SANTO DOMINGO, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, opina que en la República Dominicana “la reelección presidencial arrasó con la institucionalidad democrática”, involucrando en el recién finalizado proceso electoral a gran parte de la estructura del Estado, lo cual generó inequidad entre los competidores y restó legitimidad a sus resultados.

En su informe final de la observación electoral 2016, cita entre las violaciones “los acuerdos políticos  que garantizaron la  repostulación total de los legisladores a cambio de su apoyo para modificar la Constitución de la República, las denuncias de que el Congreso fue convertido en un mercado de compra de votos y un pacto de impunidad mediante el cual el Procurador General de la República renunció a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia de no ha lugar sobre un expediente de corrupción  contra el senador Félix Bautista que involucraba irregularidades en el manejo de más de 26 mil millones de pesos”.

También deplora “la parcialidad de una Junta Central Electoral conformada con una mayoría de integrantes provenientes del partido gobernante y sus aliados; la elección de candidatos, casi en todos los partidos, realizada de espaldas a los principios de la democracia y la desigual distribución del financiamiento estatal”.

A su juicio, los partidos de la Liberación Dominicana, Reformista Social Cristiano y Revolucionario Dominicano recibieron el 80 por ciento del financiamiento público, es decir, RD$1,288 millones de pesos, mientras que el Revolucionario Moderno, principal opositor, sólo RD$12 millones.

Otra violación a la institucionalidad, según detalla este informe, fue el incremento del déficit fiscal del gobierno, tanto en el gasto de capital como en el corriente. “El déficit del gobierno alcanzó los 34 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del 2016. El gobierno pagó nominillas y personal transitorio, hasta alcanzar los 27 millones de pesos diarios; en combustibles y lubricantes  gastó 11 millones diarios; e igual suma, en publicidad y propaganda”, añade.

Indica: “El gasto en remuneraciones se elevó en el primer trimestre de 2016, en relación al 2015, la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), en 54.6 por ciento,  en 677.8 por ciento para personal transitorio, renglón que registró aumento del 211 por ciento en el ministerio de Educación y 68 por ciento en el de Obras Públicas. En Industria y Comercio el pago a personal transitorio fue mayor que las remuneraciones a personal fijo”

Funcionarios dirigían campaña

Participación Ciudadana asegura que dos terceras partes de los altos funcionarios del gobierno dirigían la campaña electoral del PLD en todo el país, con el presidente y la vicepresidenta de la nación, ambos en búsqueda de la reelección, encabezando actos oficiales, inauguraciones y marchas caravanas con cientos de vehículos.

A su juicio, el uso de recursos estatales, incluyendo pago de salarios, dietas y combustibles, registró “dimensiones inocultables”.

Opina que la JCE declinó sus facultades y obvió las más graves violaciones a los principios de libertad, equidad y transparencia.  “Apenas adoptó tres resoluciones cautelares en el último tramo de la campaña electoral, como la prohibición del uso de los vehículos estatales en el proselitismo y que los tres medios de comunicación del Estado garantizaran igualdad  de acceso a todos los candidatos presidenciales”, dice.

Violaciones a la ley electoral

En cuando a la ley electoral, Participación Ciudadana documentó violaciones a 24 de sus artículos y llegó a la conclusión de que el fracaso de la implementación del sistema de automatización del escrutinio electoral se debió a la falta de gerencia y de tiempo.

Rosario de errores

Participación Ciudadana detalla 20 violaciones a la ley, arbitrariedades, opacidades, descalificaciones, confusiones, divisiones internas en esa institución e improvisaciones que, a su juicio,  un presidente de una  JCE nunca debería cometer.

Sostiene que de los crímenes y delitos electorales identificados, los principales fueron compras de cédulas, votos, miembros de colegios y delegados políticos; acoso a ciudadanos, la conversión de las elecciones en un libre mercado, campaña electoral en plena jornada de votación, venta de bebidas alcohólicas y delitos en el conteo de los votos.

Proceso de renovación

Considera necesario iniciar un proceso de renovación y reactivación de la sociedad civil “ante una maquinaria gobernante que concentra todos los poderes del Estado”

Indica que es impostergable una serie de reformas políticas y electorales “para evitar las violaciones a la Constitución y las leyes, las inequidades en el financiamiento público, en el uso de los medios de  comunicación, las parcialidades de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, el uso de los recursos del Estado y las opacidades que deslegitimaron el pasado proceso electoral en el que resultaron reelectos el Presidente y la Vicepresidenta de la República”.

Estima que ese proceso debe iniciarse rescatando o creando mecanismos de consulta y articulación de los espacios existentes, identificando y estableciendo estrategias comunes de presión que permitan retomar valores y principios democráticos.

“El éxito político que ha obtenido la maquinaria política gobernante, concentrando todos los poderes del Estado, no incentiva las reformas necesarias para restablecer el equilibrio democrático. Sólo una gran presión de las fuerzas sociales, compactadas en torno al objetivo de rescatar la institucionalidad democrática disminuida, y la renovación de partidos y dirigentes políticos, podrá generar las sinergias imprescindibles para retomar el camino del fortalecimiento institucional de la nación”, agrega.

Presto mucha atención a dos variables para analizar la dinámica política dominicana actual: la aprobación de la gestión presidencial y la estabilidad macro-económica.

Estas variables son importantes en cualquier sistema político, pero en el caso dominicano adquieren mayor relevancia porque desde hace varios años en ese país no hay oposición política bien organizada que constituya alternativa, y el partido en el poder ha devenido en una maquinaria electoral. Esto hace que el pegamento político, es decir, lo que mantiene el sistema político sin hacer fuerte crisis, sean esos dos factores.

En República Dominicana hay una crisis generalizada de confianza en los partidos y en las instituciones públicas, aunque a la vez, hay gran dependencia de todos los sectores sociales del Estado. El gobierno es el gran proveedor de empleos, contratos y servicios sociales. Es también el lugar primordial para la corrupción.

Como no hay mucha confianza en las instituciones públicas ni en los partidos, la aprobación del presidente es clave para entender la dinámica política.

Durante su primer período de gobierno, Danilo Medina logró alta aprobación por el efecto combinado de un estilo presidencial de mangas remangadas (visitas sorpresas, monitoreo cercano de las políticas públicas, etc.), un activo Ministerio de Obras Públicas, la ampliación del Estado Asistencial con educación como buque insignia, y el uso puntual del recurso populista (la confrontación con la Barrick Gold y el caso Bahía de las Águilas).

La alta aprobación permitió a Danilo Medina modificar la Constitución para su repostulación, con más oposición dentro que fuera de su partido. Inaudito.

Ahora, el presidente Medina se verá tentado a repetir la receta de su primer gobierno. Pero la simple repetición no será suficiente para enfrentar los problemas del país y las fuentes de descontento.

Aunque el PLD haya obtenido por primera vez en las elecciones de 2016 más del 50% de los votos a nivel presidencial, hay cansancio con el peledeísmo. La simple repetición de muchos funcionarios sin enganche con la ciudadanía sería un error. Medina debería innovar en los nombramientos y establecer controles efectivos a la corrupción, uno de los grandes vacíos de su primera gestión. El enquistamiento del comité político en el Estado dificulta los cambios.

La sucesión presidencial en el PLD será un asunto espinoso en los próximos tres años. A pesar del control que tiene Medina de la estructura partidaria, su poder real estará determinado por la aprobación de su gestión. Si la aprobación cae, los niveles de conflictividad en el PLD aumentarán significativamente porque su poder para determinar el próximo candidato o candidata presidencial disminuirá, y muchas otras aspiraciones aparecerán sin mecanismos democráticos institucionalizados para procesarlas. El PLD lleva 12 años frisado.

El aumento de la deuda externa y la dificultad para generar mayores ingresos vía impuestos impone restricciones a la ejecutoria gubernamental. La economía dominicana se ha hecho dependiente de los préstamos internacionales, pero el incremento de la deuda es una bomba de tiempo. Lograr un pacto fiscal será muy difícil por la resistencia empresarial a pagar más impuestos y la alta carga que ya lleva el pueblo.

Ha sido alivio en esta coyuntura el desplome de los precios del petróleo, pero una crisis de deuda externa sería el detonante de inestabilidad gubernamental. Los efectos negativos se sentirían dentro y fuera del PLD, y sobre todo, en la población que sería sometida a una fuerte austeridad.

En épocas de vacas gordas (crecimiento económico) hay que redistribuir con eficiencia y ahorrar. Si no, en épocas de vacas flacas el costo es inmenso para la sociedad. Que sirva esto de alerta.