¡No golpeéis, no injuriéis a vuestros hijos! Hace siglos que los hombres se devuelven los golpes que recibieron cuando niños. Mauricio Carrière

Aunque sin lugar a duda existió un derecho penal precolombino evidenciado en Sudamérica a través de la cultura inca, y en Mesoamérica en las costumbres de los pueblos aztecas y mayas, no podemos afirmar sin embargo, que hubiera disposiciones legales especializadas en el tratamiento de delitos cometidos por niños y jóvenes. 

Es a partir del período republicano cuando en Latinoamérica se empieza a legislar en “materia criminal”. Pero aún así, todavía a finales del siglo XIX, cuando ya todos los países independizados habían afianzado sus respectivas constituciones políticas y disponían de un elevado inventario de códigos, incluso en cuestiones penales, el tema de la criminalidad juvenil no era objeto de una atención particular.

Es debido a la enorme influencia que en los pueblos latinoamericanos ejerció la transnacionalización de las ideas aportadas en principio por la escuela positivista y más adelante por la escuela de la defensa social, por lo que a inicios del siglo XX se empieza a observar el interés de la región por la legislación infantil. En tal actitud jugaron un rol preponderante las crecientes inquietudes europeas y norteamericanas, que dieron por resultado la celebración de numerosos congresos internacionales para abordar el tema. Así, la legislación sobre el derecho penal de menores en nuestra región, empezó a florecer cuando en 1919 se promulgara en Argentina la primera reglamentación especializada en ese ámbito jurídico. Ese ejemplo fue seguido por Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela en los años 1929, 1932 y 1939 respectivamente. También Panamá en 1951 y República Dominicana en 1954, promulgaron sus leyes específicas sobre el derecho penal de menores. Cimentándose en las doctrinas positivistas-antropológicas, el desarrollo de esas legislaciones en Latinoamérica continúo acentuándose consistentemente hasta 1960. 

En la década de los 60 se produce un renovado impulso, cuando en 1962 Perú promulgó sus leyes específicas y Costa Rica y Chile lo hicieron también en los años 1963 y 1967; luego Colombia en 1968, y en 1969 tanto Guatemala como Honduras. Igualmente, la década de los 70 acusó un notable avance, con la promulgación en 1973 de las leyes específicas de México, Nicaragua y El Salvador; las de Bolivia, Venezuela y Ecuador, en 1975; y la de Cuba en 1979. En todo ese período, el afianzamiento del derecho penal de menores se produce exhibiendo una marcada inclinación hacia la defensa de la sociedad, fundada en los criterios de peligrosidad y en teorías de subculturas criminales.

A pesar de que tanto las concepciones ideológicas del positivismo como de la escuela de defensa social, se hospedaron cómodamente en todas las legislaciones generales y por tanto fueron de enorme influencia en la codificación penal, sin embargo fue en el derecho penal de menores donde esas ideas encontraron su mayor nivel de expresión. De ahí, el paso tan importante dado, de excluir al menor que delinque, del derecho penal común, aun a expensas de alterar todo el sistema de garantías para el adulto que el mismo reconoce.

Al suplantar el principio fundamental de culpabilidad por el de peligrosidad, esas legislaciones específicas convirtieron el derecho penal de menores, en un derecho penal de autor. Esto conllevó la instauración de pautas concretas en el ámbito particular del derecho penal de menores, tanto en el recinto característico como formal, por ejemplo, la conducta pre delictiva, la situación irregular y la sentencia indeterminada. Esas nuevas premisas, aún vigentes en diversas legislaciones latinoamericanas, tendrían sin embargo, la justificada objeción de haber servido para denegar a los menores infractores, la posibilidad de invocar preceptos basados en los derechos humanos que les serían favorables, tales como la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad y el derecho de defensa, entre otros. Un hito de profunda relevancia en la historia del derecho de menores en Latinoamérica, quedó sellado con la divulgación en 1989 de la Convención General de los Derechos del Niño, cuyas cláusulas dieron origen a que en los años 90, los países comprometidos iniciaran profundas reformas legislativas en la región, como sucedió en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Costa Rica.

Los estudios criminológicos sobre la infracción juvenil, revelan el carácter multi-causal del fenómeno, a pesar de lo que se pueden señalar algunos factores específicos que parecen haber incidido más que otros en su aumento a partir de la II Guerra Mundial. Igualmente, son factores que se atinan en la base de la delincuencia juvenil el escollo de grandes capas de la juventud de constituirse en el sistema y en los valores que éste promociona como insuperables y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la propia subcultura que forma la infracción que se transfiere de pandilla en pandilla, de manera que cada nuevo incondicional trata de rivalizar, y si es permitido destacar, las acciones violentas efectuadas por los miembros primeros del grupo.

1. La violencia

De esta manera la violencia consiste en la presión practicada sobre la voluntad de una persona, ya  mediante de fuerzas materiales, ya asistiendo a amenazas, para constreñirla a hacer la vista gorda en un acto jurídico. La violencia es un mecanismo que se localiza en general en la infracción juvenil y es uno de los agentes que intervienen a los jóvenes a ejecutar actos ilícitos llevados por la violencia.

2.- Causas de la Violencia.

El portento de la violencia es muy complicado. Hay muchas causas, y están íntimamente relacionadas unas con otras y conllevan a la infracción de menores. En general se concentran en biológicas, psicológicas, sociales y familiares. Tan sólo por nombrar algunos ejemplos dentro de cada conjunto, tenemos:

A. Causas Biológicas.

Se ha indicado al síndrome de déficit de cuidado con hiperactividad, como origen de dificultades de conducta, que adicionales al ímpetu particular del síndrome, pueden engendrar violencia. Un estudio con niños hiperquinéticos reveló que solo aquellos que tienen dificultades de conducta están en mayor peligro de convertirse en adolescentes y adultos violentos. La conclusión es que hay que hacer un esfuerzo para aportar a aquellos niños hiperquinéticos con dificultades de conducta recursos terapéuticos más adecuados e intensos.

Los trastornos hormonales también pueden relacionarse con la violencia: en las mujeres, el síndrome disfórico de la fase luteinica se describió a raíz de los problemas de violencia presentes alrededor de la menstruación, especialmente en los días 1 a 4 y 25 a 28 del ciclo menstrual, pero el síndrome no se ha validado con estudios bien controlados, aunque se ha reportado que hasta el 40 por ciento de las mujeres tienen algún rasgo del síndrome y que entre el 2 y 10 por ciento cumplen con todos los criterios descritos para éste. De 50 mujeres que cometieron crímenes violentos, 44 por ciento lo hizo durante los días cercanos a la menstruación, mientras que casi no hubo delitos en las fases ovulatoria y post ovulatoria del ciclo menstrual 4. Con frecuencia, el diagnóstico de síndrome disfórico de la fase luteinica está asociado con depresión clínica, que puede en algunos casos explicar su asociación con la violencia.

B. Causas Psicológicas.

La violencia se relaciona de manera consistente con un trastorno mental, en realidad de personalidad-en la sociopatía, llamada antes psicopatía y, de acuerdo a la nueva nomenclatura, trastorno antisocial de la personalidad y su contraparte infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora disocial, aunque hay que aclarar no todos los que padecen este último evolucionan forzosamente hacia el primero, y de ahí la importancia de la distinción. El trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 años, aunque a veces antes, y consiste en comportamiento desviado en el que se violan todos los códigos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, la iglesia, etc. El individuo actúa bajo el impulso del tiempo y no muestra pesadumbre por sus actos, a pesar de que el hombre es el ser humano más débil de la creación en la primera parte de su vida, en la que requiere de cuidados y atenciones admirables, no solamente para poder sobrevivir, sino formarse y proyectarse. Los cimientos del carácter se forman en la familia; es en ella donde se adquiere la primera base y donde se pasa del estado de anomia a la adquisición de las primeras normas.

Una anormalidad o defecto en las primeras etapas hará que el sujeto llegue el momento crucial en situación viciada, haciéndolo entrar en una crisis de valores e frenándole su correcta conformación.

3. Causas Sociales

La desigualdad económica es causa de que el individuo desarrolle desesperanza: hay algunos países o comunidades muy pobres, en los que virtualmente desconocen el robo y la violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de progresar socialmente sí causa violencia: la frustración se suma a la evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. Más importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. Aunque sus detractores dicen que esta hipótesis carece de convicción experimental, hay comunidades, barrios y colonias en donde niños y jóvenes saben que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad necesitan franquear algunos ritos de iniciación, entre los que se encuentran robar, asaltar o quizá cometer una violación. La falta de medición requiere de estudios, sí, más no de desestimar lo que obviamente es un factor de formación de conductas y conceptos sociales.

4. Hábitat Familiar.

En la familia, los factores que con más frecuencia se asocian al desarrollo de violencia es tener familiares directos que también sean violentos y que abusen de sustancias prohibidas. Un hábitat familiar destructivo potencia las predisposiciones congénitas que algunos individuos tienen frente a la violencia y por si mismo produce individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer derechos dentro de la familia. Un estudio con niños adoptados mostró que los actos que convergían en una pena de prisión armonizaban mejor con el número de ingresos a la cárcel de sus padres biológicos que con la conducta de sus padres adoptivos. 

C. Inadaptación

El problema de la delincuencia juvenil implica la dificultad de la adaptación. Esto no significa que todo inadaptado llegue a ser infractor. La respuesta en infracción es una de las manifestaciones más corrientes: Inferioridad física y mental del individuo.

Incapacidad de un sujeto para adaptar su conducta a las condiciones del medio.

D.-Adaptación

La adaptación como manera para vivir en un ambiente determinado adaptándose a un medio humano determinado, con interacciones pretendidas con otros individuos,  se consigue tan solo por medio de largo aprendizaje, mediante la imitación y adquisición de las normas respectivas. Norma escolar, laboral y social general. 

  La adaptación admite un cabal adelanto biopsicosocial. Si no se cumpliera estos tres elementos, el ser humano representará serios problemas de adaptación, hacia organismos judiciales modernos. 

5. EL Sujeto Impetuoso

En las personas violentas vemos la interacción de los trastornos descritos. 

 

En los últimos años en nuestro país se ha generado una costumbre de proponer un pacto para la mayoría de problemas que desde décadas no han tenido o no se ha querido buscarles solución. Algunos de ellos están dando muy buenos frutos y otros están en discusión.

Qué bueno que sea así porque a los problemas que se les buscan soluciones consensuadas mediante el diálogo y la participación de amplios sectores de la sociedad, generan muy buenos resultados. De ahí que debemos pasar de la confrontación a la concertación.

Entre los pactos más importantes se encuentran: 

Pacto Nacional por la Reforma Educativa (Pacto por la Educación): Firmado por los principales sectores de la vida nacional, el cual está dando muy buenos frutos, teniendo como resultados el Plan Estratégico Educativo, el cual contempla el establecimiento de la tanda extendida, la capacitación y la mejoría de las condiciones laborales a la clase magisterial; la construcción más de diez mil aulas, la generación de miles de empleos, a raíz de la aprobación del 4% del presupuesto para la Educación, donde la sociedad organizada jugó un papel estelar..

Pacto Eléctrico: El cual fue contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo e instituido consecuentemente en la Ley 1-12, por lo que forma parte de la Agenda Nacional de Desarrollo. El mismo deberá poner fin a la crisis energética, que por tantos años se ha convertido en un dolor de cabeza para nuestros gobernantes, en un barril sin fondo y en el principal causante del déficit fiscal acumulado de nuestro país.

Se espera que queden solucionados los problemas de generación, transmisión y comercialización energética, recibiendo una energía de calidad a un precio justo y razonable, eliminando los fraudes, robos, las pérdidas de energía, así como los contratos leoninos que fueron firmados.

Se debe aprovechar la firma de este pacto para que las finanzas de este importante sector sean saneadas, transparentadas, soportadas y conciliadas todas sus cuentas, las cuales desde hace varias décadas vienen arrastrando grandes diferencias, partiendo siempre de un inventario físico de todos sus bienes muebles e inmuebles.

Pacto Fiscal: Mediante el cual se hará posible la adecuación de nuestro sistema impositivo, eliminando las distorsiones existentes y creando las bases para erradicar la elevada evasión por parte de los agentes de retención de impuestos y de una vez por todas, elevar nuestra presión tributaria, la cual es una de las más bajas de la región, aunque las tasas aplicadas son de las más altas.

La baja recaudación tributaria es la causante del déficit fiscal acumulado y del endeudamiento externo. Esta se debe a distintos factores: Al alto nivel de las exenciones fiscales, informalidad de la economía, evasión fiscal, debilidades de los organismos recaudadores, entre otros.

En la Estrategia Nacional de Desarrollo se contempla un aumento escalonado de la presión tributaria partiendo de un  13 % en el 2010 a un 16% en el 2015, 19 %  en el 2020, 21 % en el 2025 y 24 %  en el 2030. 

Pacto Laboral: Es un acuerdo tripartito conformado por representantes del sector empresarial, de la clase trabajadora y del gobierno, como árbitro, el cual tiene como objetivo la reforma del Código Laboral. Los primeros proponen la eliminación y modificación de algunas de las reivindicaciones logradas por la clase trabajadora y los segundos, un aumento y actualización del salario mínimo en base a la canasta familiar.

Este pacto debe ser aprovechado para que se deje claramente establecida la aplicación del artículo No.135 de la ley 16-92, el cual exige que de cada 100 trabajadores de una empresa privada, por lo menos 80 deben ser dominicanos, el mismo nunca se ha aplicado, lo que se puede comprobar en la industria de la construcción y en las  labores agrícolas, las cuales son realizadas casi en un 100%  por mano de obra extranjera.

La no aplicación de esta ley es la causa principal de los graves problemas migratorios que enfrenta el país.  

Pacto Político: Con el mismo se procura que los gobiernos que surjan le den continuidad a la Agenda Nacional de Desarrollo, a las obras, acuerdos, pactos y a los proyectos de desarrollo iniciados por el gobierno saliente, como única forma de lograr el fortalecimiento institucional que otros países han alcanzado.

Los partidos políticos deben abocarse a crear un ambiente propicio basado en la concertación, para la celebración de las próximas elecciones del 2016, para la aprobación de la Ley Electoral y la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual tiene más de quince años en discusión.

Esta tiene por finalidad conocer aspectos trascendentales para la celebración de las elecciones presidenciales, municipales y congresuales, como son: la transparencia del financiamiento público y privado, la celebración de las primarias internas, la publicidad, tiempo de campaña, las alianzas, la distribución de los recursos en base al porcentaje de los votos obtenidos; condiciones para el mantenimiento o pérdida de la personería jurídica, etc.  

Pacto por el Transporte: Este debe ser discutido y aprobado cuanto antes por todos los sectores involucrados, dado que los distintos“sindicatos” (empresas) que conforman este importante sector informal de nuestra economía, actúan por encima de la ley, desafían a las autoridades encargadas de establecer el orden, utilizan los espacios públicos y se niegan a aceptar las tarifas establecidas.

Estos llamados sindicatos controlan el monopolio de las cargas, principal causante del encarecimiento de las mercancías, se disputan las diferentes rutas a través del enfrentamiento armado, lo que ha arrojado un saldo de decenas de muertos y heridos, imperando un caos total.

Con este pacto, además, se deben corregir las distorsiones existentes en este sector por la existencia de tantas instituciones destinadas a los mismos fines, sin que se pueda restablecer el ordenamiento deseado.

Pacto por la Paz: Consiste en combatir la delincuencia que afecta a nuestro país a través de mecanismos preventivos, como la educación, empleos, pero no por la vía de la fuerza represiva.

Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción Administrativa: Fue el ejercicio que recientemente se realizó en el país por las principales instituciones públicas con el apoyo de los organismos internacionales, el cual venía aportando importantes frutos. Dicho ejercicio, conocido como Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC), permitía conocer los avances alcanzados en materia de transparencia y fortalecimiento institucional, el cual fue dejado sin efecto sin ningún tipo de explicación. Por los logros alcanzados, este ejercicio debiera continuarse. 

Pacto Municipal: Mediante el cual los partidos mayoritarios  han acordados normas para la elección de los bufetes directivos de las Salas Capitulares de los ayuntamientos del país, evitando así la ocurrencia de actos violentos. Esto ha permitido que por varios años consecutivos el partido que posee el Alcalde obtenga la Presidencia del Concejo de Regidores

Pacto por la Producción: Procura maximizar la creación de riquezas y la generación de empleos de calidad, a través de la inversión privada, procurando que la economía se encauce por el camino de formalidad. La iniciativa pública se diferencia de la privada en que la primera sólo se interesa por la creación de empleos basada en el aumento del gasto público, no en la producción, que es la que verdaderamente contribuye al crecimiento económico de un país.   

Pacto por el Empleo Formal: Persigue disminuir el desempleo y el empleo informal mediante el aumento de la productividad, lo cual es necesario para la generación de empleos de calidad en gran escala, a través de la inversión privada. Esto va a depender de la calidad de la producción que este sector realice.

Pacto por el Sector Agropecuario y Rural: Persigue asegurar la continuidad de las actuales políticas públicas que se desarrollan en el campo y en la agropecuaria para producir los alimentos necesarios, tanto para el mercado local como para la exportación. El mismo debe ser garante de que el campo continúe formando parte de la Agenda Nacional de Desarrollo, mediante la creación de una Mesa Agropecuaria de alto nivel.

Otros Pactos que han sido sugeridos por diferentes sectores sociales son: pacto por la alternabilidad, pacto por la soberanía, pacto social, pacto contra la pobreza, pacto cívico, entre otros.