La sociedad dominicana está viviendo momentos de temor, indignación e impotencia ante los hechos delictivos que están ocurriendo, los cuales se han incrementado de manera alarmante en los últimos meses, alcanzando niveles preocupantes. No obstante, como país, no somos la excepción en la región. La criminalidad y la inseguridad representan hoy fenómenos claves para la vida de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Proteger a los ciudadanos latinoamericanos del crimen y la violencia constituye uno de los principales desafíos de las sociedades y los gobiernos de la región.

Según el informe “Seguridad Ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se destaca que “la inseguridad ciudadana se ha convertido en un reto inaplazable para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe” y que “los ciudadanos de la región señalan el delito y la violencia como factores que limitan sus oportunidades reales y su derecho a vivir una vida libre de temor y de amenazas”, haciendo de América Latina y el Caribe una las regiones más inseguras del mundo.

De acuerdo con la investigación del PNUD, el problema de la inseguridad ciudadana no es abstracto ni unidimensional sino que “tiene costos negativos en la vida y en el bienestar de las personas, en sus comunidades y sus instituciones y está relacionada con los déficits y los desafíos del desarrollo humano [Ö], y se presenta en contextos de vulnerabilidad social, económica e institucional, que se traducen en factores de riesgo [Ö]”.

Otro estudio reciente elaborado por la  Vanderbirlt University de Estados Unidos  y auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, denominado “Barómetro de las Américas”, arrojo resultados altamente preocupantes para América Latina y el Caribe.

En el análisis presentado correspondiente al año 2014, se entrevistaron a más de 50 mil personas en 28 países de la región, haciendo énfasis en los temas de inseguridad, auge de la violencia y criminalidad.

En las Américas, el 33% de los ciudadanos adultos expresaron que el problema más importante que enfrenta su país está relacionado con el crimen, la violencia o la inseguridad.

En el caso de la República Dominicana el estudio revela que, en una escala de 0-100, en que cero indica un país con mucha seguridad y 100 con inseguridad pública alta, el país ocupó el tercer lugar con una alta percepción de inseguridad (55.9%), solo superada por Perú y Venezuela.

El informe prescribe que 24 de cada 100 ciudadanos en el país, han sido víctimas de violencia relacionada con la seguridad individual, y un 34% sabe de alguien que ha sido afectado por crímenes y delitos relacionados con atracos y asaltos con armas. Ocupamos el sexto lugar entre los países cuyos ciudadanos perciben la seguridad como el problema más importante que debe enfrentar el país.

¿Qué hacer para revertir estas cifras y estas percepciones?

Es necesario que al momento de tratar el tema de la inseguridad ciudadana, se presente una perspectiva integral que involucre al sector público y privado y a cada ciudadano; que el combate no sea de naturaleza represiva sino preventiva; que se transforme la currícula educativa, y que la cultura de paz sea una materia tan importante como las matemáticas, sociales, lengua española o los idiomas; que se diseñen políticas públicas que permitan crear oportunidades para la generación de empleos productivos; que se diseñen programas de apoyo a los jóvenes en situación de riesgo que viven en los barrios marginales de las grandes ciudades, creándoles oportunidades para su inserción social; asegurar que los jóvenes participen en actividades sociales, culturales, recreativas y se creen las condiciones para un empleo digno;  que los medios de comunicación faciliten y promuevan programas relacionados con la convivencia pacífica, que haga posible que los ciudadanos asuman la resolución pacífica de los conflictos; que se conformen en barrios y comunidades vulnerables observatorios de violencia, y se creen comités comunitarios de monitoreo del crimen; que se garantice la rehabilitación de las personas que cumplen condenas; que las autoridades responsables de garantizar el orden público y la seguridad individual, se conviertan en verdaderos protectores de los ciudadanos; que el sistema judicial sea el garante del imperio de la ley a la hora de sancionar a los responsables de cometer actos que afecten la seguridad e integridad de las personas; que se mejoren las condiciones de trabajo y seguridad social de los agentes del orden, garantizándoles las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de sus funciones; en fin, que se aplique lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, 2030, en su Primer Eje Estratégico, cuyo objetivo general plantea “garantizar la seguridad de la población y el imperio de la ley, procurando la construcción de un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a la delincuencia y la profesionalización de la Policía Nacional”.

Si asumimos lo que estipula la END en cuanto a ejecutorias públicas, los objetivos nos llevarían a reducir la cantidad de homicidios de 24.8 por cada 100 mil habitantes que tuvimos en el 2008, a 4 por cada 100 mil habitantes en el 2030.

Es necesario que se asignen los recursos para combatir la criminalidad como lo prescribe la END, pues este fenómeno compromete la gobernabilidad democrática, la legitimidad del Estado, la paz, la convivencia fraternal y el desarrollo económico sostenible.

Es necesario mejorar las capacidades y competencias de los actores claves del sistema de seguridad y producir los cambios normativos que contribuyan a combatir de manera efectiva una problemática compleja.

La próxima legislatura que inicia el 16 de agosto debe ser un tiempo de trabajo y grandes decisiones del Congreso Nacional. Se debe aprobar la ley orgánica de la Policía Nacional y la propuesta de reforma del sistema penitenciario;  la iniciativa que crea el sistema integral de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer y el proyecto que procura el fomento de la educación y la cultura de paz en el sistema educativo dominicano, estos dos últimos de nuestra autoría.