Después de tantas reuniones para lograr un aumento salarial, en principio solicitado de un 30% y luego acordado en  un 14, ahora el diálogo por el Pacto Laboral entre empresarios y centrales sindicales está detenido, frenado, parado.

¿Por qué? porque el sector empresarial todavía está opuesto a esa alza.

Como si no bastara la burla que significa ese incremento para una clase que ve deprimir a pasos de gigante su presupuesto, el empleado sueldo mínimo debe  todavía soportar que el grupo al que alquila su fuerza mantenga oposición a la risible alza y busque un tranque.

La suspensión de las conversaciones la dan a conocer los propios empresarios. Los sindicalistas han hecho poca o ninguna referencia al tema y otra vez vuelven a callar  o a pronunciarse de forma tímida.

Ese impasse puede dilatar la reforma al Código de Trabajo y flexibilizar, ojalá que no, la postura de los sindicalistas en un tema en el que los trabajadores tienen el temor de que los empresarios puedan salirse con la suya y recortar derechos.

Es absurdo que conquistas obtenidas sobre la base de luchas tenaces y el sacrifico de tanta gente puedan perderse en un parpadeo.

Que vuelva a reinar la sensación de que los dueños de las empresas tendrán siempre la última palabra. Como quedó de mostrado con las negociaciones del aumento salarial.

Es claro que haber logrado su propósito empodera aun más al empresariado y le hace mantenerse más firme.

Es en este momento en el que los sindicalistas deben mostrar una postura más segura y abrir más la boca para que los trabajadores sepan que está lucha no la echan solos.

 

 

Para los reformistas el día 1 de julio es de recordación obligatoria en ocasión de cumplirse un nuevo aniversario del primer ascenso al poder del Presidente Balaguer en 1966.

Ese día comenzó un proceso de reunificación de la familia dominicana y de rescate de nuestra soberanía mancillada por la ocupación militar extranjera desembocada después de los acontecimientos transcurridos a partir del  ajusticiamiento del tirano que nos subyugó durante 31 años.

Con todas sus imperfecciones,  y con la colaboración de una fuerte oposición, el proceso iniciado el 1 de julio de 1966 instituyó el régimen de alternabilidad democrática que hoy disponemos, que alcanzará ya medio siglo el próximo año, resistiendo los avatares de la guerra fría, las asonadas militares y la insurrección armada

Pero además:

Se inició un proceso de disciplinar las finanzas públicas y de transformación de nuestra economía, estimulándola con infraestructuras y disposiciones tributarias que modificaron sustancialmente nuestra estructura de producción y las condiciones de vida del dominicano.

La economía “predominantemente agrícola” de aquellos tiempos fue transformada en la economía diversificada de hoy, enriquecida por industrias, zonas francas, turismo y otros servicios relacionados con nuestra posición geográfica.

El crecimiento económico derivó en el mejoramiento de las condiciones de vida, según se ha reconocido en los Índices de Desarrollo Humano elaborados por el PNUD.

Lamentablemente el predominio PLDista que nos ha regido después de terminado el ciclo reformista en 1996, no ha podido superar indicadores fundamentales de nuestra realidad social y económica dejada por el gobierno iniciado un día como hoy de 1966, a juzgar por los siguientes elementos:

Nuestro aparato productivo es cada vez más incapaz de satisfacer necesidades de nuestra población, evidenciado por una balanza de pagos 10 veces más deficitaria que en 1996.

Como consecuencia de este mayor déficit en la balanza de pagos y de los crecientes déficits fiscales, la deuda pública es 6 veces superior a la de 1996 sin contar con la deuda del Banco Central que en aquel año no existía. El desempleo se mantiene al mismo nivel que ese año: 15%

El Banco Mundial nos ubica dentro del grupo de países de peor distribución de la riqueza (con un índice de Gini de 47.2 entre un 0-100 que mide equidad perfecta-imperfecta), observándose hoy un 4% de concentración de la riqueza superior a 1966.

Revertir este estado de cosas que han llevado al país a la degradación  moral y política impuesta por una corrupción e impunidad descarada, al deterioro social y económico determinada por una fiscalidad deficitaria y un sistema financiero en el que predomina el rentísmo y la especulación, y la pérdida de nuestra identidad y soberanía asociado a la dependencia internacional y al manejo inadecuado de la inmigración haitiana que nos han sumido los gobiernos del PLD; se hace imperativo  relanzar para revitalizar el sistema democrático iniciado el primero de julio de 1966 y retomar la consigna reformista “sin injusticias ni privilegios”

A estos propósitos debemos comprometernos los “reformistas de corazón” como reza nuestro himno.

 

 

 

En un reporte de la BCC Mundo, salió un informe periodístico sobre la inmigración haitiana hacia la República Dominicana, en el cual se hacía la siguiente pregunta: ¿Qué invierte República Dominicana en los haitianos? Y destacó que en materia de salud este país invierte unos 57.6 millones de dólares, equivalente a un 13.4% del presupuesto sanitario nacional.

Además señaló que en materia de educación también el gobierno dominicano invierte una partida de 60 millones de dólares de los 2,200 millones del presupuesto anual del ministerio educativo, a pesar de que solo el 37% de los niños nacidos de descendencia haitiana asiste a la escuela en República Dominicana.

La otra pregunta vendría a ser ¿Cuáles son los ingresos que recibe la República Dominicana mediante las relaciones bilaterales con Haití?

De acuerdo a un informe comercial publicado y aunque muchos pronosticaron de que solo aumentaría un 1.5% al comercio en general de unos 421 millones de dólares del 2009 hubo un crecimiento anual de un 15% hasta el 2012, entrando al país 1.000 millones, por concepto de venta de más de 800 productos nacionales que se comercializan  con el vecino país, siendo Haití el 3er país del mundo que ingresa mayor beneficio económico a la República Dominicana.

Este estimado creció al correr de los últimos 3 años dado el auge comercial, muchos de los cuales y a través de los mercados binacionales a lo largo de la frontera, el que se ha visto afectado por los problemas migratorios del cual República Dominicana niega ciertos derechos a cientos de miles de haitianos o dominicanos   nacidos de padres de descendencia haitiana, que vino al tapete con la Ley 168-13 del Tribunal Constitucional y que fue acotejada con un decreto del Poder Ejecutivo el 169-14 que declara el reglamento de regularización de extranjeros.

Debemos señalar que República Dominicana recibe otros beneficios a través de la mano de obra haitiana, sobre todo en el sector cañero, aunque la industria azucarera pasó en su mayoría al sector privado, debido a la venta que efectuó el gobierno dominicano de los ingenios azucareros pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), perdiendo con ello grandes partidas económicas de manera directa a la economía nacional gubernamental.

Sin dudas algunas, la mano de obra haitiana es parte del desarrollo económico nacional, y que se verá mermado, cuando se hagan efectivas las deportaciones masivas que contempla realizar el Departamento de Migración con la aplicación de la sentencia 168-13 acotejada por el decreto 169-14 , en contra de la población haitiana que se encuentra de manera irregular  en este país.

La mano de obra haitiana no solo es utilizada en el corte de caña, ya que el sector agrícola y en la construcción tiene esta una gran demanda, quizás porque en sentido general gran parte de los dominicanos huyen a los trabajos pesados y campestres, eso es del todo conocido en este país.

Actualmente, los trabajadores cañeros libran una gran batalla en demanda de que se le reconozcan sus derechos laborales, entre ellos un estatus legal, pensiones de trabajo, inclusión en los servicios sanitarios, educativos para sus hijos, y otros, al que el gobierno dominicano ha ignorado de una manera descabellada, y que aún peor, ya que muchos de los cuales están en peligro de deportación, luego de haber dejado toda una vida de trabajo en el territorio nacional.

El gobierno dominicano se lucra de la mano de obra haitiana, sea esta legal o no, y un ejemplo sin regateo, lo fue la restructuración de la Puerta del Conde (símbolo patrio) donde fueron utilizado numerosos haitianos para realizar este trabajo de remodelación.

¿Porqué ignorar los reclamos de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) en relación al problema migratorio en el país?

Es cierto que el país está sobrecargado  con una población extranjera en los últimos años, sobre todo la que procede del hermano país de Haití, situación que se intensificó con el terremoto acontecido el día 12 de Enero del año 2010, donde el territorio haitiano quedó destruido en su mayor parte, naturalmente estos ciudadanos tienen derecho a la vida y es así como han tratado de buscar mejores condiciones en su vecino país (República Dominicana), también los haitianos han emigrados a otros países, unos fueron acogidos por asuntos humanitarios, otros son echados como si fueran una peste.

Algo que no ha quedado bien claro es: las ayudas humanitarias de la comunidad internacional realizada a favor de la población damnificada haitiana del 2010 y del cual la República Dominicana se convirtió en administradora de todos esos recursos, en el que se presume que muchas de esas ayudas se han perdidos en canales oscuros, y eso ha sido una espina en los ojos de muchos haitianos.

Extraño en todo esto han sido las declaraciones del presidente haitiano Michel Martelly, quien de manera no tan directa salió en defensa del gobierno dominicano en relación al problema generado por el proceso de regularización migratorio, y muchos ciudadanos le han dado la razón, pues según informaciones publicadas en diversos medios de prensa nacionales en el pasado reciente, su posición se la debe a la participación financiera efectuada por personeros miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo a un ex presidente de la república y a un actual senador, quienes financiaron su campaña electoral a titulo de inversión económica y que hoy recuperan por otras vías.

República Dominicana  ha sido criticada duramente y  condenada por desconocer en gran medida los derechos de más de 500 mil ciudadanos de descendencia haitiana, dejando a muchos de  de ellos en una forma apátrida y deportará a más de 200 mil, según se presume, a todos aquellos que no se acojan a un retorno voluntario, lo que ha sido como una espina en los ojos de la CIDH, que reclama el derecho y respeto para estos ciudadanos.

Muchas personalidades que luchan por el respecto de los derechos de los inmigrantes haitianos en este país, han considerado como una burla que el propio gobierno dominicano oculte la verdadera situación, utilizando con ello a algunos ciudadanos ya regularizados en un Spot publicitario para promover estar haciendo una política migratoria justa, cuando ha sido todo lo contrario.

Es conocido a nivel internacional que el gobierno dominicano tiene un servicio exterior muy débil, a pesar de pagar un personal tan amplio y por encima de los países desarrollados y más ricos del mundo, aunque se espera mejoría en el mismo, estando al frente de la Cancillería el Arquitecto Andrés Navarro.

Por último, somos defensores de nuestra patria, pero no a costa del irrespeto y el sufrimiento de ningún ser humano, porque nadie se debe considerar  ilegal en ningún país del mundo.