La entrada en vigencia de la Ley 112-00, Ley de Hidrocarburos y el respectivo decreto 307-01 o reglamento de aplicación de la citada ley, sobre la regulación del mercado de combustibles en la República Dominicana, puso fin al mal manejo gubernamental dado al precio final de los combustibles, el cual en la década de los 80 y 90´s representó el motivo principal de posibles detonantes sociales.

La Ley 112-00 no es una ley de mercado. En su estructura y aplicación, la ley representa una norma fiscal que permite a El Estado, por un lado aprovechar la inelasticidad de la demanda del mercado de los combustibles, como acceso a una mayor recaudación impositiva y por el otro lado, recortar (de forma poco transparente) las cargas tributarias del uso de combustibles fósiles en procesos esenciales de la vida productiva, como son industria, energía eléctrica y transporte. Siempre se ha denunciado, como un minúsculo sector de la vida nacional se beneficia de esta interpretación legal, de la forma más grosera posible.

De forma inexplicable y poco transparente, el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, fija cada semana los precios finales de venta de combustibles a los usuarios finales, ocultando grandes márgenes de ganancia no impositivos para el Estado Dominicano, colocándonos en el primer puesto regional en carestía precios de los productos finales. Este anuncio semanal se ha convertido en el terror catatónico, cuando el mercado internacional se encuentra en alza y la desesperanza nacional, cuando la tendencia es a la baja, dejándonos el sinsabor de aquel cómico comercial, de que “si suben, suben y si bajan… ”.

Durante la segunda mitad de la década pasada se nos vendió la idea del gas natural o LNG como combustible futurista en todos los procesos que requieren su consumo en República Dominicana, por igual se anunció el biodiesel como posible sustituto en actividades industriales y comerciales. Populosos anuncios y ruedas de prensa nos mostraban la factibilidad de extraer combustible del árbol de la higuereta y etanol a partir del residuo de la caña de azúcar, como aditivo al uso de la gasolina.

Todos esos esfuerzos quedaron en papeles, cartelones, anuncios y propaganda, similar a la acostumbrada en la mayoría de las propuestas de soluciones del gobierno central a los problemas nacionales. El mal manejo estatal a este tema y el contubernio con intereses oscuros que obtienen cuantiosas ganancias de estos negocios, han impedido un real desarrollo sostenible de esta actividad comercial, garantizando suministro continuo a precio justo. Nunca existió una propuesta real de política de Estado en este sentido, solicitando la reformulación de la Ley para dar entrada a un nuevo modelo de desarrollo del negocio.

La ley 112-00 no plantea una regla transparente, garantista de nuevas inversiones. No avaló la conversión de biomasa en gas oxigenado en Bonao y el suministro comercial, industrial y doméstico a un segmento de esa población, como tampoco la explotación de la misma fuente en San Luís, para generar 18 MW. Por igual la ley no garantiza el libre mercado del gas natural, aduciendo al hecho de que más de una empresa se interconecta a una misma red de distribución. Esta falencia impide la entrada de nuevos capitales que puedan utilizar instalaciones existentes para sus inversiones.

Por igual, esa legislación vigente no endosó un adecuado suministro de gas natural a todo el usuario que creyó en la propaganda y realizó cuantiosas inversiones en medios de transporte, para abaratar sus costos operativos. Largas filas son aun visibles en las escasas instalaciones de expendio de este producto en las grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago. Basta con mencionar el hecho de que un vehículo que opere a gas natural, no podría ir a la provincia de Barahona y volver. Irónicamente, la mayoría de solicitudes de construcción de instalaciones de expendio y servicio, fueron detenidas por falta de permiso medioambiental.

Sendos sectores de la vida nacional solicitan a todas voces la modificación de la Ley-112-00 y su reglamento, convirtiéndola en una norma técnica que regule la actividad vertical u horizontal del negocio de los combustibles a todos los niveles y dotando a los inversionistas de garantías y reglas claras como en toda sociedad organizada.

Una nueva ley debe transparentar el negocio de combustibles en la República Dominicana, garantizando la estructura de mercado en el marco mayorista y mostrando la mayor transparencia posible en los cálculos de los precios finales que se presentan periódicamente a la población. El nuevo Ministerio de Energía y Minas debe presidir un órgano regulador especializado, que cuente con participación de todos los sectores que intervienen en el negocio a fin de equilibrar las decisiones y velar por la sostenibilidad y cumplimiento de las reglas establecidas para ese negocio viabilicen un desarrollo real de la vida nacional.

De igual manera, una nueva ley debe promover con incentivos fiscales, el uso de fuentes alternas de combustibles como biodiesel, biomasa, biodigestión, reciclaje, etc. con tal de reducir el uso de los derivados directos del petróleo, que tienda a reducir el costo económico y social actual que representa la salida de capitales hacia el exterior.

Una nueva ley deberá normar la instalación de terminales de gas natural y la construcción de gaseoductos, así como la estructura de operación, transporte y distribución, transacciones comerciales entre agentes, cálculos de peajes, derechos y deberes de los actores en este negocio, garantizando una real transformación de la matriz energética en el negocio eléctrico dominicano, dotando de garantías a aquellos que realizan inversiones y los que se benefician de las mismas. 

edwardverasdiaz@gmail.com

 

 

 

Entre el alcalde de Nueva York Bill Di Blasio y el gobierno de la República Dominicana las posiciones han llegado a extremos antagónicos. Todo parece indicar que no hay consenso a la vista. Ninguna de las partes se atreve a ceder.

El gobierno, que está en campaña reeleccionista y necesita votos,  entiende que la razón y la verdad le asisten. El debate es rentable porque  es de soberanía nacional, y algo más.

Mientras el alcalde de Nueva York, alineado con la causa haitiana, cuyo gobierno también ha politizado el asunto, no solamente  sostiene sino que reafirma  su posición intransigente cuando sostiene que el  Plan de Regularización de Extranjeros  es racista, inmoral  e inaceptable,  solo porque la reforma migratoria va dirigida a regular  gente de la raza negra, los haitianos, según lo entiende,  y no hacia todos los extranjeros en la nación caribeña.

Es decir, que el tema, que ciertamente envuelve   patriotismos, nacionalismos, banderas y orgullos nacionales,  ha llegado a un punto  político antagónico indiscutible.

NI  los abucheos de que fue objeto en las dos más grandes paradas dominicanas de Nueva York lo hicieron bajar la guardia. Más bien fue más desafiante, y acudió a la recepción a los dominicanos con el consejal haitiano y montó una fiesta de gagá, no de merengue,  ignorando que su postura lo aleja de los dominicanos, genera impopularidad y resta votos para su segura  repostulación como alcalde.

Es como si Di Blasio  estuviese dispuesto a jugárselo  todo, incluído el voto domínico-americano, en aras de mantener  su defensa intransigente de la diáspora haitiana. Ha ignorado todos los llamados del gobierno, a través de sus representantes diplomáticos y consulares, encabezados por  Eduardo Selman, Cónsul General  en Nueva York, para que pida disculpas al gobierno y al pueblo dominicanos por su llamado al turista americano a no visitar a la República Dominicana.

Mientras esta confrontación  prosigue su agitado curso, como decía el locutor  Manuel Antonio Rodriguez (Rodriguito) en el radial Suceso de Hoy en los años 70s, el gobierno del presidente Barack Obama ha mantenido   una  posición  cautelosa y prudente  frente al conflicto dominico-haitiano.

Tanto así que su embajadora en Haití, Pamela  Ann  White, ha dicho claro que realmente no hay crisis humanitaria en Haití, producto de la reforma migratoria  del  presidente Danilo Medina para documentar  la presencia de  los extranjeros, especialmente de los haitianos ilegales.

Todo el mundo vió en la televisión al embajador de Estados Unidos  James “Wally”  Brewester  desfilar,  en franca camaradería con el cónsul  Selman, participando por primera vez en la Parada Dominicana de Nueva York. El mensaje no pudo ser  más claro. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y la República Dominicana  no han sido alteradas por el conflicto dominico-haitiano,y por tanto,  la sangre no llegará al río.

De que le sirve a Di Blasio  mantener  esa confrontación?. El alcalde  pudo ser un  gran mediador y no irse del lado haitiano. El tema  ya no es solo de puro desafio diplomatico,  es politico.  Aunque hace tiempo que el gabinete diplomático de la ONU debió renunciar en pleno.

Falta diálogo eficaz y convincente. Más  aún  después del  Informe de la OEA que  recomienda  diálogo  con Haiti, luego de reconocer la soberanía de República Dominicana en  su políitica migratoria. Es hora de que nuevas caras entren al  juego  diplomático  y que el alcalde Di Blasio y el gobierno  de la República Dominicana encuentren  la fórmula viable para buscar remedio  eficaz  a  la crisis domínico-haitiana.  Necesitamos  hablar de  paz,  no  de  la  guerra.

josealdueys@gmail.com