Nos equivocamos los que creíamos que la Junta Central Electoral prorrogaría el plazo que fijó intempestivamente para dejar sin vigencia el viejo carné de la cédula de identidad y electoral, cuando todavía dos millones y medio de personas no habían procurado el nuevo.

El plazo hasta el 10 de enero fue otorgado en medio de las fiestas navideñas, con solo unos 20 días laborables por delante, cuando faltaban dos millones y medio por renovar el documento, desatando una locura en decenas de miles de personas que creían que después de esa fecha quedarían sin la cédula, víctimas de la desinformación.

Se montó un negociazo en el que cientos de vividores se dedicaron a tomar turnos en las madrugadas para luego venderlos hasta por 500 pesos, en escasos centros de cedulación, que la JCE informa, después de vencido el plazo, que procederá a aumentar. Eran tan insuficientes que a pesar de los madrugonazos y congestión no llegaron a 500 mil (apenas quinta parte de los faltantes) los que pudieron obtener el nuevo plástico.

No había la menor justificación para ese atropello navideño a la ciudadanía, desde luego en su gran mayoría pobres y desinformados. No había ninguna urgencia, el nuevo carné no difiere tecnológicamente del anterior. Y se pudo haber prorrogado hasta dos y tres veces el plazo, acompañándolo de una campaña de incentivos como hace la Dirección General de Impuestos Internos para cobrar el gravamen a las matrículas de vehículos.

El cambio de la cédula comenzó el 20 de abril del año pasado y nada justifica que ocho meses después se decidiera un plazo tan conminatorio, que bien pudo adelantarse tres meses. La JCE ha recordado que será en diciembre cuando cerrará provisionalmente el padrón electoral, no así la expedición de copias de cédulas, lo que solo se suspende en los dos días anteriores a cada votación. Una razón adicional para que hubiese flexibilidad.

Hay otra razón: la JCE nunca ha dicho a los millones de ciudadanos y ciudadanas que en los cuatro años anteriores atendieron el llamado a registrar sus datos biométricos para el nuevo carné, por qué razón han tenido que acudir nuevamente. Y no lo ha hecho porque tendría que explicar el desastre de una tecnología que no funcionó, comprada por decenas de millones de dólares, aunque fue denunciada ampliamente en su oportunidad. Se perdió el dinero de los contribuyentes y el esfuerzo ciudadano.

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente hay un agravante: la decisión de dejar sin valor el viejo carné de identidad y electoral viola ley 26-01 que establece la vigencia de la cédula en diez años, venciendo en la fecha de nacimiento de cada persona, como forma de evitar la aglomeración.

Fue una decisión prepotente y abusiva del presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien anunció el plazo antes de conseguir que otros dos titulares del organismo la aprobaran. Se mantuvo la decisión pese a que el miembro Eddy Olivares advirtió la violación a la ley, en un voto negativo razonado que entregó por escrito.

La violación a la ley fue tan obvia que la Asociación de Bancos y luego la Superintendencia de Bancos acordaron seguir reconociendo el viejo carné a todo el que tuviera negocios abiertos con las entidades financieras. De esa manera evadían una demanda de cualquier afectado que tuviera una cédula con menos de diez años.

Seguramente gran parte de los que aún no han cambiado la cédula no la necesiten de inmediato, pero quedan estas interrogantes: ¿Por qué ese desprecio por la ley? ¿Por qué tanta prepotencia, arbitrariedad e irracionalidad? ¿Dónde queda el Estado de derecho? Y ¿ninguna autoridad puede reclamar el imperio de la ley?

Varias ocurrencias  hacen parecer inverosímil la posibilidad de que Alberto Nisman, el fiscal argentino hallado muerto en su casa con un tiro en la cabeza, tomara la decisión de  quitarse la vida.

Escribió una nota de compra para que su empleada de servicio acudiera al supermercado al día siguiente; le había expresado a su entrenador personal que retomaría sus rutinas cuando este retornara de unos compromisos en Uruguay; no hay residuos de pólvora ni en la mano con la que se disparó ni en la otra; el cerrajero dice haber abierto sin mucha dificultad la puerta de servicio por la que entró al apartamento de Nisman junto a la madre del occiso y dice que cualquiera pudo haber penetrado por allí; había una tercera puerta de acceso al apartamento desde otro apartamento; la subida de una foto en la redes sociales en la que el fiscal aparecía en su mesa de trabajo en un escritorio atiborrado de documentos de los que presentaría al día siguiente;   conversaciones con cercanos en las que no reflejaba depresión; y las declaraciones de su ex esposa poniendo en duda el suicidio.

Todo  se suma a otra montaña entre las autoridades y la población: la falta de credibilidad del Gobierno, su impopularidad y su desprestigio que llevan a creerlo capaz de todas las locuras que se le imputen.

Pero resulta que la presidenta Cristina Kirchner también figura entre quienes echan por tierra la hipótesis del suicidio y surgiere que otras manos u otras cabezas lo indujeron a matarse o le acompañaron en la tarea, y ha asegurado que al fiscal Alberto Nisman “lo usaron vivo y después lo necesitaron muerto”.

Desde un principio he pensado que estamos ante una repetición de lo ocurrido en Cuba en 1950 con el doctor Eduardo Chibas, que prometió presentar unas pruebas de corrupción contra el ministerio de Educación que al momento de su próxima entrega no estaban, o sencillamente no alcanzaban para probar lo anunciado, y resolvió el problema quitándose la vida.

Si lo que al fiscal Nisman le hubiese tocado probar fuera el enriquecimiento ilícito de la pareja que ha estado en el poder argentino en los últimos periodos, les hubiesen sobrado evidencias, pero lo que se impuso demostrar era una hipótesis que difícilmente pueda hallar documentos que la avale.

Si cualquier gobernante entiende que resulta políticamente inconveniente reñirse con un Estado que puede usar como aliado en determinadas  circunstancias para el esclarecimiento de un crimen que lleva décadas de nebulosas e indefinición, podrá haber impartido  instrucción verbal, pero no iba a dejar nada por escrito

No ha sido  la primera mandataria argentina sobre la que se ha dicho que ha tenido paños tibios frente a Irán, que se ha negado a entregar a los sospechosos del mayor atentado terrorista que se haya cometido en la historia de su país, el perpetuado contra la mutualista judía  AMIA, en 1994, con un saldo de 85 muertos y trescientos heridos, Menem fue objeto de una acusación similar.

Alberto Nisman pudo haber llegado al convencimiento de que su investigación fue contaminada con testimonios falsos, que una vez descubiertos lo dejarían muy mal parado, y en vez de presentarse  ante la comisión congresual que le aguardaba, en un momento en que solo le acompañaba su conciencia, actuó como Chibas.

Para Cristina el escenario de esa acusación no era el peor,  no requería de la muerte de Nisman para ganar ese raund.

Los conceptos políticos y económicos desigualdad y exclusión se han puesto de moda como consecuencia de las ásperas recetas para afrontar la crisis financiera global y porque las estadísticas marcan que la riqueza mundial se concentra cada vez más  en manos de una pequeña elite.

Un  estudio de Oxean, que aglutina a 17 organizaciones no gubernamentales que  trabajan a nivel de todo el planeta el tema de la pobreza y la injusticia, señala que  desde 2010, el 1% de los individuos más ricos del mundo han incrementado su participación en la riqueza a nivel mundial.

En 2014, ese 1% más rico poseía el 48% de la riqueza mundial, mientras que el 99% restante debería repartirse el 52 por ciento, pero el 80 por ciento de ese  porcentaje es detentado por un 20%, por lo que  el 80%  de la población del mundo tendrá que  sobrevivir con un 5.5% de la riqueza.

Algo peor: dentro de dos años, la riqueza en manos del 1% de la población mundial alcanzara el 52% de la riqueza, lo que indica que  la desigualdad, exclusión y pobreza arropa  de manera extrema al 80% de los seres vivos.

Ya se sabe que el aumento pura y simple del PIB no garantiza reducción significativa de pobreza, marginalidad e inequidad, por el contrario, economista como el francés Thomas Piquetty han demostrado que en ciertas condiciones el crecimiento de la economía genera más desigualdad.

Cuando el crecimiento del PIB refleja  de manera preponderante el aumento de la rentabilidad o ganancias de ese grupo elite que a nivel mundial representa el 1% de la población, entonces  la desigualdad y la pobreza se acentúan.

Con razón se dice que cuando la economía crece, por ejemplo 7% del PIB, las grandes empresas obtienen rentabilidad tres veces mayor, sin que se cumplan cabalmente expectativas sobre consolidación de índices de desarrollo humano.

La manera de evitar aquí la desproporción entre el 1% de la población mundial  que  detentará  en  2016, el 52% de la riqueza ante  el 99%, que solo  se distribuye  el 48%,  ha de ser por vía de una justa redistribución del ingreso y nuevas políticas sobre fiscalidad que impacte sobre las grandes rentabilidades.

El presidente Danilo Medina combate la desigualdad y la exclusión por vía de   del 4% a la educación,  democratización del crédito, asistencia directa  a las pymes e incremento de las transferencias presupuestales a familias vulnerables, pero falta mucho camino por  recorrer hasta lograr que el crecimiento del PIB se asocie con el desarrollo social.

El Sistema de Seguridad y Atención a Emergencias 911 es una plataforma que tiene como misión disminuir los altos niveles  de violencia que registra la sociedad dominicana. Las autoridades gubernamentales han puesto en práctica un esfuerzo bien intencionado que en la medida en que se vaya profundizando e institucionalizando, nos permitirá respirar un aire de  tranquilidad, necesario para el sano y  buen desenvolvimiento del país.

 Es un deber  contribuir con el 911, para que en la medida de su profundización, podamos sentirnos más seguro en todos los espacios públicos y privados, que por momentos lucen amenazados.

     El 911, igualmente,   viene organizando  el descomunal desorden existente en la mayoría de los intersticios de nuestras vidas, que unas  veces se presenta por desidia y   otras veces  por ignorancia, fecundándose   un ambiente hostil al vivir en paz,  tranquilidad y en armonía con las normas y códigos aceptables   en la colectividad.

     El descomunal incremento de las zonas urbanas en nuestro país, fenómeno  que ha concentrado a miles de seres humanos en pequeños espacios, hace que sea imposible continuar con maneras y estilos  de  vida que hostigan e impiden la existencia de comunidades al margen de la tranquilidad y la privacidad. Pongamos de ejemplo al sector de Capotillo, el cual en menos de un kilómetro cuadrado, residen alrededor de  100 mil habitantes, lo que hace muy especial  la vida en esa barriada capitalina, llevando el hacinamiento que se escenifica allí a la imposibilidad de desconocer normas y reglamentos  de la existencia  en agrupación.

Al igual que Capotillo,  los demás sectores aledaños de la zona norte del Distrito Nacional y de otras latitudes,  requieren de reingeniería a la hora de afrontar los grandes males que les aquejan.

     Y es precisamente ahí en donde el 911 viene jugando su papel estelar, cuando  acude  en auxilio de la ciudadanía sitiada y  amenazada por la violencia que genera la  sinrazón y el desorden. El sistema 911 es una respuesta rápida y organizada a la crueldad  callejera,  la violencia intrafamiliar,  la conducta inapropiada de minorías que con su ensordecedora  forma de provocar ruidos, cargando  el espacio a nuestro derredor con una gran contaminación sónica generadora de enfermedades.

     La labor que desarrolla  el sistema 911 hace que cada persona se vea en la obligación de colaborar con este proyecto, que  a pesar del poco tiempo que tiene en práctica, ya tiene resultados   tangibles, como lo es que desde el  15 del mes que discurre se inició las llamadas de atención del 911  por los ruidos, y son más de tres mil casos a los que el 911 ha ido en su socorro, sancionando a las personas desaprensivas y ruidosas  que agreden el espacio personal  de las demás.

     Ayudemos al 911. Contribuyamos a que cada día este sistema de paz y tranquilidad se institucionalice y siga brindando sus servicios a la población víctima de agresiones.    

La misteriosa muerte de Alberto Nisman, el fiscal argentino que por 10 años se había encargado de la investigación del abominable acto terrorista cometido en 1994 en Buenos Aires contra una mutual judía, donde fueron asesinadas 85 personas y centenares resultaron heridas,  mas que consternación ha generado gran indignación y repulsa contra el gobierno populista, frecuentemente acusado de corrupto, de la peronista Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal quien amaneció en la madrugada del 18 de enero, con un balazo en la cabeza en el baño de su apartamento, se aprestaba a presentar pruebas que involucrarían a la gobernante, al canciller Héctor Tímerman, y a un encumbrado agente de seguridad del entorno de la mandataria, entre otros funcionarios, en complicidad con el gobierno iraní, en la fabricación de pruebas de inocencia a favor de los responsables, ex funcionarios iraníes, acusados del monstruoso acto terrorista.

De inmediato la presidenta argentina publico una comunicación en la red social Facebook, donde sostuvo que el hecho era un suicidio, aunque en otra declaración mas reciente, en flagrante contradicción, se refiere al caso como un homicidio. Lo que le dio rienda suelta a la indignación de la gran mayoría de los argentinos, que se muestran realmente hastiados de las indelicadezas cometidas por el largo gobierno Kirchnerista.

Manifestaciones de protesta que piden se aclare la sospechosa muerte del fiscal y el cese de la corrupción y la impunidad, se realizaron en toda Argentina y en el balneario uruguayo de Punta del Este.

Un hecho que pone en duda la teoría del suicidio, es el resultado negativo de la prueba de rastro de pólvora en la mano del fallecido utilizada en el supuesto de que él haya sido el autor de su propia muerte.

En otra evidencia que refuerza la creencia de que el fiscal fue asesinado es que éste supuestamente le había dejado a una persona que lo ayudaba la lista de las compras que debía realizar el lunes siguiente, lo que demuestra que Nisman no tenia planes de dejar este mundo de manera tan expedita.

Otras circunstancias que refuerzan las sospechas contra el gobierno son las que se refieren a que el fiscal fenecido estaba siendo amenazado y presionado desde círculos oficiales, y que además era estrechamente vigilado, incluso en sus viajes al extranjero, esto confirmado por la misma mandataria, cuando afirmo en Facebook, que a Nisman le siguieron los pasos en su último viaje a España.

En encuestas recientes una mayoría de argentinos, un 80%, no cree en la teoría del suicidio y otro 70%, considera responsable de la muerte del funcionario, al gobierno de Fernández.  

Con relación al acto terrorista fruto de la investigación, pruebas en manos de la justicia argentina sostienen, que el ataque islamista a la Asociación Mutual Israelita Argentina, (AMIA), fue perpetrado por el grupo yihadista libanés, Hezbolá, con el apoyo logístico y financiero del régimen iraní.

En 2006 el gobierno argentino acusó formalmente al de Irán por el atentado genocida, al tiempo que hizo un pedido de captura internacional a la Interpol, en contra de ocho ex funcionarios iraníes.

En informaciones periodísticas se afirma que el terrorista suicida que guió el coche bomba detonado para tal acción, fue un miembro de esa organización terrorista conocido como Ibrahim Hussein, quien tiene una placa de reconocimiento desplegada en un lugar del sur del Líbano, como premio a su “martirio”.

Ojalá que este lamentable suceso de la muerte del fiscal pueda ser aclarado, y que los hechos terroristas cometidos hace ya 21 años, cuando gobernaba Carlos Menem, sean sancionados severamente, capturando y sometiendo a la justicia a los prófugos ex funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales y naturalmente, a los cómplices argentinos encubridores de los criminales.

Luis Abinader es el candidato presidencial ideal para unificar y compactar toda la oposición política Dominicana. Estamos conscientes que hay adversidades a vencer. Unificar el colectivo opositor desde siempre ha sido un objetivo difícil de lograr, pero la urgencia del cambio crea el gradiente positivo para unir las voluntades políticas dispersas en el espectro nacional.

Luis Abinader es el candidato de la esperanza nacional. El abre la puerta hacia el inexorable y dialéctico cambio político generacional. Estamos conscientes del temor de las sectores más conservadores de la sociedad al transfer  de una generación de líderes hacia las nuevas generaciones, aunque en República Dominicana se vive una etapa de transición porque después de los liderazgos que se convirtieron en iconos de Balaguer, Bosch y Peña, las poltronas de los diferentes sectores políticos nacionales, la  derecha, Centro Izquierda y la Izquierda, están vacantes.

Luis Abinader ha expresado su compromiso con el medio ambiente, tiene la voluntad y disposición de aplicar políticas de justicia social,  con la finalidad de  restablecer el necesario equilibrio de los diferentes sectores de clase, su visión para insertar el país en la era tecnológica, cambiar el modelo de producción y el modelo económico el cual está fundamentado en la producción de bienes y servicios, y una carrera alocada de préstamos y bonos, lo cuales han producido un crecimiento de la economía que no se traduce en el bienestar colectivo, no hay redistribución equitativa de la riqueza, en definitiva  hay equilibrio macroeconómico, pero la microeconomía no se beneficia de esos impulsos financieros. Alguien dijo, el pueblo no come números, no se alimenta de macroeconomía, sino de una canasta familiar que triplica el sueldo base de la clase trabajadora.

Luis Abinader, su figura inmaculada y pulcra, no tiene compromisos con el pasado, con ese antro de cobras amaestradas que medran en círculos políticos de vocación corruptas, su visión ética sobre la administración del Estado y su compromiso irrenunciable con auspiciar el inicio del Estado de Bienestar, que se caracterice por el crecimiento armonioso de todos los sectores nacionales, mejorar la calidad de vida de los dominicanos, garantizando educación de calidad desde la primaria hasta la educación superior, privilegiar la investigación científica, crear fuentes  de empleos y disminuir la tasa de desempleos y Sub empleos, políticas modernas que garanticen la seguridad  ciudadana, y centrarnos en el estudio de las causas sociológicas de la delincuencia juvenil, violencia de géneros, para producir las políticas y acciones de Estado, para disminuir al máximo sus actuales alarmantes niveles.

Luis Abinader, cuando tuve el honor de hablar y escucharle en mi residencia, donde se dieron cita prestigiosos galenos como el Dr. Lora Pereyó y un equipo de médicos jóvenes encabezados por el Algeris Jerez, y mis empresarios amigos, nos dijo con gran precisión y conocimientos de causas, que las reformas sanitarias realizadas en la postrimerías del siglo pasado, se han agotado y hay que producir una nueva ola de reformas, en la que se produzca un justo equilibrio de la seguridad social, armonizar las ARS y las Sociedades Médicas, Clínicas, Hospitales, para que esto se traduzca en una mejoría del servicio, ampliación de coberturas y que no existan patologías médicas (enfermedades catastróficas), sin cubrir en el catálogo de servicios sanitarios a nivel nacional, y sobre este particular el Estado Dominicano debe ser el catalizador de esta nueva ola de reforma de la seguridad social.

Mis queridos amigos y compañeros que me preguntan porque estoy con Luis Abinader, debo confesar que su visión y compromiso generacional, son las razones por las cuales he decido acompañarle en esta cruzada patriótica por el cambio.

Luis es la garantía del cambio real y transparente, la sociedad dominicana no merece el castigo histórico de regresar al pasado, avancemos al ritmo del movimiento global.