El presidente Danilo Medina se ha convertido en un fenómeno político regional. Los niveles de valoración que ha alcanzado lo colocan como el presidente mejor valorado por sus nacionales,  y su reelección fue el producto de un clamor ciudadano, ante el estilo efectivo, modesto, accesible y solidario que ha impuesto desde el Palacio Nacional.

De igual modo se ha comportado en el manejo de la economía. El robusto crecimiento económico de la República Dominicana atrae la atención del mundo en virtud de los problemas que acusa no solo la región sino la mayoría de los países del globo.

La inversión extranjera, el sector privado local, las pymes, las cooperativas, han incrementado el flujo de dinero en la economía nuestra como nunca antes, debido el clima de seguridad jurídica y salud financiera del país.

La imagen del gobierno ha mejorado en temas tan sensibles como la corrupción administrativa y parecen cosa del pasado los escándalos sucesivos de administraciones anteriores. Se nota mayor transparencia desde el ejecutivo y el pueblo así lo percibe.

El gobierno ha cumplido no solo con sus compromisos de pago a acreedores internacionales sino que, además,  se mantiene al día con los productores y suplidores nacionales.

A pesar de la suma de todos esos factores, que son los que permiten al Presidente y al Gobierno dar respuesta a las necesidades y demandas de nuestra gente, las amenazas para su sostenibilidad son muchas, incluyendo las que vienen desde dirigentes de su propio partido.

La producción nacional ha sido objeto de un bombardeo constante desde el ámbito internacional. Nuestros principales socios comerciales han impuesto restricciones a las importaciones de nuestros productos manufactureros y agropecuarios, afectando considerablemente a nuestros productores, el ingreso de divisas y la balanza comercial. Gracias al buen manejo del gobierno se ha podido mantener la estabilidad y fortaleza de la moneda.

Han llegado buenas inversiones, pero también plagas para limitar la penetración de nuestros productos a los mercados internacionales. El café, el plátano, las hortalizas y vegetales, la yautía, la yuca y ahora el guineo han sido víctimas de los virus traídos por diferentes vías y con intenciones malsanas.

Algunos sectores políticos nacionales han sido incoherentes frente a la realidad nacional en esa materia. Se han prestado a sembrar dudas en nuestro sistema electoral y la democracia misma, cuestionando el proceso que menos posibilidades de triunfo le ha conferido en toda la historia electoral dominicana. El resultado de las elecciones pasadas fue pronosticado por todos los actores y mecanismos científicos creíbles. Al día de hoy siguen desconociendo la institucionalidad, y de manera irresponsable juegan al debilitamiento de nuestra democracia.

El presidente Medina se ha ganado el derecho a que todos los buenos hijos de Quisqueya aunemos esfuerzos y le ayudemos a realizar un gobierno similar o mejor al que ha ejecutado en estos cuatro años. Que siga siendo atractivo el clima de inversiones, que se siga dando asistencia al productor nacional, al campesino que pone a parir la tierra, al industrial que agrega valor a la materia prima y genera empleos.

El país y su presidente merecen una tregua para que el turismo siga creciendo y con ello la exportación local; para que la revolución educativa se siga expandiendo y cerremos la brecha entre ricos y pobres, para que nuestras madres solteras puedan educar y suplir un futuro digno a sus hijos.

A dicha tregua, de manera principal, deben sumarse los dirigentes del partido que desde antes de la toma de posesión del Presidente para su segundo mandato, están promoviendo aspiraciones, legítimas pero extemporáneas.

Se debe aprovechar el auge positivo de los últimos años y enfocarnos en hacer un excelente gobierno sin intoxicar el ambiente, y llegado el momento lanzar las aspiraciones con propuestas concretas, que complementen la buena gestión de Danilo Medina.

Tacto y cordura, ayudemos al presidente.

sp-am

 El imperio español instaló el Cabildo tan pronto fijó, a sangre y fuego, su asiento en América. Desde entonces ha sido una de nuestras instituciones más importantes.

Preservado después de la independencia como uno de los más provechosos legados coloniales, el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, lo situó en su Proyecto de Constitución como el primero de los poderes del Estado. A pesar de ello, en la Constitución Fundacional de 1844, en lo relativo al Poder Municipal, el ideal de Duarte no fue plasmado. No obstante, se dispuso, en el artículo 159, la preservación de los ayuntamientos existentes hasta el año 1821 y la creación de otros, por ley, en las demás comunes que resultare conveniente.

Sin embargo, es justo reconocer que los constituyentes originales petrificaron el espíritu democrático del ayuntamiento.  En ese sentido, los regidores, quienes a su vez, seleccionaban al Alcalde, se elegían en Asambleas Primarias, que se reunían el primer lunes de noviembre de cada año.

Ahora todo ha cambiado, el alcalde ha pasado a ser, en esta democracia de partido, un monarca municipal y el regidor su súbdito. Así degradó la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, la cual debe ser modificada, al cargo que, alguna vez, fue considerado como el más honroso de la administración pública.

Impulsados por el sentimiento de eternización en los cargos públicos, que experimentan muchos funcionarios desde el inicio de sus gestiones, los alcaldes más poderosos, hicieron de la referida Ley Municipal un traje a su medida, llegando al extremo de hacer excluir de ella, por razones particulares, la obligación, ineludible, del alcalde y del regidor de residir en la ciudad que representan.

El concejo municipal ha quedado disminuido, estrictamente, a un rol normativo y de fiscalización limitado. Contrario a lo que establecía la normativa anterior, en la Ley 176-07, que bien debería llamarse la Ley del Alcalde, debido a que al mismo, además de las múltiples y trascendentales atribuciones que le consagra el artículo 60, le suma las asignadas al municipio que no son atribuidas, expresamente, al consejo municipal. De esta manera les fueron transferidas, plenamente, al alcalde atribuciones del Concejo Municipal, tan importantes, como las relativas al ordenamiento de territorio, planeamiento urbano y uso de suelo.

Como si todo esto fuera poco, también se pretende eliminar, por completo, el peso y contrapeso natural del ayuntamiento, así como la función de fiscalizador de la administración que corresponde al Concejo Municipal.

El Rey Sol, el Alcalde del municipio, necesita tener su propio presidente en el órgano que está llamado a fiscalizarlo. Por ello, con un discurso aterrorizador, bajo la peregrina predicción de que el 16 de agosto, fecha en que serán elegidos los bufetes directivos de los cabildos, se podría repetir un hecho aislado de violencia similar al ocurrido en el 2005 en el ayuntamiento de Piedra Blanca, se pretende que, de manera antidemocrática, los concejos de regidores elijan, automáticamente, un presidente, en cada caso, del partido del Alcalde, sin importar que tenga o no mayoría en la Sala Capitular.

Como respuesta a estas indignas pretensiones, los regidores, guiados por el principio fundamental de legalidad, que es la regla de oro del Poder público, deben escoger democráticamente a los directivos de las salas capitulares, al margen del interés particular de los alcaldes.

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