SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Liberal La Estructura, Amable Aristy Castro, depositó ante la Junta Central Electoral una solicitud para que el nombre de esa organización sea cambiado a Partido Reformista Liberal.

La petición será conocida por el pleno de la JCE, que también consultará en audiencia pública a los demás partidos de la República Dominicana.

jt/am

NUEVA YORK.- El 17 de abril será un día crucial para el futuro de las medidas ejecutivas sobre migración promovidas por el presidente Barack Obama.

Delegados del Mandatario demócrata y una coalición opositora que agrupa a 26 estados se encontrarán en un tribunal de apelaciones, con sede en Nueva Orleans, para definir si puede seguir adelante sin nuevos reparos el plan que busca regularizar la situación de más de cinco millones de inmigrantes indocumentados.

Obama ha impulsado iniciativas a favor de los ‘sin papeles’ que no han logrado despegar. Esta fue una de sus ofertas emblemáticas durante la campaña para ganar la reelección.

Su aplaudido ‘Dream Act’, una propuesta de ley que busca ayudar a los jóvenes indocumentados que quieren ir a la universidad a legalizar su estatus migratorio, enfrenta resistencia en estados como Nueva York. Esta misma semana hubo una huelga de hambre estudiantil demandando que el presupuesto estatal contemple ayudas financieras para la educación de los ‘sin papeles’.

Pero otra realidad innegable es que, en medio del tira y afloja entre la actual administración y los opositores republicanos, la última década -y sobre todo desde la llegada de Obama a la Casa Blanca- ha marcado un récord en el número de deportaciones.

Según las estadísticas publicadas por el Departamento de Seguridad estadounidense, entre el 2001 y el 2008 fueron deportadas 2,01 millones de personas, mientras entre el 2009 y el 2014 la cifra ascendió a 2,33 millones. Y solo desde el 1 de octubre de 2014 al pasado 31 de enero se han repatriado a 80 359 inmigrantes.

¿Todos son peligrosos?
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Los datos sobre personas deportadas diferencian dos categorías: con y sin antecedentes criminales. El plan de alivio migratorio decretado por Obama pide a las agencias de seguridad centrar las deportaciones en quienes supongan una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, como sospechosos de terrorismo y miembros de grupos criminales.

Pero la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) denunció a inicios de este mes que oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) están deteniendo -el primer paso hacia la deportación- a personas consideradas de baja prioridad, como por ejemplo los que acumulan infracciones de tránsito. También se han reportado detenciones de inmigrantes quienes, por tener hijos nacidos en territorio estadounidense y haber vivido cinco años más en ese país, pudieran beneficiarse del decreto presidencial cuando este llegue a aplicarse.

Por su lado, activistas consideran que este mismo documento, firmado el pasado 20 de noviembre, posibilita a los agentes del ICE deportar a cualquiera que consideren que está ilegalmente en EE.UU. al afirmar que “no hay nada en esas medidas que deba ser interpretado para prohibir o desalentar el arresto, detención o deportación de inmigrantes indocumentados”.
Familias siguen detenidas

Tras llegar al poder en el 2009, Barack Obama cerró todos los centros de detención para familias inmigrantes del país. Sin embargo, la oleada de indocumentados durante el último año fiscal provocó la decisión de volver a utilizar instalaciones de este tipo para disuadir nuevas llegadas.

Según datos oficiales, más de 66 000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares cruzaron la frontera sur de EE.UU. durante ese lapso. La mayoría huye de la violencia y el narcotráfico en sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Muchas voces han pedido al Gobierno el cierre de los centros de detención para familias y el fin de esa práctica. En octubre, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que esto supone “una respuesta inadecuada” a una crisis humanitaria y dijo que la reapertura de estos centros es “un retroceso” en la política migratoria de Washington.

jt/am

COTUÍ, República Dominicana.- El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, abogó por una modificación del sistema de justicia, que, en su opinión, ha convertido a la República Dominicana en un paraíso de la corrupción y la impunidad.

En ese sentido, dijo que las elecciones de 2016 deberán producir un cambio total en las principales instancias de poder que actualmente controla el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Indicó que mientras del PLD ejerza el control absoluto de todos los poderes del Estado, la sociedad dominicana no tendrá ninguna posibilidad de frenar la corrupción y reorientar un modelo de gobierno caracterizado por el dispendio, el endeudamiento y la ineficiencia administrativa.

Señaló que «la cúpula del PLD se ha puesto de acuerdo para que la justicia se mantenga como un órgano dependiente de la burocracia partidaria y al servicio de quienes se benefician de la corrupción administrativa».

Manifestó que «para cambiar ese estado de cosas, se necesita una victoria contundente del PRM y la Convergencia a nivel nacional, congresional y municipal».

«Aunque las decisiones de no ha lugar que favorecieron al senador Félix Bautista y al alcalde Félix Rodríguez fueron emitidas en una fecha estratégica con la aparente intención de minimizar la reacción de rechazo que inevitablemente debía producirse, quiero llamar al pueblo y a toda la sociedad a expresar su indignación por todos los medios pacíficos que estén a su alcance», apuntó.

Abinader habló en un encuentro con dirigentes y seguidores de su proyecto presidencial en este municipio.

jt/am

NUEVA YORK.- Desde una oficina junto al Puente de Brooklyn, un equipo especializado de investigadores lidia con una situación cada vez más frecuente en la mayor ciudad de Estados Unidos: apartamentos que están siendo alquilados como habitaciones de hotel.

Con sitios web como Airbnb y otros similares dedicados a ofrecer alquileres a corto plazo y con tarifas bajas, algunos legisladores quieren triplicar el personal y hacer cacerías de listados sospechosos en internet.

Los inspectores de viviendas y bomberos, policías, abogados, especialistas fiscales de la municipalidad y otros combinan visitas a domicilio, detectivismo digital e incluso monitoreo por video en su tarea.

Los investigadores en Nueva York han mencionado más de 7.000 infracciones de los códigos de viviendas y de incendios, cerrado más de 200 apartamentos a corto plazo y demandado a numerosos operadores — poniendo fin a otros 250 alquileres a corto plazo — en los últimos nueve años, de acuerdo con la Oficina de Investigaciones Especiales de la alcaldía.

En Nueva York es ilegal alquilar un apartamento por menos de un mes, aunque puede estar bien alquilar habitaciones libres si un residente se queda en el apartamento.

Los portales de alquileres de vacaciones muestran numerosos apartamentos. La municipalidad recibió el año pasado 1.150 quejas de hoteles ilegales, un alza de 62% respecto al año previo.

Los anfitriones dicen que esos alquileres les permiten pagar cuentas mientras permiten a los visitantes viajar pagando menos, pero funcionarios municipales hacen notar que los huéspedes generalmente no tienen rociadores ni otras medidas de seguridad requeridas a los hoteles y que los residentes de los edificios tienen que lidiar con un cambiante reparto de extraños.

«Te subes al elevador y no sabes siquiera quién va a subirse contigo», dice Audrey Smaltz, una empresaria de modas cuyo edificio de apartamentos en Manhattan ha sido usado como hotel de 500 dólares por noche, de acuerdo con una demanda municipal. «No me siento segura».

Innumerables viajeros han aprendido el código de entrada al edificio y un extraño subió al techo del edificio un día y miró a Smaltz a través de la ventana de la terraza de su penthouse, dijo. Ya no hay alquileres a corto plazo en el edificio, dijo el dueño en documentos en la corte.

Muchas ciudades están lidiando con el mismo problema. San Francisco, por ejemplo, elabora reglas para permitir algunos alquileres a corto plazo y determinar los procedimientos para hacer cumplir las regulaciones. Mientras en Chicago, un departamento de negocios y consumidores maneja las quejas de alquileres sin licencia y puede imponer multas.

Nueva York, en tanto, usa su Oficina Especial multiagencias. Muchos partidarios de esos alquileres dicen que la municipalidad se ha extralimitado.

Airbnb resalta el caso de un hombre en Manhattan que enfrentaba una multa de 2.400 dólares tras alquilar su habitación a un turista, pese a que su compañero de piso se quedó en el apartamento. Al final, una junta municipal aceptó que el alquiler era legal y anuló la multa.

Otro hombre demandó a la ciudad por una inspección, diciendo que investigadores intimidaron a los huéspedes, lo agarraron por el cuello y lo empujaron. Las autoridades niegan las acusaciones, pero llegaron a un arreglo con el hombre por 2.000 dólares, según él. La municipalidad no confirmó de inmediato la suma.