Hoy en día la investigación forense es una de las actividades de más importancia en la solución de muchos de los crímenes que se cometen en el mundo y va de la mano con otra ciencia de gran jerarquía en el ámbito penal como es la Criminología. Ambas disciplinas requieren y demandan grandes exigencias en la normativa procesal penal ya que el perito investigador necesariamente tiene que estar dotado de un amplio y efectivo dominio de los conocimientos criminológicos que le permitan emplearse a fondo en el logro de unos resultados precisos y concordantes cuando se trata de descubrir donde se encuentra la responsabilidad en la comisión de un delito que en algunos casos están matizados de ciertas complejidades. La capacitación del investigador es sin lugar a dudas fundamental para la obtención de resultados serios y tangibles en todo lo que tiene que ver con la comisión de un crimen, así como en otras delicadas áreas del ilícito penal. En nuestro país es innegable que existen ciertas deficiencias en esa especialidad, aunque en honor a la verdad debemos considerar que se han hecho algunos tímidos avances en el orden investigativo. Pero sabemos que sigue siendo el talón de Aquiles en nuestro sistema procesal penal. Nuestra condición de psicóloga, titulada con una maestría en Justicia criminal, criminología e investigación, profesión y especialidades que hemos abrasado con gran entusiasmo y dedicación, nos conceden cierta autoridad para externar los conceptos que aquí se vierten, entendiendo que nuestro país requiere de grandes cambios en el orden investigativo, precisamente en una época donde lamentablemente el crimen arropa y estremece sociedades, no siendo la nuestra una excepción, pues presenta una indeseada y elevada tasa de criminalidad, que no solo debemos combatir sino también llevar a su mínima expresión. Es una realidad preocupante que amerita una férrea confrontación de las autoridades encargadas, pero dotadas las mismas de plenos conocimientos en cuanto a los mecanismos de operación del peritaje científico, con los cuales puedan lograr descubrir sobre quien o quienes recae la responsabilidad de los hechos punibles y la preparación de la acusación en todo su contexto, como pieza fundamental para una buena y efectiva administración de justicia. El principal compromiso en la investigación forense es el de presentar resultados legítimos, fidedignos y concordantes, obtenidos dentro del marco de todos los medios que se presenten al investigador, pues solo eso garantiza una efectiva protección para nuestro pueblo ya que con ello se obtiene una sana y genuina administración de justicia por parte de los tribunales penales. No podemos continuar llevando la investigación forense-criminal en las condiciones en que actualmente se desenvuelve, muchas veces de forma empírica y sin ningún criterio científico que la avale. En ocasiones con grandes lagunas de contaminación de escenas de crimen que no ofrecen en lo absoluto resultados irrefutablemente acreditados. Los elementos que conforman la prueba que va a destruir frente al juzgador la presunción de inocencia del penalmente encartado, deben estar cimentados sobre bases precisas, serias e irrefutables, fuera de toda duda razonable, realizados con sentido profesional y sobretodo imparcial, acordes solamente con los elementos constitutivos de la infracción criminal que ha sido sometida a investigación. Vemos con pena como en el país los departamentos de investigaciones criminales que tienen a su cargo las pesquisas de un crimen, se encuentran dotados de un personal tímidamente calificado para tales fines, con ligeros estudios de capacitación en esa disciplina, si es que así lo pueden exhibir. Carecen de las modernas herramientas que hoy existen y que requiere la investigación forense y los resultados obtenidos, los trabajos realizados se contaminan y quedan envueltos en el manto de la duda y la incredulidad, pues no ofrecen una experticia confiable y de calidad, que fortalezca ciertamente la condición de culpabilidad del o de los responsables de la comisión de un crimen y entonces al final este queda impune, porque el juzgador ha recibido un expediente acusatorio vacío, con pruebas insostenibles que favorecen al criminal, sencillamente porque las pruebas no fueron manejadas con suficiencia y la culpabilidad del justiciable no resultó ser categórica e irrefutable. Uno de los aspectos de mayor trascendencia en la investigación forense es el de las huellas dactilares. Es tal vez el principal aliado del investigador en el campo del peritaje científico, toda vez que a través de la toma de huellas, en una escena donde se ha cometido un ilícito penal, se han podido esclarecer las identidades de los responsables de la comisión del hecho. Sin embargo hace pocos días, pudimos leer con asombro unas declaraciones del Procurador General de la República, figura cimera del Ministerio Público, donde manifiesta “que en el país no existe un banco de datos de huellas dactilares”. La no existencia de un banco de huellas en el país, pone en entredicho la seriedad de los trabajos de investigación forense. No nos explicamos cómo las autoridades que están al frente de los estamentos investigativos de la nación, no se han puesto de acuerdo para crear un banco de datos de huellas dactilares con la ayuda de la Junta Central Electoral, organismo gubernamental que entre otras cosas tiene a su cargo la cedulación de cada ciudadano, desde hace muchos años y que ha venido tomando para fines de identificación, los datos biométricos y las huellas dactilares de toda la ciudadanía que ha alcanzado la edad de 16 años, presumiendo nosotras que este organismo electoral pudiera aportar a los susodichos cuerpos de investigación todo ese material obtenido, para crear un amplio banco de datos biométricos y huellas dactilares, con instrumentos y equipos de alimentación modernos y manejado exclusivamente por personas altamente cualificadas en la materia. Para mejorar sustancialmente la alta tasa de criminalidad existente en el país, varias condiciones deben ser consideradas con atención esmerada ya que son fundamentalmente necesarias. Una condición de primer orden es que el gobierno dominicano tiene que seguir destinando amplios recursos, como ahora lo está haciendo, en la educación de nuestra juventud, a fin de que esta se instruya y pueda insertarse en la sociedad y en el área laboral sin estrecheces económicas que lo sitúen en el camino de la delincuencia. Pero también el Estado así como el sector privado, tienen que crear fuentes de trabajo que permitan el desarrollo de estos jóvenes. Lamentablemente en un país con recursos limitados como el nuestro existe todo un abanico de carestías que resultan un acertijo difícil de desentrañar, pero que las instituciones tanto en el nivel público como privado, tienen que trabajar en los correctivos de las mismas, para conseguir una sociedad segura y con una tasa de baja criminalidad. Por otro lado, es necesario proceder sin dilación a la contratación y capacitación del personal a cargo de la investigación forense en nuestro país, pues esto se traducirá en una mejoría y un fortalecimiento de la justicia dominicana. Sin un personal altamente competente, bien remunerado, para desempeñar una labor a tono con las exigencias de los países más avanzados en la lucha contra el crimen, no podremos arribar a la obtención de una mejor calidad de vida dentro de la sociedad en que vivimos. El ejecutivo tiene que hacer esfuerzos tangibles para dotar a los organismos de investigación, no importa dentro de la institución gubernamental donde estén ubicados, llámese Policía Nacional, Ministerio Público, Departamento Nacional de Investigaciones o Instituto Nacional de Ciencias Forense (INACIF), de un personal competente y capacitado, cuya labor esté enmarcada dentro de los más exigentes parámetros de seriedad, ética y profesionalidad, con instrumentos de trabajo de alta tecnología que les permitan ofrecer resultados científicos incuestionables que resulten de gran ayuda en el combate de la criminalidad. Otro elemento digno de atención es, que aunque en nuestro país casi todo el quehacer en que se desenvuelve la sociedad está viciado y salpicado por la política partidista, debemos convenir en que las instituciones a cargo de las investigaciones que tienen que ver con la lucha contra el crimen, deben ser dirigidas por personas que además de cualificadas y especializadas, no se parcialicen y se dejen influenciar atendiendo a compromisos y banderías políticas. Que su trabajo se desenvuelva dentro de los parámetros de equidad e imparcialidad que corresponde y exige esta disciplina. Las posiciones controversiales dilucidadas a nivel público en el ámbito de la investigación forense no ayudan en nada al sistema porque la experticia se contamina y parcializa. Es bajo todo punto de visto contra indicado airear los resultados de una investigación profesional en el ámbito forense a través de los medios públicos, pues son los tribunales los únicos llamados a conocer, determinar o analizar la validez o no de los trabajos que se realizan en este sentido. Al utilizarse este dislate corremos el riesgo de no solo contaminar los medios de prueba, sino también de parcializar los resultados del trabajo realizado, y por ende corromper el proceso penal inclinándolo a favor del responsable de la comisión del ilícito frente al juzgador. La labor de investigación queda adulterada o por lo menos viciada con opiniones que pueden inclinar la balanza de forma contraria a la ley. En el contexto judicial y policial de nuestro país, se es muy dado a debatir públicamente y sin ningún principio de profesionalidad los resultados de una investigación forense, eximiéndose las autoridades encargadas de guardar las formas que aconsejan los trabajos de alta tecnología investigativa, llevándolos al plano de una polémica o discusión que hace difícil por no decir estéril la consumación de una justicia sana y robustecida. Existen en todos los países civilizados del mundo, formas especializadas de estricto control que mantienen la investigación forense y sus resultados en un círculo de hermetismo donde no tienen acceso los particulares y sólo se conoce de los pormenores cuando los peritos han concluido y ofrecen algunas informaciones. Todas las investigaciones periciales a que son sometidos los casos de orden criminal en los Estados Unidos, así como en otros países desarrollados, están amparadas por un férreo hermetismo, a fin de evitar la contaminación de las mismas. En la República Dominicana hay que trabajar esforzadamente para lograr situarnos en ese sentido al mismo nivel de esos países. Es verdad que a la sociedad le interesa conocer los pormenores de una investigación, especialmente en aquellos casos de alta significación criminal, pero también es cierto que los forenses tienen que guardar reservas de su labor, hasta tanto no concluyan de forma definitiva el caso y este sea transferido con todas las de la ley a los encargados de impartir justicia. Es por consiguiente necesario que un investigador reconozca cuáles son las limitaciones que le impone su autoridad. Como defensor de la ley es de principio reconocer que la misma le determina los límites que tiene en el ejercicio de sus funciones. Es un hecho cierto que el delito siempre existirá en una proporción alta o baja dependiendo del lugar donde las instituciones para combatirlo se desarrollen apropiadamente, pero también es irrebatible el hecho de que a mayor preparación o capacitación de aquellos llamados a combatirlo y a investigarlo, menor será la tasa de incidencia delictual que se tenga. El investigador forense como su nombre lo indica es tan solo el ente que con su trabajo desentraña los pormenores del crimen cometido. No es un juzgador y su labor se ve coronada con el éxito cuando como producto de su labor investigativa obtiene los medios de prueba que sindican al responsable de la comisión del crimen. No está autorizado a convertirse en juzgador. No tiene la calidad de aplicar castigos de forma extra judicial como sucede en muchos casos en nuestro país, donde la condena la aplica el investigador y no el juzgador, excediéndose esa condena en muchas ocasiones hasta la supresión de la vida de forma indiscriminada. En lo que se refiere a la presentación de pruebas después de realizada y finalizada una investigación, el perito forense debe preocuparse por perseguir al delincuente responsable, someterlo a la justicia, con las pruebas acumuladas de forma imparcial, sin alteración alguna, pasando por alto las distinciones políticas, sociales y de cualquier otra índole que existan entre la o las personas involucradas, fortaleciendo así la confianza en la ciudadanía y sobre todo la integridad de su trabajo como investigador. El investigador forense debe siempre considerar el cumplimiento de sus obligaciones, como algo que le ha sido confiado y reconocer su compromiso con la sociedad como servidor público, valiéndose de los conocimientos y experiencias obtenidos por medio de un estudio diligente. Tiene que ser un consagrado a las exigencias que le impone su trabajo y a su propia profesionalización, para que la ciudadanía, que espera lo mejor ante cualquier hecho punible se sienta confiada. Debe aplicar criterios científicos en su forma de manejar la investigación. Es necesario que haga un esfuerzo por ejercer un desempeño efectivo en la solución de asuntos que afecten la seguridad pública, apreciando la importancia de su profesión y entendiendo definitivamente que a través de esa honrosa disciplina presta un valioso servicio a sus congéneres y a su país.