SANTURCE, Puerto Rico.- Un modesto negocito de recolección de metales para poder pagar los gastos de la enfermedad de su mamá, sin depender del Gobierno, se convirtió en la pesadilla de una mujer y su esposo dominicano, quien fue deportado.
Aunque apenas tenía dos pequeños motores de abanico y unos cuantos cables de enseres eléctricos para vender a un centro de acopio, un batallón de 14 patrullas con agentes llegó hace un año a casa de Luz N. Sánchez Rojas en un operativo gigantesco en el que hasta cerraron la calle.
Ella los dejó entrar porque había ido a la Torre Municipal de San Juan a orientarse de todo lo que necesitaba para continuar sus labores.
Pero allí solo le dieron un permiso provisional sin hablarle de todos los demás requisitos, alegó Luz.
Por eso dejó entrar a los agentes sin pensar que minutos después la arrestarían frente a sus cuatro nietos, su biznieto y su madre, quienes se tuvieron que quedar solos.
A su esposo, Darmasio Valdez, natural de la República Dominicana, y quien llevaba 20 años viviendo en Puerto Rico, también lo arrestaron aun cuando Luz les insistió en que él no tenía nada que ver con el negocio.
A eso le siguió una mala representación legal en que nunca le advirtieron que si se declaraban culpables la deportación de Darmasio podía ser inminente.
“Yo soy hija única, tengo que cuidar de mi mamá que no se puede valer ella sola. Si salgo a hacer otro trabajo entonces el Departamento de la Familia me acusa de maltrato. Mi esposo era quien me ayudaba, pero al estar deportado ya no sé qué hacer”, lamentó tratando de aguantar las lágrimas.
Para abonar al asunto de discrimen indicó que a ella le impusieron $600 de fianza mientras que a su esposo, que no manejaba la venta, le espetaron $3,000 y lo refirieron a las autoridades de Inmigración.
José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, no descartó presentar una querella ética en contra de los agentes que diligenciaron el arresto. Contó que en una ocasión él presenció una intervención contra el dueño de un almacén repleto de metales, a quien nunca arrestaron.
Los nuevos abogados de Luz, Antonio Figueroa Rodríguez y Melissa López Rosado, recordaron que hay un caso que sentó precedente en que se determinó que el Gobierno no puede ser selectivo a la hora de imponer la ley, y de así hacerlo, se exponen a que se desestime el caso judicial.
“Aquí hubo un proceso selectivo de aplicabilidad de la ley. Eligieron a una víctima como su conejillo de Indias y hasta allí fueron con 14 patrullas. Eligieron a quién le aplicaría”, denunció Figueroa.
Según López Rosado, la práctica de las autoridades es de orientar a los negociantes para que tengan sus permisos al día, y casi nunca hacen arrestos, mucho menos con tanto despliegue de agentes.
Aunque Primera Hora solicitó las estadísticas de cuántos arrestos y enjuiciamientos se han realizado por la Ley 41, que busca detener el robo de metales, en la Policía no tenían los datos concretos para ofrecerlos.
jt/am

SAN JUAN.- Tres individuos fueron acusados por el asesinato del comerciante dominicano Freddy Antonio Pinales, ejecutado frente a su esposa y un menor de edad el pasado 2 de noviembre en la carretera PR-852, de Trujillo Alto.
Pinales, en cuyo vehículo fueron ocupados más de US$125,000, vivía a pocos pasos de la escena, en el Reparto Xiomara, también en Trujillo Alto.
Contra Rafael Ramírez Rivera, de 44 años; Luis E. Carrasquillo Rosa, de 32; y Joaquín M. Saint Hilaire, de 29; se presentaron denuncias por asesinato, violación a la Ley de Armas y conspiración. La fiscal Vanesa Birriel presentó la prueba ante la jueza Madeline Vega, quien encontró causa con fianza de $4 millones a cada uno.
Con esta acusación, ya son tres asesinatos por los que el Estado acusa a Carrasquillo Rosa, quien fue excarcelado para enfrentar los nuevos cargos.
Conocido como Wito, el hombre fue acusado el 6 de marzo por matar a Carlos B. Colón Villafañe el 18 de enero en Ceiba, y por quitarle la vida a Axel Manuel Troche Cruz el 24 de noviembre en Fajardo.
Ramírez Rivera fue arrestado por la división de Homicidios Carolina, en Barrio Obrero.
Mientras, Pinales fue excarcelado del Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo luego de que fuera arrestado junto a Gabriel De La Cruz Montero por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Fajardo por cargos de narcotráfico.
Según las autoridades federales, el pasado 26 de noviembre un avión del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó una embarcación de 28 pies de largo a unas 15 millas al sur de Ponce.
Supuestamente los ocupantes de la nave lanzaron varios paquetes al agua y De La Cruz Montero también se lanzó al mar. En la nave se ocuparon 30 paquetes con cocaína y se arrestó a dos hombres.
Según el gobierno federal, Saint Hilaire esperaba por la droga junto a otros ocho hombres en una playa de Ponce.
Este caso federal lo trabaja la fiscal Kelley L. Tiffany.
Fuente: PRIMERA HORA
jt/am

SAN JUAN.- Tres individuos fueron acusados por el asesinato del comerciante dominicano Freddy Antonio Pinales, ejecutado frente a su esposa y un menor de edad el pasado 2 de noviembre en la carretera PR-852, de Trujillo Alto.
Pinales, en cuyo vehículo fueron ocupados más de US$125,000, vivía a pocos pasos de la escena, en el Reparto Xiomara, también en Trujillo Alto.
Contra Rafael Ramírez Rivera, de 44 años; Luis E. Carrasquillo Rosa, de 32; y Joaquín M. Saint Hilaire, de 29; se presentaron denuncias por asesinato, violación a la Ley de Armas y conspiración. La fiscal Vanesa Birriel presentó la prueba ante la jueza Madeline Vega, quien encontró causa con fianza de $4 millones a cada uno.
Con esta acusación, ya son tres asesinatos por los que el Estado acusa a Carrasquillo Rosa, quien fue excarcelado para enfrentar los nuevos cargos.
Conocido como Wito, el hombre fue acusado el 6 de marzo por matar a Carlos B. Colón Villafañe el 18 de enero en Ceiba, y por quitarle la vida a Axel Manuel Troche Cruz el 24 de noviembre en Fajardo.
Ramírez Rivera fue arrestado por la división de Homicidios Carolina, en Barrio Obrero.
Mientras, Pinales fue excarcelado del Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo luego de que fuera arrestado junto a Gabriel De La Cruz Montero por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Fajardo por cargos de narcotráfico.
Según las autoridades federales, el pasado 26 de noviembre un avión del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó una embarcación de 28 pies de largo a unas 15 millas al sur de Ponce.
Supuestamente los ocupantes de la nave lanzaron varios paquetes al agua y De La Cruz Montero también se lanzó al mar. En la nave se ocuparon 30 paquetes con cocaína y se arrestó a dos hombres.
Según el gobierno federal, Saint Hilaire esperaba por la droga junto a otros ocho hombres en una playa de Ponce.
Este caso federal lo trabaja la fiscal Kelley L. Tiffany.
Fuente: PRIMERA HORA
jt/am