La segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos de América fue parte de las diez primeras aprobadas por el Congreso en el 1789 y ratificadas en Virginia en la llamada “Carta de derechos” el 15 de diciembre de 1791. Esta dice lo siguiente:

“Derecho de las personas a tener y portar armas, así como a mantener una milicia. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

No vamos a dar una cátedra de historia americana, pero es bueno resaltar algunos episodios de la época, para ubicarnos exactamente en el periodo cuando se aprobaron estas enmiendas.

Con el tratado de París, termina el conflicto inglés-francés por los territorios americanos con la victoria británica. A partir de ese momento, una serie de impuestos aplicados a las trece colonias existentes en América, fueron el detonante para que en el 1775 se desatara la guerra de independencia.

En 1776, las trece colonias rebeldes redactaron la “Declaración de independencia” No fue hasta 1783 que los ingleses se vieron obligados a reconocer la independencia de los Estados Unidos al firmar el “Tratado de Versalles”

Siguieron años de conflictos pues las colonias no se ponían de acuerdo en cual debería ser los próximos pasos, hasta que, en 1787, se reunieron en el Congreso de Filadelfia y redactaron una Constitución, creando un Gobierno Federal y llamando a elecciones en las cuales resultó electo George Washington como primer presidente de la nueva Nación.

En este contexto se aprueban las diez mencionadas enmiendas. Si a esto le agregamos algunos datos adicionales, como los siguientes. En 1791 se calculaba una población en todo el territorio continental de menos de tres millones de personas. Incluyendo los aborígenes.

Esto nos da una muy baja densidad poblacional en un país en expansión con exuberantes territorios llenos de bosques y de todas clases de animales salvajes. La mayoría de los colonos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a la caza para su alimentación, por lo que era de toda lógica poseer un arma de fuego para defender sus propiedades, no solo de las fieras sino también de una vasta gama de delincuentes, aventureros y desertores que habían sido incubados en los años de la guerra.

Debemos destacar que todas las armas de fuego en esos tiempos eran de un solo tiro. Cuando se disparaba, ya sea con una pistola o con un rifle, se tomaban varios minutos recargando el arma para volver a ponerla en condiciones de disparar.

Solo 44 años después, en 1835, recibe Samuel Colt, la primera patente en los Estados Unidos de un revólver que era capaz de disparar más de un tiro por carga.

Como podemos apreciar, las armas de fuego aprobadas por la segunda enmienda no eran tan letales, aunque sumamente necesarias, pues conllevaba la seguridad y la defensa personal debido a las condiciones de soledad, de peligro y de vulnerabilidad en que se vivía en esa época, al punto, que hasta a los niños se les enseñaba el manejo de estas. Ninguna de esas circunstancias existe en el momento actual.

Las armas de fuego en la actualidad son artefactos de guerra. Son mortales por necesidad. Un AK-47 dispara, rutinariamente, 45 proyectiles por minutos y pueden ser manipulados por expertos, para que disparen mucho más. Con el agravante de que puede ser adquirido donde quiera y por cualquiera, pues “La Segunda Enmienda” nos faculta a hacerlo.

Contrario a la soledad en que se vivía en aquellos tiempos, hoy, en cualquier lugar de la nación se pueden reunir miles de personas en un momento dado. Caldo perfecto para que un desquiciado cometa una barbaridad.

Hace unos años en una popular discoteca de la ciudad de Orlando, como las miles de discotecas que existen en muchas ciudades de los Estados Unidos, fue el ambiente perfecto para cometer este tipo actos.

En esos lugares, el DJ hace lo que le da la gana manipulando los sonidos de lo que la juventud llama música electrónica. Si a todo esto se le agrega que en ese ambiente el nivel de ruido sobrepasa por mucho los decibeles aceptados generalmente como seguros y que, increíblemente, la oscuridad contribuye al maridaje con el movimiento de luces multicolores y continuos flashes, dando la sensación de que usted está bailando en cámara lenta.

Adiciónele a todo esto el consumo de alcohol y diferentes tipos de drogas, Estamos hablando de un ambiente donde cualquiera puede tomar un rifle o una ametralladora, legalmente obtenidos en los Estados Unidos y comenzar a disparar ráfagas tras ráfagas indiscriminadamente y ninguno de los parroquianos se daría cuenta inmediatamente de lo que está sucediendo. Lo tomarían, como sucedió en el nombrado local, como una más de las extravagancias a que los dueños de esos lugares los tienen acostumbrados.

Para evitar estos sucesos, no es necesario suprimir la segunda enmienda. Lo que sí hay que limitar es, la facilidad que tiene el ciudadano americano de comprar libremente un equipo bélico con ilimitado poder de destrucción masiva.

Es urgente una regulación mucho más restrictiva.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

 

Por CARLOS SALCEDO

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que instituye un nuevo Código Penal constituye un hito jurídico en un país que ha operado durante más de un siglo con una normativa decimonónica, obsoleta frente a las transformaciones sociales y las nuevas modalidades delictivas.

Sin embargo, lejos de representar un consenso nacional fruto del diálogo plural, este instrumento legislativo encierra omisiones deliberadas y sesgos ideológicos que comprometen su legitimidad constitucional y su eficacia como política criminal.

En términos sustantivos, el proyecto presenta avances relevantes. Se tipifican figuras delictivas inexistentes en la legislación penal vigente, como el feminicidio, el sicariato, los crímenes motivados por odio, el acoso laboral y el acoso sexual, así como la corrupción agravada.

Estas disposiciones responden a reclamos sociales sostenidos y colocan al país en una senda de adecuación normativa respecto al contexto global. También se introducen innovaciones en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque con un alcance todavía limitado.

No obstante, la exclusión expresa de la despenalización del aborto en dos causales -inviabilidad del feto y violación o incesto- constituye un retroceso en materia de derechos fundamentales. Esta exclusión contradice principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y protección de la vida y la salud de las mujeres, así como compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano ante órganos del sistema interamericano y de Naciones Unidas.

Desde una perspectiva de política criminal, preocupa que el texto aprobado refuerce una visión fuertemente punitivista, centrada en el aumento de penas y en un endurecimiento del régimen carcelario, sin articulación con medidas eficaces de prevención, rehabilitación o justicia restaurativa. La experiencia comparada demuestra que el encarcelamiento masivo no reduce la criminalidad estructural y, en cambio, agrava la exclusión social.

Igualmente, persisten ambigüedades en el régimen de responsabilidad penal de los agentes estatales, así como una débil regulación del uso excesivo de la fuerza o de las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos.

El diseño de un nuevo Código Penal debió aprovecharse para establecer límites y sanciones claras al poder coercitivo del Estado, en aras de la protección de las garantías constitucionales.

Desde una perspectiva normativa, la aprobación de este instrumento sin una deliberación pública efectiva ni participación real de sectores sociales diversos pone en entredicho su legitimidad democrática.

El Senado

El Senado de la República, a donde regresa nuevamente, tiene ahora la responsabilidad histórica de revisar críticamente este texto, garantizar vistas públicas y asegurar que el Código Penal responda a los principios de un Estado constitucional de derecho.

El país no necesita un Código Penal apresurado ni políticamente conveniente, sino un cuerpo legal coherente, justo, técnicamente sólido y respetuoso de los derechos humanos. La modernización jurídica no puede alcanzarse sacrificando principios esenciales de la convivencia democrática.

jpm-am

Por RAFAEL CESPEDES MORILLO

El 9 de octubre de 1934, mientras el reloj marcaba las 6:25 de la mañana, doña Elena lloró de emoción al escuchar el primer llanto del recién nacido, al que ya habían decidido llamar Jacobo. Era todo alegría. Nadie podía imaginar que 62 años después, específicamente el 2 de marzo de 1996, alrededor de las 6:20 de la mañana, me llamarían desde Tampa para decirme: “Jacobo ha partido, haz tu parte”.

Me hablaba su yerno, Martín Cantizano, para que, junto con el hospital donde murió, fuera preparado el último informe sobre el ya difunto Jacobo Majluta. Eso hice, sin dejar de apuntar que no pude contar las veces que las lágrimas me dañaron el escrito, porque quise hacerlo yo directamente y no por medio de mi secretaria.

Jacobo, según mi opinión, es uno de los grandes líderes más olvidado en este país.

Antes de comenzar a escribir, llamé a mi esposa y le di la infausta noticia. Ella tenía unos “amores” muy especiales con su turco gordo —de hecho, así se decían: “gordi”—. Hablaban varias veces a la semana sobre dietas. Yo les decía: “Ustedes son gordos porque solo hablan de eso”. Todos reíamos.

Pero, el final no llega sino después del inicio, y, por ende, voy a narrar cómo nos conocimos Jacobo y yo.

Una de las mejores amigas de mi esposa tenía una familia que vivía patio con patio con Jacobo, cuando él residía en la avenida Independencia. La familia Jana Tactuk —William, uno de ellos, era mi médico— fue el primer vínculo.

Por ahí vino el primer contacto con Jacobo, contactos que luego se hicieron más frecuentes por mi gusto por la política, aunque ya no tenía afiliación alguna. La relación entre Jacobo y yo creció, hasta convertirme en un aliado político no oficial.

La noche en que murió el presidente Antonio Guzmán, Jacobo cenó en mi casa, en una reunión familiar, no política.

Algunas horas después de marcharse, me mandó a llamar y me informó lo que había sucedido. Me preguntó sobre las medidas que pensaba tomar. Estuve de acuerdo con todas. Algunas de ellas eran: enviar a su jefe de seguridad, el coronel Coma al Palacio y tomar las medidas de lugar en cuanto a la seguridad; reforzar la vigilancia en su casa; y no dar declaraciones hasta tanto tener más detalles sobre la información que le habían dado: que el presidente se había suicidado.

Lo habían invitado al Palacio Nacional para que se juramentara y no lo hizo de inmediato. Le pidió a William Jana que se acercara al lugar donde estaba el cuerpo del presidente y le informara cuál era la situación real con relación a su muerte. ¿Y si era cierto? ¿Suicidio o asesinato?

Al confirmarse el fallecimiento, Jacobo se trasladó al Palacio, donde le fue tomado el juramento como el presidente número 47 de la República Dominicana.

Alrededor de las 11:00 de la mañana me llamó uno de sus colaboradores cercanos para informarme que de parte del presidente Majluta había una posición para mí. Le di las gracias y le dije que no me interesaba, que muchas gracias. Hice eso pensando que la propuesta no era más que una muestra de que me recordaba y seguía siendo mi amigo.

Pero en la tarde, cuando ya habían sido nombrados varios cercanos del nuevo presidente, me volvieron a llamar para decirme: “Dice el presidente que lo necesita en esa posición y que…” Lo interrumpí y le dije: “Pues dígale que me nombre y que me diga qué debo hacer”. Al otro día me llamaron para que fuera a tomar posesión de mis funciones.

Nunca hablé con Jacobo. Estuve esperando durante 41 días instrucciones para actuar, y simplemente nunca llegaron. Me dediqué a trabajar hasta un día después de la llegada del nuevo gobierno, cuando fui separado del cargo.

Ahí las relaciones tomaron otro giro, pues comencé a formar un “grupo de apoyo” de profesionales y técnicos para aupar lo que sin duda sería la candidatura presidencial de Jacobo Majluta para el próximo período, pues, al salir del gobierno, su aceptación estaba marcada por una medición con un 76 % de respaldo del pueblo dominicano.

Pero no solo yo pensaba en eso. Varios más también lo hicieron, como fue el caso de Andrés Vanderhorst, quien hizo más que nadie y, por ende, creció más que los demás. Tanto así, que Jacobo nos reunió en su casa y nos pidió unirnos a Andrés para sumar esfuerzos. Yo dije que sí; otros dos dijeron que no. Y bueno, mi historia en lo que fue la Estructura viene más adelante.

jpm-am