Con la visita del señor embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally Brewster, junto a su esposo el señor Bob Satawake, a un importante centro educativo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde interactuó con estudiantes adolecentes sobre diversos temas, entre los que no se incluyó su preferencia sexual ni mucho menos, una vez más se ha puesto de manifiesto en nuestra sociedad la intolerancia y discriminación de que son víctimas las minorías LGBTI, cuyo accionar “contradice” las tradiciones culturales y morales impuestas por un pequeño grupo ultra conservador e hipócrita, cabe decir, sin ninguna calidad moral  para ello y muy lejos de ser referente alguno de lo que es o deber ser moral y éticamente correcto.

La homosexualidad responsable y pública, aquella que se enorgullece y no se avergüenza de su propia naturaleza, que no se esconde y lucha cada día por lograr mayores espacios de reconocimiento, participación y respeto dentro de la sociedad que se los debe, provoca muchas pasiones y el desgarre descarado de sotanas como las del Cardenal, que posaron bien planchaditas y almidonadas al lado de nuncio apostólico de su santidad, Josef Wesolowski, quien reclutaba niños paupérrimos del Malecón para satisfacer su perversidad e inmundicia.

Sucede todo lo contrario con la otra homosexualidad: la privada y siniestra, como la del Wesolowski pedófilo y pederasta, o la del padre Gil de Juncalito, o como la que encubrió De la Rosa y Carpio, y el mismo Don Nico, y que practicaba sadomasoquismo y ritos satánicos incluidos, en el albergue de Higüey; aquella que se lleva a cabo a escondidas bajo el telón de matrimonios y familias aparentemente felices, carreras políticas muy prosperas y arquidiócesis al servicio de Cristo.

Es así como la sociedad dominicana, presa del subdesarrollo y manejada a su antojo por la doble moral de esa élite corrupta, en las últimas semanas ha sido inundada de forma premeditada y soterrada a través de los medios de comunicación que responden a esos intereses y los agentes pagos que hacen opinión pública, de toda una avalancha de noticias e informaciones sobre lo “pernicioso de la homosexualidad del Embajador, aquel que quiere que nuestros niños y niñas sean gays y lesbianas, y que quiere imponer su agenda LGBTI a los pulcros e indelebles valores de la patria”. Esto con el único objetivo de distraer a los dominicanos de temas cruciales que analizados objetivamente por los contribuyentes podrían, y ojalá que finalmente así resulte, hacer colapsar los intentos reeleccionistas de grupos de poder, jerarquías eclesiásticas incluidas, establecidos como mafias en todos los estamentos y poderes del estado.

Entonces nos pasan de lado el debate y el análisis de temas como la corrupción rampante, el asalto al erario público para comprar adeptos a la reelección y financiar el enriquecimiento ilícito de los compañeros del partido, la inseguridad ciudadana y la delincuencia, el alto costo de la vida, el aumento indiscriminado y sin justificación de los precios de los combustibles, la falta de institucionalidad, la baja calidad de la educación, la falta de controles y transparencia en el manejo de la cosa pública, el deficiente servicio de salud, la degradación de la justicia y el ultraje de la constitución y leyes nacionales.

Lo mismo sucede con otros temas igual de importantes como el tráfico ilegal de drogas y de nacionales haitianos con la complicidad entusiasta y bien remunerada de los militares, la policía y funcionarios del gobierno, los escándalos internacionales de corrupción de las empresas brasileñas ODEBRECHT y PETROBRAS, la sobrevaluación de la Planta de Punta Catalina y el jugoso soborno a representantes del estado dominicano por la compra de los famosos aviones súper tucanos, así como los pagos ilegales a Joao Santana y su esposa, principales asesores de la campaña a la reelección,  los cuales involucran directamente al presidente y al gobierno. Estos temas han sido relegados del debate público hasta hacerlos casi desaparecer. Siendo estos los que precisan una difusión y discusión seria por parte de los medios de comunicación y la población en sentido general.

La sexualidad, ya sea homosexual o heterosexual, es una práctica privada, de competencia exclusiva de cada quien sin importar su rango, la función pública o diplomática que ejerza o el segmento social al que pertenezca. Y es un deber del estado garantizar que este derecho individual de sus ciudadanos pueda ser ejercido a plenitud sin que esto conlleve persecución, humillaciones y la aberrante exclusión social que tanto mal nos hace como nación.

El debate sobre la homosexualidad y los derechos humanos de las personas LGBTI debe ser correctamente abordado por el estado en todas las esferas sociales, empezando por los hogares, por las escuelas y los colegios de manera que podamos formar a nuestros hijos de forma adecuada sobre la aceptación y el respeto a los demás, la no discriminación hacia quienes tienen una orientación sexual diferente o por cualquier otra índole, así como el derecho que tienen de desarrollarla y ejercerla.

Este debate es tan urgente y necesario como el que nos han obligado a dejar de lado.

Llevémoslo a la par y con conciencia y criterio de lo que nos corresponde hacer para salir de esta podredumbre en la que han convertido a nuestro país.

No fue casual antes. No lo es ahora y no pretendamos que sea así en el futuro.