Los tradicionalistas y religiosos de antaño hablaban del derecho divino de los reyes, explicando que el Poder es conferido por Dios al Rey de una manera personal y directa.

En nuestros días, nadie se atreve a sostener dicho dislate. Los serios tratadistas católicos, empezando por Santo Tomás, no defienden ya semejante apostasía, porque si una persona recibiera de Dios el don de mando por transmisión inmediata, participaría de su omnipotencia y de su infalibilidad, habría que pasar por cuanto hiciese y dejase, sus órdenes serían indiscutibles y las cosas de la tierra tendrían una esencia divina con olvido absoluto de la libertad y la responsabilidad, que son atributos y ligaduras característicos del ser humano.

Si no estamos equivocados, creemos que fue San Pablo que dijo que: “todo poder viene de Dios” y no quiso simbolizarse otra cosa sino que las humanidades, para estar apropiadamente establecidas, precisan respetar una norma de Derecho y una ley que manda y que es Dios quien aplica este juicio como soporte de la sociedad civil; pero que son los hombres quienes instauran cuáles han de ser los órganos de esas autoridades y ellos, por consiguiente, alivian libérrimamente los rumbos de Gobierno de su agrado y ventilan quienes son las personas en que el Poder ha de personificar.

La Iglesia misma lo precisa así, como lo prueba que con similar respeto reflexiona las Monarquías de derecho hereditario que las Repúblicas liberalmente elegibles.

Ciertamente, el Poder viene de Dios, pero los hombres que lo practican no reciben de Dios cercanía ni inspiración de ningún género.

En el derecho por la sangre, en las Monarquías de derecho hereditario, el rey es Rey puramente porque es hijo de su padre.

La razón parece suficiente frágil, pues el que un hombre haya sido engendrado por otro no supone en él condiciones de carácter ni de capacidad para ejercer el mando. El hijo puede ser malvado o estúpido y en tales condiciones es provocativo proporcionarle facultades para gobernar. Pero el sistema tiene una ventaja y es que el Monarca no debe nada a nadie ni nada tiene a nadie que pedir para ocupar su puesto, y, por consiguiente, puede ejercer sus funciones con entera independencia de los partidos y de las personas.

Palpablemente que la mayoría de los reyes hereditarios suelen ser un poco inclinados al poder personal contra el cual no hay otro remedio sino la revolución y el repudio. Más esta punible tendencia suele estar compensada por los hombres políticos, cuando éstos saben cumplir con su deber y refrenan a los monarcas dentro del límite de sus potestades, que son, reinar y no gobernar.

Fuera de ese caso excepcional y justificable, la verdadera fuente del Poder es el sufragio. Si la sociedad recibió de Dios el encargo de organizarse civilmente, ella, toda ella, es quien ha de elegir sus rectores. Pero ¿toda ella? Esto es, ¿mediante el sufragio universal? Sí, audazmente, decididamente. Mediante sufragio universal categórico, directo y secreto.

Si el sufragio no es universal tendrá que ser restringido. Y ¿Cuáles serán las restricciones? Todas ellas son insostenibles y absurdas.

Antiguamente sólo votaban los que gozaban determinada renta o pagaban cierta contribución. O sea, los más o menos ricos. El jornalero y el necesitado no tenían voto. Pero bien pronto se comprende que tener dinero no quiere decir tener talento, ni cultura, ni serenidad de juicio ni desinterés. Muy al contrario, l que tiene dinero buscará siempre para representarle a un defensor de la riqueza, a uno que libre a los ricos de obligaciones y deberes, a uno que descargue sobre los menesterosos la parte más dura y apretada de la vida y que procure para los bien hallados las comodidades posibles y las bienandanzas apetecibles. ¿Se quiere un ejemplo? Pues cuando había en España sufragio limitado, sólo prestaban servicio militar y arriesgaban su vida los pobres, pues los ricos se excusaban del duro deber pagando x cantidad de dinero; y a poco de haber sufragio universal, se acabó tan irritante desigualdad y se estableció el servicio militar obligatorio, con lo cual fueron a morir los ricos y los pobres. El caso no puede estar más claro. El rico puede ser tan torpe, tan ignorante y tan inculto como el pobre, o más. Presumir que el rico sabe mucho mejor a quien elige, es tan absurdo como si sólo se permitiera votar al pobre. Una y otra cosa significa establecer una política de clase, lo cual es atentatorio a la nativa igualdad de todos los hombres.

Otros han querido destruir el sufragio universal con disimulos más o menos artificiosos. ¡Que vote todo el mundo! -han dicho-, pero que vote con arreglo a sus calidades, teniendo más votos el que tenga más acreditada capacidad o mayor número de intereses que defender. Así, quien posea un título y un empleo, tendrá tres; quien tenga tres títulos, tendrá cuatro votos, etc. El soltero dispondrá de un voto, el casado con cinco hijos, disfrutará de dos, el que tenga diez hijos, de tres. Y así, equilibrándose la fuerza del voto individual por la acumulación de votos debidos a lo profuso de la familia, o a la elevación de la capacidad académica, se impedirá que los humildes tengan una fuerza electoral predominante.

Todo esto es desatinado, desde el principio hasta el fin. Primero, porque la función de la elegibilidad no tiene nada que ver con la competencia científica, pues buscar a los que representan una opinión o tendencia, no guarda relación con la química, ni con la arqueología ni con la cirugía, y el Bien le procura de igual modo todo el mundo aunque no sepa donde se encuentra la Universidad.

Después, porque el mérito académico no se acuerda con la luz natural para apreciar las utilidades de cada instante.

En tercer término, porque si los graves problemas de la actualidad que empantanan al mundo son los económicos, esto es, los de la propiedad y el trabajo, privar de voz en ellos al elemento más profuso y más necesitado es glorificar una horripilante injusticia. Y en último término, porque si los deberes los cumplen por igual todos los hombres, como pagar los impuestos, facilitar el trabajo obligatorio, ser miembros del jurado y, sobre todo, jugarse la vida con las armas en la mano cuando surge la conflagración, ¿Por qué se ha de privar a los sumisos del derecho primario de buscar quien haya de llevar su voz en los congresos parlamentarios y en los concejos? Claro que muchos practicarán este derecho muy mal, pero serán iguales los ricos que los pobres.

Claro que tendrán nublo su juicio por el interés, pero serán lo mismo los ricos que los pobres. Claro que intervendrán las pasiones enaltecidas, los descarríos del espíritu, los odios, las venganzas, las codicias, pero serán igual en los ricos que en los pobres. Para hacer las leyes hay que optar entre dos soluciones: o las hacen los hombres coronados por el Espíritu Santo con los dones de un acierto acertado ante los cuales nadie puede refutar, o las hacen todos los hombres en general, sin distinguir de buenos y malos, de tontos y prudentes. Ser hombre es sinónimo de ser votante.

Queda por hacer una exhortación principal. En muchas partes se emplea el sufragio universal para elegir a los gobernantes y aun a los jueces. Ello es una grave equivocación. La función del sufragio sirve para designar a los que han de simbolizar una tendencia, un criterio, una orientación; por ejemplo, ser socialista o individualista, querer la paz o la guerra, defender la religión o el ateísmo. Se eligen los amplios caminos de la vida y quienes han de encarnar un pensamiento o un anhelo. Mas el ejercicio de las funciones públicas es cosa totalmente distinta.

Para ser Ministro, Gobernador o Juez, son ineludibles condiciones establecidas de competencia, de carácter y hasta de salud. Se puede elegir a un Juez por ser un modelo de sabiduría en Derecho, pero si luego ese hombre es indolente o padece una enfermedad grave, no hay duda de que será un mal Juez.

Por eso la nominación de los funcionarios o debe quedar fiada ni al gusto del gobernante ni al arrastre de las masas. Ha de ser obra de unas leyes justas que marquen las circunstancias necesarias y el modo de confirmarlas con las posibles garantías: tantos años, tal aptitud, tal experiencia, tales evidencias, etc. El pueblo buscará así a sus funcionarios, pero lo hará de un modo indirecto, a través de una destreza legal dictada por sus representantes.

Alcanzase en ejecución que los orígenes del Poder son tres:

La ley de sangre en las monarquías hereditarias.

El sufragio universal para los cargos representativos.

La ley, para las demás funciones públicas.

Queda por hacer una última reflexión relativa al Jefe del Estado. En unos países le eligen las Cámaras legislativas, el Congreso y el Senado. En otros se elige mediante sufragio universal. Los dos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Son igualmente admisibles.

Pero quizá sea lo mejor buscar un sistema intermedio, de elementos populares, como se hizo en la República española, donde se confió la elección a la Cámara de Diputados y a un número igual de representantes escogidos mediante sufragio universal, esto es, haciendo para estos electores una votación intermedia o de segundo grado.

 

Esta importante ley, que regulará el sistema de partido en nuestro país, lleva alrededor de quince años bailoteándose en el Congreso Nacional, por lo que no debe ser festinada o aprobada al vapor. Deben ser escuchadas todas las propuestas y sugerencias de los partidos reconocidos y la de los diferentes sectores sociales.

En nuestro país, los partidos y agrupaciones Políticas, además del financiamiento que reciben del sector público, también obtienen aportes cuantiosos del sector privado, los cuales nunca se dan a conocer, pues son manejados sin la debida transparencia.

En los Estados Unidos existen dos opciones de financiamientos a los Partidos, una pública y otra privada. El candidato debe escoger una de éstas, nunca las dos, porque es castigado por la ley. Consideramos oportuno que nuestro país adopte este sistema.

La urgencia de contar con una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, responde a la necesidad de controlar dicho financiamiento, evitando con ella la proliferación de éstos. Actualmente cuando la Cámara de Cuentas de la República audita a estas entidades, sólo tiene acceso a los fondos entregados por la Junta Central Electoral.

Se debe instituir como requisito para que la JCE acepte la formalización de candidaturas, que toda persona que detente una función pública relevante (Ministro, Viceministro, Director General) y que aspire a una posición electiva: regidor, alcalde, diputado, senador o a Presidente de la República, tome una licencia o renuncie a su cargo desde el mismo momento que formalice su candidatura, para evitar que se utilicen los recursos del Estado en su propio provecho.

Además de los 26 partidos y agrupaciones políticas ya reconocidos por la Junta Central Electoral, hay otras 12 que esperan su reconocimiento, con lo que se completarían un total de 38, algo insólito para un país de 10 millones de habitantes y de un poco más de 48,000 kilómetros cuadrados, lo que promedia un Partido por cada 263,000 habitantes y por cada 1,263 kilómetros cuadrados

Para mantener su personería jurídica, a estas instituciones se le debe exigir la obtención de por lo menos, un 2% del total de los votos válidos emitidos, independientemente de que asistan aliados a un partido mayoritario o de que obtengan una curul municipal o congresual.

Sobre la distribución de los recursos, se debe establecer que la misma se haga en proporción al % de los votos válidos obtenidos en las últimas elecciones.

Respecto a los procesos internos, se debe establecer  que cada partido celebre su convención por lo menos cada cuatro años, para que le permita renovar los diferentes niveles de dirección.

Se debe reglamentar el uso de la publicidad, los espacios públicos, los medios de comunicación y el tiempo de duración de la campaña.

Los partidos y agrupaciones políticas deben rendir un informe financiero a la Junta Central Electoral, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República, 90 días después de transcurridas las elecciones, basados en un sistema contable estandarizado, que para estos fines, diseñará la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Contraloría General de la República.

 

 

Cuando se trata de imponer el control democrático en los partidos políticos para que sean electos cargos partidarios y los cargos de representación nacional y local con el  voto popular se requiere que los políticos sean elegidos en base a condiciones excepcionales y que los mismos conozcan los problemas de sus comunidades, y  que hayan realizado el trabajo político que le dará legitimidad en la representación de los ciudadanos y ciudadanas que los elegirán con sus votos como senadores, diputados, síndicos y miembros de las cúpulas partidarias.

Conociendo que un partido político es una organización o asociación política estable, apoyada en una ideología determinada, que será afín entre sus afiliados y seguidores, aspira en un momento determinado ejercer el poder de una nación para desarrollar e imponer su  programa político. Un partido político es un elemento fundamental a la hora de hacer la vida política de un  país. Por eso es necesario que se mantenga la unidad entre sus miembros.

Un partido político se encargará de reclutar candidatos que ocupen oportunamente cargos gubernamentales, o bien escaños legislativos, organizar la labor legislativa, articular y agregar preferencias y disidencias a los ciudadanos, formar gobiernos, establecer acuerdos legislativos en orden a promover leyes que resultaren fundamentales para la vida en comunidad.

Para lograr la unidad de los partidos políticos deben mitigarse la formación de grupos a lo interno, debido a que con el tiempo  se convierten en fuerzas vivas, que en vez de lograr mayor coherencia entre sus militantes, lo que provocan son disidencias que si no se manejan con verdadera prudencia,  se convierten en leña para carbón que atiza la llama de la discordia.

Los roles que están desempeñando los dirigentes electos a lo interno de sus organizaciones políticas,  se ve falta de madurez  política y vocación democrática que exhiben cuando sin ser poseedores de un liderazgo político responsable,  se quieren imponer sin tomar en cuenta que el partido es unidad monolítica que debe prevalecer frente a cualquier ambición personal.

Lo peor es, que cuando estos son electos con el voto ciudadano no se observa el respeto al voto, ya que los compromisos vendidos en campaña  se convierten en meras promesas incumplidas. Unos, no las cumplen porque simplemente  no conocen las necesidades de las comunidades que los eligieron,  y otros no tienen ni idea para que fueron elegidos, porque lo que  les interesa es subir de posición social.

 La alta dirigencia y la base de los partidos políticos tienen que ser vigilantes para evaluar los pre – candidatos a cargos electivos y cuestionar  si tienen agendados los problemas de las comunidades para poder someterlos en sus organismos u órganos, en forma de políticas públicas y ofrecer las respuestas que esperan los ciudadanos y ciudadanas a través del presupuesto nacional,  que son la esperanza de ver resueltos los problemas que les afectan y que aún se mantienen sin resolver.

Las cúpulas de los partidos políticos cada día deben exigir más responsabilidad  en la toma de decisiones de los órganos y organismos  en los partidos políticos y convertirse en árbitros de los procesos que se dan a lo interno, de tal manera que se garantice que la selección de los candidatos a posiciones electivas sean ubicadas en verdaderos dirigentes, que más que andar  buscando un sueldo,  están pensando en contribuir a cambiar la vida de los hombres y mujeres que le dieron su voto.

El apadrinamiento de candidaturas  e imposiciones por grupo a lo interno de las organizaciones políticas debe pasar a ser cosa del pasado, porque estos métodos contribuyen  a multiplicar la exclusión  y que los recursos solo se pongan en las manos  en adeptos y devotos de aquellos que están en capacidad de proporcionarlos, que solo sirven para  alcanzar los cargos electorales y partidarios y convertirse en subordinados de aquellos.

Después de la caída del bloque comunista soviético y el muro de Berlín han desaparecidos las ideologías y más que defender una teoría política, lo que se estila es,  el ofrecimiento de prebendas, promesas de campaña incumplidas y candidatos sin ideología que ingresan a los partidos políticos cargados de dinero y quieren ser electos a un cargo en base a distribuir montones dinero, que muchas veces no se conoce su  procedencia.

Muchos de los políticos que hoy están detrás de posiciones como senadores, diputados, síndicos y hasta regidores son personas que quieren escudarse de una posición política para ocultar los negocios sucios que han logrado hacer, algunos que provienen de juegos de azar, narcotráfico, trata de personas, falsificación de productos, contrabando, atracos, corrupción administrativa  y hasta el sicariato.

De ahí que los partidos políticos están llamados a depurar muy bien los aspirantes a cargos electivos tanto a lo interno,  así como también en la representación de cargos electivos para evitar que dichas organizaciones sean penetradas por ciudadanos o ciudadanas que no tienen una conducta adecuada y que en vez de llevar  bien a  los ciudadanos,  lo que lo estarían llevando es, al camino de la muerte, el desampara y  llevar contradicciones en el seno de los partidos.

La ley de partidos políticos es uno de los pactos sociales y políticos más importantes que hasta ahora ha hecho falta para que se pueda garantizar la democracia interna de los partidos políticos, controlar el uso y origen de los recursos de los candidatos y tener reglas de juego claras que garanticen la participación de los miembros de los partidos y asegure que sus votos van hacer contados y escrutados.

Es tiempo de que se apruebe y se promulgue la ley de partidos políticos para que se pueda ir transitando,  el camino del orden y la democracia partidaria y se tenga un referente para poder evaluar y dar seguimiento a los actos de los afiliados a los partidos políticos  y poder sancionar aquellos miembros que incurran en las violaciones a la  ley  de partidos y sus estatutos.