Santo Domingo, 29 ene (EFE).- El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez informó este miércoles de que ha presentado formal recusación por parcialidad y falta de objetividad contra los jueces del tribunal encargado del juicio de fondo al exprocurador, imputado en el caso de supuesta corrupción administrativa desmantelado en la operación Medusa.
En un comunicado, el equipo legal precisó que la recusación se ha planteado contra los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, «el cual fuera designado, de forma directa y sin un proceso de selección aleatoria, para conocer el juicio de fondo» contra Rodríguez.
La defensa añadió que la solicitud se fundamenta en «más de 20 pruebas de faltas graves que comprometen la independencia del proceso judicial y ordenan un inmediato cambio de tribunal, lo que será decidido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional en los próximos días».
Detalló que entre los motivos de la recusación está «el sesgo evidente de la magistrada Pérez Santana al condicionar decisiones judiciales al nivel de colaboración de los imputados con la Procuraduría, violando los principios de imparcialidad y justicia consagrados en el Código Procesal Penal».
Añadió que también se aportaron «las pruebas de la manipulación dolosa de actas de audiencias que encubren serios errores procesales de convocatoria realizadas en días feriados y culpar injustamente a los imputados de esos retrasos, evidenciándose una preocupante parcialidad y carencia de ética».
Asimismo, se refirió al acceso restringido a la prensa a las audiencias públicas de «forma arbitraria», lo que «justifica un cambio de tribunal hacia otro de mayor transparencia», entre otros motivos, como la intromisión en una audiencia cerrada ajena relacionada con un supuesto espionaje.
Según los letrados, si bien el proceso debe iniciarse pues su representado «lleva casi 4 años arbitrariamente privado de libertad, sin ninguna justificación», el mismo «debe ser conducido por jueces imparciales y objetivos», no solo pensando en los supuestos implicados, sino también para «proteger la confianza pública en la integridad del sistema judicial dominicano».
En el caso, además de Jean Alain Rodríguez, están acusados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, así como 22 empresas.
Afrontan cargos por supuesta corrupción, incluidos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante la gestión de Rodríguez como procurador general de la República (2016-2020).
Según el expediente acusatorio, se malversaron más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República. EFE
El debate sobre la independencia judicial en República Dominicana ha cobrado fuerza en los últimos años, particularmente bajo la administración del presidente Luis Abinader. La reciente reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir al nuevo procurador general ha puesto nuevamente en la palestra pública la pregunta de si es posible tener una justicia realmente autónoma cuando el poder Ejecutivo juega un rol tan protagónico en el proceso de selección de las principales autoridades judiciales.
A diferencia de otros procesos judiciales, como la elección de jueces para las altas cortes, en los que se presentan decenas o incluso cientos de candidatos, la selección del procurador general es mucho más cerrada. Según el reglamento recientemente aprobado por el CNM, el presidente será el único encargado de someter un candidato, quien ni siquiera tendrá que pasar por entrevistas. Esta falta de competencia y evaluación pública plantea serias dudas sobre la transparencia y la independencia del proceso.
El Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, tiene la facultad de aprobar o rechazar al candidato presentado por el presidente. Sin embargo, en la práctica, esta instancia rara vez contradice la voluntad del Ejecutivo.
Esto convierte al proceso en una formalidad que, aunque institucional, no parece responder a los estándares de un sistema judicial independiente y democrático.
La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho.
Sin embargo, para que esto sea una realidad, es imprescindible que los mecanismos de selección y nombramiento de los principales funcionarios judiciales sean transparentes, imparciales y alejados de la influencia política. En el caso dominicano, el control presidencial sobre la selección del procurador y de la mitad de los procuradores adjuntos dificulta alcanzar ese ideal.
El nuevo reglamento del CNM no incluye disposiciones que permitan la postulación abierta de candidatos ni la realización de entrevistas públicas. Estas medidas serían esenciales para garantizar que los seleccionados cuenten con las competencias, experiencia y ética necesarias para ocupar posiciones tan relevantes. Además, promoverían una mayor confianza pública en el sistema judicial.
Figura clave
La figura del procurador general es clave para la administración de justicia en el país, ya que supervisa el trabajo de los procuradores adjuntos y lidera importantes investigaciones, como las relacionadas con la corrupción y el crimen organizado. Por lo tanto, es fundamental que esta posición esté ocupada por alguien con independencia suficiente para actuar sin presiones políticas.
En cuanto a los procuradores adjuntos, su selección también genera inquietudes. Actualmente, el presidente tiene la responsabilidad de proponer la mitad de los 14 procuradores adjuntos que apoyan al procurador general en áreas especializadas, como medioambiente, crimen organizado y violencia de género. Aunque esta especialización es necesaria, el método de selección limita la diversidad y puede priorizar intereses políticos sobre los méritos profesionales.
Figuras destacadas como Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y Yeni Berenice Reynoso, titular de Persecución, han demostrado que el liderazgo comprometido puede marcar una diferencia en el sistema judicial.
Sin embargo, su continuidad y la de otros procuradores especializados dependerán en gran medida de decisiones presidenciales, lo que pone en riesgo la estabilidad de sus gestiones.
El proceso actual también carece de mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil y de otras instituciones independientes. En otros países de la región, se han implementado modelos más abiertos y participativos para la selección de autoridades judiciales, lo que ha contribuido a fortalecer la percepción de independencia y transparencia en sus sistemas de justicia.
Una posible solución para mejorar la independencia judicial en República Dominicana sería reformar el reglamento del CNM para incluir procesos competitivos y abiertos, donde cualquier abogado calificado pueda postularse para las posiciones de procurador general y procuradores adjuntos. Esto reduciría la influencia del poder Ejecutivo y permitiría la selección de los candidatos más capacitados.
Además, sería importante implementar mecanismos de evaluación periódica para los procuradores, basados en criterios de desempeño y resultados. Esto no solo garantizaría una mayor eficiencia en el sistema judicial, sino que también limitaría la posibilidad de que intereses políticos interfieran en su labor.
Mientras el poder Ejecutivo mantenga un control tan directo sobre la selección de las principales autoridades judiciales, la independencia de la justicia en República Dominicana seguirá siendo un ideal difícil de alcanzar.
Reformar el sistema para hacerlo más transparente, participativo y meritocrático no solo fortalecería el Estado de derecho, sino que también aumentaría la confianza ciudadana en las instituciones del país.
SANTO DOMINGO.- El 79.7% de los dominicanos piensa que la situación económica de su país es mala y 1.4% muy mala, según una encuesta de la firma Imagen Publica Consulting cuyos resultados fueron difundidos este lunes.
Los mayores niveles de insatisfacción (85.1%) fue obtenido en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional (83.4%) y Santiago (70.7%).
El 49.5% identificó el alto costo de la vida como el principal problema y el 34.6% la inseguridad.
25.5% piensa que en 2025 la situación seguirá mala, 60% que empeorará y 14.5% que va a mejorar.
TEMA HAITIANO
El 62.4% de los entrevistados cree que el Gobierno ha manejado bien el tema de inmigración haitiana y el 37.6% piensa que el desempeño ha sido malo.
El 75.5% piensa que el Gobierno no está haciendo un buen trabajo, lo que el 69.1% atribuye a que «hay mucha corrupción».
Para el estudio, realizado entre el 1 y el 15 de enero de este año en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal, fueron entrevistadas por teléfono 1,068 personas escogidas de forma aleatoria.
El margen de confianza es de un 95% y el de error de un 3%.
Imagen Pública Consulting es una firma especializada en consultoría de marca personal y corporativa, con más de 15 años de ejercicio en la República Dominicana. Su CEO es Mariano Abreu, consultor de Imagen Pública, comunicador y productor de radio y Tv
SAN JUAN.- Tras el operativo del domingo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), el cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño Ávila, confirmó este martes que 11 inmigrantes de ese país, en su mayoría mujeres, aceptaron la salida voluntaria para no enfrentar récord criminal y poder regresar en un futuro a la isla.
“De 12 dominicanos que tenían detenidos, 11 tomaron la decisión de regresar al país de una manera voluntaria y así se hará”, dijo el funcionario desde su oficina, en el consulado de la República Dominicana, en Cobian’s Plaza, en Santurce.
Luego de visitar y hablar el lunes con sus compatriotas en el centro de detención de ICE, en Guaynabo, Cedeño Ávila indicó que, hasta este martes al mediodía, el vuelo hacia su país no había partido. Estimó, además, que el grupo lo integraban siete mujeres y cuatro hombres, entre 25 y 40 años.
“El que se va voluntario no le dañan su récord, porque el consulado emite una carta consular y con eso regresa a su país como si fuera un pasaporte. Si el juez determina que violó la ley, lo van a deportar. Esa deportación no es inmediata, porque lo envían a un estado de Estados Unidos, como a Miami (Florida) o Atlanta (Georgia). A veces, pueden estar hasta tres a cuatro meses preso, en lo que el juez conoce su caso y lo envían para su país”, explicó.
César Cedeño
Al mismo tiempo, compartió que, entre los detenidos, había inmigrantes que llevaban desde seis meses hasta cuatro años en Puerto Rico. Del grupo, unas tres inmigrantes tienen hijos en Santo Domingo, detalló.
“Ayer (lunes), tuve que trasladarme a Inmigración, donde tuve un contacto con 12 compatriotas para ver, para asegurarme de que sus derechos estaban siendo respetados… el trato y todo”, dijo, al describir la intervención como “normal”.
Aseguró que mantiene “comunicación permanente” con las autoridades federales para vigilar que no haya violaciones de derechos humanos.
“Es una situación que nadie quiere, pero son los derechos que tienen los países de accionar en su migración, como lo entiendan. Nosotros somos respetuosos de eso y vamos a respetar eso”, comentó.
Luego el operativo de ICE –junto a otras agencias federales de ley y orden– en Barrio Obrero y otras zonas de la isla pobladas por dominicanos, Cedeño Ávila instó a las autoridades a trabajar estas intervenciones con sensibilidad, y urgió a su comunidad a siempre “andar con sus documentos”.
“(A las autoridades de Inmigración) que sean sensibles, (que recuerden) que son personas, que están tratando seres humanos. Sobre todo, que se entienda que ahí, cuando vienen, a veces involucran menores, niños, porque, por ejemplo, si agarran el papá y la mamá de un niño y los dos están irregular, ese niño puede quedar solo. Hay que tener sensibilidad para bregar con eso, porque eso le puede afectar a ese niño para el resto de su vida”, planteó el cónsul, que se reunió ayer, lunes, con un grupo de 50 líderes dominicanos.
Una de las inmigrantes se negó a irse de manera voluntaria, ya que pedirá otra vía legal para permanecer en Puerto Rico. El Nuevo Día supo que se trata de una testigo y buscará pedir una visa U, protección reservada para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público en la investigación o procesamiento.
“Ella sabe que tiene el derecho a pedir (quedarse) y quiere ver un juez. Sé que tiene un abogado y va a luchar su caso. Es un derecho que tiene”, dijo, en tanto, Cedeño Ávila.
Gobierno dominicano reforzará orientación
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana recalcó “su compromiso de salvaguardar la dignidad y los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, siempre en estricto cumplimiento de las normativas de los países receptores”.
Cedeño Ávila estimó que, en Puerto Rico, viven alrededor de 200,000 dominicanos, entre ellos, personas con estatus migratorio no definido.
“Orientemos a nuestra gente a respetar las autoridades y las leyes. Cada país aplica su inmigración como entiende, y eso hay que respetarlo”, enfatizó.
A preguntas de periodistas en la República Dominicana sobre las deportaciones de indocumentados por el gobierno de Donald Trump, el presidente Luis Abinader dijo que “es algo natural y constante”, y planteó que “nosotros también repatriamos”.
Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.
Los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a las personas que se encontraban frente a diversos establecimientos en busca de corroborar su estatus migratorio.
Desde el inicio de su campaña política, el presidente prometió que llevaría a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una política que comenzó a poner en acción tan pronto asumió su segundo mandato.
El consulado en Puerto Rico se comprometió con líderes comunitarios a llevar orientación a diferentes espacios visitados por dominicanos. En la oficina, había este martes alrededor de 12 personas en la sala de espera, en su mayoría en busca de sacar su pasaporte dominicano.
Mientras, Cedeño Ávila reconoció el miedo que vive su gente por la ola de deportaciones prometidas por el presidente estadounidense.
“A la comunidad dominicana, estaremos siempre atentos a que se le respete su derecho. Agradecerle al pueblo de Puerto Rico que han sido muy generosos con nosotros y siempre nos han acogido con afecto y cariño. Sabemos que esta acción es un asunto federal y que ni siquiera las autoridades de Puerto Rico las están accionando”, apuntó.
SANTO DOMINGO, 28 ene – El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) opinó este martes que la República Dominicana está «en un momento crucial» de su historia política, por lo que esta organización política está enfrascada en «construir un camino hacia un futuro en el que todos los dominicanos se sientan representados y escuchados».
La posición del PRM fue fijada por su presidente, José Ignacio Paliza, durante una rueda de prensa en la él y otros dirigentes anunciaron la celebración del décimo aniversario de este partido, el próximo 1 de febrero en el Pabellón de Voleibol de la capital. La actividad contará con la presencia de líderes del partido y la del jefe de Estado, Luis Abinader.
LOGROS DE LA ÚLTIMA DÉCADA
Durante la celebración, se llevarán a cabo diversas actividades que «destacarán los logros alcanzados en la última década y las metas futuras del partido», de acuerdo con la información.
El PRM surgió en 2014 tras la crisis interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Llegó por primera a la Presidencia de la República en agosto de 2020 de manos de Abinader, quien logró la reelección cuatro años después.
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA
La celebración será una ocasión especial para reafirmar el compromiso del partido con la ciudadanía y su visión de un mañana compartido, dijeron los dirigentes.
Destacaron que bajo el lema “Por un mañana compartido”, el PRM presenta una nueva identidad que refleja su deseo de ser un partido más inclusivo y cercano a la gente. «Este nuevo enfoque busca fomentar la participación activa de los ciudadanos en el proceso político, promoviendo un diálogo abierto y constructivo», agregaron en un documento.
Paliza dijo que “el PRM es la construcción de un mañana compartido, de una visión conjunta de hombres y mujeres que procuran un mejor país».
Carolina Mejía
De su lado, la secretaria general del partido, Carolina Mejía, valoró el trabajo que el PRM ha realizado en estos diez años.
En tanto que el secretario de organización, Deligne Asención, destacó que estos diez años han valido la pena y servido para rescatar la institucionalidad del país, la que dijo estaba comprometida en el
momento en que fue fundado el PRM.
“La presencia del PRM en el escenario político, no solamente ha significado un partido que ha alcanzado varias victorias electorales, si no que ha consolidado el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, en un momento gravemente comprometido, y sin partidos políticos no hay sistema democrático”, agregó.
La comisión para la conmemoración del Décimo Aniversario informó además de diversas actividades que van a celebrarse durante todo el mes de febrero y que se extenderán a todo el año 2025, entre las que se destacan reconocimientos de trayectoria y aportes a la militancia del partido, cine forums, activaciones digitales, actividades para la juventud dominicana, entre otras.
El PRM ha trabajado incansablemente en su compromiso con la democracia, la transparencia y el desarrollo sostenible del país. Con este aniversario, el partido busca reafirmar su papel como un actor clave en la política dominicana y continuar construyendo un espacio donde todos los ciudadanos puedan contribuir al bienestar de la nación.
La comisión organizadora de las celebraciones está compuesta por los miembros dirección ejecutiva Gloria Reyes, Rafael Santos, Elizabeth Mateo además Dionicio de los Santos e Iñigo Larrazabal, entre otros.
SAN JUAN.- Fermín Díaz, uno de los dominicanos detenidos en el operativo que llevó a cabo el domingo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), en Barrio Obrero, en Santurce, fue liberado tras demostrar que contaba con la debida autorización de residencia en Puerto Rico, un dato que había informado a los agentes que lo arrestaron, quienes no le dieron tiempo de procurar el documento entonces.
“Yo, de ahí, me he sentido muy mal, muy mal. Eso, para mí, fue un maltrato”, subrayó Díaz, en entrevista con El Nuevo Día en horas de la mañana del lunes. Este medio presenció el domingo el momento en que el inmigrante de 57 años fue arrestado frente a un establecimiento en la avenida Borinquen.
Entre la angustia y la preocupación, Díaz esperaba noticias sobre otros inmigrantes dominicanos que permanecían detenidos como parte de la redada impulsada por la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.
“Donde yo estaba (recluido), había entre 40 a 50 personas”, aseguró. Relató que, tras ser arrestado cerca de la 1:30 p.m., fue llevado a un centro de detención, en Guaynabo, y alrededor de una hora después, fue puesto en libertad, cuando el propio ICE corroboró sus datos.
Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.
Los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a las personas que se encontraban frente a diversos establecimientos en busca de corroborar su estatus migratorio.
Desde el inicio de su campaña política, el presidente prometió que llevaría a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una política que comenzó a poner en acción tan pronto asumió su segundo mandato.
Al repasar los hechos, el hombre precisó que, el domingo, los agentes irrumpieron en el lugar donde fue detenido preguntando por una persona que mostraban en una imagen. “Y yo digo ‘no, yo no conozco esa persona’, y (el agente) viene y me dice ‘entonces, hazme el favor, ¿tú me puedes dar tu identificación?‘. No tengo problema. Le doy la licencia. Luego me dice que no, que le dé la de residencia“, continuó.
Díaz narró que los oficiales de ICE no le permitieron buscar los documentos que le estaban solicitando, pese a que su casa está ubicada a un par de cuadras de allí. “Le dije ‘señor, yo tengo mis papeles, yo estoy bien, yo lo tengo en la casa, déjeme irlo a buscar o mande un oficial de esos que están ahí conmigo, que yo le entrego los papeles’”, sostuvo. Pero los agentes se lo llevaron. “Para mí, eso es discrimen, es discrimen”, subrayó el dominicano.
Calificó como “una excusa” la manera en que los agentes se acercaban, mostrando la foto de una persona a la que presuntamente buscaban, para luego cuestionar en torno al estatus migratorio de los presentes.
Hasta entrada la tarde del lunes, se desconocían mayores detalles sobre el operativo. La directora de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), Rebecca González Ramos, afirmó que aguardaban por la autorización de la agencia, en Washington D.C., para proveer cifras sobre la cantidad de detenidos. Tampoco detalló las áreas impactadas, pero afirmó que ese tipo de intervenciones continuarán en cumplimiento con la orden del presidente Trump.
Sin embargo, la abogada en temas de inmigración Rosaura González Rucci, quien representa a dos de los detenidos, aseguró a este medio que las autoridades federales se disponían a sacar de Puerto Rico a alrededor de 30 que firmaron deportaciones voluntarias. Ese grupo presuntamente sería trasladado directamente a su país de origen, en este caso, República Dominicana.
Este medio preguntó al Consulado General de la República Dominicana en San Juan sobre este particular, pero al cierre de esta edición no había una respuesta del cónsul César Cedeño. En redes sociales, el cónsul publicó que un grupo de personas dominicanas recibió servicios y orientación este lunes temprano “ante el panorama que se está viviendo en Puerto Rico y Estados Unidos en tema de inmigración”. También informó que, junto a abogados de inmigración, visitaría durante la tarde los centros de detención.
“Esto se sabía, esto es promesa de campaña y él (Trump) está cumpliendo las promesas de campaña”, anotó la licenciada González Rucci, al tiempo que reiteró a la comunidad de inmigrantes en la isla que es indispensable tener consigo, tanto en el hogar como en cualquier lugar fuera de la casa, al menos, una copia de los documentos correspondientes a permisos de residencia o cualquier trámite relacionado con procesos de inmigración.
“Y que no le abran la puerta a nadie que no tenga una orden, si le abren la puerta, ya pierden ese derecho. No tienen que contestar preguntas tampoco”, sostuvo la abogada, también en referencia a las intervenciones en la calle. Mencionó que su oficina legal ha estado abarrotada de inmigrantes en busca de servicios.
POCA INFORMACION
Entre la comunidad dominicana en Santurce, el ambiente era este lunes de incertidumbre y miedo. Díaz, el inmigrante liberado, conversó con este medio mientras esperaba que González Rucci atendiera a Cinthia Paniagua, la esposa de Neuri, otro de los detenidos el domingo y quien ya tenía activo su proceso de inmigración a través de la abogada.
“Al sol de hoy, yo no sé nada de mi esposo”, señaló Paniagua, visiblemente afectada, durante la entrevista cerca del mediodía. “Uno está aquí incomunicado. A mí, no me han llamado. Llamo a los oficiales, y tampoco, no te dejan verlo ni te dicen nada”. No fue hasta cerca de las 6:00 p.m. que Paniagua pudo tener la primera llamada telefónica con su esposo, desde su arresto el domingo, contó luego a este medio.
Paniagua narró que, tras el arresto de Neuri, llegó hasta Guaynabo, donde seguía detenido al cierre de esta edición, en un intento de hacerle llegar un abrigo y unas medias, pero los guardias solo aceptaron las medias. Díaz, entonces, antes de salir del lugar, se quitó su camisa y pidió que se le entregaran a su esposo, que apenas tenía puesta una camisilla y sandalias cuando fue detenido.
Cinthia, quien es puertorriqueña, esperaba por instrucciones de la abogada. “No dormí, imagínate, pensando en el proceso. Mi esposo es el que ayuda (económicamente) a su mamá allá en Santo Domingo, pa’ los medicamentos, mi suegra tiene 97 años, en mi casa él es el que suple todo”, manifestó.
Joseline Amador, también boricua, esperaba igualmente noticias de su esposo, quien fue detenido en una comunidad de Río Piedras en circunstancias similares a las de Díaz. “Ellos (los agentes) fueron a Buen Consejo en busca de una persona con una foto y una orden, irrumpieron en la casa, ahí en esa vivienda ya no vivía la persona que ellos estaban buscando. En la vivienda, se encontraba mi cuñada, el esposo de mi cuñada y mi esposo”, narró.
Amador sostuvo que, al llegar al lugar, le mostró a los agentes documentos sobre el estatus migratorio de su esposo, pero no logró frenar la detención.
“Ellos los bajaron esposados, no permitían que yo me les acercara, no permitían que hablara con mi esposo, ellos bajaron y los metieron en la guagua”, precisó Amador, quien dijo que su esposo vive hace alrededor de cinco años en Puerto Rico y se casaron hace tres.
Amador también esperaba instrucciones de la abogada de inmigración, ansiosa, sobre todo después de una llamada de su esposo, quien le indicó que los agentes federales le habían pedido firmar unos documentos.
“Me estaba diciendo que le estaban pidiendo que firmara unos documentos, yo le dije ‘no firmes ningún documento, espera que yo llegue con la abogada’”, sostuvo. Juana Perdomo, quien acompañaba a Amador, añadió que los agentes también detuvieron a una vecina y sus tres hijos menores en Buen Consejo.
En el mismo escenario, Iris Lázaro, esposa de Juan – también detenido el domingo–, narró que apenas tuvo una conversación breve con su esposo, vía telefónica, tras esperar todo el día por una oportunidad de verle en el centro de detención. “Estoy desesperada”, afirmó.
INDIGNACION Y MIEDO
En la Plaza Barceló, en Barrio Obrero, en Santurce, un popular punto de encuentro de la comunidad dominicana en Puerto Rico, crecía la indignación ante los hechos.
“Yo ando con mi licencia, y mis papeles yo me los sé de memoria, porque esa es otra, tú no puedes andar con tus documentos encima. Yo tuve robo de identidad, yo nada más ando con mi licencia de conducir y con una foto de mi Seguro Social”, sostuvo Kelvin Antonio Mojica Fernández, de 50 años.
Mojica relató que fueron múltiples las intervenciones de los agentes federales el domingo en el área de Santurce y sostuvo que supo de daños a una propiedad durante una de ellas.
“Yo tengo mi casa, ¿y porque un vecino te diga que hay un dominicano sin papeles tú me vas a tocar a mi casa y me las vas a romper?”, señaló, al tiempo que manifestó su preocupación sobre otros dominicanos cuyo estado migratorio no está regularizado.
“Yo me siento bien, porque yo tengo mis papeles, pero el que no tiene papeles no puede trabajar, tiene que estar escondido en su casa, no puede ir a la barbería, no se puede montar en la guagua de la AMA, no puede ir al tren, no se puede meter al supermercado porque lo van a coger”, expresó. “Ven a uno con ropa de trabajar, se le tiran, algunas veces ni le leen sus derechos ni nada, ¿porque eres un inmigrante?
Eso no se hace, ¿me entiendes?”.
Más abajo en la avenida Borinquen, justo en el lugar donde este medio presenció el operativo el domingo, Rafael Martín Rasett, de 56 años, procesaba lo ocurrido mientras intentaba controlar las emociones. “Estoy triste”, soltó el hombre, quien dijo que llegó a Puerto Rico “de chamaquito” y no escondió su temor por las detenciones.
Los ideólogos del neoconservadurismo actualmente en boga por todo el orbe (y en particular algunos de sus voceros de las nuevas generaciones, que ahora operan casi “al unísono” en política desde todos los partidos) gustan de restregarle a sus adversarios moderados o progresistas, en calidad de delito de lesa Historia y para impugnar todo discurso o proyecto de bien común o de acento estatista, la estúpida existencia y mejor caída del muro de Berlín.
(Aunque se desee o piense lo contrario desde una estrecha visión insulocéntrica, la distinción política entre conservadores, moderados y progresistas -y sus matizaciones de izquierda, centro o derecha, creadas involuntariamente durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional francesa a partir de 1789- sigue siendo una realidad en el mundo -sobre todo porque implica principios y valores, no sólo ideas o doctrinas- y, muy especialmente, en las latitudes de mayor desarrollo humano o con más amplia base cultural. Verbigracia: los países democráticos más paradigmáticos del viejo continente).
Sin embargo, esos mismos ideólogos (o sus herederos históricos), que lanzan pestes contra aquella villanía del régimen autoritario de Alemania oriental (virtual “raya de Pizarro” entre el Este “comunista” y el Oeste “capitalista”), son los mismos que en todo el mundo (¡hasta algunos de la culta y humanista Europa del Norte!) hoy están postulando o defendiendo la construcción de muros en sus países para detener la entrada de migrantes indeseados. En otras palabras, están recuperando, reivindicando y reeditando el “método” de control migratorio preferido de ciertos “comunistas”.
Principios y valores
(Ojo: se aclara a los distraídos y a los inquisidores de siempre que en estas notas no se está evaluando la procedencia o no de las políticas migratorias nacionales, cuya necesidad y aplicación nadie con dos dedos de frente cuestiona o discute, pues son un derecho inalienable de cada Estado que puede y debe ser ejercido a plenitud mientras en el mundo existan fronteras, diferencias culturales e intereses coyunturales e históricos discrepantes -que es el caso, por ejemplo, de RD frente a Haití-: de lo que se está hablando aquí únicamente es de principios, valores y ejes de razonamiento).
No olvidemos que la edificación del muro de Berlín fue la respuesta de los “comunistas” prosoviéticos en el poder a la creciente inmigración de los alemanes del Este (hartos del totalitarismo, la represión política, el caliesaje cívico-policial y la “igualdad” en la pobreza) hacia la parte del Oeste (plena de libertades, societalmente abierta y sin trabas para la iniciativa individual creadora de riqueza) bajo el predicamento de que se trataba de “deserciones” alimentadas y financiadas por los regímenes “burgueses” occidentales, lo que, desde luego, no era del todo incierto.
(Obviamente, hay demasiado gente que se niega a recordar que la tendencia a la migración, desde la aparición misma del ser humano sobre la tierra ha sido una realidad constante y difícil de controlar, en principio porque aquel era nómada por imposición de los fenómenos de la naturaleza y, luego, porque “la necesidad tiene cara de hereje” y la reacción más natural ante los apremios materiales y espirituales es la búsqueda de nuevos horizontes, particularmente hacia las latitudes que resultan mas promisorias para las aspiraciones y expectativas de libertad, progreso y bienestar).
Es decir: aquella aberración de concreto y alambres de púas que dividió al mundo a través de la ciudad de Berlín fue erigida con un objetivo simple, preciso y claro: tratar de contener desde dentro la avalancha migratorio de los habitantes de Alemania del Este, que estaban pasando penurias por la falta de libertad política, la asfixia espiritual y las deprimentes condiciones socioeconómicas en que vivían. Y, naturalmente, fue combatida enérgicamente por todo el espectro político conservador, los socialdemócratas, los liberales y los marxistas libertarios.
En nuestra América, el fenómeno desde la “izquierda” en el poder, en forma de amurallamiento legal (negación o incautación de pasaporte, impedimento de salida, cercos militares y de espías a embajadas y consulados, retiro de la ciudadanía, etcétera) o con base en la represión política -similar para todos los fines al físico-, se hizo notorio primero en Cuba, después en Nicaragua y últimamente en Venezuela: la migración hacia Miami, el resto del continente o Europa es santificada por el neoconservadurismo, y en consecuencia asumida como una reacción lógica y desesperada de los “hermanos” que se sienten agarrotados por los “regímenes totalitarios” de esos países y “amenazados de muerte” por la miseria o las carencias materiales extremas
Hay que insistir: especialmente el espectro conservador no sólo respaldó públicamente la migración del Oeste al Este en el pasado y ahora la de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que ha constituído múltiples mecanismos de acción para estimularla, facilitarla y prestarle ayuda social y económica a sus protagonistas, y -sigue siendo así- en tal postura han contado con el apoyo no declarado de las corrientes progresistas más radicales (que en muchos sentidos eran antes las equivalentes de lo que ahora se denomina ultraizquierda o, más peyorativamente y con bastante inexactitud sobre todo en Estados Unidos, “izquierda woke”).
Por supuesto, los inmigrantes del Este “comunista”, Cuba, Nicaragua o Venezuela no eran entonces ni son ahora “gente de esos países de mierda” (como los denominó el presidente Donald Trump (referente y mentor de la vertiente populista del neoconservadurismo en gran parte del continente y del mundo) para abogar por la inmigración a Estados Unidos de noruegos, ni tampoco “antisociales”, “criminales” o “escoria” (como llamó el líder neoconservador español Santiago Abascal a inmigrantes africanos itinerantes en el mar cuando Pedro Sánchez, invocando los valores socialdemócratas, decidió acogerlos). No. Los inmigrantes del Este “comunista”, Cuba, Nicaragua o Venezuela eran y son “disidentes”, “hermanos que huyen de la tiranía y la miseria” o “heroicos luchadores por la libertad”.
«Países de mierda»
¿Se entiende? La migración humana sólo es un problema para el espectro del conservadurismo cuando proviene de los mencionados “países de mierda” (México, Centroamérica, África y naciones pobres en general) y si no existe un régimen político que no comulga con sus ideas, pues en este último caso se tornan muy sensatos y comprensivos hasta la conmiseración. En este marco situacional su humanismo no es “falso” ni hay conspiración, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que también defendía y defiende a los inmigrantes del Este “comunista”, Cuba, Nicaragua o Venezuela.
(Las últimas apuestas del neoconservadurismo populista estadounidense son las que ha formulado el presidente Trump hace poco: anexarse a Canadá, comprar Groenlandia, “recuperar” el canal de Panamá y cambiarle el nombre al golfo de México con el fin de denominarlo “golfo de América”, y para justificar alguna de ellas no ha tenido empacho en citar al gobernante norteamericano que se hizo famoso por actuar como un gendarme internacional aplicando la odiosa política exterior denominada “el gran garrote”. O sea: aparte de amurallamientos físicos o espirituales, hay una nueva y peligrosa apuesta por los despliegues expansionistas para promover el aislacionismo de seguridad nacional).
La reiteración es necesaria: hace menos de cuarenta años, durante los días álgidos de la Guerra Fría, el espectro conservador proponía estimular la migración, garantizar la libertad de tránsito y derribar muros, pero ahora, en la Era de la globalización, la concentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad social, el neoconservadurismo (su reivindicador político y albacea ideológico), postula lo contrario: hay que detener a la “escoria” migrante de los “países de mierda” aunque sea necesario liquidar derechos ancestrales, construir muros legales, políticos o fronterizos y -si fuere “necesario”- disparar a muerte.
O sea: en este peliagudo tema también hay mucho de aquello de que “una cosa es con guitarra y otra con violín”.
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entiende que el gobierno debe descontinuar las tarjetas del bono navideño, puesto que la temporada navideña ya pasó y no hay razones para que ese instrumento esté habilitado.
Johnny Pujols, secretario general del PLD.
El secretario general de la organización opositora, Johnny Pujols, dijo que además de 400 mil tarjetas que no fueron entregadas, persiste “un esquema clientelar para la distribución y asignación” de las mismas.
Entrevistado en el programa Revista Tele 15, el vocero peledeísta declaró que el hecho de entregar el 40% de las tarjetas a instituciones gubernamentales, que no se sabe con qué criterios las iban a distribuir, evidencia “falta de claridad y criterio”.
“En realidad no existía el interés de ponerle comida el 24 de diciembre a dominicanos de escasos recursos, que supuestamente era el objetivo de esas tarjetas. Es lamentable que con algo tan básico se haya hecho una labor politiquera”, expresó.
Manifestó preocupación porque la vigencia de esas tarjetas es hasta el mes de junio y no hay una lista de beneficiarios así como tampoco se usa un sistema único en este sentido.
Pujols recomendó al Gobierno “confeccionar una ley especial para aglutinar todas las políticas sociales y darle criterio a la distribución de esas ayudas”.
La reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, detonada por la suspensión de vuelos de deportación y la subsecuente amenaza de aranceles del 25% a productos colombianos, con la amenaza de elevarlos al 50%, por parte de Donald Trump, ha expuesto las profundas raíces de un sistema de dominación que se remonta a más de un siglo de historia hemisférica.
Esta confrontación, aparentemente sobre política migratoria, revela los múltiples tentáculos de un aparato de control que Estados Unidos ha construido meticulosamente sobre América Latina, no solo estaba implementando una medida comercial; estaba demostrando cómo el sistema financiero internacional puede convertirse en un instrumento de presión política.
El conflicto, originado por la suspensión de vuelos de deportación, rápidamente escaló a una crisis diplomática que reveló las profundas asimetrías en las relaciones interamericanas. La respuesta del presidente Gustavo Petro, aplicando el principio de reciprocidad, aunque valiente, evidenció los límites de la autonomía latinoamericana en el actual sistema financiero global.
Desde que la Doctrina Monroe declaró a América Latina como «patio trasero» estadounidense en 1823, la estrategia de dominación ha evolucionado de la intervención militar directa a formas más sutiles, pero igualmente efectivas de control.
La creación de la Escuela de las Américas en 1946, inicialmente en Panamá, ejemplifica esta evolución. Esta institución, presentada como una academia militar de cooperación hemisférica, se convirtió en una fábrica de oficiales latinoamericanos leales a Washington antes que a sus propias naciones.
Los más de 83,000 graduados de esta academia no solo recibían entrenamiento militar, sino una doctrina ideológica que prioriza los intereses estadounidenses sobre la soberanía nacional.
El control territorial, simbolizado por el Canal de Panamá, representa otro pilar histórico de esta hegemonía. Aunque los Tratados Torrijos-Carter de 1977 devolvieron nominalmente el control del Canal a Panamá, las recientes amenazas de intervención demuestran que Estados Unidos aún considera esta vía estratégica como parte de su dominio natural.
El intento de rebautizar el Golfo de México ilustra cómo este control se extiende incluso a la nomenclatura geográfica, buscando reescribir la narrativa histórica del continente.
La transformación más significativa en esta estrategia de dominación ocurrió en el ámbito financiero. Los Acuerdos de Bretton Woods de 1944 establecieron al dólar como moneda de reserva mundial, pero fue el abandono del patrón oro en 1971 y la creación del sistema petrodólar en los años 70 lo que cimentó el control financiero estadounidense. Este sistema permite a Estados Unidos imprimir dólares sin respaldo material directo, mientras otros países deben respaldar sus monedas con reservas tangibles.
Trujillo
Esta crisis nos remonta a episodios históricos similares, como el enfrentamiento entre la República Dominicana y Estados Unidos durante la Era de Trujillo. En la década de 1950, cuando Estados Unidos intentó imponer precios desfavorables para el azúcar dominicano, Trujillo demostró que existían alternativas comerciales, vendiendo la producción a la Unión Soviética. Aunque esta decisión tuvo consecuencias políticas significativas, ilustró que la diversificación comercial es posible.
La historia de la República Dominicana bajo Trujillo ilustra las consecuencias de desafiar este sistema. Cuando Trujillo se negó a vender azúcar a Estados Unidos al precio impuesto y optó por comerciar con la Unión Soviética, enfrentó represalias económicas que incluyeron el congelamiento de 22 millones de dólares en cuentas dominicanas.
Este episodio histórico resuena con particular fuerza en la actual crisis colombiana, donde el presidente Petro intentó inicialmente resistir las presiones estadounidenses antes de ceder a las demandas de Washington.
El control financiero moderno se ejerce a través de múltiples mecanismos: el sistema SWIFT para transacciones internacionales, el dominio de las empresas de tarjetas de crédito, y la capacidad de imponer sanciones económicas unilaterales. La dependencia del dólar en el comercio internacional, especialmente en el sector petrolero, otorga a Estados Unidos un poder de veto efectivo sobre las economías latinoamericanas.
La situación actual plantea interrogantes cruciales para América Latina. ¿Cómo pueden los países de la región protegerse contra este tipo de presiones económicas? La respuesta podría estar en iniciativas como el sistema BRICS, que ofrece una alternativa al dominio del dólar.
La emergencia del sistema BRICS, con la reciente incorporación de potencias como Arabia Saudita e Irán, sugiere que el mundo busca alternativas a esta hegemonía financiera. Sin embargo, América Latina permanece especialmente vulnerable debido a su proximidad geográfica y dependencia económica de Estados Unidos.
La crisis La creación de sistemas financieros alternativos, el fortalecimiento de la integración regional y el desarrollo de instituciones militares verdaderamente nacionales son pasos necesarios hacia la autonomía latinoamericana.
Advertencia
El caso colombiano debe verse como una advertencia para toda la región. Hoy fue Colombia, mañana podría ser cualquier otro país latinoamericano. Esto demanda una respuesta regional coordinada que aborde simultáneamente las dimensiones militares, económicas y políticas de esta dependencia. La falta de unidad regional y la ausencia de mecanismos de defensa económica colectiva nos hacen vulnerables a presiones similares. Debe establecerse un sistema, aunque sea con la filosofía primitiva del trueque, donde los países puedan sobrevivir a través del intercambio. Pero con dignidad.
El incidente colombiano debe servir como catalizador para un replanteamiento profundo de las relaciones interamericanas. La pregunta no es si América Latina puede permitirse desafiar la hegemonía estadounidense, sino si puede permitirse no hacerlo. La soberanía regional y la dignidad nacional están en juego, y las decisiones tomadas hoy determinarán si la región continuará bajo la sombra del águila o encontrará su propio camino hacia la verdadera independencia.
La historia nos enseña que la resistencia es posible, pero requiere unidad regional y voluntad política. El momento actual exige liderazgo valiente y visión estratégica para construir una América Latina verdaderamente soberana, capaz de relacionarse con Estados Unidos desde una posición de igualdad y no de subordinación.