Eran aproximadamente las dos menos quince de la tarde del sábado 24 de abril de 1965 cuando el capitán Mario Peña Taveras y varios compañeros de armas, luego de desarmar en la puerta de entrada al mayor Pompeyo Vinicio Ruíz tras un conato de forcejeo, irrumpieron violentamente en la oficina del general Marcos Rivera Cuesta -jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional- con una determinación impensable dentro de las verticales reglas y el inviolable protocolo de la disciplina militar.

   “¡General -le dijo Peña Taveras con voz firme a Rivera Cuesta al tiempo que le apuntaba con una metralleta-, entregue su pistola, que usted está detenido!”.

   El alto militar, sorprendido ante las increíbles expresiones y la actitud amenazante de su subalterno, intentó hablar desde su posición de autoridad…

   “Peña Taveras, ¿qué es lo que está pasando?”-le preguntó, entre nervioso y disgustado.

   Por toda respuesta, el capitán, en tono más enérgico aún, le repitió el requerimiento palabra por palabra al general, quien enmudeció y -virtualmente paralizado- ni siquiera intentó hacer la más mínima resistencia… Entonces el propio Peña Taveras, con viril seguridad y rapidez de felino en medio de la tensión reinante, colocó momentáneamente sobre su hombro izquierdo la metralleta que portaba y, sin ceremonia alguna, lo despojó del arma.

   Los inusuales acontecimientos se habían desarrollado con gran celeridad y en presencia de varios oficiales arrestados que se encontraban en el despacho de Rivera Cuesta. Esos oficiales, tras ser liberados y recibir las armas confiscadas a los detenidos, se convirtieron brevemente en los custodios de éstos, pues en los minutos subsiguientes Peña Taveras abandonó la oficina junto a varios de sus acompañantes y procedió a desarmar y apresar a otros altos mandos, incluido el coronel Maximiliano Américo Ruíz Batista, subjefe de la institución, quien al rendirse de buen grado proclamó que él no iba “a tirar un tiro por nadie”.

   Cuando el oficial sublevado regresó con sus compañeros al despacho de la jefatura de Estado Mayor, Rivera Cuesta, aparentemente repuesto de su inicial turbación, le voceó: “Peña Taveras, ¿tu te has vuelto loco?”, a lo cual el aludido respondió, casi maquinalmente pero mostrando que tenía plena conciencia del significado de lo que hacía: “No, general, no me he vuelto loco… Ustedes están vivos porque se han portado como lo que son: unos cobardes… Deberíamos fusilarlos por el apoyo que han brindado al gobierno ilegal, corrupto, ladrón y depravado del Triunvirato…”.

   El operativo encabezado por Peña Taveras había sido una respuesta veloz y resuelta a la orden que la noche anterior impartió Rivera Cuesta, al concluir una reunión con sus mas cercanos colaboradores, para que en la mañana siguiente se desarmara y arrestara a los tenientes coroneles Giovanni Gutiérrez Ramírez y Pedro Álvarez Holguín, los mayores Juan Lora Fernández y Eladio Ramírez Sánchez, y el capitán Aníbal Noboa Garnes, todos involucrados en el movimiento cívico-militar que desde hacía algún tiempo operaba en la clandestinidad procurando derrocar al Triunvirato.

   Como se sabe, el Triunvirato era un régimen fantoche que se había entronizado en el poder casi inmediatamente después del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1965 (sustituyó el día 26 de esos mismos mes y año al efímero gobierno militar denominado Junta Provisional de Gobierno), y aunque al constituirse había tenido tres integrantes, desde junio de 1964 sólo lo formaban el licenciado Ramón Cáceres Troncoso y el doctor Donald Read Cabral, este último -que lo rectoraba- un ex antitrujillista y comerciante de autos que era apoyado por la cúpula de las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores más rancios y la representación diplomática en el país del gobierno de los Estados Unidos.

   El Triunvirato no sólo cargaba con el lastre histórico de ser un gobierno golpista y haber ahogado en sangre el movimiento guerrillero de noviembre-diciembre de 1963 integrado por los jóvenes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (encabezados por su presidente, el doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, quien fue asesinado junto a 15 correligionarios después de rendirse incondicionalmente acogiéndose a garantías palaciegas), sino que también era un régimen impopular y moralmente cuestionado que había cercenado las libertades públicas y perseguido impiadosamente a sus contradictores políticos.

   En la primavera de 1965 la oposición al Triunvirato era casi unánime en la sociedad dominicana, y partidos y líderes políticos democráticos de todos los credos actuaban contestes al efecto sin que existiese formalmente un frente común: mientras el PRD, el PRSC, los grupos marxistas y algunas personalidades de la derecha liberal patrocinaban protestas y conspiraban para derrocarlo en coordinación con oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, los seguidores del doctor Joaquín Balaguer -ex mandatario pelele de Trujillo y líder del antiguo Partido Acción Social (PAS)- protagonizaban una verdadera cruzada de críticas y cuestionamientos contra sus ejecutorias, y clamaban por la convocatoria a elecciones para elegir a un nuevo presidente.

   Desde luego, como queda insinuado, la unanimidad en la oposición no se refería a los métodos para enfrentar al Triunvirato: en realidad, mientras perredeístas y socialcristianos (signatarios del “Pacto de Río Piedras” del 30 de enero de 1965) y castristas y marxistas (14 de Junio, MPD, PSP, etcétera) postulaban la lucha de masas y, en última instancia, la vía armada (su consigna era “Vuelta a la constitucionalidad sin elecciones”), los restantes sectores eran partidarios de acuerdos que condujeran a una salida a la situación que comportara la organización de comicios libres (es decir, no retorno puro y simple al orden constitucional roto por los golpistas de 1963) y, por lo tanto, la sustitución “pacífica y ordenada” del doctor Donald Read Cabral y sus compañeros de administración.

   En las Fuerzas Armadas, en particular, había un hervidero de conspiradores: los integrantes del “Movimiento Enriquillo”, formado por el coronel Rafael Fernández Domínguez (y liderado transitoriamente en el país por el teniente coronel instructor Miguel Ángel Hernando Ramírez), con estrechas vinculaciones con el PRD; un grupo casi autónomo (aunque muy relacionado con el anterior) del que era parte el capitán Peña Taveras; otro sector en el que estaban los balagueristas del llamado “Clan de San Cristóbal” (encabezado por los generales Salvador Montás Guerrero y Félix Hermida hijo, y el coronel Neit Nivar Seijas); y finalmente muchos oficiales, suboficiales y soldados que, sin pertenecer a ninguno de los citados agrupamientos, estaban comprometidos con la causa del derrocamiento del Triunvirato.

   En el “Movimiento Enriquillo” (que pospuso varias veces el alzamiento por “falta de condiciones” y tenía varios de sus dirigentes detenidos, cancelados o en el exilio diplomático) se había convenido hacía poco tiempo que el contragolpe al gobierno de facto se iniciaría el lunes 26 de abril de 1965 en el “Campamento 16 de Agosto”, pero en una reunión más reciente en la que estuvo presente Peña Taveras se estableció la salvedad de que si se producía alguna delación generalizada o se intentaba arrestar a más dirigentes “había que actuar”, y justamente esto último fue lo que ocurrió: los agentes de inteligencia dirigidos por el mayor Héctor García Tejada habían reportado en las últimas horas contactos inusuales entre militares sospechosos de conspiradores, y en la noche del viernes 23 de abril, como ya se ha reseñado, el general Rivera Cuesta, después de recibir y evaluar informaciones al respecto que transmitiría al presidente Read Cabral al día siguiente, dio la orden de citar a varios de esos oficiales para su oficina a primera hora del sábado con el expreso propósito de desarmarlos y proceder a su arresto como paso previo al anuncio de su separación de las Fuerzas Armadas.

   En cumplimiento, pues, del acuerdo de los militares comprometidos con el levantamiento que participaron en esa última reunión fue que el capitán Peña Taveras, puesto en conocimiento en horas tempranas de la mañana de la referida orden del jefe del Ejercito Nacional, cerca del mediodía puso en alerta y reunió a un grupo de compañeros (sobre todo sargentos, cabos y clases), y tan pronto el oficial de inteligencia García Tejada llegó al campamento dispuso su desarme y apresamiento, y a seguidas ordenó marchar hacia la segunda planta, donde se encontraba el despacho de la jefatura, e hizo prisioneros -como ya se relató- al general Rivera Cuesta y, más adelante, a los miembros del Estado Mayor que se encontraban presentes en las instalaciones.

   Aquella tensa y agitada tarde del 24 de abril, una vez en control de la situación en las edificaciones del mencionado campamento, Peña Taveras tomó una decisión que lo haría pasar a la historia con una aura indeleble de inteligencia, arrojo y patriotismo: llamó por teléfono a José Francisco Peña Gómez, joven dirigente del ala radical del PRD que en esos momentos se aprestaba a salir al aire en “Tribuna Democrática” (el programa radial de esa organización política que se transmitía por Radio Comercial), y luego de darle cuenta de los dramáticos acontecimientos de la víspera le pidió que informara al pueblo dominicano sobre el alzamiento militar.

   El joven dirigente perredeísta, estupefacto e incrédulo ante lo que le acababa de comunicar Peña Taveras debido a los muchos “ganchos” que ya les habían puesto los agentes de la inteligencia estatal a él y sus compañeros, dudó en principio de la veracidad de la información, pero luego de hacer las comprobaciones de rigor ofreció la primera noticia pública sobre los hechos (teniendo como fondo los acordes de La Marsellesa, el himno nacional de Francia) e hizo un llamamiento al pueblo dominicano para que se lanzara a las calles a respaldar a los militares constitucionalistas que se había rebelado contra el Triunvirato.

   En las siguientes horas, oficiales y soldados adscritos al “Campamento 27 de Febrero” (otro de los principales regimientos militares del país, situado en la ribera Este del río Ozama) enlazados con el teniente coronel Hernando Ramírez se sumarían a los rebeldes, mientras que miles de efectivos militares descontentos se reportaban ante éstos en diversos puntos de la ciudad y los mandos principales del Batallón Mella de San Cristóbal (al que luego se agregarían las principales guarniciones uniformadas de la geografía nacional) les ofrecían su apoyo. Asimismo, hombres y mujeres de la clase media y los sectores populares virtualmente tomaron las calles de la capital de la república en respaldo a la sublevación.

   La primera batalla de la guerra se produjo al caer la tarde en las inmediaciones de Radio Santo Domingo Televisión (la planta radiotelevisora estatal), que había sido tomada por asalto en un operativo conjunto de civiles y militares alzados, quienes leyeron varias proclamas revolucionarias contra el Triunvirato y en favor del retorno al orden constitucional antes de ser desalojados por fuerzas leales al gobierno de facto al mando del coronel José de Jesús Morillo López que trataron de ser contenidas por aquellos, infructuosamente, en intensos combates bajo las órdenes de los oficiales rebeldes Héctor Lachapelle Díaz, José Noboa Garden y Jesús de la Rosa.

   En la ciudad de Santo Domingo hubo una verdadera explosión de júbilo ante la acción de los militares democráticos, y aunque el presidente Read Cabral habló en la noche por radio y televisión al país y proclamó que su gobierno estaba “en completo control de la situación”, los acontecimientos de los días siguientes lo desmentirían total y absolutamente: había comenzado la “Revolución de Abril”, y nada ni nadie la detendría.

   La primera etapa de la acción revolucionaria llegaría a su clímax en la mañana del domingo 25 cuando soldados rebeldes al mando del coronel Francisco A. Caamaño tomaron el Palacio Nacional y arrestaron al mandatario de facto, dando lugar a la formación de un “Comando Militar Revolucionario (coroneles Vinicio Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco A. Caamaño, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoit) que luego entregaría el poder al doctor José Rafael Molina Ureña, a quien le correspondía la presidencia de la república, conforme al orden de sucesión establecido en la Constitución de 1963 (y ante la ausencia de quienes le precedían), en virtud de que era el presidente de la Cámara de Diputados el día que se produjo el golpe de Estado contra Bosch.

lrdecampsr @hotmail.com

En el contexto local, en el 2007, a raíz de la publicación de mi libro «Sangre en el Barrio del Jefe» el honorable presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Julio César Valentín, me habló de su deseo de realizar un simposio con motivo de la conmemoración del 47 aniversario del suceso heroico del 30 de mayo de 1961 en que fue eliminado el dictador dominicano Rafael Trujillo.

Aquí debo destacar que hasta hace dos decenios existión una especie de maquinaria, con algunos de los medios de entonces, que utilizaron desde el año 1966  el 30 de mayo para presentarlo por encima de la Gesta de Abril. La Revolución Constitucionalista para esos centros de poder social y mediático era divisionista, cuando en realidad la división la instituyeron ellos influyendo decisivamente con las acciones del Consejo de Estado, el Golpe de Estado a Bosch y su Triunvirato, y la llamada que hicieron sus agentes a la intervención extranjera para impedir el retorno a la constitucionalidad.

Entiendo que ya es tiempo de liberarnos del »yugo» de la manipulación de la historia impuesto por gente y propuestas que han dejado de tener peso social y político en la sociedad dominicana.

En la República Dominicana, se debate en la actualidad el presente y futuro de su sistema democrático.

En un Reporte del Programa de las Américas del CSIS (Center for strategic & International Studies), diciembre 2013, se indica “…La percepción de desigualdad de la imposición de las leyes en favor de los aliados del gobierno (…) ha abierto las puertas para la infiltración de las organizaciones criminales transnacionales -particularmente- en el ámbito del narcotráfico.”

Las recientes denuncias del “don”, Ernesto Quirino Castillo Paulino, exigiendo el pago de 200 millones al expresidente Leonel Fernandez, son pruebas de la indicada complicidad. Esteban Rosario, afirma “El Narcotráfico está asociado a los grupos de poder tradicional en la República Dominicana”, en su libro acerca del tema.

En similitud a los casos de corrupción dominicanos, Joao Vaccari, el tesorero del Partido de los Trabajadores del Brasil está detenido. Y, asimismo, el ex vicepresidente español del gobernante Partido Popular Rodrigo Rato, ex director general del FMI, fue investigado y “por orden judicial el bloqueo de todas sus cuentas.”

Otro caso que repercute en la situación política dominicana, es la detención en una cárcel de la Florida, sin derecho a fianza, del doctor Salomón Melgen, por estafa al sistema de salud Medicare. Es un pariente cercano de la familia Castillo Seman. En este caso está acusado por corrupción el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez.

Allí, en esos países, no se archivaron los expedientes, ni los jueces emitieron autos de “No Ha Lugar”, a favor de los imputados sin importar rangos o prestancia de ellos y de sus asociados.

Además, el referido estudio en sus conclusiones, señala “…las prácticas corruptas junto con la impunidad comienzan a ser percibidas como deteriorando las bases democráticas del país.” Y, agregó “El acontecimiento más serio es que las personas están perdiendo la fe en la autoridad judicial”, según apreció un antiguo magistrado.

A ese respecto, la sociedad dominicana se levantó con los pronunciamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en su comunicado titulado “CONEP expresa preocupación por la crisis de confianza en la justicia”, las Iglesias, la sociedad civil, los partidos y organizaciones diversas; y, personalidades e intelectuales, todos a una sola voz contra la corrupción y la impunidad.

El profesor Juan Bosch, en un discurso dirigido a los trabajadores dominicanos, ante una huelga por conquistas económicas y políticas, el 18 de marzo de 1963, publicado el día siguiente en la página 16 en El Caribe, dijo “… Nosotros preferimos que nos tumben por mantener la ley, la justicia y el derecho, a mantenernos ahí abusando o distorsionando la justicia, y el derecho y haciendo de la ley un mal uso.”

Esa postura fue eliminada por la inconducta de la actual dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Como ejemplo, vemos lleno de ira el titular del poder judicial, doctor Mariano Germán, hablando en su condición de dirigente del Comité Central del PLD.

En esta ocasión, también, la sociedad dominicana, no sólo la oposición política, le ha declarado una huelga a la Suprema Corte de Justicia por su confesa complicidad en los casos de archivos de expedientes y “No Ha Lugar”; también la ciudadanía en manifestaciones públicas exige el enjuiciamiento y condena a los ladrones del erario del Estado.

En este contexto complejo, se conspira contra la voluntad soberana del pueblo, desde “el partido hegemónico pragmático”, cómo definiría el politólogo italiano Giovanni Sartori al PLD.

Dicha corporación gobernante, para mantenerse en el poder con su estrategia: Repostulacion o Reelección. El doctor José Francisco Peña Gómez, en su tesis doctoral calificó la Reelección como la causa de todas las desgracias institucionales del país.

Seria asistir a un “matadero electoral”, sin nueva Ley Electoral y de Partidos políticos y sin un equilibrio en los jueces electorales.

En consecuencia, el pueblo a través de la movilización permanente y la participación de la matricula legislativa opositora debe plantear la convocatoria de la Asamblea Constituyente para restablecer la separación e independencia de los poderes del Estado.

Luchar por el nuevo retorno a la constitucionalidad y el establecimiento de una democracia revolucionaria, es la tarea pendiente desde abril de 1965. En definitiva, “siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto”, sentenció Martín Luther Kings.

Ni la reelección tampoco, es un fenómeno electoral donde el pueblo decidirá quién lo  continuará gobernando.

Los que se oponen alegan que modificar la Constitución puede vulnerar el sistema institucional de la República Dominicana.

Una reforma constitucional se puede realizar siempre que se cumpla con el artículo 267 y siguientes de la misma Constitución.

Primero se somete una iniciativa de reforma constitucional, que requiere el apoyo de la tercera parte del senado o de la cámara de diputados, según el caso, o que sea presentada por el poder ejecutivo; luego se somete y aprueba una ley de convocatoria que ordenará la reunión de la Asamblea Nacional revisora para conocer los motivos de la reforma.

Para aprobar las modificaciones es necesario un quorum de más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional revisora y las modificaciones deben recibir la aprobación de los dos tercios de los asistentes.

Para algunos casos como la modificación sobre derechos y garantías fundamentales, ordenamiento territorial, los procedimientos para modificar la constitución, régimen de nacionalidad o el régimen de la moneda, se requiere un referendo aprobatorio. Pero una modificación para permitir la reelección, no entra en ninguna de las categorías antes mencionadas.

Como vemos, la propia Constitución establece la forma de reformarla y si quisiera que la parte que se refiere a la reelección presidencial no pudiera modificarse o que fuera por un procedimiento especial, muy estricto, lo estableciera expresamente; por tanto el presidente Lic. Danilo Medina tiene todo el derecho de aspirar a un nuevo periodo, cumpliendo con lo expresado en la Constitución, sin que el sistema institucional de la República Dominicana se vulnere; al cumplir con todos los requisitos establecidos,  la institucionalidad queda fortalecida.

Se usan los medios como foro público, para condicionar la opinión pública sobre la vulnerabilidad al sistema institucional dominicano si se modifica la Constitución con fines electorales; usando este sofisma para la descalificación del Lic. Medina en nombre de la institucionalidad, dejándolo fuera de la contienda sin la consulta popular, la voluntad del pueblo, que es quien tiene, en toda democracia, la última palabra.

tommymejiapou@hotmail.com

Medio siglo después de los acontecimientos bélicos de 1965, el capítulo más importante de nuestra historia contemporánea, cuando el pueblo en armas se lanzó a las calles en reclamo de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y en defensa de la soberanía nacional, debemos preguntarnos ¿cuánto hemos avanzado? ¿valió la pena tanto sacrificio?

Cuando comenzaron los bombardeos y los tableteos de las ametralladoras habían transcurrido tan solo tres años, 10 meses y 24 días de la decapitación de la férrea tiranía trujillista, que mantuvo a los dominicanos en el oscurantismo durante 31 largos años.

El 24 de abril de 1965 la irrupción de las masas populares, con el coronel Francisco Alberto Caamaño al frente, hicieron tambalear un régimen que, viéndose acorralado, tuvo que pedir protección de un imperio.

Cuatro días después, el 28 de abril, con la llegada de las primeras tropas de intervención de los Estados Unidos, con el apoyo infame de la OEA, se echaba a perder el propósito de reponer el gobierno legítimo destituido en septiembre de 1963, a la cabeza del profesor Juan Bosch.

La cuota de sangre que aportó el pueblo dominicano se calcula en más de 3 mil víctimas mortales, aparte de los cientos de heridos y apresados.

Cuando se sucedían aquellos acontecimientos, República Dominicana se colocó en el centro de la atención mundial. Los grandes titulares de la gran prensa internacional nos catapultó como un pueblo de un valor fuera de serie.

En el tiempo transcurrido, en que varias generaciones se han sucedido, y aún con todos los avances obtenidos en democracia, hemos participado de la triste realidad que miles y miles de jóvenes han sucumbido víctimas de políticas oscurantistas aplicadas por regímenes impopulares, como aconteció en el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. 

En no menos proporción hay que incluir las víctimas por consumo y/o tráfico de drogas, por involucrarse en actos delincuenciales, etc., etc.

En 1965 la población del país superaba los 3 millones de habitantes, y la pobreza hacía estragos entre amplios sectores. Hoy día se estima en más de 11 millones, y la fuerza laboral tiene la triste condición de que en su mayor porcentaje percibe un deprimido salario mínimo.

Datos oficiales dan cuenta que más de 850 mil dominicanos viven con menos de un dólar por día. Más de 4 millones de personas, es decir, una cifra superior al 40% de la población, viven en situación de pobreza general.

Las fuerzas más identificadas con el sentir patriótico combatieron hasta donde aconsejaron las circunstancias con la aspiración de que en este país fluyera una democracia más representativa, libre de injerencias extranjeras.

Pero las distintas generaciones de dominicanos que se han sucedido desde entonces han sido partícipes de precariedades y falta de oportunidades en la inmensa mayoría de la población, en mayor proporción entre los obreros y campesinos.

La Guerra de Abril del ´65, cuando se conmemora este mes el 50 aniversario de aquella epopeya heroica, podemos decir a los cuatro vientos que el arrojo demostrado por nuestros combatientes frente a las tropas de intervención sirvió de ejemplo al mundo entero para que se nos reconozca como un pueblo amante de la libertad y la democracia participativa.