De repente y como si  todos los proyectos no aprobados en cuatro años se necesitaran, el Congreso Nacional por medio de sus legisladores ha iniciado un festival de discusión y aprobación leyes que más que alegría originan suspicacia entre la población.

Ya pasó con le Ley de Notariado cuyo contenido fue tan controversial que terminó siendo criticada por sectores importantes de la justicia, ahora toca a la Ley de Reforma Policial que aunque esperada algunos cuestionan su contenido.

Es que la improvisación no es buena y en el Congreso Nacional se vive en eso cada día como si nuestros legisladores no tuvieran la experiencia que demuestran en su quehacer político en cada periodo electoral.

Otras leyes han sido evacuadas recientemente por el Congreso que termina el próximo 16 de agosto, se espera que surjan más próximamente.

Cientos de proyectos entre ellos los códigos de justicia duermen el sueño eterno desde hace más de 15 años en las cámaras legislativas esperando la sanción positiva legislativa.

De más está decir que cada senador o diputado tiene asesores para que les elaboren propuestas de proyectos de leyes y cada cámara también cuenta con expertos en la materia para tales fines.

Sin embargo nada surge sólo en periodo de transición inicia la repartidera de leyes que con el tiempo resultan hasta frustrantes para los dominicanos que seremos víctima de sus aplicaciones.

Al echarse la paloma cuando una gran cantidad de representantes congresionales dejarán su trabajo se inventan muchas cosas y se realizan operativos que más que bien, hacen daño a la imagen de los legisladores y hasta del país.

El Poder Ejecutivo tendrá que tener cuidado a la hora de promulgar las leyes que le lleguen del Congreso Nacional porque su contenido podrá estar imbuido por intereses que sólo leyendo con detenimiento se podrán detectar.

Un Congreso debe trabajar con tiempo y sentido de la realidad legal que envuelve un país complicado como el nuestro donde los intereses pueden más que la realidad.

Cristina Lizardo podrá tener un saldo positivo dentro de su gestión en el Senado, igual podrá haber pasado en la Cámara de Diputado, lo cuestionable es sin embargo es que a poco tiempo de cambiar de mando no se pueden estar aprobando leyes que pudieron haber salido a flote en los cuatro años legislativos que casi terminan.

JPM

En las últimas dos décadas han llovido los seminarios, simposios, congresos y se han formulado los más sesudos estudios dirigidos a cómo enfrentar eficazmente los problemas del tránsito en las principales ciudades del país, especialmente en la capital de la República.

Todos los esfuerzos emprendidos hasta ahora han resultado fallidos, ya que no se atacan las principales causas que generan el caos permanente en la circulación de vehículos. Expertos como Onéximo González, Milcíades Pérez Polanco y otros de sus mismas cualidades profesionales llevan años recomendando medidas a tomar para aligerar la circulación vehicular, sin poderse lograr.

Ahora está sobre la mesa la conveniencia de que se implementen cambios en las jornadas laborales, de modo que los empleados y trabajadores lleguen a sus obligaciones en tiempos escalonados y no todos juntos como sucede en la actualidad.

Lo mismo pudiera aplicar para la entrada a clases en los centros de enseñanza públicos y privados, cuya coincidencia en comienzo y final de docencia es una de las mayores complicaciones de tránsito, al menos en la capital y ciudades grandes. Todo eso está estudiado y suficientemente documentado. El problema radica en la puesta en práctica, pues depende mucho de la conveniencia sectorial.

Sin embargo, se está perdiendo de vista que una de las partes esenciales del problema es el parque de vehículos con que cuenta la República Dominicana, donde, contrario a todos los países de su nivel–sin mencionar las naciones desarrolladas–se implemente la baja vehicular, es decir, sacar de circulación aquellas unidades cuyo uso se constituye más que en solución en un problema.

En nuestro país ningún vehículo cae en desuso. Cualquier chatarra pasa de mano en mano, pues se convierte en el medio de vida de la nueva clase, los PDF (Padres De Familia), los cuales se sienten con el derecho de montarse en un anafe con ruedas y empezar a montar personas en medio del mayor peligro.

Desde mi perspectiva de ignorante de la materia pero de una víctima diaria del desorden, mientras persistan resuelvan situaciones como la no salida de circulación de vehículos en proporción cercana a la cantidad que se importan cada año, servirán de poco el cambio de horario laboral, la construcción elevados, túneles, funiculares. E incluso de líneas del metro.

nelsonencar10@gmail.com

JPM

La Oficina Metropolitana del Transporte (AMET) fue creada en virtud del decreto 393-97 como dependencia de la presidencia de la república y dentro de sus funciones están la de regular, establecer y fiscalizar el transporte público en Rep. Dominicana; la de promover programas de prevención de accidentes, facilitar la circulación mediante la señalización, semaforización, rediseño y mantenimiento del sistema vial urbano.

Sucede que regular, establecer las normas y también fiscalizarlas son funciones opuestas que están siendo llevadas a cabo por una misma institución y que no es adecuado a la normativa de control interno, porque nadie puede ser juez y parte. Los principios de administración establecen  que esas funciones se contraponen porque una misma institución no puede crear las normas,  ejecutarlas y también supervisarlas.

Mas contradictoria es aun, el hecho de que según el decreto 393-97 Amet debe realizar señalizaciones, semaforizaciones y también darle mantenimiento  al sistema vial urbano, siendo esta función muy compleja y que se sale de los objetivos para los cuales fue creada la AMET cuando esta se debe ajustar a cumplir con las verdaderas funciones para la cual fue creada de “velar porque los conductores de vehículos y los transeúntes cumplan con las normas de tránsito establecidas”.

Se da en  los casos, cuando un policía de AMET  reprime y  mete una multa por supuesta  violación a la ley 2-41, por ejemplo, dizque que te parqueaste en una área que está prohibido, el conductor le alega que no existen señales de tránsito puestas en el lugar que indique tal violación, que explique que la causa de que no se puede estacionar, o doblar a la derecha o a la izquierda y, no hay forma de que se le exija al policía que no existe indicación de tal violación y entonces te imponen la multa de manera coercitiva. Representa esto una violación al derecho ciudadano.

De ahí que queda descartada como institución reguladora, fiscalizadora y responsable de establecer las señales de tránsito (los sitios donde no se puede parquear y los sitios donde no se puede girar ya sea a la izquierda o a la derecha) porque no entienden que para cumplir con un “no pare”, “no doble de tal o cual forma o no te estaciones” debe estar indicado con una señalización de tránsito, por lo que se puede asegurar que la mayoría de las multas que se le pone a los conductores, son temerarias.

Otro asunto que Amet no debe manejar es el dinero que se recauda por concepto de las supervisiones que realizan para controlar el tránsito en el cumplimiento de las normas establecidas por la ley 2-41 en virtud del decreto 393-97,  porque también se convierten en juez y parte, por lo que esa función también debe desaparecer y la misma debe ser responsabilidad del ministerio público.

Se observa que las funciones principales para que fue creada la AMET no se están cumpliendo, pues en aquella época se había establecido un carril derecho para el tránsito del transporte público, la vigilancia del uso de los celulares y le puesta del cinturón de seguridad en los vehículos, sin embargo esas funciones parecen que han desaparecido de las instrucciones que reciben los policías. Pero hay que  ver si tienen seguros, placas, licencia de conducir y si disponen de la revista de circulación.

Vemos como cada día los grandes autobuses de la Omsa, de las distintas federaciones de transporte se la pasan e interponen de un carril a otro, violando semáforos, chocando vehículos pequeños, interrumpiendo el transito cuando se paran en medio de la calla a coger o dejar pasajeros y, estos actos de imprudencia los AMET le pasan como pedro por su casa y los policías de tránsito les parece como si no observaran nada.

Las calles están llenas de carros destartalados, que embisten sin piedad por encima de los vehículos nuevos que transitan en sus carriles, se pasean grandes cantidades de motoristas cruzando y arañando todos los vehículos a su paso, todos sin placas, sin cascos y de manera fragrante violando las leyes de tránsito y causando molestias cuando se llevan todo a su paso y los policías parecen indiferentes.

Es tiempo de que la Oficina Metropolitana del Transporte sea relanzada donde  el 100% de sus miembros reciban un entrenamiento especializado, que sean readecuadas sus funciones y que sus miembros pasen hacer dependencia de personal administrativo civil y parte de sus miembros en su mayoría sean civiles que tengan un verdadero respeto a las leyes y a los ciudadanos. Mientras esto pasa,  veremos como la delincuencia campea como pedro por su casa y no aparece un policía que la detenga.

Este año en que se inicia un nuevo periodo presidencial debería crear un Ministerio que se encargue de fusionar todas los instituciones que tienen que ver con el tránsito y el transporte público, reagrupándolas en elMinisterio de Transporte y Comunicaciones, donde estaría compuesto por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la Oficina de Reordenamiento del Transporte (OPRETT), por la OTTT, la OMSA y la Dirección Nacional de Transito Terrestre.

JPM