El filósofo de la trastienda política dominicana, Dr. Euclides Gutiérrez Félix, solía decir en sus intervenciones públicas que, “la política es el arte de lo posible y que, en esa actividad se hace lo que conviene”. Lo primero que debemos decir sobre estos juicios, es que no son de la originalidad de don Euclides Gutiérrez, son razonamientos del profesor Juan Bosch.

Así es, recordamos a don Juan razonando sobre el arte político, y haciendo comparaciones históricas; una que frecuentemente mencionaba, era la decisión tomada por Vladimir Ileanov Lenin, de aceptar ocupar un vagón de un tren alemán, para regresar a la Rusia en guerra con Alemania, sabiendo que era una jugada de ese país que, buscaba de dividir las fuerzas rusas.

En ese caso Lenin optó por usar los recursos de un país enemigo del suyo, para lograr llegar a Rusia, dividir las fuerzas del Zar que enfrentaban a Alemania y aprovechar la debilidad zarista para derrotar el sistema; así se incubó el parto del estado soviético que conoceríamos más tarde.

Pero, sin alejarnos del patio, recordemos cuando nacía República Dominicana, Francisco del Rosario Sánchez, quién generosamente ofrendó su sangre para abonar la Patria, en su retorno al país desde el exilio, lo hizo por territorio enemigo, con su gloriosa frase: “Entro por Haití, porque no puedo hacerlo por otra parte, pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre decidle que soy la Bandera Nacional”.

Cuando en política, hacemos lo que conviene para completar un plan estratégico de conveniencia general, es decir, que convenga a todo el país, los métodos y las consecuencias nunca serán considerados degradantes; pero si esa táctica de conveniencia es para un fin individual, entonces entramos en una fase de degradación política.

Y ese es el camino que, enseñaron a transitar los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina, al propiciar modificaciones constitucionales para beneficiarse individualmente cada uno de ellos; nos referimos a las modificaciones a la Carta Magna del 2002 y el año 2016, cada una de ellas buscando la reelección presidencial de su propiciador.

Si los pueblos contemplan constantemente, a sus dirigentes y figuras cimeras infringir las leyes y normas sociales y políticas para beneficio personal, se va creando una imagen de degradación de la conducta en la conciencia ciudadana que, muy pronto dará como resultado un comportamiento díscolo de las masas populares.

Actos indelicados

En el gobierno del presidente Luis Abinader se han cometido tantos actos indelicados, que ya muchos de nosotros hemos olvidado los primeros; pero tratemos de recordar algunos:

La burla a la costumbre del dominicano ordinario de jugar a la lotería, aquel fraude del llamado “caso 13”, un fraude burdo y dantesco que se quedó sin sanción, por ahí andan los propiciadores burlándose de todos.

La afamada familia Gómez acaba de dar una lección de cómo se agarran bien los “pichirrí’. A los señores Hugo Beras y Jochi Gómez y compartes, un tribunal le dictó 18 meses de coerción por el escándalo fraudulento del Intrant. Duraron menos tiempo presos que la vida de una cucaracha en un gallinero, y asegúrenlo que ellos jamás pisarán una prisión en este gobierno.

Ahí anda el buen mozo Hugo Beras en un programa de TV burlándose de todos los dominicanos. Ahora bien, ¿Por qué los Gómez y Beras pueden hacer cosas parecidas en la sociedad dominicana?

Pues, muy fácil, porque la degradación moral, social y política de las élites gobernantes viven enclaustradas en techos de cristales muy frágiles, que se rompen con solo mirarlos mal.

Sin temor a dudas, se puede afirmar que las esferas de dirección del Estado dominicano, están colmadas, ya no por degradados sociales, sino por degenerados sociales.

jpm-am

En la primera entrega del presente artículo intentamos demostrar que la administración del presidente Luis  Abinader ha puesto en marcha  desde el inicio mismo  de su gestión en plena crisis del Covid-19, en agosto del año 2020,  un proceso de transformación institucional que sin hacer mucho ruido ha marcado un antes y un después en la gestión de los asuntos públicos de la República Dominicana.

Y apuntaba que  a pesar de todas las dificultades del momento, que  proyectaban un agudizamiento de los déficits que ya arrastraba  el país,  su administración  no solo logró implementar, probablemente  el m-as exitoso programa de recuperación de la crisis sanitaria y económica de la pandemia a nivel mundial,  sino  que también se ocupó de abordar una serie de problemas crónicos y  ancestrales que no habían merecido la atención de  gobiernos anteriores a pesar  de actuar  en circunstancias menos apremiantes.

En otras  palabras, los resultados de las políticas públicas aplicadas en los últimos cuatro años, muestran en la comparación basada en  datos puros y duros  que el país ha logrado avanzar notablemente en los principales temas que impactan el  ordenamiento institucional,  el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de nuestra gente.

En ese sentido evaluamos y medimos en el primer trabajo los resultados derivados de las acciones del Gobiernos en iniciativas y políticas sobre programa burocracia cero, Independencia de la Justicia, continuidad institucional,  Corrupción e inversión pública, descentralización de la inversión,  y justicia salarial, áreas que representan la cabeza de playa de un proceso de transformación institucional que está cambiando  al país.  En la segunda parte de este trabajo esbozamos otros temas de políticas públicas que también  marcan un antes un después:

Agua potable y saneamiento.

Si usted piensa en los 14 años que implicó la construcción del Acueducto Múltiple de Peravia, iniciado por Leonel Fernández  en el 2008 y terminado por Luis Abinader en el 2022, podría entender mejor la magnitud del programa  de inversión que ha ejecutado el actual gobierno  en solo  4 años a través del INAPA, sumando  50 obras entregadas con una inversión que ronda los 25 mil millones de pesos en construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento, que han ayudado  a cambiar la vida  de dos millones de dominicanos.

No menos impactante ha sido el aporte de la CAASD al incrementar en  86 millones de galones la producción de agua potable del Gran Santo Domingo, además de llevar  el  líquido por tuberías  por primera vez a más de 70 comunidades. El INAPA Y LA CAASD también han sido responsables de los proyectos de Arroyo Gurabo, en Santiago; y Cristo Park, en el Distrito Nacional,  las dos obras de saneamiento de mayor impacto  ambiental, social y urbanístico en la historia del país.

Apoyo a la producción agropecuaria. La atención del Gobierno a los productores fue un factor clave en la rápida recuperación del sector agropecuario antes de concluir la emergencia  sanitaria. La entrega de 20 mil millones de pesos al Banco Agrícola aportó una inyección de recursos frescos para los programas de apoyo a la producción. Este monto representó un 70% más que los 12 mil millones asignados a la institución en los 4 períodos de gobierno anteriores, facilitando  préstamos al sector por más de RD$104 mil millones y aplicando parte de esos recursos al programa tasa cero en beneficio de 15 mil productores. Así los volúmenes de producción pasaron de un promedio anual de  320 millones de quintales,  en el periodo 2017-2020,  a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Un hecho a resaltar es que  el país produce casi el 100 % del arroz que demanda el mercado nacional.

Reducción del hambre y la subalimentación.

Desde la oposición se vaticinaron hambrunas pero en el cuatrienio 2020-2024, con todo el impacto de la pandemia y de los insumos en los mercados internacionales,  el país ha logrado elevar la producción de  alimentos en un 15% al pasar de 320 millones de quintales en promedio anual en el periodo 2017-2020, a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023,  y encabezando junto a Panamá  la lista de  países de América Latina que han logrado reducir el hambre y la subalimentación,  al pasar de 8.7% en el 2020 a 4.6 % en el 2024, de acuerdo a recientes datos de la FAO-ONU. El pasado ministro de Agricultura, Osmar Benítez, también lo ha reconocido: “República Dominicana es uno de los pocos países que produce más del 90 % de la demanda de la canasta básica alimentaria de su población”.

Gestión de crisis y sentido de prioridad.

La creación de los gabinetes sectoriales para abordar la crisis de la pandemia con la participación de los principales actores sociales y económicos del país, es uno de los grandes aportes del presidente Abinader a la cultura de la buena gobernanza pública. Pero no menos trascendente fue la respuesta integral a la pandemia mediante el reforzamiento del sistema sanitario, educación y disciplina social,   campaña de  vacunación, estrategia de retorno a la normalidad y  recuperación de los sectores productivos; Al Presidente no le tembló  el pulso para destinar  más de 147 mil millones de pesos en subsidios en beneficio de los sectores sociales y económicos más vulnerables,  junto a  las medidas para mitigar el impacto de la inflación internacional y la atención inmediata a las víctimas del huracán Fiona en la Región Este. Con  este  sentido de prioridad el país no habría invertido US$50 millones en la construcción de una universidad en Haití mientras abandonaba a su suerte durante varios años  a miles  de familias en la Hoya del Lago Enriquillo.

El derecho a la vivienda. 

El acceso a un techo propio no solo es un derecho  constitucional, sino también una de las aspiraciones más arraigadas en la familia   dominicana. A través de los programas Dominicana se Reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz, el Gobierno ha canalizado en los últimos  4  años una inversión superior a los 29 mil  millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil  familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales, un logro  complementado con el Plan Nacional de Titulación, que hasta el mes de agosto del 2024 había  hecho posible la entrega de más de 100 mil títulos de propiedad en por lo menos 29 provincias del país, beneficiando a más de 336 mil personas. Es sabido que para una familia  el  título de propiedad es  el primer escalón para alcanzar el sueño de una vivienda propia digna.

Política migratoria: antecedentes.

La Ley General de Migración 285-04  fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004, pero el país debió esperar  7  años para que el presidente Leonel Fernández promulgara el reglamento 631-11 para su aplicación. Sin embargo, esta iniciativa no fue complementada por las acciones necesarias para su debido cumplimiento. El presidente Danilo Medina, por su parte, asumió una actitud más que conservadora frente al tema de la migración, tal como le reflejó en su decreto del  17 de enero del 2014, cuando anunció algunas medidas “para impedir la entrada irregular de ciudadanos haitianos”, aunque al mismo tiempo prohibió las deportaciones de los mismos nacionales que ya estaban irregularmente en el país. En  el 2018 el presidente Medina anunció un conjunto de medidas para darle cumplimiento a la ley 285-04 en la franja fronteriza con Haití,  incluyendo la utilización de drones, cámaras, aumento de la vigilancia militar y helicópteros todo terreno. Esta medida no cambió el status tradicional de la frontera.

La voluntad inquebrantable del presidente Abinader.

En el inicio de su gestión, en medio de la pandemia,  el problema migratorio no parecía ser una de las prioridades del país, pero en diciembre del 2020  el presidente Abinader dejó claramente establecido que haría cumplir a carta cabal la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11. Y así ha sido desde el 2020 hasta ahora. El Gobierno Dominicano ha puesto en práctica  una política migratoria más humana, ordenada y respetuosa de la Ley, mientras ha dispuesto la expatriación de más de un millón 200 mil haitianos ilegales. Solo en los últimos dos años, se han construido seis grandes centros de procesamiento de extranjeros en Haina, Santiago, Dabajón, Jimaní, Elías Pila   y Benerito-Higuey. En cuanto a la frontera el cambio ha sido radical, no solo por instalación de la verja perimetral inteligente en los puntos estratégicos de la línea divisoria con Haití, sino, y sobre todo, por la voluntad del Gobierno de asumir  el control de lo que parecía ser tierra de nadie y  hacer cumplir el mandato constitucional que “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza…”  Durante  el período 2021-2023 la inversión per cápita en la zona  se ha más que duplicado con relación al período 2016-2019. Además de  los proyectos turísticos, viales y logísticos desarrollados Cabo Rojo, Pedernales, Montecristi y Manzanillo, con una derrama hacia Dajabón y Santiago Rodríguez, al cierre del 2024 deberían finalizar al menos 42 intervenciones en 24 comunidades de seis provincias.  Estas obras tienen que ver con el acceso a energía eléctrica, internet, vivienda, agua potable y saneamiento.

Gestión de crisis y sentido de prioridad.

La creación de los gabinetes sectoriales para abordar la crisis de la pandemia con la participación de los principales actores sociales y económicos del país, es uno de los grandes aportes del presidente Abinader a la cultura de la buena gobernanza pública. Pero no menos trascendente fue la respuesta integral a la pandemia mediante el reforzamiento del sistema sanitario, educación y disciplina social,   campaña de  vacunación, estrategia de retorno a la normalidad y  recuperación de los sectores productivos; Al Presidente no le tembló  el pulso para destinar  más de 147 mil millones de pesos en subsidios en beneficio de los sectores sociales y económicos más vulnerables,  junto a  las medidas para mitigar el impacto de la inflación internacional y la atención inmediata a las víctimas del huracán Fiona en la Región Este. Con  este  sentido de prioridad el país no habría invertido US$50 millones en la construcción de una universidad en Haití mientras abandonaba a su suerte durante varios años  a miles  de familias en la Hoya del Lago Enriquillo.

Agua potable y saneamiento. 

Si usted piensa en los 14 años que implicó la construcción del Acueducto Múltiple de Peravia, iniciado por Leonel Fernández  en el 2008 y terminado por Luis Abinader en el 2022, podría entender mejor la magnitud del programa  de inversión que ha ejecutado el actual gobierno  en solo  4 años a través del INAPA, sumando  50 obras entregadas con una inversión que ronda los 25 mil millones de pesos en construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento, que han ayudado  a cambiar la vida  de dos millones de dominicanos. No menos impactante ha sido el aporte de la CAASD al incrementar en  86 millones de galones la producción de agua potable del Gran Santo Domingo, además de llevar  el  líquido por tuberías  por primera vez a más de 70 comunidades. El INAPA Y LA CAASD también han sido responsables de los proyectos de Arroyo Gurabo, en Santiago; y Cristo Park, en el Distrito Nacional,  las dos obras de saneamiento de mayor impacto  ambiental, social y urbanístico en la historia del país.

Apoyo a la producción agropecuaria. 

La atención del Gobierno a los productores fue un factor clave en la rápida recuperación del sector agropecuario antes de concluir la emergencia  sanitaria. La entrega de 20 mil millones de pesos al Banco Agrícola aportó una inyección de recursos frescos para los programas de apoyo a la producción. Este monto representó un 70% más que los 12 mil millones asignados a la institución en los 4 períodos de gobierno anteriores, facilitando  préstamos al sector por más de RD$104 mil millones y aplicando parte de esos recursos al programa tasa cero en beneficio de 15 mil productores. Así los volúmenes de producción pasaron de un promedio anual de  320 millones de quintales,  en el periodo 2017-2020,  a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023. Un hecho a resaltar es que  el país produce casi el 100 % del arroz que demanda el mercado nacional.

Reducción del hambre y la subalimentación.

Desde la oposición se vaticinaron hambrunas pero en el cuatrienio 2020-2024, con todo el impacto de la pandemia y de los insumos en los mercados internacionales,  el país ha logrado elevar la producción de  alimentos en un 15% al pasar de 320 millones de quintales en promedio anual en el periodo 2017-2020, a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023,  y encabezando junto a Panamá  la lista de  países de América Latina que han logrado reducir el hambre y la subalimentación,  al pasar de 8.7% en el 2020 a 4.6 % en el 2024, de acuerdo a recientes datos de la FAO-ONU. El pasado ministro de Agricultura, Osmar Benítez, también lo ha reconocido: “República Dominicana es uno de los pocos países que produce más del 90 % de la demanda de la canasta básica alimentaria de su población”.

El derecho a la vivienda.

El acceso a un techo propio no solo es un derecho  constitucional, sino también una de las aspiraciones más arraigadas en la familia   dominicana. A través de los programas Dominicana se Reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz, el Gobierno ha canalizado en los últimos  4  años una inversión superior a los 29 mil  millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil  familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales, un logro  complementado con el Plan Nacional de Titulación, que hasta el mes de agosto del 2024 había  hecho posible la entrega de más de 100 mil títulos de propiedad en por lo menos 29 provincias del país, beneficiando a más de 336 mil personas. Es sabido que el  título de propiedad es  el primer escalón para alcanzar el sueño de una vivienda propia y digna. Noviembre 2024

jpm-am