La gerencia pública, al margen de su naturaleza, en ánimo de cumplir positivamente con sus responsabilidades requiere, inexorablemente, de la existencia de un sólido y contestatario contrapeso, dinámico y constante, que desarrolle un seguimiento objetivo de sus acciones cotidianas.

Hacemos referencia a una especie de muro de contención, integrado por auténticos representativos de las fuerzas vivas de la comunidad, en cuyos propósitos debe imperar el interés innegociable de que los planes, proyectos y programas emprendidos por el organismo fiscalizado terminen convirtiéndose en aportes positivos al colectivo en cuestión.

Se trata de un mecanismo idóneo para, en cierta medida, garantizar la gestión gerencial exitosa que todo ciudadano sensato aspira en su lar de residencia.

Circunscrito a esa visión, en el caso del Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este, encabezado por el exhibicionista y bufónico Alcalde Dio Astacio, es atinado prever que de continuar sus ejecutorias de la manera cómo hasta el momento lo ha protagonizado, sin aparente control y una improvisación que raya en la irresponsabilidad, sus pasos por el mencionado cabildo concluirán sin pena ni gloria.

Sin planificación

Su estilo de manejo como funcionario público tiende a evidenciar que permanece más abrazado a cuestionables criterios mercadológicos y cosmetológicos, alejados de la planificación serena, eficiente, consensuada, que imposibilitan el avalar el éxito y la auténtica trascendencia en el tiempo.

El aparente interés de reflejar autosuficiencia, rayando en ocasiones en la teatralidad típica del payaso, obviando en ocasiones la connotación y prudencia que ha de caracterizar a un ejecutivo de su categoría, ha concluido, hasta el presente, que el señor Dio Astacio, no pueda exhibir una obra municipal de verdadera relevancia para marcar positivamente su gestión local.

Para muestra de lo ante manifestado, sobran los botones y las torpezas.

Los hechos son tan evidentes y numerosos que adentrarnos a enunciarlos y analizarlos, en detalles, constituirían una reiteración innecesaria ante los oídos sordos y la terquedad, al tiempo que una manera olímpica de perder tiempo y energía en el correcto ejercicio mental con sensatez.

No obstante, vale el momento para dejar constancia que todavía, si así lo asimilara, el chabacano con dotes de mamarracho Dio Astacio, tiene tiempo para “casarse con la gloria”, sin necesidad de insistir en proyectarse como el nuevo Superman, El Hombre Invencible o el vaquero indomable de las añejas producciones cinematográficas en blanco y negro.

Sin en realidad practicara la humildad y la modestia, tal como es propio de los genuinos pastores al servicio de los mensajeros y adoctrinadores cristianos, el locuaz y exhibicionista alcalde del principal municipio del país, en el orden poblacional y territorial, importantizara y sobredimensionara el valor del diálogo franco y respetuoso con sus munícipes, alejado de las manipulaciones politiqueras y religiosas, con la finalidad de consensuar sus ejecutorias, generando resultados extraordinarios para la comunidad.

Pero, sinceramente, todo luce que es mucho exigir ante un coloso de pies de barro, con el aparente dote de testarudez que frecuentemente percibimos entre los representativos de la cabezonería hueca, además de saturados de trivialidades.

Nada, dejemos el tiempo transcurrir, ya veremos qué trae el barco, como dice por estos lares.

No desesperéis…

jpm-am

POR JULIO MARTINEZ 

La práctica común de pasear imputados por los pasillos públicos de los tribunales dominicanos no solo viola la ley, sino que perpetúa un espectáculo medieval que contradice los principios básicos de justicia moderna. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI sigamos exponiendo a los imputados como si estuviéramos en la época de la inquisición

El Código Procesal Penal dominicano es claro: el artículo 176 prohíbe expresamente la exposición pública de imputados. La Constitución, en su artículo 69, garantiza la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la realidad en los pasillos de los tribunales cuenta una historia diferente.

La administración de justicia en la República Dominicana enfrenta un desafío fundamental que trasciende la mera aplicación de la ley: la preservación de la dignidad humana en el proceso penal. La exposición pública de personas imputadas en los tribunales dominicanos representa una violación sistemática de derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal (CPP).

Esta práctica, que persiste debido a limitaciones infraestructurales y procedimentales, merece un análisis crítico desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos.

Un contraste alarmante

Mientras en Estados Unidos los imputados llegan a los tribunales a través de túneles subterráneos y pasillos privados altamente vigilados, en República Dominicana el traslado se convierte en un espectáculo público. En Miami, por ejemplo, nunca verás a un imputado siendo paseado frente a las cámaras. Los tribunales están diseñados para proteger la dignidad humana.

La infraestructura anticuada de los palacios de justicia dominicanos facilita esta violación de derechos. Los edificios, muchos construidos hace décadas, carecen de rutas privadas para el traslado de imputados. No es solo un problema de espacio, es un problema de voluntad política y judicial.

Fundamentos constitucionales, marco jurídico y violaciones sistemáticas

La Constitución dominicana, en su artículo 69, garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso, estableciendo que toda persona tiene derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. Sin embargo, este derecho a la publicidad del proceso no debe interpretarse como una autorización para exponer públicamente a los imputados de manera que vulnere su dignidad y presunción de inocencia.

El artículo 176 del Código Procesal Penal dominicano establece claramente la prohibición de presentar al imputado como culpable o brindar información sobre el proceso antes de la sentencia condenatoria firme. Por su parte, el artículo 24 del mismo código refuerza el principio de publicidad del proceso penal, pero con importantes limitaciones que protegen la dignidad de las personas involucradas.

Principio de presunción de inocencia

La presunción de inocencia, piedra angular del proceso penal moderno, se encuentra gravemente comprometida cuando los imputados son expuestos públicamente. Este principio, consagrado en el artículo 69.3 de la Constitución, no se limita a una mera formalidad procesal, sino que debe manifestarse en todos los aspectos del tratamiento al imputado.

Deficiencias estructurales y consecuencias

Los palacios de justicia dominicanos, en su mayoría, fueron concebidos en una época donde la protección de la dignidad del imputado no era una prioridad arquitectónica. Esta realidad se manifiesta en; la mayoría de los palacios de justicia en República Dominicana fueron diseñados y construidos sin considerar estas garantías constitucionales y procesales.

La ausencia de infraestructuras adecuadas para el traslado discreto de imputados resulta en: Violación sistemática del derecho a la dignidad humana, vulneración de la presunción de inocencia, exposición mediática prejudicial, estigmatización social prematura, ausencia de corredores segregados para el traslado de imputados, carencia de accesos diferenciados para funcionarios, público y personas bajo custodia, instalaciones que fuerzan la exposición pública de los imputados, falta de áreas de espera privadas y seguras.

Dimensión mediática y social

La exposición pública de imputados se ve agravada por: Cobertura mediática sensacionalista, fotografías y videos que circulan sin restricción, juicios paralelos en medios de comunicación, vulneración del derecho al honor y la imagen

Las consecuencias de esta práctica son devastadoras. Familias destruidas por la exposición mediática, carreras arruinadas y vidas marcadas permanentemente, incluso antes de cualquier sentencia. Estamos condenando a las personas antes de ser juzgadas.

Las consecuencias trascienden al imputado: Estigmatización familiar, pérdida de oportunidades laborales, daño psicológico y emocional, ruptura de vínculos sociales.

Contraste con el Sistema Estadounidense. El sistema judicial estadounidense presenta un modelo ejemplar en cuanto al manejo de imputados. Los tribunales modernos cuentan con:

Seguridad integral: 

Accesos subterráneos controlados, sistemas de vigilancia avanzado, protocolos de traslado seguros, protección de derechos, pasillos interconectados privados, áreas de espera segregadas, sistemas de control de acceso, eficiencia procesal, flujos de circulación optimizados. tecnología de seguridad integrada. gestión profesional de traslados.

Recomendaciones y conclusiones:

Para garantizar el cumplimiento de la normativa dominicana y proteger los derechos fundamentales de los imputados, es necesario: Modernización de Infraestructura, rediseño de instalaciones existentes, construcción de nuevos complejos judiciales. implementación de tecnología de seguridad, reformas procesales, actualización de protocolos de traslado. establecimiento de normas de privacidad, desarrollo de procedimientos estandarizados.

Formación del personal judicial, educación en derechos humanos, sensibilización mediática. La exposición pública de imputados no solo viola la normativa vigente, sino que compromete principios fundamentales del estado de derecho. Es imperativo que las autoridades judiciales dominicanas tomen medidas inmediatas para corregir esta situación y garantizar un proceso penal que respete plenamente los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.

La modernización de los tribunales dominicanos no es solo una cuestión de infraestructura, sino de derechos humanos fundamentales. «Necesitamos una reforma integral que comience por respetar la dignidad de todos los ciudadanos, sean o no imputados».

El costo de la inacción es alto. Cada día que pasa sin abordar esta problemática representa más violaciones a los derechos fundamentales y más vidas afectadas por la exposición innecesaria.

No podemos seguir permitiendo que la falta de infraestructura adecuada sirva como excusa para violar derechos constitucionales. Es hora de que República Dominicana modernice no solo sus instalaciones, sino también sus prácticas judiciales.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los ciudadanos dominicanos para ver un sistema judicial que respete verdaderamente la presunción de inocencia y la dignidad humana?

jpm-am

Delitos que no salen a la luz pública se cometen en entidades del sector financiero en la República Dominicana sin que la Superintendencia de Bancos tome carta en el asunto. Es algo que llama a preocupación en ahorrantes y miembros del consejo directivo o administración de las entidades como órganos supervisores y fiscalizadores de control interno que cada entidad debería tomar en cuentas.

Lo preocupante de todo ello es que las irregularidades ocurren y nada pasa, todo queda en una estela de misterio, dudas y preocupaciones de parte de los ahorrantes y, hasta de algunos miembros del consejo de administración. Cabe en éste momento hacer algunas reflexiones jurídicas y que sirvan de base a quienes integran un órgano del sistema financiero qué las leyes disponen al respeto y que impida que hechos de esta naturaleza nunca deban pasar desapercibido sin que haya en determinado casos el más minino régimen de consecuencias o que en lo adelante perdamos nuestra capacidad de asombro y más en una entidad financiera donde hoy hay un gerente y mañana viene otro, porque el anterior cometió una diablura y nada pasó…

El código monetario y financiero, creado mediante la ley número.183-02, dispone en su artículo 1, literal c) Régimen Jurídico. La regulación del sistema monetario y financiero se regirá exclusivamente por la Constitución de la República y esta Ley. Los Reglamentos que para su desarrollo dicte la Junta Monetaria, y los Instructivos, que subordinados jerárquicamente a los Reglamentos que dicte la Junta Monetaria, dicten el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en el área de sus respectivas competencias.

Serán de aplicación supletoria en los asuntos no previstos específicamente en las anteriores normas, las disposiciones generales del Derecho Administrativo y en su defecto las del Derecho Común. En atención a lo antes descrito, es importante dejar saber que en los últimos tiempos en el patio han ocurrido escándalos mayúsculos en entidades financieras, unos que han salido a la luz públicas con regímenes de consecuencias mientras que otros ni siquiera sus ahorrantes han tenido conocimiento alguno, violando de forma grosera así el principio de transparencia institucional.

En dias pasado hicimos postear una publicación que a través de un canal de YouTube denunciara un periodista donde expresé los siguientes:  Escándalos en una institución financiera de San Juan, acoso, corrupción, testa ferrato, extorsión y acosos laboral a emplead@s. Un llamado a la Superintendencia de Bancos ante el mayúsculo escándalo en San Juan, según declara en emblemático periodista José Manuel Adames Sánchez, seguía argumentando que supuestamente técnicos de esa entidad financiera presentaron renuncia al consejo de la misma.

También se mencionan tras bastidores viajes con los dineros de los socios, pagos en hoteles de lujos fuera del país con montos no autorizados y, sin que hasta el momento se hayan utilizado medidas preventivas. La unidad de lavado de activos de la superintendencia de bancos debe prestar atención. A todo ello se suma que han colocado en un alto puesto de dirección de esa entidad una persona muy cuestionada y con un prontuario muy oscuro. Esa institución no aguanta más escándalos.

La noticia y el comentario dejó mucho que desear con denuncias, reuniones y demás hierbas aromáticas, pero hasta el momento la entidad públicamente no ha hecho saber aún los resultados, cual es la persona que está envuelta en esa situación. A lo mejor esperarán que la marea baje para nueva vez otorgarles sus consabidos privilegios al personaje por todos conocidos a tal punto de que andan rumores de chantajes, sobre posibles denuncias en caso de no complacer…

Lo cierto es qué ya el asunto se ha filtrado a determinados círculos sociales, clientes, deudores y ahorrantes están moscas con sus ahorros. ¡Esto es inaguantable y no soportamos más!