Aunque el mes que discurre es más conocido como el de la Independencia Nacional (proclamada en el año de gracia de 1844 por los patriotas que se congregaron para tales fines en la Puerta de la Misericordia durante la noche del día 27), también lo es el de la anexión de 1822 (la segunda en dos décadas, pues la primera se había producido en 1801 bajo el aliento imperialista del “gobernador” Toussaint Louverture), que dio inicio a uno de los períodos más ominosos de nuestra historia: el de la Dominación Haitiana.

   Ideada y llevada a efecto por el “presidente vitalicio” Jean Pierre Boyer, quien encabezando una formidable fuerza militar (y dizque respondiendo a las “peticiones” al tenor de “distinguidas y respetables personas y pueblos” que en realidad eran agentes políticos o socios comerciales de su gobierno) había invadido desde mediados de enero el lado oriental de la isla, esa nueva tentativa fusionista (cuyo telón de fondo era la política y culturalmente absurda concepción imperial haitiana de que la isla “es una indivisible”) tuvo como fatídico efecto inmediato la liquidación del Estado Independiente de Haití Español, fundado por el licenciado José Núñez de Cáceres y un grupo de destacados habitantes de la entonces colonia española de Santo Domingo por conducto de la proclama independentista del 1ro. de diciembre de 1821.

   Boyer anunció el día 9 de febrero que la parte Este de la isla, habitada entonces por descendientes de españoles, mulatos y negros criollos, quedaba incorporada al poderoso Estado haitiano, y comenzaría su régimen ocupacionista adoptando una serie de medidas de carácter social y económico destinadas a ganarse el apoyo de la gente de color y los campesinos pobres: la abolición de la esclavitud, la promesa de darles tierra a los libertos (orden interna del 11 de febrero de 1822) y la redefinición legal de la cuestión de la propiedad territorial (a partir del 26 de agosto del mismo año).

   Como era de esperarse, el estado de cosas que se inauguraba supuso la abominación y la velada o abierta persecución de los promotores del mencionado grito independentista de diciembre del año anterior (hecho inaugural del período mal designado por nuestra historiografía clásica como de la “Independencia Efímera”), por lo cual muchos de ellos decidieron abandonar la isla: Núñez de Cáceres, por ejemplo (junto a familiares y relacionados) emigraría en abril hacia Venezuela, aunque a partir de 1927 se establecería definitivamente en México.

   Las medidas adoptadas por la administración de Boyer, representada luego por el gobernador Jerome Maximilien Borgella, y en particular la última de las mencionadas (que implicaban no sólo un proceso de reparto y titulación que apuntaba a la eliminación de la propiedad comunera sino también confiscaciones que afectaban a emigrantes y a no emigrantes), provocaron de inmediato el descontento y la resistencia de los propietarios de tierras..

   Las desafecciones incluyeron desde el principio a la Iglesia católica (que era una gran propietaria de tierras y resultó afectada por las confiscaciones y estatizaciones), y se agudizó más adelante con la decisión de Boyer de eliminar los sueldos del Estado que percibían los empleados del cabildo eclesiástico (5 de enero de 1823) y con el llamado a reclutamiento militar obligatorio de todos los jóvenes de edad comprendida entre los 16 y los 25 años (diciembre de 1823) que virtualmente decretó el cierre de la universidad por falta de estudiantes.

   Los discursos y los documentos oficiales del régimen invasor haitiano de esta época exhibían una retórica revolucionaria y fraternal (habitualmente hablaban de “progreso”, “libertad”, “bienestar general” y “nuestros hermanos del Este”), pero en la práctica sus funcionarios civiles y militares maltrataban con palabras y actos a los pobladores de la antigua colonia española, y sus desmanes contra mujeres, ancianos y vecinos indefensos -en muchas ocasiones con caracteres delictuales y criminales- se encuentran recogidos en documentos y testimonios irrefutables.

   Desde el mencionado año de 1823 varios grupos de disgustados habitantes de la parte Este urdieron por lo menos tres conjuras contra la administración de Boyer que fueron descubiertas y silenciadas sin mayores consecuencias, pero en el mes de febrero de 1824 se develó una gran conspiración (la llamada “de Los Alcarrizos”, por el lugar donde se originó) de orientación españolista, que involucraba a una gran cantidad de jóvenes y adultos que se habían estado reuniendo bajo la dirección de Baltazar de Nova y el sacerdote católico Pedro González.

   La dureza conque fueron tratados los conjurados por el gobernador Borgella (de Nova logró escapar, pero Lázaro Núñez, José María de Altagracia, Facundo de Medina y Juan Jiménez resultaron juzgados y ahorcados en el mes de marzo, mientras que los restantes fueron condenados a penas que oscilaron entre los 2 y los 5 años de prisión) creó un ambiente de temor en toda la parte Este, y por ello no sólo cesaron momentáneamente los conciliábulos sino que incluso una parte importante de las familias blancas se afianzó en el empeño de emigrar de la isla.

   El 8 de julio de 1824, el presidente Boyer puso en vigor una ley sobre derechos de propiedad y bienes del Estado y de la Iglesia que tenía por objeto fundamental sustituir legalmente el vigente régimen español de propiedad de la tierra e implantar el sistema haitiano de origen francés, de suerte que todo el territorio insular estuviese sujeto a las normativas de éste último.

   La disposición legal, ensalzada como de médula “revolucionaria” pero en gran parte concebida para satisfacer la necesidad de Boyer de disponer de nuevas tierras estatales para distribuirlas entre sus oficiales y prosélitos políticos, implicaba en los hechos una gran reforma agraria y procuraba promover la movilización del aparato productivo de la parte Este, pues garantizaba que ningún nuevo propietario tuviese menos de 76.8 tareas de tierra para ser destinadas tanto a la subsistencia como a la producción de frutos de exportación.

   La aplicación de esa ley, no obstante, encontró múltiples escollos de carácter práctico, sobre todo porque rompía con el viejo esquema de la propiedad comunera y, en consecuencia, obligaba, por un costado, a una labor de deslinde casi imposible por la fragmentación existente desde los primeros repartos coloniales, y por el otro a una disminución considerable del patrimonio de los grandes propietarios. La oposición de éstos y, en general, de muchos antiguos campesinos de la parte Este (estimulados por la Iglesia) se hizo pronto patente, aunque en principio sólo se expresó en el incumplimiento de las expectativas de aumento de la producción acariciadas por el gobierno haitiano.

   El descontento fue mayor a partir del anuncio de la puesta en vigor (1ro. de mayo de 1826) del Código Rural, conjunto de disposiciones que estuvo concebido para promover un aumento de la producción y la productividad con base en el trabajo obligatorio de los campesinos en plantaciones agrícolas. De algún modo, la nueva codificación era un retorno al sistema de trabajo no esclavo de los tiempos de Dessalines, pues si bien implicaba una atenuación de la abolición de esclavitud, sujetaba los jornaleros a la tierra que trabajaban y a la férula de las autoridades.

   Naturalmente, a la reacción adversa frente al Código Rural hay que agregar, dentro del panorama general de enfado que enfrentaba la administración de Boyer en los años finales del decenio de los años veinte del siglo XIX, los efectos de los aumentos de impuestos (“contribución extraordinaria”, establecida por ley de febrero de 1926) que la administración promovió para encarar los compromisos financieros (reposiciones e indemnizaciones) adquiridos a propósito del reconocimiento en el año de 1825 de la independencia haitiana por parte de Francia. Estos compromisos ascendían a la suma de 150 millones de francos.

   Obviamente, en la parte Este la indignación era mayor ante esa “contribución extraordinaria” porque, a pesar de que lógicamente en principio la misma sólo se debía aplicar a “los habitantes de la parte francesa” de la isla, Boyer decidió generalizarla: los habitantes del lado oriental, que no tenían nada que ver con el proceso de independencia de Haití, también debían pagar. La respuesta general fue la negativa al pago, y ante esta actitud Boyer suavizó la disposición disminuyendo el monto de la “contribución”. Pero como necesitaba dinero para cumplir con Francia, decidió emitir una gran cantidad de dinero sin respaldo, una medida que resultó letal para la economía: la moneda se devaluó en más de un 250 por ciento, provocando el descrédito total de la misma y un empobrecimiento generalizado en toda la isla.

   El dictador haitiano también hubo de enfrentar nuevas conspiraciones entre 1927 y 1928, la más importante de las cuales fue la de los seguidores de Borgella, el gobernador de la parte Este, y pese a que logró controlar las disidencias con sus habituales métodos brutales y encarceló a muchos de sus adversarios, la inquietud política no cesó debido a los crecientes rumores en el sentido de que España organizaba una invasión de la isla. En realidad, lo único que hizo España fue reclamar la devolución de la parte Este en el año de 1830.

   La oposición política a Boyer en el lado oriental de la isla, como ya se ha sugerido, era dirigida en esos años por representativos de la Iglesia católica aunque con la participación de elementos laicos, y era un secreto a voces que el arzobispo Pedro de Valera, reconocido por sus simpatías españolistas y monárquicas, la estimulaba: en el primer semestre del año de 1830 se señalaba al jefe del catolicismo criollo y al doctor Juan Vicente Moscoso como cabezas de una conspiración contra la administración haitiana, y luego de varias amenazas abiertas de los partidarios de esta última, de Valera y 49 dominicanos sindicados como “sediciosos” hubieron de abandonar la isla con destino a Cuba.

   La verdad es que al despuntar el tercer decenio de ese siglo XIX, pese a que las manifestaciones de oposición no eran mayoritarias ni sostenidas, los objetivos que se planteó Boyer con la ocupación del territorio de la parte Este estaban muy lejos de lograrse: era evidente que los habitantes de la parte española no asimilaban la unificación con los del lado haitiano, y que las medidas políticas, económicas y culturales que ponían en marcha las autoridades ocupacionistas tenían efectos cada vez más contraproducentes: entre 1831 y 1832, verbigracia, el descontento aumentó considerablemente debido a la aplicación de nuevos impuestos, a los abusos de las autoridades y a la creciente centralización del poder en Puerto Príncipe.

   En el año de 1833, la oposición a Boyer dentro de la parte francesa sólo era patente a través de varios jóvenes parlamentarios de ideas liberales, cuyos líderes más radicales fueron finalmente expulsados del Congreso en el mes de agosto. No empece, desde este momento resultó claro que había una importante resistencia silente al dictador en Haití, la que se fortaleció con la crisis económica y comercial de los años 1937 y 1938, que se atribuía a medidas adoptadas por el gobierno en 1835. Inclusive, en el mes de mayo del año de 1838 fue develada en Puerto Príncipe una conspiración para asesinar a Boyer y derrocar su régimen despótico.

   Ese año de 1838 fue también el del inicio en firme del proyecto de emancipación de los habitantes de la parte Este. Ciertamente, aunque en épocas recientes se habían urdido variados planes de separación, es a partir de julio de ese año (con la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria, obra de un grupo de jóvenes encabezados por Juan Pablo Duarte) cuando toma cuerpo definitivo la idea de la redención nacional para la fundación de “una República libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera”.

   El 13 de marzo de 1843 Boyer saldría formalmente del poder y sería reemplazado por el general Charles Herard (jefe del alzamiento de Praslin del 27 de enero, en el que estuvieron involucrados Duarte, los antiguos trinitarios y muchos otros independentistas y separatistas), pero este cambio de gobierno en Haití no entrañaría en lo inmediato, como se sabe, el fin del estado de ocupación en el lado Este de la isla: nuevas jornadas de intensa y decidida lucha se necesitarían para la creación de la República Dominicana… Esa, empero, es una historia distinta, y obviamente deberá hacerse en otra oportunidad.

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