulando instrumentos y promesas, el objetivo de 100.000 millones fijado en Copenhague (2009), la creación del Green Climate Fund y las sucesivas revisiones de las metas. Pese a estas instituciones, la movilización efectiva fue fragmentada y muchas veces condicionada a lógicas de cofinanciación que diluyen la adicionalidad del gasto climático.

En términos agregados, la distribución global de flujos muestra un desequilibrio que preocupa porque los datos recientes estiman que la financiación para adaptación en países en desarrollo ronda decenas de miles de millones, frente a más de un billón anual para mitigación, una relación aproximada de 1 a 10, cuando la necesidad de adaptación en el Sur se calcula mucho mayor.

El Green Climate Fund y otros mecanismos multilaterales han intentado corregir esta disparidad, comprometiéndose a equilibrar mitigación y adaptación en sus carteras, y a priorizar a países más vulnerables. Sin embargo, los instrumentos financieros siguen mezclando préstamos y subvenciones, lo que implica riesgos fiscales para receptores con limitado espacio presupuestario.

En Belém hubo avances concretos, la COP30 impulsó una agenda para triplicar la financiación de adaptación en la próxima década y lanzó hojas de ruta para fortalecer capacidades técnicas. Pero esas declaraciones incluyen ambigüedades sobre plazos, fuentes públicas versus privadas y condiciones de acceso, lo que deja abiertas las puertas a interpretaciones que pueden no traducirse en desembolsos operativos.

Un argumento recurrente sostiene que sin la movilización masiva de capital privado no será posible alcanzar los volúmenes requeridos; es técnicamente cierto. Sin embargo, la dependencia acrítica del sector privado sin reglas claras de adicionalidad y equidad reproduce desigualdades,partes del flujo pueden contabilizarse como “climático” sin mejorar la resiliencia local. La política pública debe combinar apalancamiento financiero con garantías de justicia.

En el caso de la República Dominicana, incluida en la categoría funcional de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), estas discusiones son existenciales. La exposición a huracanes, fuerte dependencia del turismo, restricciones fiscales y líneas costeras degradadas convierte la adaptación en una condición mínima de supervivencia. El país necesita recursos concesionales y no únicamente préstamos sujetos a la lógica del mercado.

La experiencia regional muestra fallas recurrentes en implementación de la financiación climática, porque muchos proyectos, aunque aparecen bien financiados en papel, fracasan por la falta de co-diseño con las comunidades, la limitada capacidad administrativa y la ausencia de auditoría social. La falta de control comunitario y de rendición pública debilita la confianza y reduce de forma significativa el impacto real de los fondos.

Algunos temen que condiciones estrictas ahuyenten inversiones privadas, pero la respuesta es tanto técnica como política. Reglas bien diseñadas, con criterios de adicionalidad, salvaguardas sociales y ambientales y mecanismos de blended finance que incluyan componentes no reembolsables, permiten atraer capital sin sacrificar equidad. No es cuestión de mercado versus Estado, sino de diseño institucional.

Para RD y otros PEID, la principal lección de Belém debe ser una agenda práctica que priorice transparencia verificable, financiamiento concesional para adaptación y espacios de control social con poder real. Con esto será posible transformar las promesas de la COP30 en capacidades concretas. El desafío consiste en desplazar el debate del relato simbólico hacia la ingeniería democrática que financie una verdadera democracia climática.

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