SANTO DOMINGO (EFE).- Amnistía Internacional (AI) emitió un informe este miércoles sobre los resultados de la aplicación en República Dominicana de la Ley 169-14 de naturalización de personas de ascendencia haitiana, que finalizó el pasado 1 de febrero.

Una delegación del organismo visitó el país entre el 14 y el 27 de junio «para evaluar la situación de las personas que fueron privadas de su nacionalidad dominicana por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional», así como para «evitar la expulsión de esas personas y otras violaciones de derechos humanos».

AI reconoce en su informe que la Ley 169-14 de naturalización trató de ofrecer una solución a las personas de ascendencia haitiana «a quienes se les negaron durante años sus documentos de identidad, incluidos los que quedaron apátridas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013».

Además, la organización acogió con satisfacción el anuncio que el pasado 26 de junio hizo la Junta Central Electoral de que 55.000 personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros indocumentados y cuyo nacimiento fue registrado (el llamado grupo A), podrán acceder a sus documentos de identidad.

Sin embargo, a la organización le preocupa la existencia de un registro civil separado para los certificados de nacimiento de las personas incluidas en esa lista de 55.000, y que describe como un «libro de transcripción que no está bien definido en la ley y que en el futuro podría llevar a actos de arbitrariedad».

Además, Amnistía Internacional asegura que, en este periodo, su delegación «ha seguido documentando casos de decenas de personas cuyos derechos han sido descuidados o severamente afectados debido a la negativa del Estado a proporcionarles los documentos de identidad que les corresponden».

El organismo asegura haber presenciado obstáculos burocráticos y procesales que impidieron a las personas afectadas acceder a sus documentos de identidad en varias comunidades hasta el 22 de junio.

«Las autoridades deben permitir un proceso de seguimiento exhaustivo en el que participen organizaciones de la sociedad civil, que confirmen que la población del llamado grupo A recibe sus documentos, pueden inscribir a sus hijos y tienen todos los derechos que les otorga la ciudadanía», indicó la entidad.

Por otra parte, esas personas tendrán que pasar por un proceso más largo para inscribir ahora a sus hijos del que habrían pasado si hubiesen podido registrarlos dentro de los 60 días siguientes a su nacimiento, por lo que AI cree que las autoridades dominicanas deben proporcionarles ayuda legal y financiera, «ya que el retraso en la inscripción es imputable al Estado».

En cuanto al denominado grupo B, formado por los nacidos en el país de padres extranjeros indocumentados, y cuyos nacimientos no se registraron, la organización mostró su preocupación porque muchas de las 8.755 personas que se inscribieron en el Plan de Naturalización, «no han recibido una respuesta a su solicitud 5 meses después de su vencimiento».

Aunque «su situación sigue siendo incierta», a la entidad le inquieta más la suerte de los que no se acogieron a la ley de naturalización, ya que las autoridades dominicanas «no parecen reconocer que muchas personas se quedaron fuera del proceso, y niegan que la gran mayoría siguen siendo apátridas».

AI asegura haber entrevistado a decenas de personas que no se inscribieron en el plan de naturalización debido a varias razones, entre ellas el desconocimiento del proceso, la falta de recursos para pagar por los documentos solicitados o la incapacidad para aplicar dentro de la fecha límite.

Otro de los motivos fue la imposibilidad de obtener los documentos de identidad de sus padres, un requisito que, según AI, no está previsto en el reglamento de aplicación de la norma, pero que impusieron la mayoría de unidades de aplicación.

Tras el vencimiento del plazo establecido por la ley 169-14 el 1 de febrero 2015, actualmente no existe ningún recurso legal para las personas menores del grupo B que no pudieron acceder a la nacionalidad dominicana ni obtener documentos de identidad, esenciales para el ejercicio de derechos humanos como el acceso a una educación superior, a atención médica o a un empleo.

Este grupo representa una de las poblaciones más vulnerables y marginadas de República Dominicana, la mayoría vive en la pobreza extrema en comunidades rurales remotas, corren el riesgo de violencia y explotación y, debido a su condición de indocumentados, son incapaces de mejorar su situación socio-económica y registrar a sus propios hijos.

AI denunció que, en algunas partes del país, los hospitales les niegan el correspondiente certificado a los nacidos de madres haitianas o dominicanos de ascendencia haitiana, lo que impide automáticamente la declaración de nacimiento de los bebés.

Las autoridades dominicanas han reiterado a los representantes de AI que no hará deportaciones masivas, y se han comprometido a evaluar cada caso individualmente y con garantías procesales.

Si las personas de los grupos A o B fueran interceptadas por los oficiales de inmigración o detenidas, serán fácilmente identificadas y protegidas de la expulsión, mientras que los indocumentados que dicen haber nacido en el país tendrán que demostrarlo mediante un proceso de entrevistas.

Amnistía Internacional agradece a las autoridades dominicanas su disponibilidad para reunirse con los delegados de la organización, proporcionar información, y entablar un diálogo constructivo.

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