“Observen de cerca el acuerdo PLD-PRD y busquen en esa pieza, no la evidencia de la desvergüenza de ambos, sino el entramado del fraude electoral que ya montan para mayo del 2016. Y lo que mas me asombra de todo esto, no es la desvergüenza de estos personajes, sino la ceguera de nuestros, por así decirlo, líderes”. Este fue el párrafo final del artículo anterior a este titulado Danilo, Leonel y una advertencia.

El Señor Danilo Medina consintió, como beneficiario principal, que durante 2011 y 2012 el gobierno del PLD, presidido por ya sabemos quien, instrumentara un fraude presupuestario descomunal de unos 240 mil millones de pesos con los cuales compraron hasta los perros, los gatos y las mascotas de los artistas, profesionales, intelectuales y ciudadanos de a pie que respaldarían al candidato del gobierno. La ilegalidad abierta, confesa, documentada y trágica de ambos fraudes, el presupuestal por el uso indebido del dinero y el electoral por la compra y secuestro de votos la sabe y conoce todo el mundo en la República Dominicana. No ha sido ni es materia de discusión. Fue así y basta.

El mismo señor Danilo Medina, una vez impuesto como presidente y en virtud del acuerdo con Leonel Fernández, honró el compromiso de no investigar ni perseguir judicialmente a ninguno de los funcionarios del gobierno anterior muchos de los cuales, en la práctica, permanecieron en su gobierno. Al validar la impunidad, el señor Medina recibió fuertes y generalizadas críticas a pesar de las cuales, sin embargo, dio continuidad a todo lo anterior, como los sueldos lujosos, la nómina inflada, los esquemas corruptos de contratación de obras y los aun mas corruptos contratos de préstamos externos.

El señor Danilo Medina que había prometido apoyar lo bueno, corregir lo malo y hacer lo que nunca se había hecho prefirió dejarlo todo como estaba y, para diferenciar su imagen del anterior, se puso a brincar charcos, hacer un gran rollo publicitario al respecto y construir edificios escolares en los que algún día podrán funcionar escuelas (que no es lo mismo ni es igual). Mientras tanto, la tolerancia del señor Medina con todo lo que estaba malo antes y lo que él, de su propia cosecha, ha consentido, inflige un daño terrible a la nación y a la sociedad dominicana.

EL PERJUICIO MAS GRAVE

El Señor Medina mandó un mensaje: aquí se puede hacer lo que sea y no pasará nada. Como dijera Eduardo Estrella en una de sus mas acertadas observaciones: “sin perseguir la corrupción en los de arriba, no se puede poner orden en los de abajo”. Ese daño, específicamente ese, incluso a mayor escala que el endeudamiento por Medina contratado con su secuela a futuro es, y perdurará, como un perjuicio mas grave, duradero y terrible que todos los demás desaciertos y vagabunderías perpetradas o toleradas por él.

Ahora, entre los meses de mayo y junio de este año del señor de 2015, Medina, sin rubor alguno, a plena luz del día, autorizó y ejecutó la compra de todos los legisladores (que eran muchos) y que hacían falta para pasar una reforma constitucional a su medida, como un “flu” ordenado en una sastrería antigua que le permita optar por la reelección con lo cual añade a los orígenes espurios y fraudulentos de su primer mandato, un acto que tan grave es en su naturaleza como en sus consecuencias. Perpetrado, ante la mirada sorprendida y aun desconcertada de todo el país, el soborno de los legisladores, no por esperable y predecible, resulta menos escandaloso y grave.

Ante esta demostración de desprecio por cualquier consideración legal, jurídica, política, histórica y social ¿que pueden y deben esperar los dominicanos del señor Medina?  Amparado en encuestas manipuladas, Medina cree gozar de una popularidad que nunca ha sido suya y que incluso si alguna vez la hubiera tenido no por eso le confería el derecho a violar y pisotear la ley y menos aun  a darle al país el ejemplo de una presidencia inescrupulosa y corrupta. Álvaro Uribe en Colombia, pretendió sin éxito  y usando la misma lógica y los mismos procedimientos lo que acaba de lograr Medina. La diferencia no estriba en el talento de este frente al otro sino a que, en Colombia, no pudieron comprar el tribunal supremo y aquí estaba comprado y pre-pagado.

LA OPCION

Dado que está meridianamente claro que Medina, como el PLD, con la justicia y la JCE en sus manos están dispuestos a hacer en contra nuestra todo aquello que nosotros mismos no seamos capaces de impedirle, no tenemos más opción que usar la denuncia no para quejarnos sino para convocar. Tomar las calles, parar el país, romper la gobernabilidad, crear un ambiente internacional hostil y forzar la destitución de esos jueces. Combinando ambos esfuerzos podemos,  y por nuestro propio bien debemos, derrotar la reelección y el conjunto de ilegalidades y atrocidades en que se sustenta.

El acuerdo PLD-PRD no tiene justificación electoral pero si operacional. La compra de votos positivos, o sea, el dinero que se promete al votante para que vote a favor de uno de los partidos aliados y del cual no se espera que consiga votos a favor espontáneamente es lo que verdaderamente yace detrás de ese acuerdo. De ese modo, Miguel Vargas obtiene algunos cientos de miles de votos, mantiene la franquicia, sigue recibiendo dinero de la JCE y además confiere al PLD la apariencia de que los votos así obtenidos eran legítimos.

A eso, en esencia se reduce el acuerdo porque, por lo demás ningún peledeista está conforme y los perredeístas que aún le quedaban a MVM desertan de su lado por horas. PRD-PLD no suma votos pero facilita el fraude. Es un arreglo bastardo, pecaminoso y falaz que sustenta una ficción carente de contenido y ajena a la realidad.

Pensar, creer o esperar que el PLD ahora con Danilo Medina vaya a propiciar elecciones libres y medianamente limpias en el año 2016 es exactamente lo mismo que haber creído –como hicimos nosotros- que, en las elecciones de 1966 Juan Bosch, con votos, podía ganarle a Balaguer después que los americanos habían invadido el país con 42 mil soldados justamente para evitar que Bosch fuera gobierno.

¿Cómo iban los EEUU a conceder por las buenas lo que habían impedido por las malas? Después de haber comprado legisladores, jueces, medios de comunicación y comunicadores, después de haber incurrido en todas esas diabluras, ¿como puede alguien pensar que el PLD va a dejar que la oposición le gane las elecciones?

No seamos ilusos. El gran reto no es derrotar con votos al PLD sino lograr que esos votos traigan un nuevo gobierno. Por todo lo anterior es que grito y clamo: no basta con denunciar el acuerdo como desvergüenza, es necesario prepararse organizativa, táctica y estratégicamente para derrotarlo. 

jpm

El texto del artículo 124 de nuestra Carta Magna (cuya denominación oficial, conforme a los usos al tenor, ahora pasará a ser “Constitución del 13 de junio de 2015”) que acaba de ser aprobado y puesto en vigor, aparte de mantener una redacción pedestre e insípida en términos estilísticos y conceptuales, exhibe imprecisiones y omisiones que pudieran dar origen en el porvenir inmediato a interpretaciones susceptibles de encender la mecha de la polémica.

(Desde la reforma de 1994, quizás a tono con la carencia de rigor y el mal gusto en el uso del lenguaje que se impusieron en país en los últimos cuatro decenios a resultas del incremento de la ignorancia, el descrédito de la cultura y el analfabetismo político, es notoria la ausencia de aquel estilo impecable y solemne que otrora rutilaba en nuestros documentos legales y constitucionales, y aunque hay gente que ha intentado santificar semejante “evolución” apelando a la necesidad de “hacer accesible” esos textos a la gente sencilla, no por ello deja de ser una degradación del buen decir. Por supuesto, el récord en el sentido apuntado lo tiene la Constitución del 26 de enero de 2010, un panfleto ampuloso en el que abundan las barrabasadas y las brumas).

En efecto, acaso sin que buena parte de los legisladores revisores repararan en ello, el sistema de elección presidencial realmente aprobado en la víspera no sólo pudiera ser cuestionado por carecer de precedentes conceptuales en la historia constitucional sino que, inclusive, podría distanciarse considerablemente, desde el punto de vista práctico y operacional, del modelo que se intentó reivindicar y remedar (según las intenciones declaradas por promotores y defensores): el vigente en los Estados Unidos de América desde 1951.

El llamado “sistema estadounidense”, como se sabe, quedó consagrado en el año mencionado arriba por conducto de la XXII Enmienda, y sus términos capitales son los siguientes: “Nadie podrá ser elegido más de dos veces para el cargo de presidente, y nadie que haya ocupado el cargo de presidente, o que haya actuado como presidente por más de dos años del término para el cual fue elegida otra persona, podrá ser elegido más de una vez para el cargo de presidente…”.

Como puede observarse, la forma en que fue redactada esa disposición sustantiva es clara y directa, y no admite confusiones ni interpretaciones especulativas porque no habla de “período” sino de “veces”: simplemente nadie podrá ser elegido en más de dos ocasiones, y quien haya ejercido “por más de dos años” la función ejecutiva, aunque no fuera electo para ella sino que la desempeñare por cualquier otro motivo (un vicepresidente que sustituya al titular, por ejemplo), tampoco “podrá ser elegido más de una vez para el cargo…”. En otras palabras: el ciudadano presidente puede optar por una reelección única, y de ahí en adelante por siempre “para su casa”.

Recordemos que el texto constitucional votado por la Asamblea Revisora durante la administración del presidente Hipólito Mejía (“Constitución del 25 de julio de 2002”) estaba dirigido a establecer el mismo “sistema estadounidense” (satanizado entonces hasta la saciedad desde el PLD y el PRD por quienes ahora lo copiaron casi textualmente), y rezaba (artículo 49) como sigue: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República”.

La desgarbada y anémica redacción, en el caso de la llamada “reforma de Hipólito”, no impidió que la letra del texto transmitiera la intención del legislador revisor y, por consiguiente, se acercara al espíritu del “sistema estadounidense”. Las palabras claves para ello fueron “un segundo y único período”, por un lado, y por el otro “no pudiendo postularse jamás al mismo cargo”. O sea: el Primer Mandatario de la Nación podía procurar una reelección, pero a partir de que agotara esa “opción” no podría “postularse jamás al mismo cargo”.

La falta de precisión en la redacción textual de la “reforma de Hipólito” daba pie a la discusión, planteada en algún momento, sobre lo que ocurriría si el presidente no agotaba o no ejercía su “opción” a la reelección y se conformaba en lo inmediato con un sólo “período”: ¿se le aplicaba el “jamás” de la parte in fine que lo enviaba “para su casa” o, por el contrario, quedaba abierta la posibilidad de que aspirara de otra vez? Nuevamente el uso del concepto de “período” , en lugar del “veces” de los estadounidenses, se convertía en caldo de cultivo para la confusión, independientemente de la intención o el propósito de los legisladores revisores.

Por su parte, como ya se ha dicho, el texto votado en la Asamblea Revisora de este mes, no se sabe si en razón de las mismas deficiencias de estilo o de una decisión deliberada de sus redactores, mantiene las lagunas de su par del 2002, elimina la inclusión de género consagrada en el de 2010 (“el o la Presidente de la República”) y, además, agrega otra oscuridad. Veamos lo que dice (artículo 124) para que lo constatemos: “El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República”.

No hay que ser un dechado de genialidad o sapiencia para encontrar la mera verdad: la redacción adoptada en esta ocasión por los legisladores revisores es una simple copia de la que tenía la Constitución de 2002 (reiteramos: con sus mismas imperfecciones de redacción, huecos e imprecisiones). La diferencia entre una y otra es la expresión “y único” para referirse al “período” adicional al que tendría derecho de “optar” un presidente en ejercicio. En la “nueva” redacción, tal y como se puede verificar en documento colgado en la pagina web del Senado (ver https://www.senado.gob.do/senado/Portals/0/Documentos/ReformaConstitucional2015/AsambReinaldoPared.pdf), esa expresión fue tachada con un bolígrafo, lo que hace suponer que se trató de un error material de transcripción desde la propuesta original o, en otro caso, de una rectificación política de último momento.

Existe la duda de que si estamos o no en presencia de una rectificación política de último momento porque la tachadura de la expresión “y única” en el texto de referencia no sólo le añade una mayor dosis de confusión a éste sino que, al mismo tiempo, podría ser fuente de singulares interpretaciones y basamento de importantes implicaciones fácticas: se puede argüir en justa literalidad que sólo impide la reelección más allá de un “segundo período constitucional consecutivo”, pero no manda “para su casa” al presidente, pues éste tendría abierta la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato fuera de esa consecutividad. Obviamente, este no sería el “sistema” estadounidense: estaríamos creando uno nuevo.

(Si lo que se procuraba era establecer el referido “sistema” de los Estados Unidos siguiendo el patrón textual de las constituciones dominicanas precedentes, bastaba con que el articulo de marras tuviese una redacción como la que sigue: “El ejercicio del Poder Ejecutivo le corresponde al Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y, en caso de desearlo, podrá aspirar a un segundo y último mandato. Haga uso o no de este derecho opcional, jamás podrá postularse o ser considerado de nuevo para el mismo cargo, ni para la Vicepresidencia de la República”).

No obstante, en lo que concierne de manera específica al presidente Medina otra sería la situación: en virtud del artículo transitorio que se le agrega al Pacto Fundamental inmediatamente después del 124, queda fuera de juego para siempre, como puede comprobarse a continuación: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período y a ningún otro período, ni a la Vicepresidencia de la República”. Esto es: aún con la paupérrima redacción de este artículo, no hay dudas de que para Medina sí se aplicaría concluyentemente aquello de “una reelección y para su casa”.

La “nueva” obra, pues, de nuestros legisladores revisores ha tenido mucho de la antiquísima lógica de Perogrullo y Polichinela: pese a que hubo todo tipo de zafarranchos y se dispuso de bastante tiempo para considerar, estudiar y evaluar concienzudamente lo relativo al nuevo texto, aprobaron uno con los defectos y las carencias que se le criticaban a su referente más reciente, y por añadidura, no se sabe si por descuido o por “tigueraje”, pudiera ser que nos dejaran un “maco” -casi al desgaire- con lo único novedoso que el mismo puede exhibir… Ya veremos en qué termina esa pintoresca obra de “creatividad” constitucional.

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