Se escucha decir a responsables de supervisión de servicios públicos o privados cada vez que hay un accidente múltiple en una empresa o institución de servicios que esa determinada empresa tenía todos los permisos aprobados.

Ocurre ahora con el Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional a raíz de la explosión de una distribuidora de gas propano en el sector de Los Jardines del Norte. La explosión originó 40 heridos y decenas de casas destruidas, vehículos y otros daños colaterales.

“Esa envasadora tenía todos los permisos de funcionamiento”, como si estos validaran que la misma estuviera abierta en medio de un sector superpoblado y a la que se habían opuesto los residentes del lugar, incluso la anterior directora de ProConsumdor.

A qué queremos llegar a raíz de esta catástrofe sin dudas ocurrida por fallas en el mantenimiento y supervisión estatal a la envasadora de gas.

Queremos llegar a que en el país no hay medidas precautorias de mantenimiento, no existe nada para precaver sólo para promover, y ahí tenemos el mejor ejemplo el nuevo y moderno sistema de Emergencias 911.

Ya que ni los Bomberos, Industria y Comercio, Ayuntamientos, Medio Ambiente y ni institución alguna supervisa nada sólo dan los permisos, porqué el 911 no hace esa labor.

El 911 no da los permisos pero si puede supervisar y dar mantenimiento, al menos sabemos que esa entidad no está permeada todavía por la corrupción y amiguismo estatal de aprobar cosas sin que se midan las consecuencias.

Entiendo entonces que a raíz de lo que ha pasado con la envasadora que explosionó, lo que pasó en Diamond Mall, la explosión en una estación de Gas propano en Los Mina hace unos años y otros casos incontables, lo mejor sería que el personal técnico del 911 junto con Pro Consumidor garantizaran la seguridad en los servicios con estaciones gasolineras, propano y gas natural.

Sabemos que los organismos que aprueban la instalación de las estaciones sólo piensan en sus impuestos y en la repartidera que cuestan los estudios, allí cobra todo el mundo, pero no hay garantías para los moradores cercanos.

Ya tenemos dos ejemplos claros el reciente de los Jardines y en la Charles De Gaulle ocurrió algo similar en una estación de Propano.

De algo hay que aprender y mi reclamo es que el 911 sea el organismo oficial que tome las riendas en la supervisión de los servicios de combustibles ya que no se cumplen las normas a la hora de aprobar instalaciones porque la corrupción lo permea todo.

jpm

 

La sociedad dominicana tiene ante sí la agudización de un problema que ya no admite más aplazamientos por parte del Estado dado los trastornos emocionales, psíquicos y espirituales que el mismo genera en la población: La inseguridad ciudadana.

Esa problemática tiene que ser encarada de manera frontal por las autoridades correspondientes o inevitablemente este país se conduce a un estado de locura colectiva o en un sálvese quien pueda.

No conozco un país del mundo que haya podido alcanzar estadios de desarrollo espiritual y material teniendo en sus entrañas una patología  tan nociva como la citada anteriormente.

Ese fenómeno no se puede seguir postergando, pasándole bálsamos, hay que extirparlo de una buena vez del cuerpo social de la República Dominicana, cueste lo que cueste, duela lo que duela.

La percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una de las más altas de la región, de acuerdo a un diagnostico presentado recientemente  por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo al informe  de Desarrollo Humano «Seguridad Ciudadana con rostro humano» 2013-2014, el 64.8 por ciento de la población dominicana percibe un deterioro de la seguridad ciudadana -el índice más alto de los países estudiados-, seguido por Venezuela (58%), Brasil (56.9%), México (55.9%), Costa Rica (54.8), Bolivia (53.2) y Uruguay (55.2%).

Los datos del PNUD indican que República Dominicana también obtuvo los índices más de personas que dicen han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia, 21.5%; que han limitado sus lugares de compra por la inseguridad, 51.1%; y que han limitado sus lugares de recreación por la inseguridad, 59.1%.

El país está entre los países con alta tasa de homicidios, 23 por más de cien mil habitantes de acuerdo con el Observatorio Político Dominicano (nivel considerado de epidemia según la escala de la OMS de más de 10 por cien mil habitantes), en cuanto al robo, está en una tasa baja de 16.7% -una de cada seis personas o más fue robada en el último año.

Hay que terminar con ese problema, es algo irresistible, traumático, genera stress en la población, y lo más preocupante para un país envía de desarrollo como la República Dominicana afecta el flujo turístico y aleja la inversión  extranjera. Hay que actuar con más contundencia. Después será muy tarde.

jpm

 

 

Con la apertura de la campaña electoral a principio de la primera semana de febrero, lo menos que podemos pedir los ciudadanos que ejercemos el derecho de acudir a las urnas el próximo 15 de mayo  es  que todos los que aspiran a ocupar cualquier posición electiva mantengan un mínimo de decencia en el debate político.

 

En ocasiones el pueblo dominicano como tal, está por encima de quienes aspiran o quieren seguir gobernándolo por un nuevo periodo.

 

En la contienda electoral que se aproxima es conocida por todos la caballerosidad tanto del presidente-candidato Danilo Medina, como de Luis Abinader, Guillermo Moreno, Amable Aristy castro y Minou Tavares Mirabal.

 

El asunto grave radica en los seguidores que se convierten en fuerza de choque.

 

Dado que el transfuguismo tiene categoría de premios Oscar, debido a la ausencia de reglas claras en la partidocracia criolla por no existir la esperada Ley de Partidos que lleva diez años dormida en el congreso, los electores no tenemos dolientes.

 

La Junta Central Electoral como árbitro de los comicios no puede ir mas allá de la ley y cuando está dentro de la ley le inventan otra. Verbigracia: el artículo 81 de la constitución de la república  que determina que la distribución de los diputados debe basarse de acuerdo al último censo del país fue hecho trizas por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Los principales partidos del sistema se unieron al coro de la agrupación musical Calle 13: “Vamos a portarnos mal”, y todos a una pidieron que la aplicación a la ley vigente hoy se posponga para el 2020.

 

Lo que antes era violación a la ley hoy se llama pragmatismo.

 

La mayor parte  de los 26 partidos y movimientos existentes en el país solo tienen como norte alcanzar las posiciones electivas, sin propuestas  definidas.

 

Una gran mayoría con la vista puesta en el dinero que solo alcanza para construir una casa que se derrumba en 20 años y otros con la vista puesta en el poder para construir castillos que durarán  siglos.

 

Lo deseable es que cada aspirante, aunque sea en sueños, ponga el país como primer punto de agenda, con propuestas y todo, porque la política no es más que enamorar, conquistar, convencer; y las elecciones son la oportunidad que se dan los pueblos para determinar quién los va a gobernar en el próximo período .

¿Desigualad durante el proceso? Siempre las hubo y las habrá por los siglos de los siglos, no obstante, los pueblos no son tontos, ejemplos sobran de gobernantes en el poder con todos los recursos y han sido barridos del escenario; como de igual forma los pueblos saben quién trabaja en pro de su desarrollo con hechos reales.

Propuestas…solo eso, propuestas.

JPM

 

El próximo 15 de mayo se retorna al modelo viejo de elecciones de 1994 o de celebrar elecciones conjuntas, en virtud de la Constitución del 2010 y que por primera vez después 18 años se celebraran elecciones presidenciales,  congresuales y municipales el mismo día. Esto representa un reto para los partidos políticos y para la Junta Central Electoral, ya que se necesita gran cantidad de personas entrenadas y capacitadas.

Se recuerda que en las elecciones del año 1994 se originó una gran crisis política debido a que el líder del PRD, José F. Peña Gómez la  impugno, alegando que el Partido reformista le había hecho un fraude colosal, lo que costó que se  redujera el periodo de 4 años a dos años de gobierno y que se celebraran elecciones presidenciales en el año 1996 y en el 1998 se hicieran las elecciones congresuales y municipales.

Este inicio de celebración de elecciones presidenciales separadas de las congresuales y municipales, evita que los procesos sean complejos y mitiga los conflictos que venían ocurriendo desde los años 1966 – 70;  1970 – 74;  1974- 78;  1990 – 94 y 1994- 96 donde siempre los partidos de oposición alegaban fraude de parte de Joaquín Balaguer.

Con la puesta en marcha del sistema  de elecciones separadas el sistema democrático se fortaleció, pues desde el año 1996  hasta la actualidad ningún partido ha alegado fraudes, lo único que se cuestiona ahora es el uso de los recursos públicos por parte del gobierno, en el caso de la reelección presidencial.

La democracia interna de los partidos ha sido afectada por el hecho de que el congreso eligió sus miembros por seis años, así como también las autoridades municipales agravándose la situación del derecho de sus miembros de elegir y ser elegido,  cuando el congreso y los municipios se religieran cuatro más y hasta el 2020.

En las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 15 de mayo se elegirán más 4,700 cargos electorales y pondrá a prueba una vez más el sistema electoral, la Junta Central Electoral y a los partidos políticos, ya que en ese tipo de proceso se ha tenido la experiencia negativa alegando  que los comicios han sido fraudulentos.

La cantidad de cargos a elegir en las elecciones establecidos por la ley 295-97 son: El Presidente y el o  la Vice-presidente de la República, 32 Senadores, 190 Diputados, 5 Diputados nacionales, 20 Diputados al Parlacen y 20 suplentes, 158 Alcaldes y vice-Alcaldes, 1,164 regidores y suplentes, 234 directores de distritos, 730 vocales e igual número de suplentes

Es importante señalar que solo faltan  tres meses para las elecciones generales y no se ha visto el interés de la Junta Central Electoral de iniciar una campaña educativa a todos los ciudadanos para enseñar a votar en las tres boletas electorales y con la cantidad de partidos politicos que han hecho coaliciones o alianzas y esa falta podría causar  muchos votos nulos y futuras protestas de la oposición.

Es hora de que se   inicie de manera inmediata un programa de campañas educativas con tal que los ciudadanos pueden conocer cuál es la forma correcta de ejercer el voto y que se pueda garantizar que el voto de los hombres y mujeres que vivimos en un sistema democrático tenga el valor que se espera en una decisión  que está en juego el futuro y la esperanza de continuar por el camino del bienestar y progreso.

Recomendar  a la Junta Central Electoral y sus autoridades que es tiempo de iniciar el proceso con transparencia informativa para obtener resultados de calidad, donde se garantice la legitimidad de las autoridades electas y la conformidad de los que no pudieron ser favorecidos con el voto mayoritario.

jpm