Santo Domingo, 14 ago (EFE).- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a 30 años de prisión a los tres asesinos del comunicador Claudio Nasco, contra quienes los jueces ya emitieron un dictamen de culpabilidad el pasado 10 de julio.

Según el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Eduardo Joel Velásquez, la víctima y los acusados Oscar Pérez (Yender), Luis Manuel Estévez Ponciano (Pacuto), y Joel Rafael Miliano Rodríguez (Pateo), tuvieron una discusión «devenida por diferencias de carácter personal y económica».

El enfrentamiento provocó que lo ataran de pies y manos y le cubrieran los ojos con cinta adhesiva, «procediendo el acusado Oscar Pérez a darle múltiples estocadas que le ocasionaron la muerte».

Una vez cometida la acción, le sustrajeron varias tarjetas de crédito de diferentes bancos, una cantidad no determinada de dinero en efectivo y el vehículo de su propiedad, marca Nissan Murano, color blanco.

Al leer su decisión, el tribunal manifestó que para que una persona pudiera ser amarrada de manos y pies se necesita la participación de los tres acusados.

Agregó que, de conformidad con los informes sociológicos, los acusados tenían pleno conocimiento de lo bueno y lo malo en el entendido de que habían sido criados en el seno de familias religiosas y asistían con regularidad a la escuela, cursando todos el bachillerato.

Las familias de los imputados estallaron en gritos cuando el tribunal conformado por los jueces Wendy Valdez, Felipe Molina y Gissell Soto, emitió la sentencia en virtud de los cargos de homicidio voluntario, asociación de malhechores, robo agravado y porte ilegal de armas.

El comunicador Claudio Nasco, de 37 años, fue asesinado en diciembre de 2013 y su cadáver apareció maniatado, amordazado y con diversas heridas de arma blanca en el jacuzzi de una cabaña del Distrito Nacional.

El tribunal había dividido el proceso en dos fases, una para determinar la culpabilidad de los procesados, y la celebrada hoy para decidir la pena que cumplirán como autores materiales del hecho. EFE

mmv

SANTO DOMINGO, República Dominicana— Cuatro ciudadanos franceses, incluidos dos pilotos, fueron condenados el viernes a 20 años de cárcel por un tribunal dominicano por su vinculación con un cargamento de 700 kilogramos de cocaína. Los cuatro se habían declarado inocentes.

El tribunal compuesto por tres juezas consideró por unanimidad, tras cerca de 12 horas de deliberaciones, que los cuatro franceses son culpables de asociación para cometer el crimen de narcotráfico internacional, como solicitó el fiscal Milciades Guzmán. Las juezas también condenaron a cuatro dominicanos a penas de entre cinco y 10 años.

«Es una aberración de sentencia, estamos súper sorprendidos», dijo al salir de la audiencia poco después de la medianoche María Elena Gratereaux, abogada de los pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Odos. La letrada adelantó que apelará la decisión del tribunal. Ambos pilotos se negaron a hablar con los periodistas.

Fauret y Odos fueron arrestados junto al asistente de vuelo Alain Castany y el pasajero Nicolas Pisapia la noche del 19 al 20 de marzo del 2013 cuando se disponían a despegar del aeropuerto de la zona turística de Punta Cana, 200 kilómetros al este de Santo Domingo, en un avión alquilado Falcon 50 rumbo a Saint Tropez, Francia.

En el interior de la aeronave los agentes antidrogas hallaron 26 maletas, de presunta propiedad de Pisapia, donde se encontraban ocultos poco más de 700 kilogramos de cocaína. El tribunal ordenó, con el voto disidente de la presidenta Giselle Méndez, el decomiso de la aeronave.

Fauret había asegurado a The Associated Press que en el momento del arresto dentro de la cabina principal sólo estaban las maletas de la tripulación, mientras que unas 16 valijas estaban en un compartimiento que los pilotos no podían ver.

El fallo del tribunal «es inaceptable», dijo Julian Pinelli, uno de los abogados del pasajero Pisapia. Consideró que durante el juicio se evidenció «un montaje» en contra de su cliente, con «pruebas inventadas» y con «irregularidad en los procedimientos».

«Vamos a hacer la apelación lo más rápido posible», afirmó.

Rolando Rosado, ex jefe de la agencia antidrogas, aseguró durante el juicio que comenzó el 29 de mayo pasado que los franceses formaban parte de una red de narcotraficantes que ya había enviado al menos dos cargamentos de drogas a Europa.

«Es una triple catástrofe», dijo Fauret el viernes en sus últimas declaraciones ante el tribunal, en referencia a que debido al proceso judicial puede perder la posibilidad de volver a trabajar como piloto, a que depende económicamente de su madre y sus hermanas, y que sólo ha visto una vez a sus cuatro hijos desde su arresto en 2013.

Además de los franceses, los agentes antidrogas detuvieron en el operativo del 2013 a más de 40 militares y personal de seguridad y aduanas de la terminal aérea, de los cuales sólo 10 fueron formalmente acusados, mientras los demás fueron liberados sin cargos. El arresto fue el resultado de una investigación que incluyó varios agentes encubiertos, cuyos testimonios sirvieron como pruebas en el juicio.

Los franceses y demás implicados permanecieron un año y tres meses en prisión preventiva en espera de que la fiscalía concluyera la investigación y comenzara el juicio penal. De los militarse dominicanos acusados, seis fueron descargados por solicitud de la fiscalía por falta de pruebas.

Los cuatro franceses e igual número de dominicanos condenados podrán permanecer en libertad en espera del juicio en apelación.

Abogados dicen son «inocentes»

Los abogados de los cuatro franceses habían insistido en la inocencia de sus clientes y basaron sus argumentos en que el operativo antinarcóticos fue ilegal, ya que el vuelo tenía carácter comercial, por lo que estaba protegido por convenios internacionales y sólo podía ser allanado con la autorización de un juez u otra autoridad superior. La agencia local antidrogas no contaba con dicha autorización.

En protesta por la lentitud del proceso judicial, cuyo comienzo se retrasó por diversos tecnicismos judiciales, el sindicato nacional de pilotos franceses amenazó en 2014 con boicotear a República Dominicana, cuyos destinos turísticos reciben cada año a más de 200.000 viajeros galos.

María Elena Gratereaux, abogada de Fauret y Odos, insistió el pasado 12 de agosto que la fiscalía no aportó pruebas contundentes contra sus clientes. Además aseguró que sus defendidos desconocían el contenido de las maletas y como pilotos comerciales y asalariados de una compañía de transporte no eran responsables del equipaje. La abogada de Castany, Luz Díaz, argumentó que la fiscalía no logró presentar ninguna prueba que lo vincule con el narcotráfico, sino sólo su presencia en el vuelo.

Pisapia, el único pasajero, insistió a través de su defensa que las maletas no eran de su propiedad.

Antonhy Santana, uno de los agentes que fue condenado a cinco años de cárcel, reveló en una audiencia a finales de julio que Fauret y Odos subieron varias de las maletas al avión y que de una de ellas se salieron algunos paquetes de drogas y los pilotos se encargaron de recogerlos.

Las autoridades antinarcóticos no lograron identificar el origen de la droga y sólo informaron que fue llevada al aeropuerto por una persona conocida como «Maurice», cuyo paradero se desconoce.

Fuente: AP

SANTO DOMINGO.- La Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la prisión preventiva impuesta el pasado año a Winston Rizik  Rodríguez, acusado de narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas.

La medida cautelar le fue impuesta originalmente por el Juzgado de Atención Permanente de Monte Plata acogiendo la petición del Ministerio Público.

Con la medida de coerción impuesta en esa oportunidad por dicho juzgado y las dos ratificaciones hechas por la corte, son tres  sus fracasos en el intento de lograr la libertad pura y simple.

El titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda Villalona, saludó la decisión del tribunal y dijo que esperan poder presentar la acusación en contra del imputado en la próxima audiencia que fue programada con esos fines para el próximo 24 de agosto en el Juzgado de Monte Planta.

En ese sentido, reiteró a la opinión pública y a la administración de justicia  su alerta sobre este caso por las diferentes acciones que ha dirigido el imputado para seguir evitando el conocimiento de los cargos.

La Corte de Apelación de Santo Domingo, integrada por los jueces Darío Gómez, Víctor Mejía Lebrón e Indira Montás, ante el recurso de apelación a la medida de revisión interpuesta por el imputado, confirmó la resolución anterior de prisión.

jpm