Enmendar el nuevo Código Penal, para introducir cuidadosamente ciertos tipos de aborto terapéutico, revela un gran desfase de nuestro país sobre el tema respecto a otros de igual o menor desarrollo de la región, producto de que la clase política dominicana evade asumir el problema como un derecho de la mujer y darle la interpretación científica que involucra.

          El aborto terapéutico no tiene carácter religioso. Y si las iglesias simplemente abogan por el derecho a la “vida,” como principio cristiano, ¿por qué tienen que faltar a la ética cayendo en el chantaje, al amenazar a legisladores con hacerles perder su curul? Y muchos cayeron en la trampa, pese a que ellos mismos saben que los puestos electivos los alcanzan con clientelismo y asistencialismo.

          ¿Cuál de los diputados ganó en su demarcación geográfica porque la Iglesia Católica lo apoyó y exhortó a los católicos a sufragar a su favor? Nunca se ha metido directamente en candidaturas menores y no es verdad que tiene el poder que se le pretende atribuir. Se habla de que el 90% de los dominicanos dice ser católico, pero ¿qué porcentaje acude regularmente a parroquias y de los que acuden cuántos acatarían un mandato político de ese tipo?

          Todo indica, de todos modos, que el Código Penal se modificaría en torno al aborto, pero sería violatorio al Artículo 37 de la Constitución de la República, que dice: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte…” Es claro y no está sujeto a las interpretaciones que suelen hacer los abogados. Para que el aborto terapéutico tenga validez tendría, entonces, que reformarse también la carta magna, que es la ley de leyes y ninguna ley particular puede reñir con algún texto de sus artículos.

          En consecuencia, la aprobación del aborto terapéutico en el Código Penal (muy humanitaria y debió de aprobarse hace varias décadas) podría ser un pretexto para una nueva reforma constitucional. Y  esa reforma, especulo yo, se aprovecharía para colar el tema de la reelección presidencial, bajo la tesis de la alta aprobación que tiene Danilo Medina y el descrédito moral de Leonel Fernández.

          Leonel Fernández ha exhibido apoyo de muchos legisladores. Pero esos legisladores simultáneamente se cotizan ante el gobierno, que administra todos los recursos del Estado y cuando se propone una meta nada lo detiene. No observo mayor objeción en quitar el impedimento a Medina para que pueda optar por otro período presidencial.

          Medina ha superado a la anterior y mafiosa gestión de Leonel Fernández y ha tenido la suerte de gobernar sin oposición (por el secuestro del PRD durante dos años), pero no es verdad que ha hecho un tremendo gobierno como se enarbola.

          La nómina pública sigue abultada, el dispendio y los privilegios irritantes denunciados en el Ministerio de Relaciones Exteriores constituyen un claro ejemplo de los niveles de corrupción que registra la administración pública en sentido general.

          Aparte del 4% al sector educativo y un ligero crecimiento en la dinámica de la agricultura, no se observan grandes cambios sociales y económicos. Contrariamente la deuda externa crece aceleradamente, pues ha seguido la fiesta de empréstitos, con el aval del Congreso,  con países desarrollados y organismos multilaterales.

          Y se les ha garantizado impunidad a los desfalcadores del gobierno de Leonel Fernández y nada ha hecho  Danilo Medina, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para corregir el desorden institucional, la centralización de los poderes en manos del PLD y la arrabalización de las denominadas altas cortes con tránsfugas e individuos que son verdaderos desechos políticos y convertidos en “magistrados”.  

          Es verdad que el gobierno de Medina es muy superior al de Leonel Fernández, pero mejores que el gobierno de Leonel son posiblemente todos los que registra la historia social dominicana, por lo menos en el manejo de los fondos públicos.

           Si usted compara, sin embargo, el gobierno de Medina con el de Rafael Correa, de Ecuador, comprobará que hay una diferencia del cielo a la tierra. En Ecuador se ha enfrentado seriamente el problema de la corrupción pública y se observan grandes transformaciones sociales y económicas.

          Si Danilo Medina, que exhibe humildad en su conducta pública, merece o no la continuidad al frente del Estado sólo lo justifica el desastre de Leonel, por un lado, y la dispersión y debilidad de la oposición, por otro lado.