WASHINGTON.- Abordar el uso problemático de sustancias psicoactivas requiere que los sistemas de salud pública se apresten a incorporar acciones como la promoción de estilos de vida saludables, la prevención del inicio en el uso de drogas, la mitigación de los efectos adversos del consumo, el tratamiento y rehabilitación de la dependencia, así como la plena reintegración de la persona afectada. En esta afirmación coincidieron expertos que participaron en un debate organizado por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se observa cada 26 de junio. “El uso de sustancias psicoactivas ha sido reconocido como un problema importante de salud pública para las Américas, el cual lleva asociada una carga importante de muertes prematuras y discapacidad”, manifestó Francisco Becerra, subdirector de la OPS/OMS. “Aspectos como la combinación de múltiples sustancias, el abuso de fármacos de prescripción, el aumento en la disponibilidad de nuevas drogas sintéticas o el incremento de modalidades de administración más riesgosas, como la vía inyectable, constituyen elementos de preocupación para los gobiernos”, afirmó. Asimismo, el subdirector de la OPS/OMS destacó la “enorme brecha” de acceso a los servicios de salud que afecta a los usuarios de sustancias, en especial a aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), más de 40 millones de personas en las Américas (6,9% de la población de 15 a 64 años de edad) habían usado cannabis hasta 2006. Unos 10 millones habían consumido cocaína; 5,7 millones, estimulantes del tipo de la anfetamina; y 2,2 millones, heroína. En los últimos años, la tendencia en las Américas ha sido el uso creciente de drogas del tipo de la anfetamina, debido a la disponibilidad de los precursores químicos necesarios para sintetizar las metanfetaminas. En América del Sur, el consumo de cannabis y de cocaína también va en aumento. El enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas El asesor en Abuso de Sustancias de la OPS/OMS, Luis Alfonzo, señaló que el enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas lleva implícito el análisis del problema y de sus determinantes, pero también implica la organización de las respuestas desde los sistemas y servicios de salud, con una aproximación colectiva. “El foco no lo colocamos en la droga, sino en la persona”, subrayó. “Este enfoque centrado en la persona incluye no solo al usuario, sino a todos los que se ven afectados, de manera directa o indirecta, por el uso de sustancias psicoactivas”, aclaró Alfonzo y agregó que “este acercamiento al consumidor desde la salud, es independiente de la legalidad o no de una sustancia”. Asimismo, destacó el rol fundamental de los servicios de salud, pero enfatizó en que la aproximación al problema debe ser multisectorial y conlleva la participación activa de la sociedad civil. “El problema de las drogas es complejo, implica costos derivados de la atención del uso nocivo y la dependencia, pero también otros colaterales como los derivados de lesiones, violencia, descuidos de otros problemas de salud y la disminución de la productividad, acompañándose además, de barreras para el acceso a los servicios y grandes repercusiones sociales”. Para Alfonzo, uno de los mayores desafíos es integrar el tratamiento de los problemas por uso de sustancias a las redes de salud, otorgándole un papel fundamental en la respuesta a la atención primaria y a las intervenciones de base comunitaria. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador Paul Simons, consideró que el enfoque de salud pública en las políticas hemisféricas se ha ido fortaleciendo en los últimos años, a partir de esfuerzos conjuntos de la CICAD y la OPS. “El problema de las drogas afecta a todos los países de la región, pero en forma muy diferente”, señaló Simons. “Hay que enfocarlo desde una perspectiva de salud, no desde una perspectiva legal”, consideró. Simons agregó que el abordaje de la dependencia a las drogas requiere concentrarse en los determinantes sociales, en los factores de riesgo y de protección, y en establecer un continuo de servicios, que va desde la protección y la prevención, al tratamiento y los programas para evitar o reducir en el futuro, el uso problemático de sustancias. “Los esfuerzos de prevención requieren mucho más empeño y dedicación por parte de los países”, manifestó. El embajador describió que actualmente, la oferta de programas de tratamiento en los países de la región es fragmentada y carece de un enfoque en el sector público, quedando librados al servicio de proveedores de la sociedad civil, las iglesias o instituciones privadas. “Con OPS estamos trabajando en desarrollar un sistema de acreditación para los centros que proveen tratamiento, tanto ambulatorio como residencial, y también en ofrecer capacitación a quienes brindan asistencia a los grupos más vulnerables, en especial jóvenes y mujeres”. Simons reconoció la existencia de avances sobre este tema en el ámbito de la salud pública, los cuales están siendo impulsados por la CICAD y la OPS. Se ha fomentado en los países de la región, la formulación de políticas públicas sobre drogas, con la participación de diversos sectores, especialmente los Ministerios de Salud, las comisiones de drogas y la sociedad civil. En ese sentido, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas adelantó que están trabajando en el desarrollo de una guía para ayudar a los países a formular políticas de reducción de la demanda de drogas desde una perspectiva de salud pública. Romper el círculo Westley Clark, director del Centro para el Tratamiento del Abuso de Sustancias de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, consideró necesario “romper el círculo de uso indebido, delito y cárcel, y quebrar el estigma que sufren quienes abusan de las drogas o están en tratamiento”. Según datos de una encuesta realizada entre población hispana en los Estados Unidos, que fue presentada por Clark, el 95,4% de las personas que consumen drogas y tienen criterios para recibir asistencia, dicen no necesitar tratamiento. “Esto implica una dificultad a la hora de brindar tratamiento porque las personas no perciben que necesitan ayuda”, lamentó. “Nuestra sociedad reconoce que la diabetes es una enfermedad, que se puede prevenir y tratar. También que requiere de un cambio de conducta, de los estilos de vida y que puede ser tratada con medicamentos. Lo mismo aplica para el abuso de alcohol y drogas, cuyos usuarios con problemas deberían recibir un tratamiento holístico e integrado”, concluyó. Clark reconoció también, la importancia de abordar las condiciones que pueden llevar a algunas personas a consumir drogas, y señaló que las políticas y programas que se impulsen deben estar sustentados por datos confiables, tener un enfoque integral que mejore la provisión de servicios, y proteger los derechos humanos de las personas que sufren trastornos mentales o derivados del uso indebido de drogas. Prevención, tratamiento y recuperación son los tres ejes de trabajo, coincidió.