Por: JESUS BATISTA

Los ayuntamientos en nuestro periodo colonial tenían funciones normativas, jurisdiccionales e impositivas, y unos de sus principales objetivos era la recaudación de impuestos, que estaban destinado directamente a beneficiar la  corona.  Iniciando desde ese momento, la malvada cultura de centralización de los ayuntamientos, donde los gobernadores, asignaban directamente los presidentes y regidores.

Fruto de la miopía con que la clase política dominicana ha manejado el Estado, ninguno de los presidentes que hemos tenido -desde nuestra independencia en 1844 hasta la fecha- han asumido el ideal de Juan Pablo Duarte, primer municipalista dominicano, quien proponía se distribuyera el gobierno en: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, sin importar el orden de principalía de los poderes del  Estado Dominicano.  Duarte actuaba como un estadista, pensaba en las próximas generaciones.

Cuando observamos la tendencia mundial de descentralización de los gobiernos municipales, y vemos cómo nuestros gobiernos presidencialistas tratan de sustituir las competencias fundamentales y la autonomía, que la ley asigna a los ayuntamientos, debemos entender que vamos  por un camino equivocado; peor aún cuando vemos que el legislador en los últimos tiempos, sólo se ha enfocado en la creación de nuevas demarcaciones municipales, con el único objetivo de aumentar la carga burocrática y la repartición de cargos a sus dirigentes  políticos.

Los ayuntamientos y sus autoridades electivas, por su cercanía con los munícipes, son los llamados a dar respuesta  rápida y  eficaz a las demandas de las personas  de su demarcación, por tal razón la tendencia mundial es fortalecer los gobiernos municipales.  Debemos de una vez y por siempre, dejar atrás esa herencia perversa que nos dejaron Lilís,Trujillo y Balaguer, de concentrar todo en su poder, su objetivo primordial consistía en ganar las próximas elecciones; sus lacayos y borregos le hacían creer que eran monarcas sin corona.

En un Estado moderno, con vocación de descentralización, el pago de impuesto por concepto de placas vehiculares y viviendas suntuarias, el manejo del agua, drenaje, transporte, entre otros impuestos, son competencias de los gobiernos municipales, contrario a los gobiernos dominicanos, donde cada jefe de Estado, viene con su propio librito, y ponen en práctica el debilitamiento de los ayuntamientos, cercenándole la facultad que le dan las leyes, en el cobro de los impuestos y arbitrios municipales.

Debemos reconocer las debilidades  administrativas de los ayuntamientos, lo que no podemos aceptar, es ver como desde el gobierno central, tratan de coger como excusa esas debilidades para mantener la centralización.  Si bien es cierto que se necesita fortalecer, principalmente en el ámbito administrativo, los ayuntamientos, también es cierto, que el gobierno central  tienes sus debilidades administrativas, por tanto, no es el mejor modelo  a seguir.

Cuando la Constitución de la República Dominicana habla de las obligaciones económicas contraídas por los municipios, incluyendo las que tengan el aval del Estado, establece que es responsabilidad de los municipios, dejando claramente especificado, que dichas obligaciones económicas, deben ser pagadas con los recursos del municipio, aunque sí tienen que recibir el visto bueno del gobierno.  Si observamos bien, vemos como desde el Poder Ejecutivo siguen controlando las actuaciones económicas de los ayuntamientos, para de esta forma usar esta herramienta política.

El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales, constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de derecho público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y uso de suelo, fijado de manera expresa por la ley y sujeto al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta constitución y las leyes.  Así está establecido en el artículo 199 de la constitución dominicana.

Los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales, para satisfacer sus competencias, manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición: a. 25% para gasto de personal, b.31% para la realización de actividades y el funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales, c. 40% para las de infraestructura y d. 4% dedicado al programas educativos, de genero y salud.  Así lo establece el artículo 21 de la ley 1176-07.  En la práctica ningún ayuntamiento está en capacidad económica de cumplir este mandato.

Los principales actores del clientelismo, pretendían unificar los gasto de personal y de servicios municipales (25% y 31%), en un solo capítulo, el cual representaría  el 51%, con el propósito de destinar más recursos a gastos de personal.  Debemos  empoderar a los munícipes, para tener ayuntamientos más fuertes, dotándolos de Herramientas administrativas y legales, que fomenten las transparencia,  y se ponga en practicas la meritocracia de los empleados en la administración municipal.

Instituciones como Fedomu, Adodim y Asodore, están llamadas a jugar un papel estelar en el fortalecimiento de los ayuntamientos, incentivando la descentralización y el fortalecimiento de la municipalidad en República Dominicana, pero lamentablemente, el interés partidario y personal, predomina por encima del interés colectivo de quienes ellos representan, que son los munícipes. No ombe.

UNIÓN EUROPEA.- En tiempo de mi niñez, mi padre trabajaba con encargado de una Finca Ganadera propiedad de una familia poderosa de mi pueblo natal. Para aquella época  él ganaba 16 pesos mensuales y luego al correr todo una larga vida le aumentaron a 20,  aunque este salario no era suficiente para el sostenimiento de la familia, que de hecho era muy numerosa. Pero se sobrevivía gracias a los trabajos extras  de mi padre y a los malabares de mi madre que extendía hasta el último centavo para que pudiera alcanzar.

En la época de los años 60, 70 y hasta parte de los 80 los precios de la canasta familiar se mantuvieron muy bajos y estables. Una libra de azúcar se compraba a entre 4 a 7 centavos, el arroz entre 9 y 12 centavos, las habichuelas entre 10 y 15, mientras que la carne se obtenía entre 15 a 25 centavos, dependiendo la clase y sus categorías, en tanto que el arenque que se solía llamar la comida de  guardia, costaba 10 centavos por libra, etc. etc.

Este trabajo lo realizó mi padre hasta finales de la década de los 70, para esa época los salarios normales solían ser entre 30 a 60 pesos y no fue sino con el gobierno de Don Antonio Guzmán Fernández, que se inicio el 16 de Agosto de 1978 cuando se fijó en 125.00 el salario mínimo, el Dr. Joaquín Balaguer como jefe de Estado y hasta su último mandato de gobierno que concluyó en el año 1996 devengaba 3.000 pesos, siendo la figura mejor remunerada como presidente de la república y en todo el tren gubernamental.

El Dr. Balaguer, hacía alarde de su seriedad, pero solo en los primeros 12 años de sus gobiernos se le indilgaba que durante estos períodos se forjaron más de 300 millonarios (corruptos) incluyendo a un mecánico santiaguero, que según se dice fue uno de los que mayormente se enriqueció ilícitamente, pero éste (Balaguer) gritaba a los cuatro vientos que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

A pesar de que el Dr. Joaquín Balaguer, tuvo este comportamiento lo mismo no sucedió con los herederos de su gobierno, ya que fue el propio Leonel Fernández y Reyna, que le sustituyó, quién de inmediato se auto aumentó de los 3.000 pesos que ganaba el Dr. Balaguer, este lo llevó a 90.000 pesos, alegando que con el aumento de su salario y el de sus funcionarios esto evitaría proliferar el continuismo de la corrupción gubernamental.

No se puede olvidar la evolución del tiempo, ni tampoco echar de lado el crecimiento del sistema al estilo tijera que se abre cada vez más del lado de los pobres, donde todavía un ministro o asesor gubernamental recibe millones por concepto salarial, en tanto que un empleado de cualquier ayuntamiento puede ganar 3.500 y un policía 4.500 pesos mensual, mientras que los precios de los productos de primera necesidad suben de manera galopante y sin control.

En tanto, el Dr. Fernández, que al arribar a su primer mandato quería ser justo como el legado de su mentor (el profesor Juan Bosch) quien llegó a exponer de que si su partido (el de la Liberación Dominicana) subía al poder, en su gobierno no habría ni un peledeísta que  se alzara con un solo centavo de las Arcas del Estado, porque primero era servir a su partido para desde allí servirle al pueblo; los resultados de todos estos son ya bastantes conocidos.

Las palabras del profesor Bosch quedaron grandes a los miembros de su partido, debido a que la elevada suma que estos comenzaron a devengar abrió los ojos de estos, quienes de inmediato sintieron un gran amor por el dinero, siendo así como se constituyeron las siguientes cosas: la depredación de los bienes del Estado, el tráfico de influencia, el soborno, el cobro de peaje en las diversas negociaciones nacionales é internacionales, la inversión extranjera, industrias petroleras, narcotráfico, compra de aviones, la privatización  de las empresas públicas (CORDE) entre otras.

A raíz de que se implementó el sistema de por “la izquierda”, República Dominicana quedó como una nación prostituida, donde solo el que paga sus favores obtendrá sus placeres.

Hoy por hoy los numerosos escándalos sobre la corrupción abarcan casi en su total a todo el tren gubernamental y se percibe que no existe ninguna institución que no esté salpicada por este flagelo y para muestra con un botón basta, entre ellas los diversos departamentos existentes del cuerpo represivo estatal, véase PN, DNCD, DICRIM, DICAN, quienes supuestamente velan por el orden público, entre otras instituciones del gobierno central.

Por último, visto el caso y confirmado el hecho, entonces entre tantas interrogantes solo  cabe hacer una pregunta: ¿Para qué existe y cuáles son las funciones del supuesto departamento de ética del gobierno central?

Que Dios se apiade, bendiga y proteja a todo el pueblo dominicano.

El atentado terrorista en contra del semanario francés Charlie Hebdo es condenable con la mayor fuerza y firmeza posibles.  Nadie tiene derecho a matar a nadie y mucho menos nadie puede cometer crímenes en el nombre de Dios. Eso es no entender la verdadera esencia de Dios que es justo, amoroso, que sabe y enseña a perdonar y a servir a los demás. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano sin importar la causa, pero es mucho peor cuando comete esa acción enarbolando la defensa de un Dios que nunca acepta ese comportamiento.

Sin embargo, si analizamos con cuidado todas las aristas del atentado en contra del semanario francés Charlie Hebdo veremos que si bien es cierto que se debe condenar esa acción en su contra ejecutada por extremistas musulmanes, no menos cierto es que esa publicación vivía provocando e irrespetando no sólo a los musulmanes sino a los cristianos y a todos seguidores de la fe en el mundo. En varios ocasiones sectores musulmanes de Francia se quejaron en la justicia por los abusos, burlas e irrespetos que cometía esa publicación en contra de la fe musulmana y su profeta Mahoma, pero la justicia francesa le daba razón a los irreverentes e irrespetuosos de Charlie Hebdo y dejaba desprotegidos a los musulmanes que hoy día son más de seis millones en el país francés.

Un medio de de comunicación debe tener un mínimo sentido de responsabilidad social y de respeto por todas las normas éticas y humanas. Un medio de comunicación no está para abusar de su poder y faltarle el respeto a todo el mundo sin tener un freno moral e institucional que le evite ejercer ese abuso. Los caricaturistas de Charlie Hebdo pasaron el límite de la libertad de expresión. Ellos podían haber mantenido una critica dura en contra de los conceptos, las ideas, las expresiones y las liturgias de cualquiera de las religiones o de las expresiones de fe, pero nunca debieron haber pasado a los niveles de ridiculizar, irrespetar y atentar en contra de la moral y la creencia de los líderes de esas religiones. Ningún medio de comuncación en el mundo tiene el derecho de poner desnudo o en poses sexuales a un líder religioso o de fe así como tampoco a ningún lider político de cuaquier nación. Imagínese lo que le pasaría al New York Times si saca una portada con el presidente Obama desnudo y en poses claramente sexuales.

No es cierto que la libertad de expresión no tiene límites. Se debe y se tiene que establecer límites cuando un medios se pasa la raya del respeto, de la consideración, de la decencia y de la tolerancia. Ese límite debe ser institucional, es decir, a través de los mecanismos que tienen las sociedades para garantizar la convivencia pacífica. Pero si esos mecanismos no funcionan con eficacia y dejan pasar esos abusos e irrespetos, como en Francia, mucha gente radical e irracional puede ser  llevada a actuar de manera violenta, como actuaron esos musulmanes radicales en contra del semanario Charlie Hebdo.

Por eso, uno de los responsables de ese atentado criminal son los mecanismos judiciales de Francia. Es necesario entender que en la cuna de los derechos humanos también es necesario poner límites al ejercicio de la comunicación para garantizar la convivencia humana. Condeno con toda mi fuerza el atentado criminal en Francia,  pero que quede bien claro que yo no soy Charlie.