WASHINGTON.- La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará entre este viernes 10 y el martes 14 de julio una misión a República Dominicana y a Haití, ante la crisis migratoria entre estas dos naciones vecinas.

Estará encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, e integrada además por  Gabriel Bidegain, asesor del Secretario General y representantes del organismo hemisférico radicados en Santo Domingo.

La misión, anunciada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un Consejo Permanente especial la semana pasada, comienza este viernes en Santo Domingo y termina el martes en Puerto Príncipe.

«El objetivo es valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus de lowls inmigrantes, porque no podemos olvidar que los inmigrantes, más allá de su situación legal, tienen los mismos derechos que todas las personas», dijo Almagro en el segundo Consejo Permanente especial de la OEA sobre la crisis entre Haití y República Dominicana.

La semana pasada, el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, defendió ante la OEA que «el número de casos de apátridas» derivados de la política migratoria de su país «es cero».

Este míércoles su homólogo haitiano, Lener Renauld, pidió ante el Consejo Permanente de la OEA la intervención internacional en esta crisis para evitar una «catástrofe humanitaria» que alegadamente podría constituir una «amenaza para la seguridad nacional» y desestabilizar el país en año electoral.

«Solicitamos la intervención solidaria de todos los amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del Caribe, a la que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA para hacer que la República Dominicana entre en razón y de un trato más humano a los inmigrantes haitianos», afirmó el canciller.

Renauld subrayó la disposición de su Gobierno al diálogo con República Dominicana para encontrar una solución a esta crisis y evitar «las deportaciones masivas que dividirían familias nucleares».

El pasado 17 de junio terminó en República Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, una cifra que se suma a las otras 8.755 personas que se adhirieron a una ley de naturalización, concluida meses antes.

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros surgió como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.

Esa disposición estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros «en tránsito» en la nación.

Esta decisión afectó principalmente a miles de haitianos indocumentados residentes desde hace años en territorio dominicano.

Haití y entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a República Dominicana de convertir en apátridas a miles de haitianos con el nuevo plan migratorio.

El Gobierno dominicano ha rechazado esas acusaciones y ha señalado que Haití no otorgó los documentos de identidad a miles de sus ciudadanos cuando tuvo toda la oportunidad de hacerlo.

Según la información oficial, un total de 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Hicieron caso omiso a llamado

Debido a la presencia ilegal de más de un millón de haitianos y personas oriundas de otros países en su territorio, la República Dominicana adoptó medidas, entre ellas es un Plan de Regularización,  para dotarlos de documentos, siempre y cuando lo soliciten y cumplan  mínimos requisitos.

Durante 18 meses las autoridades dominicanas estuvieron, por distintos medios,  llamando a los extranjeros a que se acogieran a dicho Plan, bajo amenazas de que deportarían a los que no hicieran.  Cumplido este plazo sólo 88 mil acogieron el llamado y el resto ha quedado en situación de ilegalidad.

Se oponen a repatriaciones pero no los aceptan en EE.UU.

Funcionarios haitianos y activistas norteamericanos se oponen a que se produzcan las repatriaciones anunciadas por la República Dominicana, a pesar de que no pusieron ninguna resistencia cuando el gobierno de los Estados Unidos expulsó hace varios meses cientos de niños centroamericanos que ingresaron a este país ilegalmente.

Mensualmente, además, Estados Unidos devuelve a sus países a cientos de mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que entran ilegalmente a este país, pero los funcionarios, activistas ni organismos internacionales emite ninguna condena.

jt/am

WASHINGTON.- El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Lener Renauld, solicitó la intervención de toda la comunidad internacional para agilizar el Plan de Regularización de Extranjeros que se lleva acabo en la República Dominicana y «obligar» a las autoridades de ese país a que proporcionen un trato más humano a los haitianos que residen en su territorio.

Exigió, asimimso, al gobierno dominicano que respete los derechos de los haitianos que viven en República Dominicana en situación irregular, ya que «son hombres y mujeres que han contribuido, y contribuyen, al desarrollo de esa nación a través de su trabajo en los sectores construcción, turismo y servicios».

«Haití viene a Las Américas a exhortar a la República Dominicana que entre en razón. Haití no viene a pedir misericordia, viene a protestar por el trato de sus nacionales en República Dominicana», afirmó.

Agregó que «todos estamos interesados en evitar deportaciones masivas que llevará a la división de familias nucleares».

«Desde Haití seguiremos insistiendo en la negociación para buscar una solución a esta situación migratoria, ya que queremos evitar la catástrofe humanitaria que provocarían las deportaciones en nuestro país», apuntó.

Dijo que «estamos dispuestos a recibir a personas de ascendencia haitiana que vivan en situación irregular en cualquir parte del mundo. Sin embargo, el Plan Nacional de Migración que desarrolla República Dominicana genera una situación de apátrida que toda la comunidad nacional y regional teme desde hace muchos años.

«El gobierno de Haití no puede mantenerse indiferente ante esa realidad que afecta a decenas de miles de haitianos», indicó.

WASHINGTON.-  El embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Pedro Vergés, aseguró este miércoles que el gobierno haitiano, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, distorsiona la realidad, debido a que en la República Dominicana no hay apátridas.

Hablando ante la OEA, Vergés dijo que el gobierno dominicano ofreció todas las facilidades para satisfacer la necesidad de los extranjeros a tener su documento de identidad pero Haití se mostró incapaz de dotar de documentos a su propia gente.

El diplomático pronunció un discurso ante una sesión del organismo hemisférico, después que el canciller haitiano, Lener Renauld, solicitara allí  la intervención de la comunidad internacional para “obligar” a las autoridades dominicanas a que proporcionen un trato más humano a los haitianos que residen en su territorio.

El discurso

A continuación el discurso completo del embajador de República Dominicana ante la OEA:

8 de Julio 2015 – Washington, DC

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
Posición de la República Dominicana

Muchas gracias señor Presidente.

La República Dominicana saluda la presencia en este escenario del Canciller de la República de Haití, señor Lener Renauld.

Al mismo tiempo deseamos hacer algunas precisiones.

Queremos expresar, categóricamente, que el gobierno de Haití, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, miente ante este foro de Estados americanos. En la República Dominicana no hay apatridia, no ha habido deportaciones desde noviembre del año 2013 y no ha habido ningún tipo de violencia contra las personas que en las semanas recientes han optado por el regreso voluntario luego del exitoso Plan Nacional de Regularización de extranjeros indocumentados, sobre el cual me referiré más adelante.

Hemos escuchado en varios escenarios al Gobierno de Haití referirse a negociación de un protocolo de deportación con la República Dominicana. No queremos que nuestra respuesta se haga esperar. El Gobierno de la República Dominicana rechaza todo intento de obstaculizar el ejercicio de su soberanía y su capacidad de autodeterminación como Nación. Es con esta vara que mide sus relaciones con otros Estados, y Haití no es la excepción. Ningún otro Estado miembro de esta comunidad interamericana ni de ninguna otra parte del mundo negocia con otro los términos de sus leyes migratorias simplemente porque esa es una potestad soberana de los Estados.

La República Dominicana desea expresar su más profunda sorpresa por los términos de la convocatoria a esta sesión.

Nos vemos obligados a repetirlo una vez más. En nuestro país no hay apatridia. Reconocemos que la sentencia 168-13 de nuestro Tribunal Constitucional generó inquietud en este foro por su efecto en un determinado número de personas, sin embargo esto quedó totalmente disipado con la Ley No. 169-14, que fue el resultado de un gran consenso político nacional, reconociendo la condición de dominicanos a esas personas.

En efecto, la Ley No. 169-14 ha resuelto la situación de documentación como dominicanos a más de 55,000 personas y sus descendientes, y creó mecanismos legales para aquellos que nunca fueron inscritos tengan acceso a documentos y eventualmente a la naturalización dominicana; por este concepto casi 9,000 personas que nacieron en nuestro territorio de padres extranjeros podrán naturalizarse en menos de dos años. Nos sorprende cómo deliberadamente se ignora, y esto incluye a muchos medios y organizaciones que se han referido a este asunto recientemente, que República Dominicana dio una respuesta legal efectiva a esta problemática que se originó a partir de la referida sentencia.

Como se puede apreciar, si hubo alguna preocupación acerca de personas nacidas en el territorio dominicano y que pudieran estar en riesgo de apatridia, hemos actuado responsablemente para crear mecanismos legales que respondan a esta situación. Y nuestro presidente ha dado garantías de que en el futuro, cualquier situación que se presente será atendida y resuelta conforme a nuestra legislación..

Pero no queremos que se interprete que estamos opuestos a dialogar. El diálogo ha sido (y creemos debería continuar siendo) el canal para dilucidar estos temas con nuestro vecino Haití, siempre a la luz de la sinceridad y la buena fe.

Durante más de un año, desde enero del año 2014 hasta principios de este año, nuestro país y la República de Haití mantuvieron un diálogo de alto nivel en el que, entre otras muchas cosas, acordamos que cualquier diferencia o situación de preocupación entre las partes se trataría en el contexto de ese diálogo.

El diálogo sirvió para acercar a las autoridades del más alto nivel, abrir canales de comunicación, permitiendo después que otros sectores de ambas sociedades hicieran lo propio, en especial, el sector privado y la sociedad civil. Todo esto pues entendimos que compartiendo la misma isla y teniendo lazos y relaciones indisolubles, resulta irracional darnos la espalda.

La República Dominicana escuchó y atendió las solicitudes de Haití. Cabe resaltar que fruto de las primeras reuniones del diálogo, accedimos a dar facilidades especiales a cerca de 10,000 estudiantes haitianos que cursan grados en nuestras universidades y creamos un nuevo tipo de visado para trabajadores temporeros.

Haití se comprometió a dotar a sus nacionales de los documentos requeridos para regularizarlos en República Dominicana. Nunca lo hizo.

Durante todas las reuniones de las comisiones de alto nivel, encabezadas por el Ministro de la Presidencia dominicano y por el Primer Ministro de Haití hicimos hincapié en la necesidad de que el gobierno haitiano asumiera la responsabilidad de dotar de documentos de identidad a sus nacionales en territorio dominicano. Las declaraciones conjuntas de las primeras tres reuniones, firmadas por ambos gobiernos, evidencian el compromiso asumido para lograr este objetivo.

Cito:

7 de enero de 2014: “…la parte haitiana se comprometió a expedir documentos de identificación apropiados a dichos trabajadores para poder completar el trámite.“
3 de febrero de 2014: «la República de Haití reafirmó su compromiso de agilizar la emisión de pasaportes y registro civil a sus nacionales…”
10 de julio de 2014 “el gobierno haitiano reiteró su compromiso de lanzar un programa de documentación masiva, que incluye la expedición de pasaportes para sus nacionales. Asimismo, la República Dominicana, ofreció su apoyo a la iniciativa haitiana, que complementa el plan de regularización, y solicitó también a la comunidad internacional su colaboración en este sentido.“
Señoras y señores,

La República Dominicana ofreció todas las facilidades para que el gobierno haitiano desplegara en nuestro territorio el personal y los recursos necesarios para satisfacer esta necesidad esencial de los seres humanos, que es tener un documento de identidad. En más de una ocasión recibimos comisiones del gobierno haitiano para explicar su propuesta, la cual nunca se materializó en los términos y con el alcance esperado.

Deben ustedes recordar también que en junio del año pasado esta Organización de los Estados Americanos (OEA) entregó al presidente haitiano el “Diagnóstico para la identificación de los migrantes haitianos residentes en la República Dominicana”, elaborado por el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA). Pero además, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifestó públicamente su disposición de apoyar a Haití en el reforzamiento de su Registro Civil. Todavía, en la República Dominicana estamos esperando que el gobierno haitiano cumpla su promesa.

¿A qué viene todo esto?

Como explicara nuestro Canciller en esta misma sala en la sesión anterior de este Consejo Permanente, nuestro país puso en vigencia en noviembre del año 2013 el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condición migratoria irregular. Durante 18 meses nuestro gobierno impuso una moratoria en las deportaciones para que todos y cada uno de los extranjeros en nuestro país se regularizara y obtuviera un estatus migratorio.

El requisito fundamental para regularizarse era tener un documento de identidad oficial de su país de origen. Se inscribieron más de 288,000 personas, en su mayoría nacionales haitianos. Como era de esperarse ante el incumplimiento de Haití, apenas una tercera parte posee pasaporte (96,000 personas).

La incapacidad de Haití de dotar de documentación a su propia gente ha sido admitida por notables personalidades haitianas en varias ocasiones. Recientemente, el embajador haitiano en República Dominicana, el Dr. Daniel Supplice, manifestó su desaliento diciendo: “No somos capaces de dotar de identificación a nuestros ciudadanos en nuestro propio país, no veo cómo podríamos haberlo hecho afuera», dijo al periódico Le Nouvelliste. «Nosotros somos los responsables de lo que sucede con nuestros compatriotas hoy», agregó el embajador Supplice.

A esto se agregan las declaraciones del intelectual y excónsul haitiano Edwin Paraison, quien manifestó que las estadísticas reflejan que apenas unos 45 mil nacionales haitianos se inscribieron en el Programa de Identificación y Documentación de Inmigrantes Haitianos (PIDIH), y que los pasaportes entregados por el gobierno haitiano representan apenas el 5% de esa cifra. “Ha habido problemas en ambos lados con los planes de documentación, pero evidentemente el mayor problema ha sido del gobierno haitiano”, dijo Paraison.

¿Es esto un mensaje de que al gobierno de Haití le importan los derechos de sus ciudadanos? ¿Sabrán las autoridades haitianas que la falta de documentación hace invisibles a los seres humanos que carecen de ella? ¿Es eso respetar sus derechos?

Ante la realidad de que la falta de documentación a quien termina por afectar es a la persona que carece de ella, el gobierno dominicano decidió que aún aquellos solicitantes sin pasaporte sean dotados de un documento provisional con vigencia de un año mientras logran obtener su documento de identidad nacional haitiano. Con esta medida la mayoría de los 288,000 inscritos en el Plan de Regularización obtendrán un estatus migratorio regular.

El Gobierno Dominicano incluso aceptó la inscripción en su Plan de Regularización de aquellos registrados en el PIDIH pendientes de entrega de pasaporte, concepto bajo el cual fueron aceptados miles de nacionales haitianos.

Como se puede apreciar, la República Dominicana ha hecho un esfuerzo extraordinario para documentar a los extranjeros irregulares, con un grado de flexibilización quizás como ninguna otra nación en la región.

Los resultados de nuestras políticas están ahí.

Pero demandar de nosotros una amnistía para mantener en nuestro territorio a todos y cada uno de los extranjeros irregulares es algo que nadie puede pedirnos. Ningún Estado de los que están sentados en este foro haría tal cosa.

Haití tuvo la oportunidad de que sus nacionales se regularizaran, pero no les interesó, a pesar de todas las condiciones favorables, no tuvimos colaboración, pero aún así, con mucho esfuerzo y recursos hemos sacado adelante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que hará posible que algo más de 288 mil personas regularicen su estatus migratorio en República Dominicana.

Señoras y señores,

La República Dominicana ha sido flexible, paciente, solidaria y comprensiva.

A la República Dominicana no le sobra nada. Por el contrario, le faltan muchas cosas para alcanzar el bienestar pleno de nuestra gente.

Sin embargo lo que tenemos, lo compartimos, y lo seguiremos compartiendo.

Muestra de lo anterior es que una proporción significativa del presupuesto de la República Dominicana en gasto social se invierte en la población extranjera (en su inmensa mayoría haitiana) en el país: en salud pública (decenas de miles de parturientas, y una inversión de más de US25 millones), educación básica, media y superior (50,000 estudiantes extranjeros, a quienes no se les exige documento de identidad).

También, en materia comercial, debemos reivindicar nuestra actitud solidaria y desinteresada, pues desde el terremoto de 2010 han transitado por nuestros puertos marítimos y a través de nuestras carreteras decenas de miles de contenedores con destino hacia Haití, por cuyo concepto la República Dominicana no cobra ningún impuesto adicional.

Señoras y señores,

Nadie, absolutamente nadie, le puede pedir a la República Dominicana que asuma las responsabilidades de otro Estado.

Tampoco nosotros podemos aceptar el cinismo de naciones que pretenden denunciar con hipérbole y exageración lo que ellos tienen por costumbre hacer en su propio territorio a los inmigrantes.

Es bien sabido que muchas naciones alrededor del mundo, incluyendo en nuestro propio vecindario, están lidiando con los enormes desafíos que implica la presión migratoria de unos países hacia otros, y nadie puede decir que tiene una solución perfecta a esta problemática.

A la República Dominicana le ha tocado una carga proporcionalmente mayor que la que le ha tocado a otros Estados en lo que respecta a la cuestión migratoria.

Haití ha vivido décadas en una persistente crisis económica, social, política y medioambiental al punto de que por años ha estado bajo la supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la MINUSTAH sin que hasta la fecha se haya podido notar avance considerable en la mejoría de ese país.

En la República Dominicana hay un sentimiento compartido de que la comunidad internacional, que ha tenido una incidencia en Haití durante años, no ha asumido su responsabilidad a la altura de lo que las circunstancias requieren. También sentimos que el propio liderazgo haitiano no ha asumido su responsabilidad para, en nombre del bien común, actuar de manera concertada para proveer seguridad, estabilidad política y normalidad institucional a ese país.

Nosotros somos afectados de manera más directa y dramática de este estado de crisis permanente en Haití a la cual no le vemos salida cierta a corto plazo.

Visto lo anterior, consideramos injustas las declaraciones que buscan presentar a nuestro país como un monstruo, a punto de desencadenar procesos incivilizados y cavernarios.

Sepan que todo tiene un límite.

Le pedimos a quienes quieran constatar nuestras políticas y ejecutorias internas que nos visiten. Que vayan a observar cómo convivimos pacíficamente en nuestra isla, en un ambiente de tranquilidad y armonía.

Hemos escuchado y visto con perplejidad como incidentes aislados protagonizados por unos pocos en que resultan afectados haitianos y dominicanos se quieren presentar como el retrato de una comunidad.

Eso es una irresponsabilidad inaceptable.

Esto así pues los pocos incidentes que se han dado en nuestro país y en el que han resultado víctimas nacionales haitianos, han sido condenados por las autoridades dominicanas e inmediatamente se ha dispuesto la investigación correspondiente para establecer responsabilidades. Para esto en la República Dominicana existe un ordenamiento judicial e institucional.

Estamos seguros que mal podría hacer cualquier país en tomar de las redes sociales, videos o relatos de situaciones bochornosas de algunos ciudadanos para ensuciar la imagen de otro. Porque esta clase de situación bochornosa sucede en todas las sociedades del mundo; la diferencia radica en la capacidad que existe para dar respuesta, corregir, sancionar y evitar su repetición. Ese es el ánimo del gobierno de la República Dominicana.

Durante demasiado tiempo muchos países, y en especial de la región, han utilizado un doble estándar para enjuiciar nuestras políticas. Incluso se ha pretendido sugerir que adoptemos fórmulas que pueden poner en peligro la estabilidad política y la cohesión social de nuestro país; cosa que quienes proponen nunca harían en sus propios países.

Saben ustedes que no somos una sociedad perfecta, pero quienes nos critican tampoco lo son. Y si bien compartimos algunas de las mismas falencias, la irresponsabilidad no es una de ellas.

La diferencia entre el discurso y los hechos salta a la vista en muchas intervenciones. La hipocresía y el descaro son evidentes en muchos casos. La República Dominicana no se inscribe en ninguno de estos procederes.

Hemos sido coherentes en buscar soluciones, en crear caminos de avenencia y garantizar mecanismos para que todas las personas en nuestro territorio se puedan desarrollar, siempre apegados a nuestro ordenamiento jurídico; tal y como cada uno de los países aquí presentes lo haría.

Como hemos explicado, la República Dominicana ha logrado con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y la Ley 169-14 que más de 350,000 personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, en un lapso de apenas de 18 meses, hayan podido solucionar su situación.

Deploramos que un escenario como este, donde se podrían construir soluciones, se contribuya a generar más tensiones innecesarias.

Señoras y señores,

Para República Dominicana el gobierno de la República de Haití ha generado una campaña de desinformación con el solo propósito de ocultar la realidad, que es, el total y completo abandono que hace de sus ciudadanos en territorio dominicano.

El más reciente obstáculo que pretenden utilizar con el despropósito de impedir que la República Dominicana ejerza su soberanía, es infundir temor en la comunidad internacional por una supuesta crisis humanitaria que se generaría, al ellos recibir a sus nacionales. Es la primera vez que escuchamos de un país que un ciudadano suyo sobra en su propio territorio.

No nos confundamos, la intención última es desviar la atención de la comunidad internacional de los problemas que Haití está enfrentando en su actual su proceso electoral interno.

Muchas gracias.

of-am

SANTO DOMINGO.- Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) refutaron las declaraciones del canciller de Haití, Lener Renauld, pidiendo a la comunidad internacional que intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana.

Adriano Sánchez Roa, vocero de los legisladores oficialistas, dijo que Renauld debió solicitar al G7 un plan real de desarrollo y equidad para su país.

Afirmó que «cuando el canciller Renauld reclama que se respeten los derechos de sus ciudadanos que viven aquí en situación migratoria irregular, lo que hace es ignorar que en la República Dominicana no se ha maltratado un solo haitiano, porque aún no han habido repatriaciones, y que cuando se hagan, serán con el trato humanitario que caracteriza al presidente Danilo Medina».

Agregó que «sectores internacionales desconocedores de la realidad pretenden ocultar que los enemigos del pueblo haitiano, socios de la cúpula política de ese país, son los que sostienen un ataca sistemático contra la República Dominicana, pues viven del negocio haitiano, y ni siquiera colaboran con el proceso de documentación de sus nacionales».

«En cuanto al pedido que hace el ministro de Relaciones Exteriores de Haití para que la comunidad internacional intervenga, de manera particular, la Comunidad del Caribe (CARICOM), las Naciones Unidas y la OEA ente las autoridades de la República Dominicana, a fin de proporcionar un trato más ágil y más humano a este asunto, avisamos que el país está abierto al que quiera venir, pero deben dejar el traje de parcialidad que han mostrado», indicó en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Subrayó que «ya no debe permitirse que grupúsculos del vecinos país y sectores internacionales sigan haciendo negocios con la pobreza y el drama haitiano, pese a que son conocedores de que es posible revertir la misma con un proceso productivo y de distribución equitativa de la riqueza que se logre».

Consideró que «la causa de catástrofe humanitaria que, según Renauld, desestabilizaría a su país, hay que buscarla en la ausencia en Haití de un plan que ponga a producir alimentos y artículos que generen divisas, que debería ser la responsabilidad primaria de las autoridades de esa nación».

Explicó que «no hay situación de apátrida cuando una persona tiene una tierra de origen, como es Haití».

Aseguró a la comunidad internacional que «puede mantener la confianza de que el gobierno dominicano ha llevado un proceso sin prisa y con todo el cuidado necesario para que la persona que regrese o sea repatriada tenga la nacionalidad de Haití».

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración anunció que habilitará «unidades móviles» para dotar de documentación, directamente en  los campos de la República Dominicana,  a los jornaleros agrícolas extranjeros  que están irregularmente en el país.

El mayor general Rubén Paulino Sem, director del organismo, informó que esta medida, que amplía las facilidades para que las personas en condición migratoria irregular puedan  normalizar su situación, fue dispuesta para no afectar las actividades productivas.  Comenzará a ser aplicada este fin de semana en la región Este y luego se extenderá al Suroeste.

Las unidades están integradas por técnicos provistos de computadoras, cámaras para huellas biométricas, sistemas de impresión, formularios y registros que, con los datos de las nóminas de las empresas, permitirán regularizar el estado migratorio de los extranjeros que lo necesiten.

Cada caso será atendido de manera particular y, atendiendo a su condición, se entregarán carnets de residencia o permisos de permanencia en el país como trabajadores temporeros, dijo.

El funcionario declaró, asimismo, que inició un  diálogo con ejecutivos de la Junta Agroempresarial Dominicana para trabajar juntos en esta iniciativa de ordenar y regularizar la presencia de extranjeros en el territorio nacional, sin crear inconvenientes al aparato productivo por falta de mano de obra.

jpm-sp