SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) colaboración para la realización de su convención nacional donde escogerán los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso para las elecciones generales del 15 de mayo del año 2016.

La solicitud fue externada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, presidenta de la Comisión Electoral de ese partido, en el transcurso de un encuentro sostenido con el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario Márquez, en el que también participaron la licenciada Sonia Guzmán de Hernández, y los doctores José Marte Piantini, delegado electoral, y Antonio Almonte.

Rosario Márquez fue explícito en que por razones conocidas la JCE «no tiene la posibilidad de hacer una supervisión profunda de estos eventos y de acompañarlos más allá de lo que quisiéramos , pero si tiene la posibilidad de acompañarlos, de escucharlos, de opinar también y en la vía de lo posible tratar de ayudar si se puede y dar algunas facilidades materiales que hagan posible que ese evento termine como deben terminar todas las fiestas democráticas, de manera conveniente para cada uno de sus miembros y para el país»..

Explicó además que la próxima semana informará al Pleno de la JCE sobre la reunión, de lo que se conversó, y de la disposición de acompañar y ayudar al PRM en este proceso democrático interno.

jpm

BUENOS AIRES, Argentina.- La jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal argentino Alberto Nisman, encontrado muerto el pasado 18 de enero en circunstancias aún sin aclarar, ha afirmado este jueves que su exmarido fue «víctima de homicidio sin lugar a dudas».

«Alberto Nisman no se suicidó. A Alberto Nisman lo mataron», ha asegurado la jueza, querellante en la causa por la muerte del fiscal, en una comparecencia ante la prensa, en la que ha presentado las conclusiones del informe elaborado por sus propios peritos.

La magistrada ha añadido que, en base al análisis de las pruebas recolectadas en el apartamento de Nisman, donde el fiscal fue hallado sin vida el 18 de enero con un disparo en la cabeza, se descartan las hipótesis de un accidente o de un suicidio.

Un «hecho criminal de magnitud»

Arroyo Salgado, que junto a las dos hijas que tuvo con el fiscal y a la madre del procurador integra la querella en este caso, ha aseverado que la muerte de Nisman constituyó un «hecho criminal de magnitud». Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, fue hallado muerto cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque.

Arroyo Salgado ha mantenido que «la muerte violenta» de Nisman se dio en un «contexto político y judicial» que «ha marcado de lleno la institucionalidad de la República, además de poner en tela de juicio el rol del Estado nacional frente a la comunidad internacional en materia de terrorismo».

Según la jueza, Nisman no murió de forma instantánea sino que agonizó, su cuerpo no presentaba espasmo cadavérico -en contra de lo que afirmó la fiscal del caso-, fue movido de su posición original y no había presencia de alcohol en sangre.

La compra de medios de comunicación en Venezuela registrada en los últimos cinco años determinó una forma de censura y autocensura en el ejercicio del periodismo, según la investigación “Propietarios de la censura en Venezuela” de la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)​.

“La venta de medios se materializa como una forma de censura, en algunos casos hay censuras y en otros hay cambios hacia un periodismo alejado de la realidad”, dijo a la Voz de América Marianela Balbi, directora  capítulo Venezuela del YPIS.

“No queda duda de que estos cambios de propiedad de los medios están influyendo en las líneas editoriales planas domesticadas y que favorece los lineamientos informativos del Ministerio de Información y Comunicación”, agregó Balbi.

El trabajo analizó la venta de 25 medios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita en Venezuela, producida en cinco años por 30 periodistas de la red de IPYS como parte de un “proyecto colaborativo nacional”.

Aunque en Venezuela está prohibida la compra de medios de comunicación por capital extranjero o vinculado al sector bancario del país, encontraron evidencias de dos casos de compra de medios sin que las autoridades del gobierno se opusieran a la venta.

“Hay un patrón de grupos de inversionistas del exterior en la compra de medios, (…) claro en el caso de El Universal y la Cadena Capriles, donde se usan empresas de otros países como intermediarios, incluso de intermediarios para ocultar a los nuevos dueños”, dijo durante la presentación del estudio Emilia Díaz, coordinadora de la investigación.

El grupo Latam Media Holding figura como el comprador de la Cadena Capriles.

“En el caso de Globovisión, el registro de la empresa permanece en reserva” agregó Díaz, revelando además la negativa de la oficina del Registro Mercantil de dar a conocer los datos de la empresa que compró el canal.

Otro aspecto que dejó en evidencia la investigación es la relación de personas vinculadas a los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con los cambios de las línea editoriales de los medios vendidos.

“Hay personajes cercanos al gobierno que con su incorporación a este cambio de propiedad de medios influye en una línea editorial favorable al gobierno”, apuntó Balbi, quien expuso el caso de la Cadena Capriles, ahoraGrupo Últimas Noticias, en cuya acta de asamblea figura la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Desireé Santos Amaral.

Incluso Petróleos de Venezuela (PDVSA) la estatal petrolera está vinculada a un medio de comunicación en el estado Zulia.

La investigación encontró también que en el caso de otros estados de Venezuela las líneas editoriales están acopladas a la relación de los nuevos dueños con los gobiernos regionales.