En nuestro país, hemos sido testigos que uno de los roles esenciales y prácticamente determinante ante ciertos acontecimientos nacionales que ha venido ejerciendo la Iglesia, ha sido su misión de la mediación y la concertación ante los conflictos políticos y sociales.

Cabe citar algunos ejemplos su rol en el año 1985, cuando promovió el Diálogo Tripartito (entre el gobierno, empleadores y trabajadores) que hizo posible el nuevo Código de Trabajo, promulgado en 1992 y que puso fin a una situación de conflictos complicados y permanentes entre trabajadores y empleadores. Estos diálogos coadyuvaron a una paralización y disminución de huelgas laborales en el país.

Asimismo, haber participado y promovido iniciativas como el Pacto de Solidaridad Económica de 1990, el Acuerdo de la Comisión de Educación que puso fin a una huelga de maestros y representó importantes conquistas para el Magisterio Nacional en 1991.

También la Agenda Nacional concertada entre la sociedad civil y los partidos políticos en 1993, en donde se acordó en ese momento histórico, mejorar, por mencionar algunos puntos: El escaso desarrollo de una cultura democrática, la disfuncionalidad de la justicia, el poder municipal diluido y erosionado, la poca capacidad de reacción de la sociedad ante los problemas, el afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana.

De igual manera, su aportación en el Acuerdo por una Campaña Electoral en un Clima de Paz, el Pacto de Civilidad y el Pacto por la Democracia en 1994, que posibilitó la superación de una crisis política que mantenía al país al borde de la ingobernabilidad y de caer en un vacío institucional.

Otros logros de la concertación social son las reformas al sistema electoral en 1992; los códigos arancelarios y tributarios en 1992; y el acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para superar una crisis política alrededor de la Junta Central Electoral en marzo de 1999.

Asimismo, su voz y liderazgo ha sido oportuno para iluminar y explicitar algún acontecimiento significativo; a los fines de que se enfoquen esfuerzos, atención y puedan así canalizarse soluciones a situaciones como, por ejemplo: la indiferencia e insensibilidad ante el rostro amargo e inhumano de la pobreza, la desigualdad social y económica, la descomposición familiar, las enfermedades, la degradación del medio ambiente y los recursos naturales, la corrupción, la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la prostitución, el narcotráfico, la explotación del ser humano, el desempleo, entre otras crudas realidades.

Visto lo anterior, entendemos que, ante el anuncio y la implementación de un paquete de reformas a la fiscalidad, electricidad, la seguridad social, el Código Laboral y a la Policía en los momentos actuales; los cuales han venido generando preocupaciones e inquietudes de parte de los diversos sectores de la sociedad.

En cuanto a la propuesta de Ley de Modernización Fiscal se tuvo que retirar del Congreso Nacional por no contar con el debido consenso para ser aprobada, a pesar de que se entiende la necesidad de esta.

En este punto último, el país requiere procurar los consensos necesarios, y así realizar los ajustes estructurales requeridos que impacten favorablemente la economía, a fin de que los compromisos financieros sean sostenibles de manera fiscal y macroeconómica en el tiempo. Se arguye que posponer dicha reforma podría provocar un grave costo para la economía dominicana, e impactar de manera desfavorable el bienestar social.

En ese orden, urge que la Iglesia promueva y active una vez más, su papel y liderazgo en la resolución alternativa de conflictos, asumiendo como método la mediación a través de la herramienta del diálogo para que se logre concertación social y política que se requiere para estos temas tan cruciales.

Finalmente, entender que para construir la paz desde la justicia y la concertación social, es necesario mayor involucramiento, responsabilidad y compromiso de quienes procuran dicho propósito. Ya que nadie puede pregonar con sentido un discurso aprendido sobre la justicia, el diálogo, la caridad y una cultura de paz; si los que hablan o dicen facilitar los procesos no muestran que ellos mismos son constructores internos de los procesos de solución.

¿Qué figura debería ejercer el rol de mediador para lograr la concertación política y social que se requiere para aprobar el paquete de reformas?

Por FERNANDO RODRIGUEZ C. 

La figura controversial del general Antonio Imbert Barrera es objeto de un nuevo libro sobre su vida desde el complot contra el tirano Rafael Trujillo Molina y la revuelta constitucionalista de abril del 65, periodo en el que este tuvo una participación  de primer orden.

Imbert se prestó a encabezar el gobierno de Reconstrucción Nacional apoyado por la fuerza interventora de los EE-UU. que asesinó a mansalva a cientos de jóvenes en los barrios de la parte alta de la ciudad por la simple sospecha de participación en la Guerra Patria contra el interventor norteamericano.

Rafael Darío Herrera, laureado escritor, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana, autor de varias obras sobre el acontecer histórico del país y la Región Noroeste, es un acucioso investigador sin vínculos con el poder ni con familias que puedan influir en sus trabajos, se empeña en presentar los hechos históricos en los que el general Imbert Barrera participó activamente contra el tirano sobre todo después de su destitución de la gobernación de Puerto Plata y el encarcelamiento de su hermano Segundo Imbert por orden de Trujillo.

El autor no hace juicios de valor y expone los hechos de manera objetiva para que cada quien saque sus propias conclusiones.

jpm-am

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció recientemente que convocaría para la semana entrante al Consejo Nacional de la Magistratura, para la escogencia del nuevo procurador general de la República, el cual, de acuerdo a la Constitución, sería inamovible durante cuatro años, al menos que sea objeto de un juicio de parte del Poder Legislativo.

Se espera que se trate de un o una profesional del derecho conocida, de ejercicio intachable, de sólida formación académica y al margen de los partidos políticos, lo que sería un perfil similar o próximo al de Miriam Germán Brito, quien ocupa el cargo desde el 16 de agosto del 2020 y solo está a la espera de su sustituto.

Germán Brito es una abogada de prolongado ejercicio de la abogacía, que se inició en la judicatura como jueza de paz en 1974, fue escalando posiciones hasta llegar a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia en el año 2012, siendo excluida del pleno días después de ser humillada públicamente por Jean Alain Rodríguez, un 4 de marzo de 2019.

La población la percibió como una víctima y su crédito y prestigio públicos se elevaron por las nubes, al punto de que diferentes sectores de la vida nacional, al producirse el triunfo del PRM y de Luis Abinader, el 5 de julio de 2020, demandaron al presidente electo que sea designada como cabeza del Ministerio Público. La población sintió estar en deuda con esa dama y la asumió como suya.

Se recuerda que, el 16 de agosto de 2020, Germán Brito fue juramentada por Luis Abinader. El jefe de Estado le garantizó plena independencia en sus funciones, gesto que contó con la aprobación de la opinión pública. Al pasar 4 años y meses, junta a Yeni Berenice Reinoso y Wilson Camacho, se puede expresar, de forma desapasionada, que se trata del equipo que exhibió mayores luces al frente del Ministerio Público en toda la historia dominicana.

Combate

Ha sido la primera experiencia de combate a la impunidad de forma relativa. Se han sancionado escandalosos actos de corrupción pública, que la población ignoraba, investigados y documentados con múltiples pruebas, lo que ha contribuido a que los expedientes sean acogidos por los tribunales y se dicten medidas de coerción contra decenas de imputados, involucrados en actos dolosos contra el erario.

Alegar persecución política ha sido un pretexto infeliz, como efecto hizo el expresidente Danilo Medina, cuando varios de sus hermanos fueron apresados por corrupción pública. No quiso ver lo que todos vieron o simplemente es un apoyador. Persecución política hubo contra Salvador Jorge Blanco, apresado porque supuestamente, desde los Comedores Económicos, se compró piñas a 6 pesos la unidad. Si hubo sobrevaluación en alguna compra, le correspondía al administrador de esa institución responder judicialmente, nunca meter al medio al antiguo presidente de la República, por un hecho que no cometió.

Con respecto a la gestión del presente Ministerio Público no se puede alegar, de igual manera, que solo ha sabido conocer casos de personajes de gobiernos anteriores. Hay que recordar que Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez fueron destituidas del Ministerio de la Juventud por irregularidades menores cometidas durante su desempeño. Y que Luis Maisichel Dicent fue encontrado culpable de corrupción en la Lotería Nacional y fue enviado a prisión. Hasta a Leonardo Faña lo separaron del Instituto Agrario Dominicano y finalmente fue apresado por un lío de falda que nada tuvo que ver con la institución.

El caso más reciente envuelve al INTRANT y a su director, Hugo Beras, así como a Jochy Gómez y a otros jóvenes, todos acusados de corrupción pública, asociación de malhechores, terrorismo, falsificación de documentos, sabotaje, delito de alta tecnología, contrabando y lavado de activos.

Esos datos confirman que Miriam Germán administró justicia con apego a la ética y de forma independiente, pese a todas las presiones recibidas desde diferentes instancias, exceptuando, naturalmente, a la persona del presidente de la República, que según se informa nunca llamó a la procuradora para tratarle caso judicial alguno.

Todavía no se sabe si Yeni Berenice Reinoso y Winson Camacho serían ratificados o no, porque en cierta medida depende de la decisión del nuevo procurador general de la República. Posiblemente hasta el propio jefe de Estado se abstenga de hacer recomendaciones, porque ahora sí, desde el punto de vista constitucional, se trataría de un funcionario independiente desde el mismo momento en que sea ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Son muchos los nombres que suenan para ocupar el cargo de procurador, pero posiblemente el presidente de la República busque cierto consenso entre miembros del CNM. Se supone que jamás lo haría con los dos representantes que tiene la Fuerza del Pueblo, pues sea cual sea la escogencia que haga Abinader se opondrían de todas maneras.

Se cree por adelantado que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el secretario de ese alto tribunal no pondrían objeción a la persona propuesta por el presidente de la República, partiendo de que hasta ahora no se ha registrado ningún conflicto público entre ambos poderes e inclusive la SCJ ha tenido afinidad con el Ministerio Público en los casos conocidos por corrupción pública.

Es una atribución exclusiva del jefe de Estado el presentar ante el CNM al próximo procurador general de la República, pero no se ve bien ante la población que se produzca objeción desde algún miembro de la SCJ, porque sumado a los dos legisladores de la Fuerza del Pueblo, estaríamos en presencia de un acto conflictivo, máxime que, con la exclusión del procurador general de la República de ese organismo, Abinader solo contaría con los votos de los presidentes de las cámaras legislativas.

De todos modos, a alguien habría que aprobarle al presidente para llenar el puesto de esa importante institución, pero la mayor satisfacción que el jefe de Estado debía dar no es a los integrantes del CNM, sino a la población dominicana. Y esa satisfacción se daría con una designación que produzca una aprobación mayoritaria, por tratarse de un nuevo procurador capaz de ponerse las botas de Miriam Germán, en términos profesional y ético.

jpm-am