La coalición opositora al oficialismo alcanzó un 47% en la contienda electoral del 2012, con Hipólito Mejía de candidato presidencial y su conocido rechazo, en un proceso en el que se volcaron todos los recursos estatales a favor del PLD y la Junta Central Electoral permitió que fuerzas militares se dediquen a la compra de cédulas de personas pobres, que previamente habían sido identificadas como perredeístas.

La oposición perdió (¡si fue que perdió!), pero demostró, en ese momento, que era la mitad del electorado

Hay que admitir que con la destrucción del PRD, en una maniobra de Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas, mediante el uso del Tribunal Superior Electoral (organismo que en estos momentos carece totalmente de credibilidad) el voto opositor se dispersó y debilitó a tal extremo que los medios adheridos al oficialismo empezaron a ofertar al PLD como “partido único”.

Con la crisis del PLD  —crisis que va para largo—  y el crecimiento sostenido de Luis Abinader, un producto fresco y sin rechazo en el electorado, a ningún analista desapasionado se le ocurre asegurar la continuidad del PLD en el poder político más allá del 2016, pese a que tiene el control de los órganos electorales y suele hacer uso abusivo, sin escrúpulo alguno, de los recursos del contribuyente.

Es que el panorama político ha evolucionado desfavorablemente al oficialismo. Leonel Fernández y Danilo Medina, con sus insaciables ambiciones de poder, tienen el juego trancado. El primero está moralmente desacreditado, mientras el segundo requiere de una reforma constitucional para optar por un segundo período, reforma que tendría un costo económico enorme y bajo condiciones políticas que menguarían la reputación del actual mandatario.

Se especula que las condiciones que pone Fernández a Medina son moralmente inaceptables. Y de aceptarse, entonces la gente se acabaría de convencer que no hay diferencia  entre uno y otro, que todo fue asunto de mercadeo en torno a un presidente que gobernó  sin una oposición que denuncie la corrupción, la deficiencia de los servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la inflación y la cadena de empréstitos que han disparado por las nubes la deuda externa.

El PLD podrá o no resolver su conflicto interno. Ese es su problema. La  oposición se recompone de todas maneras. Ese 47% que estuvo disperso de forma inducida da muestra de aglutinamiento, con la fuerza adicional de muchos de los nuevos votantes y de personas que han llegado a la conclusión de que el país ha retrocedido en todos los órdenes bajo los gobiernos del PLD.

Y esta vez todos los opositores se unen en torno al Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial, el licenciado Luis Abinader, que a diario recibe el apoyo de personalidades y entidades políticas, profesionales y sindicales. Y el grueso de los diputados y alcaldes del PRD, consciente de que no tienen los votos necesarios para reelegirse y que la figura de Miguel Vargas en esa boleta les resta, terminarán con Luis Abinader. ¡Anótenlo!

La experiencia de los últimos certámenes electorales revela  tendencia a la bipolarización. La gente no vota para quedar en tercer ni en cuarto lugar y todos aquellos que abogan por el adecentamiento de la administración pública y la institucionalización del país, se aglutinarían en torno a Luis Abinader, candidato que antes de concluir el año estará rondando el 40% de intención de voto. ¡Apunten ese otro dato!

Se reconoce que es al PLD que hay que vencer el 15 de mayo de año que viene, independientemente del candidato que lleve, pero ya la percepción del partido único se esfumó. Y habría que ser muy fanático para no percibir el crecimiento de Luis Abinader y la recomposición en torno a él de la oposición al oficialismo.

La crisis y el descrédito del PLD son tan graves que algunas de las firmas encuestadoras tradicionales, que el autor de este artículo las acusó, producto de informaciones de buenas fuentes, de vender determinadas variables a Leonel Fernández, por un lado, y al gobierno de Medina, por otro lado, de buenas a primeras dejaron de divulgar sus estudios de opinión.

¿Qué ha pasado con esas  “encuestas” que decían que Leonel ganaba en primera o en segunda vuelta? ¿Qué ha pasado con esos “estudios” que decían que Danilo Medina tenía un 90% de aprobación? Salían a la luz pública hasta dos veces al mes y después del 19 de abril, fecha en que se celebró la reunión del Comité Político en Juan Dolio, ninguna se ha atrevido a decir lo que está pensando la gente respecto al PLD. ¿Manipulación?

Se sabe que la situación del PLD evolucionaría positiva o negativamente, pero es un deber ético de esas firmas encuestadoras publicar una radiografía del momento político que vive el país.

No lo hacen para no revelar el gran disgusto que prevalece en la población con el PLD, pero sobre todo por no decirle al país que hay una oposición recomponiéndose, creciendo sostenidamente en torno al licenciado Luis Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno y de la Convergencia por un Mejor País.

 

 

El sociólogo alemán Max Weber, en una definición que permanecerá vigente mientras existan los partidos, se refirió a estos como “las formas de “socialización” que descansando en un reclutamiento (formalmente) libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de fines objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas)”.

Muchas formaciones políticas que en el pasado lucharon por la democracia y la libertad, en la actualidad en lugar de perseguir nobles ideales en beneficio del pueblo, han pasado a ser instrumentos al servicio exclusivo de los intereses particulares de sus élites.

En ese sentido, partidos como el Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana, que en su origen fueron organizaciones de cuadro que adoptaron el centralismo democrático, le siguieron los pasos al conservador Partido Reformista, para terminar convirtiéndose en partidos electorales de masa o, conforme a la teoría de Kirchheimer, partidos escoba, sin ideologías y sin otro objetivo que el de alcanzar el poder para provecho, principalmente, de sus cúpulas. 

En su reconocida Enciclopedia de la política, el jurista ecuatoriano Rodrigo Borja, describe el centralismo democrático como “la expresión eufemística y equívoca que utilizaron los ideólogos y líderes marxistas para designar el sistema de toma de decisiones en los partidos comunistas y en sus gobiernos. De hecho, tales decisiones se tomaban en la cúpula del aparato partidista, sin consulta con las bases, que luego se ejecutaban en el gobierno, dentro del paralelismo estructural que existía entre ellos”.

De su lado, el Partido Comunista de China sigue aplicando el principio de subordinación de la minoría a la mayoría, del militante a la organización, del nivel inferior al superior y de todo el partido al Comité Central.

Los críticos más destacados del centralismo democrático fueron la dirigente comunista Rosa Luxemburgo, quien criticó duramente a Lenin en 1904 por su idea de formar un partido vertical cuyo poder central “piensa, crea y decide por todos” y León Trotsky, quien sostuvo que “estos métodos de Lenin conducen (…) a que la organización ocupe el lugar del partido; luego el comité central sustituya a la organización del partido, y, en último término, un ‘dictador’, al comité central”.

En razón de que los partidos políticos a que hemos hecho referencia, al igual que los de otros países de la región, fueron estructurados, en principio, con el fin de luchar para derrocar las salvajes y crueles dictaduras que prevalecieron durante casi todo el siglo XX en nuestra América Latina, se justificaba que hicieran uso, entonces, de la receta marxista leninista del centralismo democrático como expresión de democracia interna.

Sin embargo, no se puede admitir que muchos años después, como detenidos en el tiempo, herederos indignos de sus líderes históricos, cínicamente, reivindiquen el centralismo democrático, para exigir el acatamiento de las decisiones de sus órganos de dirección.

El centralismo democrático en el que todas las resoluciones de los órganos superiores de los partidos, sin importar que estén conforme o no con la Constitución y las leyes, son incondicionalmente obligatorias para los inferiores, no tiene cabida en un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que la democracia interna se encuentra constitucionalizada y los militantes y dirigentes de los partidos tienen el amparo de la justicia para protegerse de las arbitrariedades.