SANTO DOMINGO.- La Policía arrestó a tres menores que supuestamente secuestraron, violaron y asesinaron a una niña de 4 años en el sector Villa Faro, de Santo Domingo Este.

La víctima residía en el citado sector junto a su madre, de 21 años.

El cadáver presenta abrasión en la mejilla derecha, surco en el cuello y sangrado por la vulva, según el forense.

Las edades de los supuestos asesinos oscila entre los 13 y 16 años, por lo que fueron puestos banjo custodia del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

jt/am

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público presentará formal acusación contra los involucrados en el intento de sustraer más de un millón de metros cuadrados de los terrenos del complejo deportivo de La Barranquita, en Santiago, en perjuicio del Estado dominicano.

 

El anuncio lo hizo el procurador General, Francisco Domínguez Brito, en compañía del ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal.

Dijo que con la acusación no solo se busca la sanción penal contra esas personas, sino también proteger ese patrimonio de la colectividad.

 

“Lo que es del pueblo tiene que ser del pueblo y lo que es de la sociedad tiene que ser de la sociedad. Y que quede claro, que ninguna persona física o moral puede pretender quedarse con este patrimonio del Estado, como son los terrenos de La Barranquita”, dijo.

 

Indicó que esos terrenos fueron pagados por el Estado con fondos de los contribuyentes, por lo que son propiedad del Estado, “y no es posible que particulares, alegando maniobras y subterfugios jurídicos, pretendan aprovecharse de ese patrimonio público”.

 

Explicó que este no es el mismo caso que el de Bahía de las Águilas, pero que son procedimientos parecidos, porque en ambos se perjudica el Estado.

Recordó que esos terrenos contienen las instalaciones deportivas más importantes del Cibao, que entiende, son para el crecimiento de toda esa región, por lo que no es posible que el Estado y la ciudadanía los pierda.

 

Indicó que se procederá, luego de haber culminado las investigaciones que duraron más de dos años.

Reveló que entre los que pretenden quedarse con esos terrenos hay empresarios, abogados y supuestos herederos.

 

Valoró la responsabilidad con que el Ministerio de Deportes ha actuado en ese caso.

 

Explicó que esa denuncia produjo una investigación por parte del Ministerio Público, y que con todos los aportes de diferentes entidades públicas, no solo de Deportes, se procede ahora con el cumplimiento del deber para recuperar La Barranquita.

 

Por su parte, Fernández Mirabal saludó la medida, y dijo que este es el mejor momento para proceder a defender ese patrimonio del pueblo, ya que coincide con el 30 aniversario de haberse celebrado allí los XV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en 1986.

wj/am

SANTO DOMINGO, República Dominicana. EFE.- El Movimiento Social «Vida con Justicia» propuso este lunes la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia y la Criminalidad para dar respuesta al incremento de la delincuencia, el crimen y de violencia de género en el país.

En su propuesta, la entidad plantea que todos los sectores sociales intervengan en su elaboración, sobre todo los segmentos más afectados por la creciente ola de hechos violentos sucedidos en el país.

Con esta finalidad, el Movimiento Social «Vida con Justicia» realizará este martes 19, a las 5:00 de la tarde en el Salón Durán Brache del Colegio Médico Dominicano (CMD), el Panel «Análisis de la Violencia y la Criminalidad Sistémica y Estructural en la República Dominicana».

En la actividad participarán los expositores Sergia Galván, Juana Ferrer, Magino Corporán, Thomás Polanco, Rosy Pereyra, Luis Carvajal, Carlos Sánchez, Manuel María Mercedes, Germania René, Antonio Páez, Mirla Hernández, Guillermo Peña y Carlos Pimentel.

La organización también convocará una manifestación masiva en el Parque Independencia el sábado 30 de este mes, en repulsa por la violencia sistémica que se vive en el país, y para exigir al Gobierno que asuma el compromiso real de garantizar la seguridad a la ciudadanía.

«Que el tema de la violencia y la criminalidad no se limite a las acciones judiciales ni a la tradicional mano dura, cuando es necesaria de la más profunda y sistemática propuesta para lograr un impacto en las formas de relación», sostiene la entidad en una nota enviada a los medios de comunicación.

Desde el Estado se debe promover y garantizar el derecho ciudadano a circular y vivir en paz y armonía, señala la organización.

wj/am

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) intervino varias distribuidoras y transportistas que despachaban combustibles a espalda de los contratos de exclusividad con las empresas distribuidoras, en violación a la Ley 20-00 de Propiedad Industrial y en perjuicio de los consumidores.

 

El primer operativo fue realizado el domingo 17 de julio, en la estación Shell-Lucami ubicada en la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Privada, propiedad de Luis Mejía.

La estación ha estado adquiriendo combustible de otras distribuidoras, en violación al contrato de exclusividad con la empresa V Energy, licenciatario de la marca Shell en República Dominicana.

 

La medida ha sido apoyada por la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), cuyo presidente Demetrio Almonte expresó es un importante paso de avance para regularizar el mercado y garantizar el respeto a las marcas.

“Las distribuidoras y transportistas que despachan combustible a estaciones de expendio que no son de sus marcas cometen una violación, pues la estación de cara al cliente continúa exhibiendo la identidad comercial de una distribuidora determinada y entrega al consumidor un combustible de dudosa proveniencia y calidad”, dijo.

“Este tipo de acciones ilegales son un atentando contra la reputación de la marca y atropellan irresponsablemente el derecho de los consumidores de adquirir el combustible de la marca de su preferencia y recibir el producto por el que pagan”, agregó, a la vez que consideró pertinente la aplicación de las sanciones establecidas en la Resolución 22-13.

 

Dijo que uno de los principales objetivos de la SEC es contribuir con la búsqueda de soluciones para enfrentar las distorsiones en el mercado de combustibles, que afectan tanto a las empresas distribuidoras, como al Estado y a los consumidores.

 

Según las estadísticas de las empresas miembros de SEC, el impacto fiscal que tiene la práctica desleal en la comercialización de combustibles superan los tres millones de galones mensuales, lo que dijo representa pérdidas de más de RD$2,000 millones todos los años al Estado dominicano.

La SEC está conformada por las distribuidoras Total, Esso, Isla, Sunix, Next y Sigma, empresas que según dijo, cumplen con los más estrictos estándares de calidad, seguridad y protección ambiental, a través de la aplicación de los protocolos y normativas internacionales sobre manejo de combustibles.

wj/am